STC8377-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8377-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02078-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Torres Acero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Doce Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad, y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2012-19564. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa t\u00e9cnica, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, el ac\u00e1 accionante fue procesado y condenado por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb. En primera instancia, el Juzgado Doce Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 mediante sentencia del 13 de julio de 2016 le impuso una pena de 72 meses de prisi\u00f3n (y le neg\u00f3 la concesi\u00f3n de subrogados). La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en fallo del 30 de septiembre de ese mismo a\u00f1o confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Contra la providencia del tribunal, la defensa del procesado interpuso recurso de casaci\u00f3n, inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal con auto del 22 de marzo de 2017. Finalmente, el 4 de mayo de ese a\u00f1o, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n desestim\u00f3 la viabilidad del mecanismo de insistencia, solicitado por el condenado. <\/p>\n
El 4 de abril de 2018 radic\u00f3 ante la misma Sala de Casaci\u00f3n Penal recurso extraordinario de revisi\u00f3n con fundamento en las causales 2\u00aa y 6\u00aa del art\u00edculo 192 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. El 12 de agosto de 2020 la Sala inadmiti\u00f3 dicho recurso, decisi\u00f3n contra la cual el tutelante formul\u00f3 reposici\u00f3n, resuelto negativamente el 5 de mayo de 2021. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores determinaciones, y con \u00e9nfasis, la sentencia de primera instancia que lo conden\u00f3, pues seg\u00fan alega, estuvo precedida de diversas irregularidades de \u00edndole procesal presentadas a lo largo de la actuaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, reclama que no tuvo la asistencia jur\u00eddica de un profesional del derecho, puesto que su defensa la llev\u00f3 una estudiante de consultorio jur\u00eddico que le fue asignada, de quien se\u00f1ala, no ejerci\u00f3 una correcta gesti\u00f3n pues evidenci\u00f3 su \u00abfalta de experiencia en derecho penal, carec\u00eda de preparaci\u00f3n [\u2026] habilidades y conocimientos m\u00ednimos para litigar en el sistema penal acusatorio, sumi\u00e9ndo[lo] en una indefensi\u00f3n equivalente a la ausencia f\u00edsica de un abogado [lo que] tuvo un efecto definitivo \u2026adverso sobre la decisi\u00f3n judicial (\u2026)\u00bb. Sostiene al respecto que, la violencia intrafamiliar por no ser un delito querellable, \u00abera absolutamente necesario que el defensor de oficio nombrado por la Defensor\u00eda del Pueblo, fuera un abogado titulado y con experiencia en derecho penal\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, critic\u00f3 que el juzgado que tuvo a cargo el tr\u00e1mite, durante el desarrollo del mismo fue objeto de varios cambios de juez, lo que \u00ablo que desnaturaliz\u00f3 de forma flagrante [\u2026] el principio de inmediaci\u00f3n de la prueba\u00bb pues, la etapa probatoria, el juicio oral, el sentido del fallo y la decisi\u00f3n final fueron dirigidas por tres funcionarios diferentes, todo lo cual incidi\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, puesto que, tanto la juez que anunci\u00f3 el sentido del fallo, como el que dict\u00f3 la sentencia, no estuvieron presentes en la pr\u00e1ctica de las pruebas. <\/p>\n
Por lo anterior, aduce que, \u00abla no percepci\u00f3n directa del debate probatorio ha llevado especialmente a estos dos juzgadores a valorar el testimonio de la denunciante como claro y coherente y que adem\u00e1s se encuentra cohesi\u00f3n con el informe m\u00e9dico legal [\u2026] cuando realmente este testimonio con relaci\u00f3n al informe m\u00e9dico legal, presentaba una total incoherencia\u00bb. En general, conceptu\u00f3 en extenso sobre cada una de las pruebas practicadas en el juicio, critic\u00f3 la labor de apreciaci\u00f3n frente a aquellas plasmada en la providencia que lo conden\u00f3 y propuso su particular valoraci\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se declare la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal [\u2026] ya que la condena fue proferida el 13 de julio de 2016, a la fecha han transcurrido cuatro a\u00f1os y once meses (\u2026)\u00bb; que se declare \u00abla nulidad de la audiencia de juicio oral del 13 de julio de 2016 [\u2026] para ello me sustento en la causal segunda del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004 por violaci\u00f3n del debido proceso, al considerar que en el juicio oral se desconoci\u00f3 el principio de inmediaci\u00f3n de la prueba\u00bb; y finalmente, \u00ab(\u2026) la nulidad de la audiencia de juicio oral del 13 de julio de 2016 [porque] se le vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso\u00bb ya que no cont\u00f3 en el juicio con un abogado titulado que garantizara su derecho a la defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, por intermedio del ponente de las providencias atacadas, manifest\u00f3 frente a la inadmisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n formulado, que lo pretendido por el apoderado del sentenciado fue plantear nuevamente \u00abla estrategia defensiva utilizada en las instancias, desconociendo que esa acci\u00f3n no es la v\u00eda para subsanar las falencias de la defensa en el curso del proceso o la inconformidad con la decisi\u00f3n (\u2026)\u00bb, adem\u00e1s, que no soport\u00f3 adecuadamente las causales que invoc\u00f3 como fundamento del recurso. <\/p>\n
2. El Juez Doce Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 acept\u00f3 que, en efecto, en ese despacho curs\u00f3 el juicio contra el accionante por el delito de violencia intrafamiliar que culmin\u00f3 con sentencia de condena el 13 de julio de 2016, decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Por su parte, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que le correspondi\u00f3 proferir en primera instancia y que, los cambios de jueces obedecieron a razones administrativas; en tal sentido, sostuvo que esta Corte ha precisado que \u00abel hecho de que una actuaci\u00f3n sea conocida por distintos jueces no vicia el proceso de nulidad alguna, y que la inmediaci\u00f3n de la prueba y el principio de concentraci\u00f3n no se afecta porque precisamente se cuenta con herramientas tecnol\u00f3gicas y registros audiovisuales que permiten que el juez a cargo pueda conocer las distintas actuaciones y conforme a ello, proceda\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abla amplia argumentaci\u00f3n que plantea el actor, va encaminada a revivir el juicio, a replantear la forma como debieron darse los contrainterrogatorios, las preguntas que debieron formularse a los testigos, la valoraci\u00f3n que se debi\u00f3 de las pruebas y ello claramente no es viable en este momento\u00bb. <\/p>\n
3. La procuradora tercera delegada para la casaci\u00f3n penal, se\u00f1al\u00f3 que al accionante cont\u00f3 con todas las garant\u00edas procesales, interpuso todos los recursos legales posibles ante todas las instancias jurisdiccionales. Adujo que aqu\u00e9l, \u00abintenta controvertir nuevamente el an\u00e1lisis del debate probatorio, intentando sacar avante su posici\u00f3n frente a la responsabilidad [\u2026] misma que se encuentra debidamente sustentada y soportada con elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica allegada en debida forma al juicio\u00bb. <\/p>\n
4. La asesora en el \u00e1rea penal del consultorio jur\u00eddico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, inform\u00f3 que la estudiante que se menciona en la demanda de tutela, ya no est\u00e1 vinculada a la instituci\u00f3n, y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por no haber afectado ning\u00fan inter\u00e9s o derecho fundamental del accionante. <\/p>\n
5. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, sin pronunciarse de manera espec\u00edfica sobre la queja del actor, replic\u00f3 los argumentos que plasm\u00f3 esa colegiatura en la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas, vulneraron las garant\u00edas invocadas por el querellante dentro del juicio penal radicado n\u00ba 2012-19564, al: (i) condenarlo a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n por el delito de violencia intrafamiliar (sentencia de primera instancia del 16 de julio y, de segunda del 30 de septiembre de 2016, Juzgado Doce Penal Municipal de Bogot\u00e1 y Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, respectivamente) por indebida valoraci\u00f3n probatoria, falta de defensa t\u00e9cnica y vulneraci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba y, (ii) por inadmitir el recurso extraordinario de revisi\u00f3n (autos del 12 de agosto de 2020, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, y del 5 de mayo de 2021 que resolvi\u00f3 negativamente la reposici\u00f3n), desestimando sus alegaciones en torno a las causales normativas invocadas como fundamento del recurso. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
El actor, por intermedio de su apoderado, plante\u00f3 variadas discrepancias contra las determinaciones dictadas por el juez de primera instancia y el tribunal ad quem que lo condenaron por el delito de violencia intrafamiliar, as\u00ed como frente a las proferidas por la Hom\u00f3loga Penal al momento de inadmitir los recursos de casaci\u00f3n y de revisi\u00f3n que interpuso. <\/p>\n
Profusamente, recorri\u00f3 bajo su particular \u00f3ptica cada una de las pruebas practicadas durante la causa penal, se\u00f1alando lo que considera puntuales \u00aberrores\u00bb en su valoraci\u00f3n final por parte del juez de primera instancia de cara a la declaratoria de la responsabilidad; as\u00ed mismo, recalc\u00f3 que a otras probanzas se les debi\u00f3 otorgar un m\u00e9rito distinto al conferido, como, por ejemplo, a los testimonios de las personas que declararon en su favor y a su propia versi\u00f3n de los hechos entregada en juicio. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la gesti\u00f3n defensiva de quien lo asisti\u00f3 en el juicio, principalmente porque se trat\u00f3 de una estudiante de derecho de consultorio jur\u00eddico que, en su concepto, no desarroll\u00f3 un adecuado ejercicio de contradicci\u00f3n de los testimonios y los elementos de conocimiento aportados por la fiscal\u00eda, producto de su \u00abinexperiencia\u00bb y falta de pericia en la especialidad. <\/p>\n
Todas las rese\u00f1adas alegaciones hicieron parte esencial del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, y con estas pretendi\u00f3 sustentar las causales 2\u00aa y 6\u00aa del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004 que invoc\u00f3 como fundamento del mismo. <\/p>\n
Sin embargo, censuras como las replicadas en el escrito introductor, as\u00ed formuladas, son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia que el actor persigue anteponer su propia comprensi\u00f3n a la de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, decisiones que le fueron desfavorables, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario. <\/p>\n
Adem\u00e1s, incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir, por ejemplo, la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n caprichosa, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando el labor\u00edo del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Ahora, si bien el mandatario del actor se\u00f1ala los \u00abyerros\u00bb que en su sentir cometieron las autoridades tuteladas, esencialmente al momento del ejercicio deductivo dentro del contexto procesal discutido, as\u00ed como los \u00abdefectos\u00bb que enrostra a las decisiones que aqu\u00e9llas adoptaron, observa la Corte que lo que hace es insistir en puntos agotados y resueltos en cada uno de los escenarios procesales en cuesti\u00f3n y, sus argumentos as\u00ed expuestos, en realidad constituyen un nuevo recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Y es que, la intenci\u00f3n del querellante es que su personal apreciaci\u00f3n sobre lo sucedido en el juicio penal y la forma en que debieron valorarse cada uno de los elementos de persuasi\u00f3n arrimados y practicados en \u00e9l, prevalezca, a\u00fan despu\u00e9s de superadas todas las etapas procesales, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Entonces, la diferencia criterio acerca de la forma en la que fue entendido el contexto procesal, no es suficiente per se para habilitar la salvaguarda constitucional, puesto que, como lo ha dicho con suficiencia la Sala, \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, de manera uniforme se ha puntualizado que, \u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC16240-2015, STC16948-2015, STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Finalmente, cabe se\u00f1alar que con insistencia esta la Corte ha precisado que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Lo pretendido por el accionante resulta improcedente, toda vez que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, ya que lo que persigue es imponer una determinada tesis sustituyendo al fallador de la causa, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8377-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8377-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02078-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Torres Acero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55480","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55480"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55480\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}