STC8370-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8370-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00083-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2021, por la Sala Civil- Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la salvaguarda promovida por Ra\u00fal Rinc\u00f3n Plata, actuando en nombre propio y como propietario y representante legal de la empresa Rhinox Colombia S.A.S., frente a la Alcald\u00eda Municipal de La Apartada -C\u00f3rdoba- y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo iniciado por la referida sociedad contra el Consorcio Parque Divino Ni\u00f1o y otros, con radicaci\u00f3n 2019-00069. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, el actor exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la vida, m\u00ednimo vital, igualdad, petici\u00f3n, trabajo, seguridad social, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, salud, saneamiento ambiental, informaci\u00f3n, propiedad, libertad de empresa, \u201cformaci\u00f3n t\u00e9cnica y profesional\u201d, \u201cbuena fe contractual y confianza leg\u00edtima del Estado en la promoci\u00f3n, creaci\u00f3n, actuaci\u00f3n y desarrollo empresarial\u201d y responsabilidad solidaria y estatal, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Rhinox S.A.S. demand\u00f3 compulsivamente al Consorcio Parque Divino Ni\u00f1o, ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano, quien, el 2 de mayo de 2019, libr\u00f3 mandamiento de pago y el 20 de noviembre postrero, decret\u00f3 diferentes medidas cautelares. <\/p>\n
Manifiesta el censor que, mediante oficio n\u00ba 644-2019, de 20 de noviembre de 2019, la referida judicatura orden\u00f3 a la Alcald\u00eda de La Apartada (C\u00f3rdoba), el embargo y retenci\u00f3n inmediata de los dineros que esa entidad adeudara al demandado por concepto de ejecuci\u00f3n de contratos, los cuales deb\u00edan ser depositados en la cuenta judicial del despacho accionado; medida limitada hasta la suma de $915.686.721. <\/p>\n
Sin embargo, esgrime, el estrado del circuito \u201cno ha podido hacer cumplir la ley, ni sus propios mandatos judiciales y proceder a dictar sentencia, liquidaci\u00f3n y entrega de dineros ordenados, embargados y retenidos\u201d, por cuanto, el ente municipal, no ha acatado el mandato dictado por esa autoridad. <\/p>\n
Agrega que elev\u00f3 un \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d a la alcald\u00eda fustigada, solicitando informaci\u00f3n sobre el estado del tr\u00e1mite dado a lo dispuesto por la judicatura querellada, pero, la entidad p\u00fablica indic\u00f3 que, una vez el Consorcio demandado presentara \u201ccuenta de cobro\u201d, tendr\u00eda prelaci\u00f3n, la orden del juzgado. <\/p>\n
Resalta el tutelante que la sociedad por \u00e9l representada, adeuda salarios y prestaciones sociales, tanto a empleados, proveedores y obreros, entre otros, quienes requieren el pago de manera apremiante. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, ordenar \u201cnuevamente\u201d a la Alcald\u00eda Municipal de La Apartada \u201cel cumplimiento inmediato de la orden judicial de embargo y retenci\u00f3n de dineros\u201d proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano, mediante oficio n\u00ba644-2019. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La entidad territorial querellada, manifest\u00f3 haber dado respuesta clara y de fondo al \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d impetrado por el censor, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l Municipio desde el momento que fue notificado de la medida cautelar proferida por el Juzgado Promiscuo del circuito de Montel\u00edbano acat\u00f3 la orden dada y hasta la fecha no se ha realizado pago al Consorcio Parque Divino Ni\u00f1o, que una vez ellos presenten cuenta de cobro para pago, tendr\u00e1 prelaci\u00f3n la orden dada por el Juzgado (\u2026).\u201d <\/p>\n
Adem\u00e1s, inform\u00f3 que al Consorcio demandado no se le ha reconocido, por parte del municipio, obligaci\u00f3n alguna o dineros a su favor, por cuanto, a\u00fan se encuentra en ejecuci\u00f3n un contrato de obra, pendiente de liquidaci\u00f3n ante el incumplimiento del contratista, \u201craz\u00f3n por la cual no se han colocado dineros a disposici\u00f3n del Juzgado\u201d. <\/p>\n
2. El Banco Agrario de Colombia, solicit\u00f3 denegar el amparo y su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda por no provenir de ese ente, vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por el censor. <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano, luego de hacer un recuento de su gesti\u00f3n en el coercitivo reprochado, resalt\u00f3 que el 29 de abril de 2021, remiti\u00f3 al actor, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, contestaci\u00f3n al \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d por \u00e9l impetrado. <\/p>\n
Solicit\u00f3 decretar la improcedencia del resguardo, aduciendo que lo pretendido por el impulsor es la realizaci\u00f3n de actuaciones propias del tr\u00e1mite establecido en el ordenamiento instrumental civil, para el desarrollo de los procesos ejecutivos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional, desestim\u00f3 el auxilio, tras advertir el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, as\u00ed lo rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e considera en el caso que la acci\u00f3n de tutela se torna improcedente, por incumplir con el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que el proceso a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite; y, Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garant\u00edas del debido proceso; es decir, no es del resorte del Juez de tutela, en el caso que nos ocupa ordenar a la Alcald\u00eda de la Apartada cumplir una orden de embargo, cuando el juez del conocimiento tiene a su alcance poderes correccionales para hacer cumplir sus actuaciones o decisiones judiciales, sin que intervenga el juez de tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, descart\u00f3 la vulneraci\u00f3n al \u201cderecho fundamental de petici\u00f3n\u201d por parte del estrado judicial accionado, teniendo en cuenta que el mismo dio respuesta a tal solicitud, el 29 de abril de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el libelista, insistiendo en los argumentos de disenso esbozados en el escrito genitor. <\/p>\n
En adici\u00f3n, reliev\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien es cierto que la tutela es un medio residual, subsidiario y excepcional para reclamar estas obligaciones, tampoco es menos cierto que estamos reclamando estos derechos en forma transitoria y provisional y con el fin de evitar m\u00e1s da\u00f1os y perjuicios a los ya ocasionados, con la falta de pago de estos dineros, sin los cuales nos vemos avocados a tener que liquidar la empresa por falta de recursos econ\u00f3micos y con lo cual se perjudica mucha gente, proveedores y trabajadores que dependen de estos ingresos econ\u00f3micos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia constitucional de esta Corte ha demandado la necesidad de verificar la existencia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad como requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, previo a efectuar otro estudio sobre el fondo del asunto debatido, de manera que, a falta de alguna de las aludidas exigencias, se negar\u00e1 el ruego tuitivo. <\/p>\n
2. El gestor procura que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se ordene a la Alcald\u00eda Municipal de La Apartada, dar cumplimiento inmediato a la disposici\u00f3n judicial de embargo y retenci\u00f3n de dineros adeudados por esa entidad al Consorcio Parque Divino Ni\u00f1o, decretada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano en el proceso ejecutivo n\u00ba 2019-00069 y, comunicada mediante oficio n\u00ba644-2019 de 20 de noviembre de 2019. <\/p>\n
3. De entrada, se advierte la improsperidad del amparo por desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues, seg\u00fan se observa, el solicitante no ha aducido ante el despacho querellado el presunto incumplimiento de la alcald\u00eda convocada, a sus determinaciones. <\/p>\n
N\u00f3tese, revisadas las pruebas adosadas al plenario, se observa que la entidad territorial fustigada, el 9 de abril de 2021, emiti\u00f3 respuesta al \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d impetrado por el censor, donde le inform\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l Municipio desde el momento que fue notificado de la medida cautelar proferida por el Juzgado Promiscuo del circuito de Montel\u00edbano acat\u00f3 la orden dada y hasta la fecha no se ha realizado pago al Consorcio Parque Divino Ni\u00f1o, que una vez ellos presenten cuenta de cobro para pago, tendr\u00e1 prelaci\u00f3n la orden dada por el Juzgado (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis de esta Sala). <\/p>\n
En adici\u00f3n, dicho \u00f3rgano gubernativo, en la contestaci\u00f3n allegada a esta tramitaci\u00f3n, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l Municipio de la Apartada no se ha sustra\u00eddo de dar cabal cumplimiento a la orden de embargo, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano, como tambi\u00e9n se hace claridad que al contratista (CONSORCIO PARQUE DIVINO NI\u00d1O), no se le ha reconocido por parte de la Entidad Territorial, obligaci\u00f3n alguna o dineros a su favor, se reitera, a\u00fan no se ha liquidado el contrato, no existe cuenta de cobro por parte del contratista, todo lo contrario como ya se dijo, el contratista ha incumplido el contrato, para lo cual se aportaran las pruebas tendientes para corroborar esta afirmaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no se ha colocado dineros a disposici\u00f3n del Juzgado, pues \u00e9stos dineros contin\u00faan perteneci\u00e9ndole al Municipio de la Apartada \u2013 C\u00f3rdoba o en su defecto al Ministerio del Deporte, Entidad que giro esos recursos para la realizaci\u00f3n de la obra, aunado a ello tenemos que el Proceso Ejecutivo que inicio el hoy tutelante no va dirigido contra el Municipio de la Apartada y\/o el Ministerio del Deporte como parte pasiva, por lo que no le asiste obligaci\u00f3n alguna a la Entidad Territorial de colocar esos dineros a disposici\u00f3n del Juzgado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sobre lo discurrido, se insiste, si el promotor considera que tal informaci\u00f3n no responde a la realidad y que, en verdad, el ente territorial est\u00e1 absteni\u00e9ndose de obedecer lo concerniente a las medidas decretadas, a \u00e9l le corresponde aducir tal situaci\u00f3n ante el despacho criticado, presentando las pruebas correspondientes, actuaci\u00f3n que no ha impulsado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la demanda de amparo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el accionante pretende un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, sobre aspectos que deben ser solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
4. Por otra parte, el tutelante cuestiona que, a la fecha de interposici\u00f3n de este amparo, el estrado del circuito accionado no haya emitido pronunciamiento en torno a la petici\u00f3n por \u00e9l formulada el 25 de marzo de 2021, con el fin de obtener informaci\u00f3n acerca del cumplimiento de las medidas cautelares, por parte de los bancos, alcald\u00edas y consorciados, decretadas en el compulsivo objeto de censura. <\/p>\n
4.1. Al elevarse requerimientos a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas cuando se s\u00faplica una actuaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
Las primeras se relacionan con el proceso y se rigen bajo las reglas del mismo, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan en la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional2. <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
Lo esgrimido se explica porque son las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4.2. A la luz de lo expuesto, se resalta, la c\u00e9lula judicial del circuito accionada, en el tr\u00e1mite de esta salvaguarda inform\u00f3 que, mediante correo de 29 de abril de 2021, contest\u00f3 lo peticionado por el quejoso, indic\u00e1ndole: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En atenci\u00f3n a su petici\u00f3n de informaci\u00f3n acerca del cumplimiento por parte de las entidades a las que le fueron comunicadas las medidas cautelares, dentro del proceso ejecutivo de la referencia, me permito manifestarle que en el expediente existen respuestas allegadas al proceso por parte de las entidades Bancolombia, Banco de Bogot\u00e1, Banco Procredit, Banco Caja Social, Banco BBVA, Banco de Occidente y Banco Agrario de Colombia. Se anexan dichas comunicaciones para conozca el contenido de las mismas. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo, en fecha 15 de abril fue recibida respuesta por parte del Municipio de Puerto Libertador, en la que manifiesta que el demandado no tiene cr\u00e9ditos pendientes en ese ente territorial. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, administrar justicia constitucional en tal aspecto se torna inane, pues el querellante obtuvo la informaci\u00f3n reclamada, correspondi\u00e9ndole impulsar, en caso de pretenderlo, los tr\u00e1mites jurisdiccionales en torno a las cautelas referidas. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(…) El \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
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STC8370-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8370-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00083-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55477","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55477"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55477\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}