STC8413-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8413-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00520-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 8 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alba Lilia Naranjo Sep\u00falveda contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, la Defensor\u00eda Regional del Pueblo y la Procuradur\u00eda 353 Judicial II, todos de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la libertad, debido proceso, dignidad humana, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades encartadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se \u00abresuel[va] por [el] superior [el] recurso de apelaci\u00f3n que interpu[so]\u2026 hace m\u00e1s de siete meses y medio\u2026\u00bb y, en consecuencia, \u00ab[le] concedan [su] liberaci\u00f3n definitiva\u2026\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, pidi\u00f3 se \u00abcompulse copia de esta tutela a las autoridades competentes para que investiguen la conducta penal y disciplinaria de cada uno de los\u2026 accionados\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 la actora que la vigilancia de su pena le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad, ante quien solicit\u00f3 la liberaci\u00f3n definitiva por cumplimiento de pena; que con auto de 30 de enero de 2020 neg\u00f3 tal pedimento; determinaci\u00f3n recurrida en alzada, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n de la salvaguarda exista pronunciamiento por parte del superior. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, \u00abs\u00f3lo le hacen falta tres meses para cumplir con la totalidad de la pena sin redimir, y si a esos tres meses que [le] hacen falta restamos 14 meses de redenci\u00f3n, tenemos que el Estado [le] prolong\u00f3 il\u00edcitamente la privaci\u00f3n de [su] libertad\u2026 porque debi\u00f3 quedar en libertad desde noviembre de 2019, por los 14 meses que redimi[\u00f3]\u00bb. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que \u00abes falso que [se] fu[g\u00f3] 21 meses de [su] prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, pues \u00abestaba cumpliendo con [su] condena en la casa de [su] se\u00f1ora madre\u2026 pero un d\u00eda [se] fue a acompa\u00f1ar a una hermana\u2026 a un puesto de venta de objetos de fantas\u00eda\u2026 y unos funcionarios del Inpec [la] capturaron y le pusieron a continuar [su] condena ya no en prisi\u00f3n domiciliaria, sino en prisi\u00f3n intramural en la c\u00e1rcel El Buen Pastor y la juez ahora dice que los funcionarios del Inpec no le dijeron que ese d\u00eda [la] encontraron fuera de su prisi\u00f3n domiciliaria, sino que le dijeron que dur\u00f3 21 meses evadida\u00bb; que por tal situaci\u00f3n formul\u00f3 una acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus que tambi\u00e9n le fue negada por incumplir el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
2.5. Destac\u00f3 que sus prerrogativas esenciales est\u00e1n quebrantadas, habida cuenta de que contra la negativa de su libertad formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, sin embargo, \u00abhan transcurrido m\u00e1s de SIETE MESES Y MEDIO\u00bb, sin que exista decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que acudi\u00f3 a la Procuradur\u00eda y a la Defensor\u00eda en busca de ayuda a fin de obtener su libertad, sin que aquellos hayan efectuado alg\u00fan tipo de diligencia al respecto. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla manifest\u00f3 que vigila la pena de 94.5 meses de prisi\u00f3n impuesta a la accionante por parte de su hom\u00f3logo Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad; que la gestora solicit\u00f3 la libertad por pena cumplida, que fue negada por no cumplir con el tiempo para acceder a ella; que con auto del 25 de septiembre de 2020 concedi\u00f3 la alzada interpuesta, remitiendo las diligencias al Centro de Servicios Administrativo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que no ha vulnerado las prerrogativas endilgadas; que seg\u00fan el informe rendido por la defensora p\u00fablica, previa petici\u00f3n de la gestora acudi\u00f3 al juzgado de ejecuci\u00f3n, encontrando que \u00able faltaba tiempo para obtener la libertad por pena cumplida, por lo cual no ha solicitado la misma, pues tampoco\u2026 se puede elevar solicitudes inviables jur\u00eddicamente ante los Despachos Judiciales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- indic\u00f3 que no ha quebrantado las garant\u00edas de la accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 353 Judicial II Penal anot\u00f3 que no es competente para definir libertad ni cumplimiento de las penas; que desconoc\u00eda que el tr\u00e1mite de recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el auto emitido por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas no se hubiese tramitado de manera oportuna, raz\u00f3n por la que no se puede indicar que sea omisivo; que ha cumplido con sus funciones conforme a lo deprecado por la promotora; que con oficio de 17 de febrero de 2020 le inform\u00f3 a Alba Lilia que observado el expediente \u00abse constata que en atenci\u00f3n a la fecha de captura y las diferentes redenciones que se la han otorgado, no se ha llegado al cumplimiento de la sanci\u00f3n penal impuesta\u00bb. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la presunta mora judicial reclamada por la actora se super\u00f3 en el tr\u00e1mite de la tutela, pues el Tribunal, con prove\u00eddo de 2 de diciembre de 2020, desat\u00f3 la apelaci\u00f3n; decisi\u00f3n que, por dem\u00e1s, no luce arbitraria. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no existe vulneraci\u00f3n por parte del Procurador 353 Judicial II Penal y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambos de Barranquilla, pues oportunamente respondieron las peticiones de la actora, en los cuales le informaron que la pena no estaba cumplida, por lo que no era dable elevar alg\u00fan tipo de petici\u00f3n en ese sentido. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante manifestando que \u00abel Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla ne[g\u00f3] [su] libertad por pena cumplida, alterando y modificando por v\u00eda de hecho\u2026 sin antes vincular[la] a un proceso o a un acto jur\u00eddico ya sea de car\u00e1cter judicial o administrativo\u2026 el Tribunal Superior de Barranquilla en calidad de superior, lo que hizo fue confirmar la sentencia, omitiendo su obligaci\u00f3n de ordenar [su] liberaci\u00f3n inmediata\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Ce\u00f1ida la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, que se enfilan a cuestionar la determinaci\u00f3n del Tribunal adoptada el 2 de diciembre de 2020 -decisi\u00f3n proferida en el curso de la tutela y por la que se endilgaba mora judicial-, as\u00ed como la supuesta ausencia de un nuevo juicio para aumentar la pena impuesta por parte de los estrados judiciales al no acceder a su libertad inmediata, se advierte que dichos aspectos constituyen hechos nuevos, no expuestos en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los convocados, por lo que un pronunciamiento de esta instancia frente a los mismos, implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de los aqu\u00ed accionados. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otra parte, frente a las supuestas irregularidades de los funcionarios accionados que, en sentir de la quejosa, requieren ser investigados penal y disciplinariamente, es menester precisar que si aquella considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular en el tr\u00e1mite que fustiga, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 2016-00321-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Finalmente, al margen de lo anterior si lo que pretende la actora es obtener su libertad, bajo el supuesto que la pena impuesta ya fue cumplida, es evidente que cuenta con otro mecanismo judicial, id\u00f3neo y eficaz, para obtener su cometido, el cual no es otro que la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
Frente a un asunto con alguna similitud al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, la Sala expuso decisivamente: <\/p>\n
En el caso que es objeto de estudio, se advierte que el accionante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial para invocar la protecci\u00f3n del derecho fundamental que estima le fue vulnerado por las autoridades judiciales con las providencias que profirieron, como lo es la acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus, la cual est\u00e1 prevista en la ley como un mecanismo de salvaguarda id\u00f3neo para proteger la garant\u00eda que por esta v\u00eda reclama. <\/p>\n
En efecto, como quiera que el reclamante pretende que a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, se ordene la libertad condicional que le fue negada por los falladores accionados, es plausible que puede acudir al referido mecanismo judicial conforme lo dispone el art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que establece: \u201cquien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por s\u00ed o por interpuesta persona, el h\u00e1beas corpus\u201d. <\/p>\n
Resulta, entonces, ostensible, conforme lo concluy\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, que si el promotor del amparo considera que los juzgadores con las determinaciones proferidas, est\u00e1n prolongando ilegalmente la privaci\u00f3n de su libertad, al estimar que cumpli\u00f3 con las exigencias establecidas en el art\u00edculo 64 de la Ley [599] de 2000, debe acudir a la referida acci\u00f3n, medio judicial id\u00f3neo para propender la protecci\u00f3n aludida, adem\u00e1s porque el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 en su numeral 2\u00ba establece la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela cuando para proteger el derecho presuntamente vulnerado se pueda invocar el recurso de h\u00e1beas corpus\u00bb. (CSJ STC, 22 nov. 2012, rad. 2012-02302-01, reiterada en CSJ STC, 28 feb. 2014, rad. 2014-00185-01; STC11645-2017, 9 ag., rad. 2017-01984). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones ac\u00e1 expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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