STC8390-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00189-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 27 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo, ambas de la Regional Risaralda, el Distrito de Santa Marta y Audifarma S.A., entre otros, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el tutelante contra la \u00faltima sociedad referida, radicada bajo el n\u00famero 2016-00638. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Audifarma S.A., ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, para exigir la protecci\u00f3n colectiva de las personas discapacitadas, por cuanto, en su sentir, en la sede de esa entidad, ubicada en Santa Marta, no existe una unidad sanitaria para ciudadanos con movilidad reducida. <\/p>\n
El 21 de agosto de 2019, se llev\u00f3 a cabo audiencia de pacto cumplimiento, donde, adem\u00e1s, se decretaron pruebas de oficio, entre ellas, requerir a la Alcald\u00eda Distrital de Santa Marta con el fin de efectuar inspecci\u00f3n a las instalaciones de la compa\u00f1\u00eda accionada. <\/p>\n
El gestor deprec\u00f3 la nulidad del asunto por incumplimiento de los art\u00edculos 90 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, mediante providencia de 3 de julio de 2020, el estrado acusado despach\u00f3 desfavorablemente su petici\u00f3n, al no haberse cumplido el t\u00e9rmino de un a\u00f1o para dictar sentencia. <\/p>\n
En auto de 13 de enero de 2021, se le requiri\u00f3 a la Alcald\u00eda de Santa Marta, dar respuesta al oficio n\u00ba 1679 del 21 de agosto de 2019. <\/p>\n
El 21 de enero de 2021, el quejoso insisti\u00f3 en su \u201cdesistimiento\u201d de la acci\u00f3n popular y en la aplicaci\u00f3n del canon 121 \u00eddem. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 10 de mayo anterior, se denegaron los pedimentos del impulsor. <\/p>\n
Para el promotor, se lesionaron sus garant\u00edas porque (i) existe una demora injustificada en la definici\u00f3n de la contienda; (ii) no se aplica el canon 121 \u00eddem, ni los art\u00edculos 5, 34 y 84 de la Ley 472 de 1998; (iii) no se acept\u00f3 su desistimiento de la demanda; (iv) sus pedimentos no son atendidos tempestivamente; y (v) se le ha sancionado sin incidente previo. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar (i) dictar sentencia en el decurso cuestionado en un t\u00e9rmino no superior a (48) horas (ii) admitir su desistimiento (iii) cumplir lo dispuesto en los precitados preceptos; (iv) aportar copia de \u201ctodas las tutelas que haya presentado\u201d respecto al ritual censurado; (v) allegar copia de las quejas que existan en su contra, con el fin de que obren dentro de la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa (vi) referir los radicados de los resguardos colectivos en donde se ha decretado desistimiento t\u00e1cito; (vii) vincular a la Corte Constitucional; (viii) designar un abogado de la Defensor\u00eda del Pueblo para que lo represente en una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia; (ix) convocar a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda Delegada correspondiente para que acrediten c\u00f3mo han garantizado sus prerrogativas superlativas; (x) digitalizar el expediente; (xi) tener en cuenta el precedente de la Sala en casos an\u00e1logos; y (xii) aportar la reproducci\u00f3n de varios pronunciamientos emitiditos por esta Corporaci\u00f3n frente a la tem\u00e1tica bajo examen. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial reprochada remiti\u00f3 el link de acceso al expediente criticado. <\/p>\n
2. Audifarma S.A., luego de pronunciarse frente a los hechos esbozados en el escrito tutelar, deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles y Laborales manifest\u00f3 haber enviado el requerimiento a la Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, quien, a su turno, inform\u00f3, sobre la designaci\u00f3n de las diferentes personer\u00edas municipales para que intervengan, ante los juzgados de su jurisdicci\u00f3n y competencia, en las acciones populares presentadas por el censor. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
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2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda reclamada por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4. De las pruebas arrimadas al expediente, pronto observa esta Colegiatura que en realidad no se ha proferido sentencia de primera instancia en la acci\u00f3n popular cuestionada. Con todo, tambi\u00e9n luce evidente que el actor ninguna petici\u00f3n ha formulado al interior del tr\u00e1mite que motiva esta tutela para obtener lo que ahora pretende por esta v\u00eda subsidiaria, omisi\u00f3n que per se hace improcedente el ruego constitucional. Lo anterior porque para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela se requiere que el interesado haya acudido de manera previa a la autoridad que supuestamente desconoce sus derechos fundamentales en aras de que se pronuncie sobre esa cuesti\u00f3n, ya que de lo contrario utilizar\u00eda el amparo como medio principal de defensa, a pesar de que se trata de uno de car\u00e1cter subsidiario\u201d. <\/p>\n
\u201c5. Sobre la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del CGP a la acci\u00f3n popular que motiva la tutela, se encuentra que el juzgado se pronunci\u00f3 en auto de fecha 3 de julio de 2020, lo que reiter\u00f3 en auto del 10 de mayo hoga\u00f1o, donde tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 sobre el desistimiento, sin que obre prueba de que el actor los haya impugnado, corriendo apenas el t\u00e9rmino de ejecutoria de esta providencia para cuando se dio inicio a este amparo, motivo suficiente para develar su apresurado actuar y su desd\u00e9n frente al uso de los mecanismos ordinarios e id\u00f3neos que ha dise\u00f1ado el legislador para controvertir este tipo de decisiones, para en su lugar acudir a este remedio excepcional, lo que constituye raz\u00f3n suficiente para declarar su improcedencia, en lo respectivo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Las dem\u00e1s pretensiones fueron desestimadas, pues el actor ninguna petici\u00f3n formul\u00f3 para obtener lo pretendido ahora v\u00eda tutela. <\/p>\n
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3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el libelista, insistiendo en los argumentos de disenso esbozados en el escrito genitor; adem\u00e1s solicit\u00f3 se aceptara su desistimiento sobre la \u201cqueja contra el Magistrado Edder S\u00e1nchez, a fin [que] no dilate m\u00e1s [sus] tutelas con su impedimento\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se resalta, la mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n1 y de la Corte Constitucional2, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana3 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos4, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable5 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
2. En el caso, si bien es clara una tardanza en la definici\u00f3n del litigio controvertido, ello no obedece a una conducta negligente del estrado del circuito confutado. <\/p>\n
En efecto, tal como se iter\u00f3 en el ac\u00e1pite de los antecedentes, el 21 de agosto de 2019 se llev\u00f3 a cabo audiencia de pacto cumplimiento y se decretaron algunas pruebas de oficio, entre ellas, requerir a la Alcald\u00eda Distrital de Santa Marta con el fin de efectuar inspecci\u00f3n a las instalaciones de la compa\u00f1\u00eda accionada. <\/p>\n
Posteriormente, el gestor deprec\u00f3 la nulidad del asunto por el supuesto desconocimiento de los art\u00edculos 90 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso; empero, en providencia de 3 de julio de 2020, la c\u00e9lula judicial confutada, resolvi\u00f3 negar las peticiones del gestor, al no haberse cumplido el t\u00e9rmino de un a\u00f1o para dictar sentencia. <\/p>\n
En auto de 13 de enero de 2021, se dispuso requerir a la Alcald\u00eda de Santa Marta, dar respuesta al oficio n\u00ba 1679 del 21 de agosto de 2019 y, asimismo, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una vez den respuesta, por secretaria se pasar\u00e1 el expediente al despacho con la documentaci\u00f3n allegada a fin de ponerla en conocimiento de las partes, y una vez quede en firme ese auto se pasar\u00e1 sin tardanza el expediente nuevamente a despacho para dar traslado para alegar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, no se constata una mora judicial injustificada, pues han sido cuestiones procesales y las solicitudes contradictorias del actor, las generadoras de la dilaci\u00f3n cuestionada, frustrando el normal desarrollo del proceso. <\/p>\n
3. Al margen de lo expuesto, se exhortar\u00e1, por una parte, a la Alcald\u00eda Distrital de Santa Marta, para que, en caso de no haberlo hecho, de manera inmediata, realice las gestiones ordenadas el 21 de agosto de 2019, disposici\u00f3n reiterada por el estrado judicial accionado, el 13 de enero de 2021, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Me permito comunicarle que en audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 21 de agosto de los cursantes (Art 27 de la Ley 472 de 1998) dentro de la acci\u00f3n popular instaurada por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga (\u2026) contra AUDIFARMA sucursal ubicada en la carrera 19 N\u00ba 11C-66 Santa Marta, como prueba de oficio se dispuso oficiar a la Alcald\u00eda Distrital de Santa Marta a fin que se designe a un funcionario que se dirija a la carrera 19 N\u00ba 11C-66 de esa ciudad para que verifique si en dicha direcci\u00f3n funciona la Cl\u00ednica llamada FRESENIUS y si en la unidad renal de la misma, hay una oficina de Audifarma (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y por otra, al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, para que, como encargado de la direcci\u00f3n del proceso, vele por su r\u00e1pida soluci\u00f3n con celeridad y diligencia, adoptando las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y retraso del decurso, de conformidad a lo preceptuado en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso6. <\/p>\n
4. Tocante al embate seg\u00fan el cual, el despacho encartado no ha aceptado el desistimiento del ritual recriminado y se ha negado a aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, el resguardo no progresa, por cuanto en prove\u00eddo de 10 de mayo de 2021, la sede judicial criticada deneg\u00f3 un pedimento en tal sentido y, frente a esa determinaci\u00f3n, el censor guard\u00f3 silencio, aun cuando ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la idoneidad del anotado remedio, la Sala ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)9\u201d. <\/p>\n
5. Frente a las pretensiones encaminadas a (i) designar un abogado de la Defensor\u00eda del Pueblo para que represente al tutelante en una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia; (ii) convocar a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda Delegada correspondiente, para que acrediten c\u00f3mo han garantizado las prerrogativas superlativas de aqu\u00e9l; y (iii) vincular a la Corte Constitucional, el resguardo tampoco prospera por cuanto el tutelante puede acudir, directamente y sin intermediaci\u00f3n alguna, ante esas entidades y organismos para efectuar las manifestaciones que estime pertinentes. <\/p>\n
Atinente a los ruegos del quejoso, encaminados a (i) aplicar los art\u00edculos 5, 34, y 84 de la Ley 472 de 1998; (ii) aportar \u201ctodas las tutelas que haya presentado\u201d respecto al ritual censurado; (iii) allegar copia de todas las quejas que existan en su contra, con el fin que obren dentro de la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa; (iv) referir los radicados de los resguardos colectivos en donde se ha decretado desistimiento t\u00e1cito; (iv) digitalizar el expediente; (v) tener en cuenta el precedente de la Sala en casos an\u00e1logos; y (vi) aportar la reproducci\u00f3n de varios pronunciamientos emitiditos por esta Corporaci\u00f3n frente a la tem\u00e1tica bajo examen, el auxilio deviene frustr\u00e1neo porque esos ruegos no enmarcan un hecho o aspecto jur\u00eddico relacionado con un perjuicio irremediable que amerite ser conjurado o, siquiera, estudiado; adem\u00e1s, desbordan el objeto de la acci\u00f3n de tutela, cual es, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
En adici\u00f3n, la referencia de los consecutivos de las acciones populares que fueron sujetas al art\u00edculo 317 del C. G. del P. y, el criterio de la Corte echado de menos, son tareas y cargas que le ata\u00f1en al quejoso, exclusivamente, para fundamentar sus reclamos, sin serle dable trasladarlas a la administraci\u00f3n de justicia, pues si bien existe un deber oficioso en materia probatoria y, de aplicaci\u00f3n del precedente en virtud del principio iura novit curia, ello no lo releva de adosar e, indicar, las evidencias y los precedentes que sirven de soporte a sus ruegos. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d10 (negrillas originales). <\/p>\n
6. Lo anterior, adem\u00e1s, revela la reiterada conducta del demandante en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues invocar pretensiones abiertamente improcedentes como sustento de los reclamos, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver los casos, en asuntos carentes de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n desnaturaliza la finalidad por el cual el Constituyente implement\u00f311 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que se abstenga de incurrir en la conducta descrita como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues, con ello, no hace m\u00e1s que contribuir a la congesti\u00f3n judicial, distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos12 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196913, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d14, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio15. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-16, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales17; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas18. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
SEGUNDO: EXHORTAR a la Alcald\u00eda Distrital de Santa Marta y al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en los t\u00e9rminos del numeral 3\u00b0 de las consideraciones expuestas en esta providencia. Rem\u00edtaseles copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con salvamento de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00189-01 <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso. <\/p>\n
En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 improcedente el amparo por la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido de que \u00aben prove\u00eddo de 10 de mayo de 2021, la sede judicial criticada deneg\u00f3 un pedimento en tal sentido y, frente a esa determinaci\u00f3n, el censor guard\u00f3 silencio, aun cuando ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, considero que el precepto mencionado no es aplicable en acciones populares por cuanto no armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la normativa que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n
\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
3\u0002 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
4\u0002 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
5\u0002 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
6\u0002 ART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
1. Dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
9\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
10\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
11\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
12\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
13\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
14\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
16\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
17\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
18\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC8390-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00189-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 27 de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55484","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55484","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55484"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55484\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55484"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55484"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55484"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}