STC8415-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8415-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00600-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 22 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Alirio Guti\u00e9rrez Quintero contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades encartadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdecretar la nulidad de [su] proceso por vicios de fondo y de forma\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Pedro Alirio Guti\u00e9rrez Quintero se adelant\u00f3 proceso penal por los delitos de \u00abhurto agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de arma de fuego o municiones\u00bb; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 21 de marzo de 2014 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal lo absolvi\u00f3 de los punibles endilgados; determinaci\u00f3n revocada el 14 de agosto siguiente por el Tribunal para, en su lugar, condenarlo 284 meses de prisi\u00f3n, al tiempo que le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela critic\u00f3 el quejoso, en s\u00edntesis, el juicio adelantado en su contra, pues, deduce, su condena fue injusta y \u00abdesconoci\u00f3 por completo el acto jur\u00eddico emanado por el a quo que, con mucho acierto, despu\u00e9s de examinar los elementos materiales probatorios y dentro de una sabia hermen\u00e9utica jur\u00eddica emiti\u00f3 un concepto favorable\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que al interior de su juicio \u00abaparecen una serie de ambig\u00fcedades que no corresponden a un procedimiento penal serio\u00bb, adem\u00e1s, desconoci\u00f3 el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, pues \u00abpara condenar se requiere el conocimiento, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas y el debate en el juicio, lo que el fallo de segunda instancia no tuvo en cuenta\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que \u00abaplica[ron] la ley 599 de 2000 y la ley 906 de 2004, leyes que se encuentran derogadas t\u00e1citamente por el art\u00edculo 28 de la ley 1121 de 2006\u2026 y todo proceso que se haga con las precitadas leyes derogadas es un proceso ilegal y debe ser anulado\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Henry Noe Negro Torres, quien aduce, fungi\u00f3 como mandatario del gestor en el juicio penal, refiri\u00f3 que pese a que se encuentra vinculado directamente a la acci\u00f3n de tutela, lo censurado es el fallo condenatorio emitido en segundo instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal manifest\u00f3 que el proceso actualmente se encuentra en el despacho Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas de Acac\u00edas, donde reposan los originales de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas inform\u00f3 que contra la sentencia de segunda instancia no se formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n; que el 3 de agosto de 2020 legaliz\u00f3 la captura y orden\u00f3 librar la orden de encarcelamiento; que el 8 de septiembre siguiente dio respuesta a la petici\u00f3n del actor; y, el 19 de abril de 2021 ante petici\u00f3n de la procuradur\u00eda, remiti\u00f3 copia digital del expediente a esa dependencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 24 Judicial II Penal \u2013 Apoyo de V\u00edctimas del Conflicto Armado inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que el accionante tuvo a su alcance los mecanismos ordinarios y extraordinarios previstos en el procedimiento penal para controvertir las decisiones proferidas en su contra; destac\u00f3 que Guti\u00e9rrez Quintero no indic\u00f3 de manera precisa las garant\u00edas quebrantadas por la administraci\u00f3n de justicia, adem\u00e1s, pidi\u00f3 la nulidad del juicio sin indicar desde que etapa y sin acreditar ninguna de las causales contenidas en los art\u00edculos 455, 456 y 457 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la salvaguarda incumple los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues, de un lado, la sentencia criticada data de agosto de 2014, esto es, m\u00e1s de cinco a\u00f1os; y, por otra parte, porque el accionante omiti\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismo id\u00f3neo y eficaz para subsanar la supuesta vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales; asimismo, porque Pedro Alirio, de encontrar procedente alguna de las causales, cuenta con la acci\u00f3n de revisi\u00f3n conforme los dispuesto los art\u00edculo 220 y siguientes de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que el a quo constitucional no efectu\u00f3 una revisi\u00f3n de su juicio; que en el proceso penal la fiscal\u00eda no demostr\u00f3 los enunciados f\u00e1cticos de la acusaci\u00f3n, sumado a que el testimonio de Julio Valdez fue manipulado por el este acusador \u00abquien lo ten\u00eda como testigo falso\u00bb y en diversas ocasiones vari\u00f3 su versi\u00f3n, por lo que no existe una certeza probatoria de su responsabilidad en los hechos punibles. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en diversos precedentes supralegales, la Sala de Casaci\u00f3n Penal ampar\u00f3 las prerrogativas de los accionantes pese a no haber agotado los remedios ordinarios y extraordinarios, pues existi\u00f3 \u00abdefectos objetivos de car\u00e1cter puramente jur\u00eddico con efecto en el quantum de la pena, como en este caso\u00bb, de ah\u00ed que la presente solicitud de amparo es procedente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. Delimitado lo anterior, la Sala observa el amparo deprecado no cumple el requisito de la inmediatez, comoquiera que entre el momento en que fue emitida la sentencia con la que culmin\u00f3 el proceso -14 de agosto de 2014-, incluso, desde el auto que declar\u00f3 desierto el remedio extraordinario, esto es, 3 de octubre de 2014, y la fecha en que fue presentada la demanda de tutela -18 de marzo de 2021-, transcurri\u00f3 mucho m\u00e1s de 6 meses, es decir, excediendo el plazo fijado por la acentuada jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar dicho mecanismo excepcional. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sostenido reiteradamente que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
4. Por otra parte, la Sala tambi\u00e9n observa que acertada resulta la conclusi\u00f3n del a-quo constitucional en punto a que Pedro Alirio Guti\u00e9rrez Quintero no hizo uso del medio impugnativo que tuvo a su alcance para hacer valer el reclamo que se ventila a trav\u00e9s de la salvaguarda de la referencia, toda vez que, si bien formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo de segunda instancia, lo cierto es que no sustent\u00f3 el mismo, lo que llev\u00f3 a su deserci\u00f3n, con lo que desaprovech\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo de defensa que le asist\u00eda para que el fallador ordinario atendiera su ruego, sin que sea de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto similar al presente, se expuso: <\/p>\n
Aqu\u00ed, no se cumple con el requisito de subsidiaridad, dado que el reclamante cont\u00f3 en su momento con la posibilidad de recurrir en casaci\u00f3n. Efectivamente, el condenado dej\u00f3 de presentar la correspondiente demanda extraordinaria, raz\u00f3n por la cual se declar\u00f3 desierto el referido medio defensivo; por ende, desperdici\u00f3 la oportunidad que la ley procesal penal brindaba para la protecci\u00f3n de las prerrogativas aqu\u00ed invocadas. <\/p>\n
Se tiene, entonces, que el inconforme mostr\u00f3 frente a la condena impuesta en segunda instancia una actitud desinteresada, pues, fue responsabilidad exclusiva del mismo inculpado, quien decidi\u00f3 en forma aut\u00f3noma no incoar la respectiva acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y el reclamo que enseguida formul\u00f3 contra la deserci\u00f3n de la alzada fue extempor\u00e1neo, sin que sea procedente descargar tales omisiones en las autoridades judiciales. <\/p>\n
Por tal motivo, la petici\u00f3n efectuada resulta inviable y, por tanto, no pod\u00eda aspirarse a que el asunto se fallara de manera distinta a como se hizo, pues como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n: \u00abDe modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ, STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; STC, 2 mar. 2010, rad. 2010-000380-01) (subrayas fuera del texto). (CSJ STC, 29 feb. 2012, rad. 2011-02938-01; reiterada en STC, 10 ago. rad. 2012-01348-01; STC, 22 oct. 2012, rad. 2012-01876-01; y STC, 26 ago. 2013, rad. 2013-01275-01). <\/p>\n
5. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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