STC8409-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8409-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00070-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el dos (2) de junio de 2021 por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Denis Jos\u00e9 Guerra Pe\u00f1aranda contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada en el juicio ejecutivo singular que contra ella promovi\u00f3 Belisa Daza Villar (rad. 2016-00071). <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, ordenar al despacho encartado declarar: 1\u00b0) la nulidad de todo lo actuado en el juicio tuitivo en el que funge como demandada, a partir del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago; 2\u00b0) necesaria la nueva integraci\u00f3n del contradictorio; o, subsidiariamente, la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y dejar sin efectos el proceso surtido en su contra. <\/p>\n
Fundament\u00f3 sus pretensiones en que la ejecuci\u00f3n citada se basa en un t\u00edtulo valor suscrito por Deniris Laudis Mar\u00eda Guerra, quien falleci\u00f3, lo cual dio lugar a que la acci\u00f3n coactiva fuera iniciada en contra de la accionante en condici\u00f3n de heredera de la deudora, calidad que fue reconocida por el Juzgado de Familia de Riohacha en la sucesi\u00f3n de la causante (rad. 2015-00436). <\/p>\n
Sin embargo, el Juzgado accionado err\u00f3 porque: I) la ejecuci\u00f3n citada no fue dirigida contra los herederos indeterminados de Deniris Laudis Mar\u00eda Guerra, lo cual puso de presente a trav\u00e9s de un incidente de nulidad incoado cuando el litigio estaba en la etapa de remate de los bienes cautelados, el cual fue desestimado; no obstante que en un caso id\u00e9ntico el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha s\u00ed declar\u00f3 la nulidad deprecada por id\u00e9nticos motivos; y (II) tampoco observ\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues el proceso ejecutivo fue iniciado cuando estaba terminado el juicio sucesoral y en este no fue reconocido ning\u00fan pasivo, de donde no es dable al acreedor que no concurri\u00f3 al rito liquidatorio ejecutar en forma directa a quien fue declarado heredero. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la ejecutada se\u00f1al\u00f3 que compareci\u00f3 al proceso cuando ya estaba adelantado el cobro, porque la acreedora ocult\u00f3 el verdadero lugar para recibir notificaciones de su convocada, y a pesar de que aleg\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n por v\u00eda incidental, su reclamo no encontr\u00f3 eco. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo de marras. <\/p>\n
2. El Juzgado de Familia de Riohacha, conocedor del tr\u00e1mite sucesoral, rindi\u00f3 informe de sus actuaciones, resalt\u00f3 que el proceso culmin\u00f3 con sentencia de 14 de marzo de 2016 sin que se observe violaci\u00f3n alguna a los derechos de las partes que intervinieron, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, rindi\u00f3 informe de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo 2016-00067, el cual conoci\u00f3 por p\u00e9rdida de competencia que declar\u00f3 el 5 de abril de 2019 el estrado hom\u00f3logo ac\u00e1 accionado, en el que intervienen las mismas partes del tuitivo que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
4. La ejecutante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 negar el resguardo por improcedente, porque la tutelante no hizo uso de los medios de defensa que tuvo a su alcance, como el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 la nulidad por indebida integraci\u00f3n del contradictorio; y agreg\u00f3 que en todo caso tal nulidad fue saneada con la actuaci\u00f3n de la ejecutada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo porque el Juzgado accionado agot\u00f3 con plena legalidad las etapas del tr\u00e1mite ejecutivo cuestionado, y porque la ejecutada no interpuso el recurso de apelaci\u00f3n frente al prove\u00eddo que neg\u00f3 la nulidad por falta de integraci\u00f3n del contradictorio, por lo que el resguardo deviene improcedente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La quejosa reproch\u00f3 que el tribunal nada expres\u00f3 en relaci\u00f3n con la obligatoriedad de la comparecencia al proceso de los herederos indeterminados, m\u00e1xime si la nulidad por falta de integraci\u00f3n del contradictorio lesiona las normas adjetivas, las cuales son de imperativo cumplimiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
2. En el sub-examine y revisado el diligenciamiento cuestionado, la Sala advierte que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional deber\u00e1 confirmarse, en lo que ata\u00f1e a la queja relativa a la desestimaci\u00f3n de la nulidad pedida por la ejecutada, por la indebida integraci\u00f3n del contradictorio en el juicio ejecutivo criticado, en tanto que dicha pretensi\u00f3n deviene improcedente, toda vez que la accionante no hizo uso del recurso de apelaci\u00f3n en contra de esa determinaci\u00f3n, remedio procedente de conformidad con el precepto 321 del CGP, en el que se dispone expresamente que ser\u00e1 apelable el auto que \u00abniegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que la resuelva\u00bb. <\/p>\n
Entonces, si la parte demandante del amparo <\/p>\n
desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC de 6 de julio de 2010, rad. 00241-01, reiterado STC de 5 de abril de 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Tambi\u00e9n reproch\u00f3 la accionante su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque terminado el juicio sucesoral, en el cual no fue reconocida la acreencia de Belisa Daza Villar como pasivo del patrimonio a liquidar, no era dable a la acreedora incoar posteriormente juicio coactivo en su contra de forma directa, esto es, cual si \u00e9sta hubiese suscrito el t\u00edtulo valor contentivo de la deuda, queja que censura de forma directa la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pues en esta fue validada la legalidad del mandamiento de pago de 13 de julio de 2016 y constituye el estadio procesal en el cual compete a todo juzgador volver sobre los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo, entre ellos, legitimaci\u00f3n de la parte ejecutada. <\/p>\n
Sobre el particular, de entrada colige la Sala que la pretensi\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que carece del requisito de inmediatez, porque entre la fecha de expedici\u00f3n de la providencia censurada, 27 de julio de 2018, por medio de la cual se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, y la de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, 23 de mayo de 2021, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional; sin que la parte accionante hubiera demostrado motivo alguno que justifique tan notoria tardanza o encontrarse inmerso en alguno de los presupuestos de flexibilizaci\u00f3n del requisito de inmediatez. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC de 2 de agosto de 2007, rad. No. 2007-00188-01, reiterada en sentencia 10 de mayo de 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
4. Por lo considerado, la Sala confirmar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la providencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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