STC8403-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8403-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-02081-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 19 de enero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Stella Rodr\u00edguez Rond\u00f3n contra la Sala de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado 22 Laboral del Circuito de la misma ciudad y Aerov\u00edas del Continente Americano SA (AVIANCA SA); tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a \u00abla condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para el trabajador\u00bb, debido proceso, igualdad ante la ley, \u00abprotecci\u00f3n especial de las personas de la tercera edad\u00bb y seguridad social, que dice vulneradas por las accionadas, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse deje sin efecto o valor jur\u00eddico alguno, la sentencia de casaci\u00f3n SL3656-2018\u2026, \u00fanicamente en lo referente al no reconocimiento de los intereses moratorios\u00bb y, en su lugar, \u00abse ordene a AVIANCA SA a cancelarle los intereses de mora de que trata el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las mesadas pensionales pendientes de pago desde el 21 de noviembre de 2008 y hasta la fecha en que se realice el pago en forma total y completa\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Stella Rodr\u00edguez Rond\u00f3n promovi\u00f3 demanda laboral contra AVIANCA SA, con miras a obtener el reconocimiento de una pensi\u00f3n, \u00aba partir del 21 de noviembre de 2008, por valor de $1\u2019862.700.03, junto con los reajustes de las mesadas subsiguientes a la primera, debidamente indexados, los ajustes anuales legales, los intereses de mora y se condene en costas a la demandada\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 29 de abril de 2010, fueron negadas las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandante, siendo confirmada con providencia del 28 de octubre de esas mismas calendas. <\/p>\n
2.3. Frente a esta \u00faltima determinaci\u00f3n, la actora formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que se declar\u00f3 pr\u00f3spero con fallo del 29 de agosto de 2018, dict\u00e1ndose sentencia sustitutiva en la que se orden\u00f3 a la demandada a reconocer a su antagonista una \u00abpensi\u00f3n vitalicia por retiro voluntario\u00bb, por lo que conden\u00f3 al pago \u00abde las mesadas causadas del 21 de noviembre de 2008 hasta julio de 2018, por valor de $300.549.677,46 y las que en lo sucesivo se causen\u00bb y, en lo dem\u00e1s, neg\u00f3 las s\u00faplicas del libelo. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la sede judicial acusada \u00abse abstuvo de no reconocer los intereses moratorios, no obstante, la pensi\u00f3n le hab\u00eda sido negada en su totalidad\u00bb; y que la sentencia criticada \u00abno tuvo en cuenta que con la sentencia C-601 de 2000, se estudi\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, y se fij\u00f3 su sentido y alcance, concluy\u00e9ndose que los intereses moratorios, proceden ante todo tipo de mora pensional, y para todo tipo de pensiones sin importar su origen, ni su fecha de causaci\u00f3n\u00bb, precedente que ha sido reiterado en m\u00faltiples pronunciamientos. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia precis\u00f3 que \u00abno se configur\u00f3 alg\u00fan defecto que pudiera dar lugar a conceder el amparo constitucional deprecado, en la medida que la postura adoptada se ajust\u00f3 a los lineamientos jurisprudenciales que sobre el particular ha edificado la Sala\u00bb. <\/p>\n
2. AVIANCA SA, a trav\u00e9s de apoderado judicial, destac\u00f3 que el reclamo constitucional carec\u00eda de inmediatez; y que \u00abno existe vulneraci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental, en la medida que\u2026 dio estricto cumplimiento a lo ordenado fallo\u2026 de fecha 29 de agosto de 2018\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo, por cuanto \u00abse advierte una actuaci\u00f3n temeraria de su parte, ya que\u2026 se pudo establecer que los hechos son los mismos rese\u00f1ados en acci\u00f3n de tutela decidida a trav\u00e9s de las sentencias CSJ STP131-2019 (primera instancia) y STC1743-2019 (segunda instancia)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien dijo ratificarse \u00aben los hechos y fundamentos de [su] reclamaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinado el presente caso, se verifica que la actora cuestiona que la sede judicial acusada, en la sentencia de 29 de agosto de 2018, que cas\u00f3 la providencia de 28 de octubre de 2010, omiti\u00f3 conceder los intereses moratorios que reclam\u00f3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, la quejosa formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que resolvi\u00f3, en sede de impugnaci\u00f3n, esta Sala Especializada con sentencia del 18 de febrero de 2019 (STC1743-2019), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 que: <\/p>\n
1. Del texto introductorio y los anexos que lo acompa\u00f1an es posible resumir la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, as\u00ed: <\/p>\n
Ante el Juzgado Veintid\u00f3s Laboral de Bogot\u00e1, la actora demand\u00f3 a Aerov\u00edas del Continente Americano S.A. (Avianca) para que le reconociera pagara e indexara la pensi\u00f3n restringida por retiro voluntario establecida en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 171 de 1961, teniendo en cuenta que cumple los requisitos all\u00ed contenidos, esto es, trabaj\u00f3 para la empresa m\u00e1s de quince (15) a\u00f1os entre el 11 de agosto de 1965 al 31 de julio de 1985, y el 21 de noviembre de 2008 cumpli\u00f3 60 \u00aba\u00f1os\u00bb de edad. La convocada se opuso basada en que \u00abla falta de afiliaci\u00f3n de la demandante al Instituto de Seguro Social (ISS) durante los periodos en que estuvo vinculada fue subsanada conforme gal par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003, con el pago al ISS de la reserva actuarial liquidada por \u00e9ste, en cuant\u00eda de $127\u00b4180.331, acorde a una solicitud expresa de la accionante\u00bb, por lo que remat\u00f3 que \u00abla pensi\u00f3n de vejez de la promotora del proceso fue subrogada por el Instituto\u00bb. <\/p>\n
En sentencia de 29 de abril de 2010 se desestimaron las s\u00faplicas de la libelista, quien apel\u00f3 sin \u00e9xito, ya que la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de esta urbe la ratific\u00f3 fincada, en lo medular, en que \u00abpara que fuera procedente el pago de la pensi\u00f3n deprecada a cargo de la demandada era necesario que la entidad no hubiera subrogado en el ISS la obligaci\u00f3n de pagar la prestaci\u00f3n\u00bb, lo cual aconteci\u00f3 en el sub lite en vista que \u00abAvianca SA pag\u00f3 el c\u00e1lculo actuarial por el tiempo laborado y no cotizado\u00bb, con lo que \u00absubrog\u00f3 en el ISS la obligaci\u00f3n pensional a favor de la demandante, por lo que no era procedente que la actora reclamara la prestaci\u00f3n al empleador\u00bb (28 oct. 2010). <\/p>\n
La precursora formul\u00f3 casaci\u00f3n con base en ocho cargos, de los cuales, la Sala Laboral de esta \u00abCorte\u00bb al analizar los dos ataques por la v\u00eda directa, quebr\u00f3 el \u00abfallo\u00bb de segunda instancia y, en su reemplazo, \u00abrevoc\u00f3 el fallo absolutorio y conden\u00f3 a la demandada a reconocer a la demandante la pensi\u00f3n vitalicia por retiro voluntario despu\u00e9s de 15 a\u00f1os de servicio prevista en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 171 de 1961, a partir del 21 de noviembre de 2008, en cuant\u00eda equivalente a $1.788.553.94, junto con los incrementos de ley y las mesadas adicionales\u00bb. Sin embargo, no concedi\u00f3 los intereses moratorios instados, por estimarlos improcedentes. <\/p>\n
2. Se\u00f1al\u00f3 la memorialista que con tal negativa se le transgredieron \u00ablos derechos a la igualdad, seguridad social, favorabilidad, condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y protecci\u00f3n especial de las personas de la tercera edad\u00bb (sic), por cuanto \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral no tuvo en cuenta que con la sentencia C-601 de 2000 se estudi\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, y se fij\u00f3 su sentido y alcance, concluy\u00e9ndose que los intereses moratorios proceden ante todo tipo de mora pensional, sin importar su origen, ni fecha de causaci\u00f3n\u00bb, esto es, \u00abprocede a\u00fan cuando la mora se origine por pensiones causadas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, como en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Por ello, clam\u00f3 que \u00abse ordene a AVIANCA S.A. cancelarle los intereses de mora de que trata el art\u00edculo 141\u00bb aludido. <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
2. Advertido ello, desde el p\u00f3rtico conviene anunciar la confirmaci\u00f3n del pronunciamiento confutado, siendo que, tal como en \u00e9l se concluy\u00f3, las elucubraciones que provocaron esta queja no son producto de un entendimiento ama\u00f1ado sino, m\u00e1s bien, de uno que parece l\u00f3gica y jur\u00eddicamente aceptable. Esto es, al margen que la Corte lo avale o descalifique no hay all\u00ed, per se, motivo v\u00e1lido para desconocerlo por esta cuerda. <\/p>\n
3. En el presente asunto, se duele Rodr\u00edguez Rond\u00f3n de la SL3656-2018 a trav\u00e9s de la cual, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura a pesar de que aboli\u00f3 el \u00abfallo del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb para, en su lugar, reconocerle el pago de la \u00abpensi\u00f3n restringida por retiro voluntario\u00bb regulada en el canon 8\u00ba de la Ley 171 de 1961, se abstuvo de ordenar \u00abel pago de los intereses de mora\u00bb previstos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Sostiene la reclamante que en virtud de la \u00absentencia\u00bb C-601 de 2000 deven\u00eda viable aceptar tales r\u00e9ditos porque, en su opini\u00f3n, aplican ante el desembolso tard\u00edo de \u00abcualquier pensi\u00f3n\u00bb, como aconteci\u00f3 en el sub examine; en cambio, el \u00f3rgano de cierre de esa especialidad para justificar la negativa esboz\u00f3 que \u00abla prestaci\u00f3n se causa a la luz del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 171 de 1961, en el que en este proceso se reconoce con fundamento en un criterio jurisprudencial, en el sentido de que las pensiones restringidas de jubilaci\u00f3n no fueron subrogadas por el ISS, por lo cual no operan los intereses moratorios previstos por el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
De este modo, entonces, refulgen dos tesituras sobre la cuesti\u00f3n abordada, especialmente, en torno a la aplicabilidad de los \u00abintereses de mora\u00bb causados por el no \u00abpago oportuno de las pensiones estructuradas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993\u00bb. En efecto, el art\u00edculo 141 de ese compendio dispone que: <\/p>\n
A partir del 1\u00b0. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocer\u00e1 y pagar\u00e1 al pensionado, adem\u00e1s de la obligaci\u00f3n a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa m\u00e1xima de inter\u00e9s moratorio vigente en el momento en que se efectu\u00e9 el pago. <\/p>\n
Quiere decir que una interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica de la norma permite sostener que las \u00abpensiones reconocidas con anterioridad al 1\u00ba de enero de 1994\u00bb no generan los emolumentos por \u00abmora\u00bb exigidos por Mar\u00eda Stella, pues en el dossier aparece pac\u00edfico que su \u00abprestaci\u00f3n econ\u00f3mica se caus\u00f3\u00bb con cimiento en la Ley 171 de 1961. <\/p>\n
Ahora, es cierto que la pol\u00e9mica en estudio admite otras hermen\u00e9uticas, como lo plantea la censora desde un punto de vista sistem\u00e1tico o final\u00edstico, conforme al cual, aspira que con ocasi\u00f3n del principio de favorabilidad se le \u00abreconozcan\u00bb dichos \u00abintereses\u00bb, pero esta v\u00eda extraordinaria no es id\u00f3nea para dilucidar tal disparidad de pareceres, entre otras cosas, porque aunque la promotora no comporta las disquisiciones de la \u00abSala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb ellas carecen de arbitrariedad. <\/p>\n
Luego, la intenci\u00f3n de la quejosa es persistir en un pleito que ha sido debidamente clausurado por esta rama del poder p\u00fablico, designio que no armoniza con esta senda, ya que <\/p>\n
\u00ab[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia (\u2026), y la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC20214-2017). <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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