STC8419-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8419-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 20001-22-14-000-2021-00016-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de abril de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario del Castillo contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, Electricaribe SA ESP y Caribemar de la Costa SAS ESP. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abm\u00ednimo vital de energ\u00eda\u00bb, vida, defensa y contradicci\u00f3n, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene a los accionados \u00abrealizar un control de constitucionalidad por v\u00eda de excepci\u00f3n para inaplicar los actos administrativos\u2026\u00bb; que \u00abdejen sin efecto y valores la cancelaci\u00f3n de la factura solidaria por valor de $4.648.090, correspondiente al mes de abril de 2020, debido a que la empresa [lo] oblig\u00f3 a pagar lo obligaron a pagar $11.000.000\u2026, asimismo se deje\u2026 claro que esta deuda fue adquirida por la Empresa Electricaribe mas no con el nuevo operador\u00bb; que, a trav\u00e9s de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos, expliquen \u00absi la nueva empresa\u2026 se encuentra facultada para suspender el servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica de forma unilateral bajo amenazas y si han cambiado las leyes como para obliga[r] al usuario a cancelar las facturas que se encuentran en reclamo…\u00bb y fueron adquiridas por Electricaribe SA ESP; que le ordenen a Caribemar de la Costa SAS ESP \u00ababstenerse de suspender el servicio y\u2026 esperar que se agote la v\u00eda gubernativa\u2026\u00bb; y que se inaplique \u00abel procedimiento que viene haciendo esta nueva empresa al suspender el servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb, as\u00ed como se le \u00abproh\u00edb[a] la suspensi\u00f3n del servicio por deudas adquiridas por la antigua empresa Electricaribe\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el accionante que present\u00f3 un requerimiento por un pago de una factura de energ\u00eda, la que fue remitida a la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, en donde se dispuso la suspensi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que se tramitaba hasta que se resolvera una investigaci\u00f3n; que por lo acontecido la empresa Caribemar de la Costa SAS ESP no pod\u00eda efectuar cobro o suspensi\u00f3n del servicio hasta que no se agotara la v\u00eda gubernativa. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que unos contratistas lo amenazaron con la suspensi\u00f3n del servicio aduciendo que la referida Superintendencia hab\u00eda fallado en su contra; que ante la coacci\u00f3n por el corte lo obligaron a pagar $11.000.000; que en su vivienda hay menores de edad y ancianos, siendo la energ\u00eda un servicio vital; que la nueva empresa asum\u00eda una posici\u00f3n dominante y violaba el procedimiento para la interrupci\u00f3n de dicho servicio. <\/p>\n
2.3. Sostuvo que Caribemar de la Costa SAS ESP no se encontraba facultado para suspender el servicio por deudas de Electricaribe, por lo que si las quer\u00eda recaudar ten\u00eda que acudir ante la jurisdicci\u00f3n coactiva; y que la \u00fanica autorizada para interrumpir dicha prestaci\u00f3n era la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Presidencia de la Rep\u00fablica indic\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no ten\u00eda competencia en relaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n y facturaci\u00f3n de la energ\u00eda, ni exist\u00eda hecho u omisi\u00f3n atribuible a dicho ente, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
2. Caribemar de la Costa SAS ESP se\u00f1al\u00f3 que todas las \u00f3rdenes de suspensi\u00f3n se encontraban anuladas; que Electricaribe SA ESP dio tr\u00e1mite a la reclamaci\u00f3n presentada el 10 de Julio de 2020 remitiendo el expediente a la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos la cual emiti\u00f3 auto suspendiendo el tr\u00e1mite mientras se resolv\u00eda una investigaci\u00f3n; que el no pago de la factura de junio de 2020 se incluy\u00f3 en enero del 2021 cuando el usuario lo solicit\u00f3; que el gestor no hab\u00eda cancelado suma alguna en virtud del acuerdo de pago, encontr\u00e1ndose solo en reclamaci\u00f3n la suma de $1.931.390; que se encontraba facultada para realizar la suspensi\u00f3n de la energ\u00eda al ser la nueva operadora; que no hab\u00eda transgredido las prerrogativas esenciales del gestor; que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues la reclamaci\u00f3n estaba en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n ante la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos, encontr\u00e1ndose en suspensi\u00f3n mientras se resolv\u00eda investigaci\u00f3n por silencio administrativo positivo, adem\u00e1s que la empresa accedi\u00f3 a vincular al tr\u00e1mite de reclamaci\u00f3n la factura de energ\u00eda consumida no cobrada del mes de junio de 2020; que contaba con la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa en caso de que considerara que el acto administrativo fue expedido de forma irregular; que no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un prejuicio irremediable; y que el asunto se trataba conflicto de car\u00e1cter netamente econ\u00f3mico, cuyo escenario natural de discusi\u00f3n no es la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y sostuvo que no ha conculcado derecho fundamental alguno; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no ordenaba o ejecutaba las operaciones de suspensi\u00f3n del servicio, en tanto que ello era de exclusiva responsabilidad de la prestadora del mismo; que no era coadministradora de los servicios p\u00fablicos domiciliarios, por lo que los actos de dichas empresas no pod\u00edan ser sometidos a su aprobaci\u00f3n; que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de esta tutela, por no existir una coincidencia entre el titular de la obligaci\u00f3n pretendida y el sujeto frente a quien dicha conducta se reclama. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que las pretensiones del gestor ten\u00edan car\u00e1cter econ\u00f3mico, lo que desconoc\u00eda los requisitos de procedibilidad del resguardo; que la accionada acredit\u00f3 que el gestor no hab\u00eda realizado pago por la suma que denunciaba, que estaba al d\u00eda con el servicio de energ\u00eda y que el dinero que se adeudaba se encontraba en reclamaci\u00f3n, cuyo valor asciende a $1.931.390, diferente a la suma expuesta; que las empresas prestadoras de servicios p\u00fablicos domiciliarios gozaban de potestades y derechos, entre estas, suspender servicio, proceder al corte del mismo y tener por resuelto el contrato, por lo que cuando el incumplimiento se relacionaba con la obligaci\u00f3n de pagar las facturas, est\u00e1 habilitada para su cobro; que qued\u00f3 desvirtuada la supuesta suspensi\u00f3n del servicio de energ\u00eda, pues Caribemar de la Costa SA ESP aport\u00f3 pruebas que evidenciaban que las \u00f3rdenes de suspensi\u00f3n se encontraban anuladas, sin que el actor demostrara sus dichos sobre la existencia de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional en la vivienda; que no hab\u00eda sustento en los dichos del gestor sobre que la nueva empresa no ten\u00eda competencia para suspender el servicio, pues desde el 1\u00ba de octubre de 2020 aquella era la distribuidora y comercializadora del servicio de energ\u00eda y la autoridad respecto de prestaci\u00f3n de servicio de energ\u00eda, por cuanto en el marco del contrato de adquisici\u00f3n de las acciones y activos, pact\u00f3 la cesi\u00f3n del contrato de condiciones uniformes vigente para Electricaribe SA, as\u00ed como clientes, cartera y dem\u00e1s tr\u00e1mites que se ven\u00edan adelantando. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n sin manifestar los argumentos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, no se observa que el promotor hubiere elevado solicitud ante las autoridades criticadas con miras a que accedieran a sus pretensiones, entre estas, que realizaran un control de constitucionalidad por v\u00eda de excepci\u00f3n para inaplicar los actos administrativos y le explicaran si Caribemar de la Costa SAS ESP se encontraba facultada para suspender el servicio, torn\u00e1ndose improcedente el resguardo, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional respecto del Tribunal acusado, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que no se suspenda el mencionado servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica. <\/p>\n
En todo caso, es de advertirse que tampoco se cumple con el requisito de la subsidiariedad, pues, de un lado, si la queja se extiende a la aparente falta de acatamiento de la referida orden de la Superintendencia querellada, el accionante no acredit\u00f3 haberlo planteado all\u00ed, o, de otro, si cuestiona la eventual falta de definici\u00f3n del tr\u00e1mite administrativo, la queja resulta prematura porque se encuentra agotando su debido tr\u00e1mite. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha precisado en cuanto a situaciones en donde carece de objeto impartir una orden que: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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