STC8424-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8424-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00106-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn frente al fallo proferido el 7 de mayo de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que contra aquella sede judicial promovi\u00f3 XXX, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, vida digna, libre de violencia, integridad personal y no revictimizaci\u00f3n, presuntamente conculcados por la autoridad encausada al anular la decisi\u00f3n de fondo que adopt\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia con ocasi\u00f3n del incidente de reincidencia en violencia intrafamiliar que ella impuls\u00f3 en contra de su expareja. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. El 24 de abril de 2018 la Comisar\u00eda de Familia de la Comuna 16 Bel\u00e9n de Medell\u00edn declar\u00f3 a Cristian Camilo V\u00e9lez L\u00f3pez (expareja de la accionante y padre de su hijo) responsable de hechos de violencia intrafamiliar en contra de XXX como medida definitiva lo conmin\u00f3 a cesar cualquier tipo de agresi\u00f3n (verbal, f\u00edsica, psicol\u00f3gica, etc.) que afectara la sana convivencia con ella y su hijo com\u00fan, adem\u00e1s, a mantenerse a una distancia no menor a 100 metros de la casa de habitaci\u00f3n o de cualquier lugar en donde se encuentre la amparada. <\/p>\n
2.2. El 27 de noviembre de 2019 se inici\u00f3 tr\u00e1mite incidental de incumplimiento de dicha determinaci\u00f3n, en el cual, como medida provisional, nuevamente se conmin\u00f3 a V\u00e9lez L\u00f3pez a cesar cualquier tipo de agresi\u00f3n contra la accionante; le prohibi\u00f3 acercarse a una distancia menor de 100 metros de su residencia, lugar de trabajo o de donde se halle, as\u00ed como tener cualquier tipo de comunicaci\u00f3n con ella; tambi\u00e9n suspendi\u00f3 sus visitas a su hijo com\u00fan de 2 a\u00f1os de edad, hasta tanto un profesional en la materia certificara que no constitu\u00eda riesgo por las agresiones y el consumo de sustancias psicoactivas; compuls\u00f3 copia de la providencia al Comandante de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Bel\u00e9n para que adoptara las medidas pertinentes de presentarse nuevas agresiones y remiti\u00f3 copia de la denuncia a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para lo de su competencia. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, ante la reincidencia en los criticados actos de violencia intrafamiliar, se dispuso valorar por Medicina Legal a la actora, donde se estableci\u00f3 riesgo extremo de feminicidio y se le otorgaron dos incapacidades m\u00e9dicas de 60 y 12 d\u00edas por las secuelas f\u00edsicas que padeci\u00f3; adem\u00e1s, nuevamente se compuls\u00f3 copia a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se solicit\u00f3 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la privaci\u00f3n de la patria potestad del ni\u00f1o; y tras advertir que V\u00e9lez L\u00f3pez en la diligencia de descargos acept\u00f3 los actos denunciados por X, el 26 de enero de 2021 el Comisario de Familia lo declar\u00f3 responsable por el incumplimiento a las medidas de protecci\u00f3n, le impuso multa equivalente a 6 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, decret\u00f3 \u00aba favor de X\u2026 y cualquier miembro de su grupo familiar, medida definitiva de protecci\u00f3n consistente en\u2026 conminaci\u00f3n al se\u00f1or Cristian\u2026, para que en lo sucesivo se abstenga de ejecutar actos de violencia f\u00edsica, verbal, psicol\u00f3gica, econ\u00f3mica, agresi\u00f3n, maltrato, esc\u00e1ndalos, amenaza o cualquier otro acto que altere la paz y la armon\u00eda del hogar\u2026 Adicionalmente se decreta orden de alejamiento al se\u00f1or Cristian\u2026 a 200 metros de cualquier lugar donde se encuentre la se\u00f1ora X\u2026 o su n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
2.4. El asunto se remiti\u00f3 a los jueces de familia para surtir el respectivo grado de consulta, en donde por reparto le correspondi\u00f3 al Juzgado aqu\u00ed accionado, autoridad que el pasado 13 de abril declar\u00f3 \u00abla nulidad de lo actuado\u2026 porque a su parecer [-seg\u00fan la accionante-] se omiti\u00f3 radicar un proceso de restablecimiento de derechos, donde se pudiera decidir aspectos de custodia, visitas y alimentos de [su] hijo\u2026 con [su] agresor\u00bb. <\/p>\n
2.5. En concreto, la promotora critic\u00f3 que con esa decisi\u00f3n del Juzgado, a pesar de la gravedad de su caso, desconociendo \u00abla protecci\u00f3n integral de las mujeres v\u00edctimas de violencia intrafamiliar\u00bb y desbordando su competencia como juez de la consulta, inexplicable e injustificadamente la dej\u00f3 sin ninguna protecci\u00f3n. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el fallador acusado pas\u00f3 por alto que por los hechos narrados sali\u00f3 \u00abdesplazada, herida, humillada y maltratada del barrio Bel\u00e9n\u2026 por el riesgo inminente de feminicidio\u00bb; que se anul\u00f3 la actuaci\u00f3n \u00abdejando sin efecto las medidas de protecci\u00f3n, cuando [sus] hijos nunca fueron violentados, [ella] denunci[\u00f3] una violencia de g\u00e9nero en [su] contra\u00bb; adem\u00e1s, el estrado judicial \u00abpretende ordenar a la Comisar\u00eda\u2026 de Bel\u00e9n[,] barrio\u2026 donde ya no resid[e] que.. adelante un proceso de restablecimiento de derechos, cuando ha pasado m\u00e1s de a\u00f1o y medio de las medidas de protecci\u00f3n[,] que apenas [viene] superando las secuelas psicol\u00f3gicas y los temores, para someter[s]e nuevamente a los mismos pasos en la Comisar\u00eda, con [su] agresor, convirti\u00e9ndose en una tortura para recordar los eventos traum\u00e1ticos en [su] vida, sin el m[\u00e1]s m\u00ednimo escr\u00fapulo de una funcionaria de consulta, cuando ya [la] Comisar\u00eda hab\u00eda solicitado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el privar a [su] hijo de la patria potestad del agresor\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn solicit\u00f3 i) declarar improcedente la salvaguarda por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que \u00abno se interpuso recurso de reposici\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n atacada en los t\u00e9rminos del art. 318 del CGP\u00bb; o ii) negar la protecci\u00f3n porque \u00abno hay ninguna vulneraci\u00f3n de\u2026 derechos fundamentales\u2026 por cuanto a la fecha se encuentran vigentes las medidas de protecci\u00f3n provisionales a favor de la accionante, que fueren dispuestas por la Comisaria de Familia, al admitir el incidente de reincidencia en violencia intrafamiliar\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que profiri\u00f3 su decisi\u00f3n \u00abcon base en las normas dispuestas para ello, esto es, el n\u00fam. 5 del art. 133 del CGP, que establece como causal de nulidad la omisi\u00f3n de la pr\u00e1ctica de una pr\u00e1ctica obligatoria por Ley, en este caso, la verificaci\u00f3n del estado de cumplimiento de los derechos de un menor incurso en la violencia intrafamiliar en los t\u00e9rminos del art. 52 de la Ley 1098 de 2006, toda vez que, omite la accionante y el Comisario de Familia tener en cuenta de que en el citado procedimiento es deber de la autoridad restablecer igualmente los derechos de los menores v\u00edctimas de violencia intrafamiliar, ya que el n\u00fam. 8 del art. 86 ibidem claramente expresa que es funci\u00f3n de los Comisarios de Familia: \u201c\u2026Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar el delito\u2026\u201d\u00bb (negrillas propias del texto citado). <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 145 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres indic\u00f3 que el resguardo deb\u00eda concederse \u00abante la situaci\u00f3n de grave peligro que sufre la tutelante\u00bb, resaltando que \u00abno se puede privilegiar la forma y desconocer la obligaci\u00f3n de todos los operadores Judiciales de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y a los tratados Internacionales, suscritos por Colombia, en especial la Convenci\u00f3n de Belem Do Para, sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de violencia contra la Mujer\u00bb. <\/p>\n
Hall\u00f3 inexplicable que a pesar de la gravedad de las denuncias en el caso concreto, respaldadas con el material probatorio all\u00ed recaudado, se optara por anular el veredicto de la Comisar\u00eda, dejando en riesgo a la accionante e \u00ab[i]mponiendo v\u00eda de autoridad un criterio que bien puede ser modulado sin causar un perjuicio irremediable\u00bb, en tanto que \u00ab[b]ien pueden mantenerse las medidas de protecci\u00f3n para la tutelante en la violencia y tramitarse por aparte el PARD, sin que se tenga que anular el proceso de Violencia Intrafamiliar\u00bb, desconociendo que \u00e9ste \u00ablo inici[\u00f3] la tutelante haciendo uso de un mecanismo legal, r\u00e1pido y expedito como lo es la ley 294 de 1996 y la ley 575 de 2000, que se\u00f1alan el camino y el derrotero para remediar las situaciones de violencia intrafamiliar en el seno de la familia\u00bb, el cual, seg\u00fan la Corte Constitucional, \u00abse convierte en un mecanismo id\u00f3neos (sic) y preferente frente a la tutela para remediar este tipo de situaciones de Violencia Intrafamiliar\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo concedi\u00f3 el resguardo, dej\u00f3 \u00absin valor y efectos jur\u00eddicos la providencia del 13 de abril de 2021 y la dem\u00e1s actuaci\u00f3n que dependa de la misma\u00bb, y orden\u00f3 al estrado judicial encausado adoptar \u00ablas decisiones necesarias para renovar la actuaci\u00f3n, atendiendo lo indicado en [esa] sentencia\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a tal decisi\u00f3n, en lo medular, anot\u00f3 que la omisi\u00f3n que el Juzgado convocado endilg\u00f3 a la actuaci\u00f3n de la Comisar\u00eda carec\u00eda del rango anulatorio previsto en el numeral 5\u00ba del precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo desafortunada su decisi\u00f3n y agravando la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de la accionante. <\/p>\n
Destac\u00f3 no pasar por alto la obligaci\u00f3n de las autoridades en torno a \u00abverificar la garant\u00eda de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes, como tampoco que existen unas medidas provisionales de protecci\u00f3n dictadas en favor\u00bb de la quejosa; pero que lo cierto era que, as\u00ed como lo sostuvo el Ministerio P\u00fablico, la quejosa hizo uso del mecanismo legal adecuado, \u00abr\u00e1pido y expedito como lo es la ley 294 de 1996 y la ley 575 de 2000, que se\u00f1alan el camino y el derrotero para remediar las situaciones de violencia intrafamiliar en el seno de la familia, [t]al y como lo ha recordado nuestra Corte Constitucional, al se\u00f1alar que el proceso de violencia intrafamiliar se convierte en un mecanismo id\u00f3neos (sic) y preferente frente a la tutela para remediar este tipo de situaciones de Violencia Intrafamiliar\u00bb; y que era injustificado anular \u00abla actuaci\u00f3n, cuando ning\u00fan \u00f3bice existe para que se adelante de forma separada la verificaci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os, a trav\u00e9s de la pr\u00e1ctica de uno o varios medios probatorios, y as\u00ed evitar restar eficacia a las medidas de protecci\u00f3n y al tr\u00e1mite por incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, concluy\u00f3, le correspond\u00eda al Juzgado definir el incidente dentro del t\u00e9rmino legalmente fijado para ello, \u00abcircunscribi\u00e9ndose al an\u00e1lisis del contenido de la decisi\u00f3n objeto de consulta, y si encontr\u00f3 alguna omisi\u00f3n, ha debido proferir las medidas del caso para conjurar esa situaci\u00f3n, pero no invalidar la Resoluci\u00f3n #0018 del 26 de enero de 2021[,] proferida por la Comisaria de Familia de la Comuna 16 de Bel\u00e9n, mediante la cual se decidi\u00f3 el incidente de reincidencia en violencia intrafamiliar interpuesto por XXX en contra de Cristian Camilo V\u00e9lez L\u00f3pez. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el Juzgado accionado insistiendo en los planteamientos expuestos al dar respuesta a la petici\u00f3n de amparo, a los que a\u00f1adi\u00f3 que lo definido por el a-quo constitucional implic\u00f3 un desconocimiento de lo reglado en los c\u00e1nones 133 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, 52 y 86 -numeral 8\u00ba- de la Ley 1098 de 2006, y del precedente judicial, que, en su conjunto, imponen \u00abel restablecimiento de los derechos de los menores, previa verificaci\u00f3n del estado de cumplimiento de sus derechos, a los Comisarios de Familia en procesos de violencia intrafamiliar en aplicaci\u00f3n no solo de la Ley 294 de 1996, sino tambi\u00e9n de la Ley 1098 de 2006\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. En los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de amparo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la persona afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. De lo consignado en el sub examine y circunscrita esta Sala a los reparos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, resaltando que ninguna discusi\u00f3n se presenta frente a los actos de violencia intrafamiliar ejercidos por V\u00e9lez L\u00f3pez en disfavor de XX se anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
3.1. En efecto, aunque le asiste raz\u00f3n a la opugnante en cuanto a que la actora dej\u00f3 de agotar el recurso de reposici\u00f3n que se mostraba viable frente al prove\u00eddo dictado por el estrado acusado el 13 de abril de 2021, sin embargo, como bien es sabido, tambi\u00e9n es cierto que el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 contempla que la acci\u00f3n de tutela ser\u00e1 improcedente \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que\u2026 se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios ser\u00e1 apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Ahora, precisamente de tal salvedad se sirvi\u00f3 el Tribunal a-quo para conceder la protecci\u00f3n rogada, postura que esta Corte considerada adecuado acompa\u00f1ar, al ser evidente el estado de vulnerabilidad de la accionante porque, adem\u00e1s del copioso material probatorio que da cuenta de los actos de violencia intrafamiliar de los cuales ha sido v\u00edctima de parte de su expareja, \u00e9sta reconoci\u00f3 haberlos ejercido, situaci\u00f3n excepcional que mostraba no s\u00f3lo viable sino necesario flexibilizar la exigencia del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad. <\/p>\n
En cuanto al particular, de forma claramente excepcional, esta Corte ha dejado dicho: <\/p>\n
\u2026la acci\u00f3n de tutela, \u00abno puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13, ago. 2013, exp. 00093-01). De ah\u00ed que al avizorarse \u00abuna anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo\u2026, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante, la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, citada entre otras en STC4284-2019, 4 abr. 2019, rad. 00008-01) (CSJ STC8233-2020, 7 oct., rad. 2020-00064-01). <\/p>\n
3.2. Por ese mismo sendero, la problem\u00e1tica de la que da cuenta la actuaci\u00f3n fustigada, la que, valga se\u00f1alar, se halla ampliamente documentada, demuestra la existencia de reiterados actos de violencia intrafamiliar por parte de Cristian Camilo contra X lo que sin duda impon\u00eda, adem\u00e1s de una lectura del caso con una especial perspectiva de g\u00e9nero, la definici\u00f3n inmediata del grado de consulta frente a la decisi\u00f3n que impuso sanciones al primero por su reincidencia en los maltratos contra su expareja, con miras a que \u00e9stos cesaran, evitar futuros hechos reprochables y eventualmente luctuosos, lo que igualmente justifica el que en sede de tutela se tornara inexigible el mentado presupuesto de procedibilidad del reclamo supralegal, imponi\u00e9ndose la prelaci\u00f3n del derecho sustancial sobre el meramente formal. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un caso en el que se present\u00f3 una situaci\u00f3n similar de reiterados actos de violencia intrafamiliar, en lo que aqu\u00ed interesa y en extenso, se dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
2.2. Para la Corte, la providencia del juzgador reprochado resulta a todas luces, arbitraria y caprichosa, al fundamentarse en una interpretaci\u00f3n absolutamente formalista y literal de las normas aplicables, ajena totalmente al contexto real de la problem\u00e1tica en cuesti\u00f3n y desconocedora del papel del juez en el Estado Social del Derecho\u2026 <\/p>\n
En repetidas ocasiones, esta Corte ha insistido en que las diferentes tipolog\u00edas de violencia hacia la mujer no deben pasar inadvertidas ante las autoridades administrativas y judiciales, por tal raz\u00f3n, \u00e9stas no pueden desatender a las mujeres v\u00edctimas de \u201cviolencia de g\u00e9nero\u201d cuando demandan el amparo del Estado, mostrando apat\u00eda ante la insistencia de sus denuncias e imponi\u00e9ndole cargas y tr\u00e1mites injustificados, pues ello implica, sin duda, someterlas a una nueva revictimizaci\u00f3n, derivada de un tipo de \u201cviolencia institucional\u201d, a todas luces inadmisible en un Estado Social de Derecho. <\/p>\n
Incumbe entonces a los jueces de la Rep\u00fablica y a las autoridades administrativas en el Estado constitucional y democr\u00e1tico, actuar con dinamismo y celo dentro del marco del derecho y con el respeto extremo por las garant\u00edas del victimario, observando el debido proceso y haciendo uso de los instrumentos legales y constitucionales del derecho internacional de los derechos humanos, en pos de sancionar las conductas violentas y de prevenir todo clima de intolerancia y en general, toda conducta antijur\u00eddica que amilane y destruya al ser humano y su entorno social. <\/p>\n
2.3. Para la Corte, un an\u00e1lisis detenido de los antecedentes del caso, en particular, de los eventos de violencia de g\u00e9nero de la cual fue v\u00edctima la aqu\u00ed censora por parte de su excompa\u00f1ero, debidamente acreditados en el decurso, obligaban al juzgador a realizar una motivaci\u00f3n m\u00e1s profunda del asunto, ponderando la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. <\/p>\n
Sobre el deber de motivar adecuadamente las decisiones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]ufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de [providencias] en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. As\u00ed, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increp\u00f3 al Tribunal por no \u2018fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jur\u00eddicas que con rotundidad y precisi\u00f3n (\u2026)\u2019\u201d [resolvieran el caso bajo su conocimiento], \u201c(\u2026) lo propio ocurri\u00f3 en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recrimin\u00f3 al ad quem por no expresar las \u2018razones puntuales\u2019 equivalentes a una falta de motivaci\u00f3n; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatenci\u00f3n de \u2018la exigencia de motivar con precisi\u00f3n la providencia\u2019 (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
Frente a la tem\u00e1tica planteada, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Es] menester dejar sentado que la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Ante la situaci\u00f3n planteada en esta ocasi\u00f3n, debe se\u00f1alarse que las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008 precept\u00faan la necesidad de proteger a las v\u00edctimas de violencia intrafamiliar y la \u00faltima de las mencionadas, particularmente, consagra disposiciones \u201c(\u2026) de sensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de formas de violencia y discriminaci\u00f3n contra las mujeres (\u2026)\u201d; asimismo, en el canon 2\u00ba indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Definici\u00f3n de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n, que le cause muerte, da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual, psicol\u00f3gico, econ\u00f3mico o patrimonial por su condici\u00f3n de mujer, as\u00ed como las amenazas de tales actos, la coacci\u00f3n o la privaci\u00f3n arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el \u00e1mbito p\u00fablico o en el privado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPara efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acci\u00f3n de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia econ\u00f3mica, se entiende cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n orientada al abuso econ\u00f3mico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por raz\u00f3n de su condici\u00f3n social, econ\u00f3mica o pol\u00edtica. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las econ\u00f3micas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Los ataques respecto de las mujeres son propiciados en raz\u00f3n de su misma condici\u00f3n, pues se trata de un grupo hist\u00f3ricamente discriminado catalogado como inferior en relaci\u00f3n con los hombres, situaci\u00f3n que para los victimarios justifica y apoya sus abusos. <\/p>\n
Esta Corte, citando a su hom\u00f3loga Constitucional, ha censurado la discriminaci\u00f3n de la cual pueden ser v\u00edctimas las mujeres por el hecho de serlo, as\u00ed, reproch\u00f3 la actuaci\u00f3n de una autoridad p\u00fablica, por cuanto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]esatendi\u00f3 las circunstancias especiales de la gestora y le deneg\u00f3 la pr\u00f3rroga que hab\u00eda pedido por 90 d\u00edas [para posesionarse en un cargo. Ese] actuar (\u2026) no se compadece con su condici\u00f3n de mujer y (\u2026) desconoce el trato preferente que la jurisprudencia constitucional reconoce a dicho g\u00e9nero (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cA ese respecto, la Corte Constitucional ha considerado que: \u00abHist\u00f3ricamente las mujeres, entendidas como grupo social, han sido objeto de discriminaci\u00f3n en todas las sociedades y en la mayor parte de los aspectos de la vida: en sus relaciones sociales, econ\u00f3micas, pol\u00edticas y personales; por esto, el ordenamiento jur\u00eddico colombiano ha reconocido y autorizado medidas tendientes a evitar la discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo, y ha encontrado en la igualdad, entendida como principio, valor y derecho fundamental, y en la no discriminaci\u00f3n, un pilar fundamental para su protecci\u00f3n a las autoridades en el contexto de un Estado Social de Derecho, que se rige por el principio de igualdad material, le est\u00e1 prohibido dar tratos que fomenten las desigualdades sociales existentes y agraven la condici\u00f3n de pobreza y marginalidad de los ciudadanos, especialmente, de aquellos grupos que han sido tradicionalmente discriminados. \u201cAhora bien, respecto de la especial protecci\u00f3n constitucional de la mujer, como sujeto hist\u00f3ricamente desprotegido y marginado, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado en reiteradas providencias, que en ciertos casos, dicha protecci\u00f3n reforzada y especial de los derechos de las mujeres, es un fin constitucional cuya satisfacci\u00f3n admite el sacrificio de la cl\u00e1usula general de igualdad, en el entendido de que se acepten tratos discriminatorios, con un fin constitucionalmente leg\u00edtimo\u00bb (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Sobre la necesidad de que los jueces adopten decisiones judiciales desde una perspectiva de g\u00e9nero, esta corporaci\u00f3n, recientemente anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En muchas de las audiencias, los jueces, expresa o t\u00e1citamente, ofenden los derechos de las mujeres, utilizando t\u00e9rminos que implican un maltrato f\u00edsico, sexual, psicol\u00f3gico, \u00e9tnico, social, patrimonial o cultural en su contra; o del mismo modo, discriminaci\u00f3n que, en lugar de empoderarlas y respetarlas, reproducen modelos judiciales autoritarios y dominantes que no contribuyen a la promoci\u00f3n activa de sus derechos, como tarea tambi\u00e9n a cargo del juez del Estado Constitucional, en pro de eliminar las formas de violencia y de discriminaci\u00f3n que d\u00eda a d\u00eda acechan a las mujeres. <\/p>\n
Compete al juez como autoridad luchar contra la discriminaci\u00f3n y las formas de violencia, contra todos los oprobios culturales y sociales, y desde el sagrado escenario del estrado judicial y de la audiencia p\u00fablica gestar acciones para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y convertirse en factor de tolerancia y equidad que enfrente los estereotipos, y los prejuicios hist\u00f3ricos entre hombres y mujeres, entre mayor\u00edas y minor\u00edas. Es atribuci\u00f3n esforzarse para que la sentencia sea medio de encuentro y de respeto a las formas culturales y a las diferentes idiosincrasias, pero tambi\u00e9n s\u00edmbolo del culto a los derechos de las mujeres, de los ancianos y de los ni\u00f1os (\u2026)\u201d4\u2026 <\/p>\n
En casos como el presente, es necesaria la emisi\u00f3n de decisiones con perspectiva de g\u00e9nero, pues los jueces al igual que todas las autoridades p\u00fablicas, est\u00e1n llamados no s\u00f3lo a seguir lo dispuesto en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en las normas, sino adem\u00e1s, a efectuar un control de convencionalidad, el cual les impone, indefectiblemente, revisar la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y los tratados concordantes, tales como la Convenci\u00f3n Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -\u201cConvenci\u00f3n De Bel\u00e9m Do Par\u00e1\u201d-, ratificada por Colombia desde el 10 de marzo de 1996. <\/p>\n
En torno a lo esgrimido, la Corte Constitucional en un asunto de similares perfiles, acot\u00f3 <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en el caso \u201cXXXX da Penha Fernandes vs. Brasil\u201d concluy\u00f3 que el Estado hab\u00eda vulnerado los derechos a las garant\u00edas judiciales y a la protecci\u00f3n judicial de la demandante, garantizados por los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana, los cuales atribuy\u00f3 a un patr\u00f3n discriminatorio frente a la tolerancia de la violencia dom\u00e9stica contra las mujeres en Brasil por la ineficacia de la acci\u00f3n judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDe igual manera, y a pesar de reconocer que el Estado haya adoptado medidas para reducir el alcance y la tolerancia estatal frente a la violencia dom\u00e9stica, indica que no se hab\u00edan logrado reducir en especial por la inefectividad de la acci\u00f3n policial y judicial en Brasil (\u2026). Por tal motivo, se concluy\u00f3 que el Estado hab\u00eda violado los derechos y que hab\u00eda incumplido los deberes consagrados en el art\u00edculo 7\u00ba de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 en perjuicio de la accionante y en conexi\u00f3n con los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana y en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 1(1) de la Convenci\u00f3n, por los actos de omisi\u00f3n y tolerancia de la tal violaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPor lo anterior, se evidencia que la falta de an\u00e1lisis con perspectiva de g\u00e9nero en las decisiones judiciales que se refieran a violencia o cualquier tipo de agresi\u00f3n contra la mujer puede afectar a\u00fan m\u00e1s los derechos de las mujeres por cuanto se omite valorar detalles y darle importancia a aspectos que para la soluci\u00f3n del caso concreto resultan fundamentales (\u2026)\u201d5 (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Sobre la eliminaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n o violencia ejercida contra una persona por raz\u00f3n de su sexo, el Estado tiene obligaciones de car\u00e1cter afirmativo, tales como <\/p>\n
\u201c(\u2026) a) garantizar a todos y todas, una vida libre de violencia y discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n del sexo; b) prevenir y proteger a las mujeres y las ni\u00f1as de cualquier tipo de discriminaci\u00f3n o violencia ejercida en su contra; e c) investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, entre muchas otras (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
Como lo adujo la Corte Constitucional recientemente en la sentencia T-338 de 2018, el \u00faltimo de los deberes referidos est\u00e1 asignado a la Rama Judicial; por tanto, los jueces tienen la obligaci\u00f3n de velar por lograr la igualdad real para las mujeres y derruir la violencia estructural ejercida contra ellas, actividades que en asuntos como el aqu\u00ed cuestionado, deben orientar sus decisiones (CSJ STC7798-2020, 25 sep., rad. 2020-00211-01). <\/p>\n
3.3. Ahora, que este especial y excepcional asunto demande exigir que la juzgadora acusada defina de fondo el grado de consulta de las sanciones impuestas al responsable de los actos de violencia intrafamiliar ejercidos en contra de la accionante, aun cuando no se haya agotado all\u00ed la verificaci\u00f3n de los derechos del hijo menor de edad com\u00fan de la pareja, en modo alguno configura una \u00abpatente de corso\u00bb, como parece entenderlo la impugnante, para que las autoridades administrativas o judiciales se abstengan de hacer tal constataci\u00f3n cuando las causas concretas lo impongan, aunado a que si, en sentir de la juzgadora, el agotamiento de aquella es necesaria en el caso espec\u00edfico para garantizar las prerrogativas del ni\u00f1o, puede adoptar las decisiones que considere adecuadas para tal prop\u00f3sito, incluso, ordenar que se siga la respectiva actuaci\u00f3n para el restablecimiento de sus derechos, sin que ello implique que el mentado incidente se mantenga en la indefinici\u00f3n, comoquiera que, muy a pesar de sus alegaciones, en esta oportunidad, una y otro se muestran clara y viablemente escindibles. <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 28 mar. 2008, rad. 2008-00384-00; v\u00e9anse igualmente STC, 16 feb. 2011, rad. 2010-00445-01, entre otros. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC, 22 may. 2003, rad. 00526-01; invocada el 10 ag. 2011, rad. 00168-02. <\/p>\n
3\u0002 CJS STC, 21 jul. 2016, rad. 2016-00060-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC3771-2020. <\/p>\n
5\u0002 CC T-241\/16. <\/p>\n
6\u0002 CC T-338\/18. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8424-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8424-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00106-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el Juzgado Trece de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55509","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55509","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55509"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55509\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55509"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55509"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55509"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}