STC8401-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8401-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00386-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 4 de marzo de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Nicol\u00e1s Cuen\u00fa Colorado contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, \u00abderechos pensionales y de seguridad social\u00bb, m\u00ednimo vital y debido proceso, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral que inici\u00f3 (radicaci\u00f3n 2001-00975, interno 34500). <\/p>\n
Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral mantuvo en firme la resoluci\u00f3n del ad quem, en desmedro de sus prerrogativas fundamentales. En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que \u00abconstituy\u00f3 monumental error de parte de la accionada de haber avalado la decisi\u00f3n del Ad quem de declarar la compartibilidad de la pensi\u00f3n convencional del demandante con la pensi\u00f3n legal que le otorg\u00f3 finalmente el ISS en medio del proceso laboral ordinario, sin que estos aspectos hubieran sido materia de discusi\u00f3n ni dentro de la v\u00eda gubernativa, ni dentro del respectivo proceso laboral ordinario\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que \u00abrecientemente en la sentencia de la CSJ SL 3193-2019, 30 de julio, se cas\u00f3 precisamente la sentencia del Tribunal Superior de Buga que declar\u00f3 la compartibidad de la pensi\u00f3n convencional que en vida tuvo Alcides Cabezas -compa\u00f1ero de trabajo en el Idema del accionanteotorgada precisamente por el antiguo Idema con la pensi\u00f3n de sobreviviente que se le otorg\u00f3 a la viuda Rosa Ordo\u00f1ez Sol\u00eds, por considerar que la decisi\u00f3n del Ad quem era totalmente violatoria de la norma contenida en el Decreto 2879 de octubre 17 de 1985, al haber adquirido aquel la pensi\u00f3n con anterioridad al Decreto se\u00f1alado\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 que \u00abse deje sin efecto la sentencia se\u00f1alada\u00bb y, en consecuencia, \u00abse ordene dictar sentencia de reemplazo en la que se reconozca el derecho a la PENSI\u00d3N CONVENCIONAL otorgada por el antiguo IDEMA hoy MINISTERIO DE AGRICULTURA, la cual es compatible con la pensi\u00f3n legal que posteriormente le otorg\u00f3 el antiguo Instituto de Seguros Sociales ISS, hoy Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral remiti\u00f3 copia de la providencia judicial confutada en esta acci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adujo que \u00abse opone a todas y cada una de las peticiones que aparecen formuladas contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Agricultura y dem\u00e1s autoridades, por considerar que en el caso expuesto no se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n P.A.R.I.S.S. se\u00f1al\u00f3 que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto ISS emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali remiti\u00f3 copia del expediente revisado. <\/p>\n
5. La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones expuso que \u00abdecidir de fondo las pretensiones del accionante y acceder a las mismas, invade la \u00f3rbita del juez ordinario y su autodominio, pero adem\u00e1s excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se prob\u00f3 vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el amparo porque \u00abel cuerpo colegiado accionado, luego de confrontar lo indicado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali (naturaleza compartida de la pensi\u00f3n de vejez del interesado, con la pensi\u00f3n convencional) con el argumento del recurrente en casaci\u00f3n (ese aspecto no fue materia de discusi\u00f3n dentro de la v\u00eda gubernativa, ni en el proceso laboral, por cuanto no form\u00f3 parte de la controversia), explic\u00f3 que el libelista deja de lado que en el proceso hubo un hecho sobreviniente que, necesariamente, deb\u00eda ser tomado en consideraci\u00f3n por los jueces de instancia: en el tr\u00e1mite del recurso, al actor le fue reconocida por el demandado (extinto ISS, hoy Colpensiones) la pensi\u00f3n de vejez\u00bb. As\u00ed las cosas, \u00abel razonamiento de la mencionada Corporaci\u00f3n no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado del censor recurri\u00f3 la precitada providencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito introductor y agregando que \u00abno puede pretenderse que el derecho de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional del accionante se vea subrogado por el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez del Instituto de Seguros Sociales, pues una cosa es la pensi\u00f3n de vejez reconocida por el ISS, la cual se controvirti\u00f3 por estar mal liquidada, adem\u00e1s que cuando se inici\u00f3 el proceso, hab\u00eda sido totalmente negada y otra muy diferente la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, que ven\u00eda siendo reconocida al accionante desde abril de 1982,por el IDEMA, que es compatible con la reconocida por el ente de seguridad social\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 6 de mayo de 2020 y la tutela se intent\u00f3 el 24 de febrero de 2021, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n absolutoria del tribunal ad quem, tras precisar que en ella no se incurri\u00f3 en ning\u00fan dislate susceptible de ser enmendado en esa senda extraordinaria, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico propuesto por el inconforme, relacionado con la \u00abaplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 12 y 13 del Decreto 758 (sic) de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, 33 par\u00e1grafo 3, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, 19 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, 60 y 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985\u00bb, por \u00abhaber decretado, sin tener por qu\u00e9 hacerlo, la compartici\u00f3n de la pensi\u00f3n mensual vitalicia de jubilaci\u00f3n del demandante, otorgada por su patr\u00f3n, con la pensi\u00f3n de vejez otorgada por el ISS, ya que este asunto no fue materia de debate (\u2026)\u00bb el estrado enjuiciado se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abSe discuten tres temas en el cargo: 1) Que est\u00e1 mal liquidada la pensi\u00f3n de vejez que concedi\u00f3 el referido Instituto, porque calcul\u00f3 el ingreso base de liquidaci\u00f3n s\u00f3lo con 1000 semanas y no con las 1605 que cotiz\u00f3; 2) Que la pensi\u00f3n de vejez que le reconoci\u00f3 el Instituto de Seguros Sociales al demandante es compatible con la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que le otorg\u00f3 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y que dicho asunto no fue materia de debate; y: 3) Que el Tribunal debi\u00f3 condenar al demandado a reconocerle los intereses moratorios por no pagarle completa la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
En lo que concierne con la primera cuesti\u00f3n que se trae a la palestra en el cargo, importa precisar que en este caso, de cara a determinar el monto de la pensi\u00f3n de vejez del actor, ninguna incidencia tiene que cotizara 1605 semanas y no las 1555 que tom\u00f3 en cuenta el Tribunal, pues, de todos modos, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 20 del Acuerdo 049 de 1990, \u201cel valor total de la pensi\u00f3n no podr\u00e1 superar el 90% del salario mensual de base ni ser inferior al salario\u201d. Y como, contrariamente a lo que se afirma en el cargo, ese fue el porcentaje sobre el cual el juez de la alzada liquid\u00f3 la pensi\u00f3n del actor, es claro que el desacierto en que pudo incurrir al no tener en cuenta el total de las semanas cotizadas, carece de la trascendencia suficiente para dar al traste con su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Cabe anotar, empero, que para respaldar la decisi\u00f3n del Seguro Social de tener en cuenta como \u00faltima cotizaci\u00f3n la efectuada el 3 de agosto de 2002, y no otra posterior, el Tribunal se bas\u00f3 en la hoja de prueba de la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez de folio 169, cuya valoraci\u00f3n se critica en el cargo, respecto de la cuant\u00eda del ingreso base de liquidaci\u00f3n, pero no en lo que hace con la fecha de la \u00faltima cotizaci\u00f3n. Lo anterior indica que esa conclusi\u00f3n del juzgador permanece inc\u00f3lume, al no ser debidamente cuestionada la valoraci\u00f3n de la prueba de la cual se obtuvo. <\/p>\n
Con todo, importa anotar que en la demanda inicial se pidi\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n desde el momento en que se cumpli\u00f3 la edad por el actor y ahora se reclama que se colacionen las \u00faltimas cotizaciones, sin tener en cuenta, por lo dem\u00e1s, que fueron efectuadas estando en vigencia el proceso\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
En ese sentido, la autoridad arguy\u00f3 que \u00abel cargo cuestiona al Tribunal por la liquidaci\u00f3n que hizo del monto de la pensi\u00f3n de vejez y lo critica por no haber tomado en consideraci\u00f3n que, seg\u00fan el documento de folio 169, que se denomina hoja de prueba, el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n del actor aparece hasta el 3 de agosto de 2002, por $972.001\u00bb, no obstante, \u00abpara la Corte, pese a que el Tribunal, como se vio, consider\u00f3 el documento, no es clara su \u00edndole, pues aparentemente se trata de un proyecto de la liquidaci\u00f3n de una pensi\u00f3n que, en consecuencia, no puede ser tenido como id\u00f3neo para establecer el monto de la prestaci\u00f3n demandada (\u2026) por tratarse de un mero documento de prueba y no de uno oficial y definitivo, que adem\u00e1s, no obliga al demandado\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que respecta a la segunda cuesti\u00f3n del memorialista, encaminada a la declaraci\u00f3n de la compartibilidad de la pensi\u00f3n convencional con la de jubilaci\u00f3n reconocida por el extinto ISS \u2013ahora Colpensiones, el estrado querellado reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n con la segunda cuesti\u00f3n a la que se alude en el cargo, el Tribunal asent\u00f3 que \u201cRespecto a la autonom\u00eda de la pensi\u00f3n, observa la Sala que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que le fue reconocida al se\u00f1or Nicol\u00e1s Cuen\u00fa por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es de car\u00e1cter legal, ello se infiere de lo indicado en la Resoluci\u00f3n No. 900465 de 2004 (fol. 159), adem\u00e1s de la documentaci\u00f3n obrante a folios 171 a 177, en la que se observa que el demandante fue afiliado al ISS por parte del IDEMA y cotiz\u00f3 m\u00e1s de 20 a\u00f1os por el riesgo de vejez, por lo tanto, su situaci\u00f3n pensional estaba destinada a ser asumida por el ISS cuando reuniera los requisitos establecidos para ello, entre tanto la empleadora deb\u00eda reconocerle la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n al cumplir con los requisitos legales y al reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, solamente ser\u00eda de su cargo el mayor valor si lo hubiere entre una y otra pensi\u00f3n. En consecuencia el valor de las mesadas retroactivas a la fecha de reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, le corresponden a la empresa empleadora.\u201d (Folio 11, cuaderno el Tribunal). <\/p>\n
El recurrente critica que el Tribunal se refiriera a la naturaleza compartida de la pensi\u00f3n de vejez del actor, porque ese hecho no fue materia de discusi\u00f3n dentro de la v\u00eda gubernativa, ni en el proceso laboral, por cuanto no form\u00f3 parte de la controversia. Pero al discurrir de esa manera, deja de lado que en el proceso hubo un hecho sobreviniente que, necesariamente, deb\u00eda ser tomado en consideraci\u00f3n por los jueces de instancia: en el tr\u00e1mite del recurso, al actor le fue reconocida por el demandado la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
Y como en la resoluci\u00f3n respectiva, que lo fue la 900465 del 2004, se orden\u00f3 que el valor del retroactivo hasta el 31 de mayo de 2004 se girara al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, no actu\u00f3 incongruentemente el juez de la alzada al analizar si le asist\u00eda o no raz\u00f3n al demandado al proceder de esa forma, por cuanto, sin duda, el pago de ese retroactivo formaba parte de lo pretendido por el promotor del pleito en su demanda, de suerte que ten\u00eda que establecerse si deb\u00eda pag\u00e1rsele a \u00e9l o si, por el contrario, actu\u00f3 correctamente el demandado al entregar las sumas correspondientes al Ministerio que comparti\u00f3 el pago de la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Para la Corte la conducta asumida por el Tribunal se enmarca, en consecuencia, en lo establecido en el inciso cuarto del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan el cual \u201cEn la sentencia se tendr\u00e1 en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el que verse el proceso, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que haya sido probado oportunamente y alegado antes de la sentencia o que la ley permita considerarlo de oficio\u201d\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4.3. Finalmente, en cuanto al supuesto desconocimiento del \u00abprecedente\u00bb que se trajo a colaci\u00f3n en la demanda (esto es, la providencia SL3193-2019, rad. 64929), es preciso indicar que el fallo supuestamente pretermitido fue dictado con posteridad a la decisi\u00f3n confutada, por lo que no pudo ser tenido en cuenta, aunado a que no comparte estricta identidad con el sub-lite. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La sentencia cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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