STC8416-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8416-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00925-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n incoada por la Empresa de Renovaci\u00f3n y Desarrollo Urbano de Bogot\u00e1 D.C. – ERU frente al fallo proferido el 19 de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de dicha ciudad, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por aquella contra el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito del mismo lugar, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La tutelante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por el estrado acusado al no desvincularla del juico reprochado. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, \u00ab[d]ejar sin efectos\u00bb los autos \u00abdel 17 de noviembre de 2020 -que neg\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la ERU\u2026- [y] del 19 de abril de 2021 -que confirm\u00f3 el anterior-\u00bb; as\u00ed como ordenar al Juzgado encartado desvincularla de esa actuaci\u00f3n, \u00abso pena del desconocimiento de su derecho al debido proceso -por ignorar su juez natural-\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de esta causa son los que as\u00ed se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Consultor\u00edas, Inversiones y Proyectos S.A.S. inici\u00f3 acci\u00f3n de controversias contractuales en contra de la quejosa y de Alianza Fiduciaria S.A. ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien dispuso remitir las diligencias a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 al acoger la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n propuesta por las demandadas, especialmente porque la aqu\u00ed reclamante no intervino en el contrato de consultor\u00eda cuestionado. Decisi\u00f3n que el 12 de noviembre de 2019 confirm\u00f3 el Consejo de Estado. <\/p>\n
2.2. Ante el Juzgado acusado, al cual se reasign\u00f3 el mentado asunto, la accionante rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, a lo cual no accedi\u00f3 dicha autoridad con prove\u00eddo del 17 de noviembre de 2020, el cual mantuvo el pasado 19 de abril. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela, en concreto, la promotora se doli\u00f3 de que el estrado encartado al mantener su vinculaci\u00f3n al proceso, de forma arbitraria, incurri\u00f3 en patente defecto org\u00e1nico, pasando por alto que la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria no puede fungir como juez de la responsabilidad contractual ni extracontractual de entidades p\u00fablicas, como lo es ella, pues tal competencia corresponde de manera exclusiva y excluyente a la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo de acuerdo a los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sumado a que lo referente a su ausencia de relaci\u00f3n con el objeto de esta litis qued\u00f3 zanjado con las decisiones que adoptaron los falladores de la \u00faltima especialidad, las cuales est\u00e1n en firme. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 atenerse \u00aben un todo a las actuaciones adelantadas dentro del proceso [fustigado]\u00bb. <\/p>\n
2. Consultor\u00edas, Inversiones y Proyectos S.A.S. solicit\u00f3 rechazar la petici\u00f3n de amparo por improcedente, porque las decisiones adoptadas por el despacho convocado est\u00e1n ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al hallar razonables los argumentos expuestos por el Juzgado accionado para denegar la excepci\u00f3n de \u00abfalta de competencia (sic)\u00bb que formul\u00f3 la accionante, a saber, i) que tal defensa \u00abno est\u00e1 contemplada como excepci\u00f3n previa en el actual Estatuto Procesal Civil\u00bb y ii) la no demostraci\u00f3n de los presupuestos contemplados en el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso para emitir sentencia anticipada; a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que aunque \u00abel Tribunal Administrativo\u2026 [y el] Consejo de Estado hab\u00eda[n] decretado la falta de jurisdicci\u00f3n, no por ello pod\u00eda \u201cdesconocer que la sociedad demandante impetr\u00f3 tambi\u00e9n la demanda contra la Empresa de Renovaci\u00f3n Urbana, por lo que una vez agotado el debate probatorio, se lograr\u00e1 dilucidar la verdadera condici\u00f3n de la entidad p\u00fablica\u201d\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abpuso de presente que deb\u00eda contar con m\u00e1s elementos de juicio para establecer la condici\u00f3n de ERU, lo cual tendr\u00eda lugar al finiquitarse la etapa probatoria, razonamiento del que puede colegirse que de acuerdo con el discernimiento de la encartada, quien funge como juez natural, no haya (sic) aun demostrada la falta de legitimaci\u00f3n, lo que le impide aun adoptar una decisi\u00f3n sobre el particular\u00bb, por lo cual esta solicitud de resguardo tambi\u00e9n se muestra prematura. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, destac\u00f3 que al margen de cualquier consideraci\u00f3n del Juzgado acusado, lo cierto es que su situaci\u00f3n de cara a ese proceso qued\u00f3 finiquitada con las decisiones de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, acorde con las cuales no existe una controversia contractual respecto de ella, \u00aben la medida en que\u2026 no hab\u00eda sido parte del contrato\u00bb; supuesto suficiente para que, de forma inmediata, se disponga su desvinculaci\u00f3n del juicio recriminado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo an\u00e1lisis se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que fuerza refrendar el fallo impugnado, comoquiera que en el auto de 19 de abril de 2021 el estrado encausado, aunque de forma sucinta, explic\u00f3 suficiente y razonadamente los motivos para mantener su prove\u00eddo de 17 de noviembre de 2020, en el cual neg\u00f3 \u00abel medio de defensa propuesto [por la aqu\u00ed accionante,] como quiera que la falta de legitimaci\u00f3n no est\u00e1 contemplada como excepci\u00f3n previa en el actual Estatuto Procesal\u00bb. <\/p>\n
2.1. En efecto, en aquella providencia anunci\u00f3 que por las siguientes razones no repondr\u00eda la recurrida y denegar\u00eda el proferimiento de sentencia anticipada: <\/p>\n
En primer lugar[,] porque en las aspiraciones procesales se demanda el incumplimiento del contrato de consultor\u00eda No. 001 de 2015, y la Empresa de Renovaci\u00f3n Urbana, si bien, no sign\u00f3 dicho negocio jur\u00eddico, lo cierto es que, revisado el contenido del mismo, se advierte, seg\u00fan su clausulado intervino como supervisor del contrato\u2026, por lo que en principio no es cierta la afirmaci\u00f3n del impugnante de que \u201cno es sujeto de la relaci\u00f3n negocial\u201d. <\/p>\n
En segundo aspecto, porque pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la secci\u00f3n tercera del Consejo de Estado decretaron la falta de jurisdicci\u00f3n en este asunto, no le es posible al juzgador desconocer que la sociedad demandante impetr\u00f3 tambi\u00e9n la demanda contra la Empresa de Renovaci\u00f3n Urbana, por lo que una vez agotado el debate probatorio, se lograr\u00e1 dilucidar la verdadera condici\u00f3n de la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
Y en tercer lugar, resulta improcedente remitir nuevamente el proceso a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, porque ese aspecto ya est\u00e1 definido; sumado a que tal como lo precept\u00faa el art\u00edculo 138 del C.G.P, es posible adelantar las actuaciones[,] en caso de no tener jurisdicci\u00f3n[,] hasta antes de que se emita la sentencia, circunstancia que en el sub examine no ha ocurrido. <\/p>\n
2.2. De esta manera, se advierte que las decisiones criticadas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la inconforme, muy a pesar de sus alegaciones, en verdad, no es m\u00e1s que una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad convocada concluy\u00f3, al margen de otras consideraciones, que en la actualidad no cuenta con el acopio suasorio suficiente para resolver de fondo sobre la viabilidad de la desvinculaci\u00f3n rogada por la tutelante, lo que podr\u00e1 abordar surtida la correspondiente etapa probatoria; inferencias que no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, partiendo del hecho de que lo atr\u00e1s consignado implica que el juicio fustigado est\u00e1 en curso y, por ende, de momento, no se ha producido ninguna decisi\u00f3n de fondo que lesione los derechos esenciales de la accionante, son motivos por los cuales deviene presurosa la interposici\u00f3n de este excepcional medio de protecci\u00f3n judicial, en la medida en que el juez ordinario no ha tenido la oportunidad de pronunciarse de manera definitiva respecto a la responsabilidad endilgada a la censora, circunstancia por la cual la petici\u00f3n de resguardo inobserva el car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n p\u00fablica, dado que pretende que se usurpen funciones propias del funcionario judicial com\u00fan, a lo que, a pesar de las alegaciones de la inconforme, no puede acceder el juzgador constitucional, so pena de desnaturalizar el cometido de esta herramienta excepcional. <\/p>\n
Esta Sala ha sido enf\u00e1tica al sostener que: <\/p>\n
\u2026no resulta admisible que el accionante \u00aben apresurado actuar, haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador\u2026, desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga [dado que el] juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia. Luego, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que ata\u00f1e resolver al funcionario competente, am\u00e9n que, it\u00e9rase, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como un escenario paralelo a las actuaciones judiciales, dado su apuntado car\u00e1cter y, mucho menos, fue prevista como una tercera instancia mediante la cual se pueda, sin que medien razones para as\u00ed proceder, antelar y suplantar las decisiones que han de emerger, como no, dentro de cada litigio, y por intermedio del funcionario judicial que est\u00e1 investido legalmente para lo propio\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 2010-00958-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho para respaldar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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