STC8420-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8420-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 44001-22-14-000-2021-00067-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Alcides Antonio Ustate Ram\u00edrez frente al fallo proferido el 3 de junio de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l, como \u00abMiembro de la Comunidad \u00c9tnica Afrodescendientes de Roche y Representante Legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caser\u00edo de Roche Municipio de Barrancas La Guajira\u00bb, contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, \u00abconsulta previa\u00bb, autonom\u00eda, autoreconocimiento, autodeterminaci\u00f3n y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada en la actuaci\u00f3n disciplinaria que sigue en contra del profesional del derecho Ojeda Guti\u00e9rrez. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[d]eclarar falta de competencia para actuar\u2026 del Consejo Seccional de la Judicatura [-] Sala Jurisdiccional Disciplinaria de La Guajira (sic), con relaci\u00f3n al proceso de consulta previa entre la comunidad de Roche y\u2026 Carbones del Cerrej\u00f3n Limited. De conformidad con el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En la Comisi\u00f3n accionada cursa actuaci\u00f3n disciplinaria contra el abogado Pablo Segundo Ojeda Guti\u00e9rrez, originada en queja formulada por Jaime Alfonso y Eder Aurelio Arregoc\u00e9s, por las actuaciones presuntamente irregulares en que aqu\u00e9l incurri\u00f3 como representante del Presidente del Consejo Comunitario Afrodescendiente de Roche – ubicado en jurisdicci\u00f3n del municipio de Barrancas en La Guajira, en el tr\u00e1mite consultivo adelantado por Carbones del Cerrej\u00f3n Limited. <\/p>\n
2.2. El 22 de febrero de 2021 el aqu\u00ed accionante solicit\u00f3 el archivo de dicha actuaci\u00f3n disciplinaria, a lo cual no se le ha dado respuesta. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, expuso el reclamante que ese diligenciamiento debe archivarse por ser abiertamente infundado y someter a un perjuicio irremediable a la comunidad que \u00e9l dice representar, evidenci\u00e1ndose que en el curso de aqu\u00e9l la Colegiatura acusada ha incurrido en defectos sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico y de desconocimiento de los precedentes de la Corte Constitucional, porque adelanta tal tr\u00e1mite bajo las reglas de la Ley 1123 de 2007 y otras normas claramente inaplicables al proceso de consulta previa, carece de competencia para investigar situaciones derivadas de este tipo de asuntos y ha pasado por alto que los all\u00ed denunciantes no hacen parte de la comunidad de la Roche, por lo que no est\u00e1n facultados para representarla. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Ministerio del Interior – Direcci\u00f3n de la Autoridad Nacional de Consulta Previa pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional porque \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
2. Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, tras historiar las actuaciones surtidas en la consulta previa con la Comunidad de Roche -en cumplimiento de un fallo de tutela emitido por el Conejo de Estado-, destac\u00f3 desconocer la existencia de la queja disciplinaria a la que alude el ruego tutelar, en todo caso \u00abajena al desarrollo propio del proceso consultivo que se adelanta y que al parecer fue interpuesta por miembros de la Comunidad de Roche en contra del abogado Pablo Segundo Ojeda\u00bb, sin que sea \u00abclara la situaci\u00f3n de conexidad entre el derecho fundamental de consulta previa presuntamente vulnerado con la queja disciplinaria interpuesta en contra del mencionado abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
3. Eder Arregoc\u00e9s Pinto solicit\u00f3 \u00abnegar la petici\u00f3n del accionante, debido a que no es competente para presentar ninguna acci\u00f3n a nombre del Concejo Comunitario de Roche, debido a que no es el representante legal del mismo\u00bb. <\/p>\n
4. Jaime Alfonso Arregoc\u00e9s Torres rog\u00f3 no acceder al resguardo porque no existe vulneraci\u00f3n alguna de derechos fundamentales. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 no \u00abentrever como podr\u00eda la\u2026 accionada estar vulnerando los derechos fundamentales alegados por el accionante, considerando que el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n disciplinaria no influye de ninguna manera, en un proceso de consulta previa que venga desarrollando una comunidad, de la cual al parecer ni siquiera hace parte el investigado\u00bb; de donde \u00abla vulneraci\u00f3n de los derechos alegados\u2026 no guaran (sic) congruencia con los hechos relatados, y en consecuencia no se vislumbra vulneraci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
6. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira relacion\u00f3 las actuaciones all\u00ed adelantadas, resalt\u00f3 que el quejoso no est\u00e1 legitimado para proponer esta salvaguarda porque \u00abno ostenta [all\u00ed] la condici\u00f3n de interviniente\u00bb; que el precepto 65 de la Ley 1123 de 2017 \u00abse\u00f1ala qui\u00e9nes son los intervinientes en un proceso disciplinario contra abogados \u201cpodr\u00e1n intervenir en la actuaci\u00f3n disciplinaria el investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario; el Ministerio P\u00fablico podr\u00e1 hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales\u00bb; y que el pasado 21 de mayo ingres\u00f3 al despacho la solicitud cuya respuesta extra\u00f1a el quejoso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al concluir que el censor y la comunidad que adujo representar carecen de legitimaci\u00f3n para criticar la actuaci\u00f3n disciplinaria seguida contra el abogado Ojeda Guti\u00e9rrez, en tanto que \u00e9ste es el \u00fanico que puede invocar la afectaci\u00f3n de sus derechos de cara a tal investigaci\u00f3n, pues recae exclusivamente sobre \u00e9l, sin que con ella resulten o se vean afectadas las prerrogativas esenciales de aqu\u00e9llos, al margen de la falta de respuesta a la petici\u00f3n presentada por el accionante el 22 de febrero de 2021, en tanto que su prop\u00f3sito es que se declare la incompetencia de la accionada, as\u00ed como la nulidad del proceso disciplinario que ella tramita. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatiz\u00f3 que la comunidad que representa lo que \u00abrechaza es que la investigaci\u00f3n\u2026 que se est\u00e1 realizando\u2026 est\u00e1 basada en asuntos propios de la Comunidad de Roche\u2026[,] hechos, peticiones y asuntos relacionados con el proceso de consulta previa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual impide sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este caso, de entrada, advierte la Sala el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta y, por ende, la ratificaci\u00f3n de la improcedencia del resguardo incoado, porque, muy a pesar de las alegaciones del tutelante, lo cierto es que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el decurso disciplinario fuente del reclamo, que cursa contra el profesional del derecho Ojeda Guti\u00e9rrez, por no ser parte ni interviniente dentro del mismo. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que posibilite su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales o administrativas, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos all\u00ed como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto de contornos similares al de ahora, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC 24 oct. 2012, rad. 00171-01, reiterado en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
3. Entonces, bajo el contexto que quien acude a esta salvaguarda, en nombre propio y en representaci\u00f3n de la Comunidad \u00c9tnica Afrodescendientes de Roche y el Consejo Comunitario Ancestral del Caser\u00edo de Roche Municipio de Barrancas – La Guajira, no es parte ni interviniente en el tr\u00e1mite disciplinario que se fustiga, emerge di\u00e1fana su falta de legitimaci\u00f3n, lo que no sufre ninguna alteraci\u00f3n porque los hechos investigados deriven de la actuaci\u00f3n del abogado Ojeda Guti\u00e9rrez al interior del pluricitado tr\u00e1mite de consulta previa, pues lo cierto es que la accionada no se ocupa de verificar este proceso sino de analizar si aqu\u00e9l es responsable disciplinariamente, cosas claramente diferentes y distinguibles. <\/p>\n
4. Basta lo dicho para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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