STC8425-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8425-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00328-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 13 de abril, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Freidy Dar\u00edo Segura Rivera contra la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Armenia y el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de aquella ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el accionante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la libertad, al debido proceso y al buen nombre\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y de los medios de convicci\u00f3n obrantes, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luis Alexander Londo\u00f1o Romero promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra la ARL Positiva, a trav\u00e9s de la cual pretend\u00eda el amparo de las garant\u00edas supralegales a la seguridad social y al m\u00ednimo vital, orden\u00e1ndose el pago de unas incapacidades. <\/p>\n
2.2. A dicha actuaci\u00f3n fue vinculada Medim\u00e1s por cuanto el promotor se encontraba afiliado a dicha EPS, el aqu\u00ed gestor funge como representante legal judicial de esa entidad. <\/p>\n
2.3. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Armenia, despacho que, mediante sentencia proferida el 21 de junio de 2019, otorg\u00f3 la salvaguarda suplicada y orden\u00f3 a la vinculada Medim\u00e1s la cancelaci\u00f3n en efectivo de las incapacidades prescritas a Londo\u00f1o Restrepo entre el 25 de abril y el 23 de mayo de 2019 y el 24 de mayo y el 22 de junio del mismo a\u00f1o y las que se siguieren causando. <\/p>\n
2.4. Ante el incumplimiento de la orden constitucional el all\u00ed accionante promovi\u00f3 en 4 ocasiones incidentes de desacato que fueron resueltos de la manera siguiente: <\/p>\n
2.4.2. Con providencia de 26 de febrero de 2020, confirmada por la misma colegiatura el 9 de marzo de aquel a\u00f1o, imponiendo arresto por 5 d\u00edas y multa de 3 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
2.4.3. Con auto de 19 de mayo de 2020, confirmada el 29 siguiente, imponiendo a Segura Rivera arresto por 10 d\u00edas y multa de 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2.4.4. Con providencia de 22 de septiembre de 2020, confirmada el 30 del mismo mes y a\u00f1o, imponiendo al aqu\u00ed gestor arresto por 10 d\u00edas y multa de 20 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2.5. Por conducto de su representante legal Medim\u00e1s solicit\u00f3 en varias oportunidades la inaplicaci\u00f3n de las anteriores sanciones, la \u00faltima de ellas resuelta desfavorablemente el 20 de octubre del a\u00f1o pasado. <\/p>\n
3. Para el gestor las autoridades judiciales convocadas no solo no tuvieron en cuenta las pruebas aportadas que daban cuenta de la materializaci\u00f3n de la orden constitucional impartida, sino que desconocieron las disposiciones legales \u00abque regulan el pago de las incapacidades dentro del sistema general de seguridad social en salud que, de manera exclusiva, est\u00e1n dirigidas a proteger a la clase trabajadora que cotiza al sistema\u00bb siendo que el promotor de la tutela primigenia se encuentra afiliado al r\u00e9gimen subsidiado, de donde se desprende una incapacidad jur\u00eddica absoluta para continuar dando cumplimiento al fallo. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efecto las providencias por medio de las cuales se le declar\u00f3 en desacato y se le impusieron sanciones. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado del Tribunal Superior de Armenia dijo que las providencias emitidas por esa colegiatura \u00abcontienen las consideraciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que encaminaron a la sala a confirmar los autos por medio de los cuales el Juzgado\u2026 sancion\u00f3 a Freidy Dar\u00edo Segura Rivera, en su condici\u00f3n de representante legal judicial de la EPS Medim\u00e1s\u00bb y que las actuaciones surtidas \u00abno desconocieron derecho fundamental alguno\u00bb por lo que solicit\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
2. El juez titular del despacho convocado manifest\u00f3 que al gestor \u00abse le han garantizado los derechos de defensa y debido proceso, sin embargo, si las pretensiones iniciales no fueron favorables a sus intereses, ha debido en su momento manifestar la inconformidad contra la decisi\u00f3n adoptada o buscar que el Tribunal de Cierre estudiara su caso y no pretender ahora, bajo la excusa de vulneraci\u00f3n de sus derechos, pretender apartarse del cumplimiento de la orden constitucional\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que el tr\u00e1mite y decisiones adoptadas al interior de los incidentes por desacato \u00abtambi\u00e9n fueron realizados con salvaguarda de los derechos constitucionales\u00bb del promotor por lo que tambi\u00e9n deprec\u00f3 desestimar la salvaguarda. <\/p>\n
3. El comandante del Departamento de Polic\u00eda del Quind\u00edo y el jefe de la oficina jur\u00eddica de la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1 manifestaron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por el extremo pasivo de la relaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio dado que \u00abla autoridad judicial tuvo en cuenta los elementos de prueba que alleg\u00f3 Medim\u00e1s EPS, respecto del pago de dos incapacidades de las 14 adeudadas, pero no fueron suficientes para considerar superado el hecho que gener\u00f3 la interposici\u00f3n del tr\u00e1mite incidental\u00bb, lo que descarta la configuraci\u00f3n del defecto f\u00e1ctico atribuido. <\/p>\n
Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que las providencias se encuentran debidamente fundamentadas, tanto en los medios de convicci\u00f3n allegados, como en el precedente constitucional relativo a la individualizaci\u00f3n del funcionario a quien se le impone la sanci\u00f3n y su responsabilidad subjetiva. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Tanto el promotor del resguardo como un abogado de la oficina asesora jur\u00eddica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) impugnaron la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en la imposibilidad jur\u00eddica de dar cumplimiento a la orden de tutela, por cuanto el actor no se encuentra afiliado al r\u00e9gimen contributivo sino al subsidiado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el gestor, al sancionarlo por haber incurrido en desacato a un fallo de tutela y desestimar la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta en dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Dado que las impugnaciones presentadas por Freidy Dar\u00edo Segura Rivera y el apoderado de ADRES son coincidentes, la Sala las resolver\u00e1 conjuntamente. <\/p>\n
2. El caso concreto <\/p>\n
2.1. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa la Sala que no se abre paso el amparo propuesto, por lo que se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, comoquiera que en esta oportunidad, lo que se pretende es quebrantar la sentencia proferida en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, ya que de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
En efecto, aunque los impugnantes dicen dirigir su ataque contra las providencias que declararon a Freidy Dar\u00edo Segura Rivera en desacato y le impusieron sanciones de arresto y multa, lo que en \u00faltimas censuran son los razonamientos vertidos por el juzgado accionado en el fallo del 21 de junio de 2019, proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Luis Alexander Londo\u00f1o Romero, pues aducen una supuesta ilegalidad de las \u00f3rdenes all\u00ed impartidas; es decir, el presente resguardo se fundament\u00f3 en un subjetivo disentimiento sobre la hermen\u00e9utica y sind\u00e9resis del fallador al momento de resolver dicho amparo, decisi\u00f3n contra la cual Medim\u00e1s no present\u00f3 reparo alguno y se allan\u00f3 a cumplirla. <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado y constante que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
En el caso que se analiza, el amparo constitucional formulado de manera previa contra la ARL Positiva y Medim\u00e1s EPS, fue ventilado ante la instancia ordinaria, sin que lo resuelto all\u00ed le mereciera reparo a la segunda persona jur\u00eddica mencionada; adem\u00e1s, fue excluido de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, mediante auto del 29 de agosto de 2019, con lo que la determinaci\u00f3n hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
2.2. Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones emitidas en incidentes de desacato \u2013 razonabilidad del auto por medio del cual no se accedi\u00f3 a inaplicar la sanci\u00f3n impuesta <\/p>\n
En punto de la viabilidad del resguardo constitucional frente a decisiones proferidas al interior del incidente de desacato, ha de acudirse al criterio reiterado por la jurisprudencia de la Sala, que refiere que la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta contra actuaciones judiciales y prove\u00eddos de este mismo talante, resulta, por regla general improcedente: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC13840-2016, 29 sept. 2016, rad. 01680-01). <\/p>\n
De otro lado, el precedente constitucional ha dicho que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). <\/p>\n
Seguidamente ese Alto Tribunal reiter\u00f3 la procedencia excepcional de la tutela en trat\u00e1ndose de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU-627\/15, concluy\u00f3 que \u00absi la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, entre otras). <\/p>\n
Auscultada la providencia de 20 de octubre de 2020, por medio de la cual el juzgado accionado no accedi\u00f3 a inaplicar la sanci\u00f3n impuesta al quejoso, producto de la desatenci\u00f3n a la orden constitucional contenida en el fallo de 21 de junio de 2019, la Sala advierte que, lejos de ser arbitraria fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n allegados para el estudio de la referida solicitud. <\/p>\n
Ciertamente, en el auto en cuesti\u00f3n, la c\u00e9lula judicial falladora se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Luis Alexander Londo\u00f1o Romero se vio favorecido con una sentencia que protegi\u00f3 sus derechos fundamentales\u2026 proferida el 29 de junio de 2019 y sobre la que ning\u00fan sujeto procesal manifest\u00f3 su inconformidad\u2026 <\/p>\n
La accionada ha sido pertinaz en su afirmaci\u00f3n de cumplimiento de la sentencia proferida\u2026 sin embargo, sus argumentos siempre son los mismos, desprovistos de prueba bajo las que esta judicatura efectivamente colija que ya no existe vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, que efectivamente el actor se encuentra gozando de sus prerrogativas constitucionales, de manera tal que hagan que las ordenes de sanci\u00f3n sean canceladas y consecuente con ello se produzca el archivo de los tramites incidentales gestionados en su contra. <\/p>\n
Es que bajo el supuesto de aparentes cumplimientos no puede predicar la EPS Medim\u00e1s que est\u00e1 haciendo todas las diligencias para satisfacer el fallo de tutela, recuerde que este fue de junio 29 de 2019, que a la fecha existen 4 sanciones por desacato, mismas que fueron confirmadas al encontrar el superior funcional que la accionada estaba incumpliendo la sentencia referida y que este juzgado hab\u00eda tramitado los incidentes de desacato con el lleno de los requisitos. <\/p>\n
Para la cancelaci\u00f3n de las medidas impuestas\u2026 debe efectivamente comprobarse que la orden constitucional fue cumplida, lo que no ha sucedido en la presente actuaci\u00f3n pues el pago de dos incapacidades cuando a la fecha de la \u00faltima sanci\u00f3n se adeudaban todav\u00eda 14 no es m\u00e9rito suficiente para el archivo de unas diligencias, ya que el cumplimiento debe ser total que permita colegir que han desaparecido los hechos que vulneraban o amenazaban las garant\u00edas constitucionales protegidas con la sentencia de tutela\u2026 <\/p>\n
Es claro que la anterior determinaci\u00f3n encuentra soporte en los medios de convicci\u00f3n aportados por la EPS Medim\u00e1s advirti\u00e9ndose, de manera clara, cu\u00e1les fueron las razones jur\u00eddicas para no acceder a la solicitud de inejecuci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n de las sanciones por desacato, por cuanto la orden constitucional no se materializ\u00f3 en su totalidad, pues aun cuando se pagaron al all\u00ed gestor dos incapacidades, a la fecha del pronunciamiento se le adeudaban catorce m\u00e1s. <\/p>\n
De suerte que no puede se\u00f1alarse de caprichosa o arbitraria, comoquiera que la autoridad enjuiciada resolvi\u00f3 conforme lo allegado a la actuaci\u00f3n, resaltando que el aqu\u00ed actor no present\u00f3 elemento de convicci\u00f3n alguno que acreditara el cumplimiento del fallo de tutela, sin que pueda ahora tratar de escudarse en una supuesta \u00abimposibilidad jur\u00eddica\u00bb para obedecer, pues dicho tema debi\u00f3 haber sido alegado al interior del tr\u00e1mite tuitivo y como qued\u00f3 establecido, la entidad obligada se mostr\u00f3 silente ante la prosperidad del resguardo del que devino la imposici\u00f3n de las sanciones, resultando inviable pretender que por medio de este nuevo resguardo se provea un remedio a tal omisi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cabe precisar que la simple disparidad de criterios sobre la forma en que deb\u00eda cumplirse la disposici\u00f3n dada en el fallo constitucional, no puede ser raz\u00f3n para dejar sin efectos el proferimiento que sancion\u00f3 ese desconocimiento, pues ello atentar\u00eda contra los principios de autonom\u00eda e independencia que rodean las actuaciones judiciales. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
3. Precisi\u00f3n adicional sobre la medida de arresto <\/p>\n
Ahora bien, pese a la razonabilidad de las resoluciones confutadas, la Corte no pasa por alto que las sanciones impuestas al accionante fueron de arresto que, sumadas, arrojan un total de veinticinco d\u00edas, los que deber\u00e1 cumplir \u00aben las instalaciones de la Sij\u00edn Bogot\u00e1\u00bb, determinaci\u00f3n que contraviene el criterio de esta Corporaci\u00f3n, en punto a la naturaleza de las amonestaciones que se pueden aplicar, en atenci\u00f3n a las particulares circunstancias de salud p\u00fablica ocasionadas por la pandemia Covid\u201319. <\/p>\n
En tal sentido, esta Sala ha sostenido que la autoridad judicial debe ponderar la finalidad de las medidas a adoptar en el tr\u00e1mite incidental \u2013cuando se advierta el desacato\u2013, con las prerrogativas esenciales a la salud y vida del sancionado, especialmente vulnerables en contextos como el actual; toda vez que, de ser soslayada dicha pauta, eventualmente podr\u00eda ocasionarse una afectaci\u00f3n injustificada y desproporcionada al obligado, como en el sub examine: <\/p>\n
\u00abAl margen de las anteriores consideraciones y atendiendo a la situaci\u00f3n actual en virtud de la pandemia generada por el virus Covid-19, es de advertirse que el juzgador de primer grado atacado debe efectuar una revisi\u00f3n de la orden de arresto impuesta al accionante. (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed que, pese a la legalidad de imponer la privaci\u00f3n de la libertad como instrumento coercitivo para garantizar la observancia de las decisiones de tutela, el hecho de que una situaci\u00f3n sanitaria afecte el funcionamiento de la sociedad como hasta ahora se hab\u00eda conocido, debe ser objeto de ponderaci\u00f3n para que la finalidad propia del desacato no resulte gravosa de los derechos a la salud y la vida del ahora promotor. (\u2026) <\/p>\n
Luego, como al gestor (\u2026) se le impuso una orden de arresto por dos (2) d\u00edas, en lugar de detenci\u00f3n, es menester sopesar la finalidad loable de esta sanci\u00f3n con las consecuencias que la misma puede derivar para la sociedad en su conjunto y el promotor, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 al acusado fallador de primer grado que la modifique por cualquier otra medida alternativa, atendiendo lo atr\u00e1s mencionado\u00bb (CSJ, E-2020-00075-01, 6 may., en el mismo sentido E-2020-00035-01, 27 may., STC4294-2020, 8 jul., ATC610-2020, 30 jul., STC6691-2020, 2 sep., et. al.) Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, siguiendo esta l\u00ednea, se ordenar\u00e1 al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Armenia que, en atenci\u00f3n al precedente de esta Corporaci\u00f3n, y como a quo en la causa objeto de escrutinio, proceda a conmutar las referidas \u00f3rdenes de arresto en las instalaciones de la Sij\u00edn Bogot\u00e1, por cualquier otra medida que se ajuste a los est\u00e1ndares rese\u00f1ados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
No se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza; adem\u00e1s, la providencia por medio de la cual no se accedi\u00f3 a inaplicar las sanciones por desacato, no revelan arbitrariedad o desmesura que deba ser conjurada a trav\u00e9s de esta herramienta supralegal. <\/p>\n
Sin embargo, y en atenci\u00f3n al precedente de esta Sala, se ordenar\u00e1 al juzgado convocado que conmute las \u00f3rdenes de arresto en las instalaciones de la Sij\u00edn en esta ciudad, por cualquier otra medida que se ajuste a los est\u00e1ndares rese\u00f1ados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: AMPARAR PARCIALMENTE los derechos fundamentales de Freidy Dar\u00edo Segura Rivera, al debido proceso y a la dignidad humana. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Armenia que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la comunicaci\u00f3n de esta sentencia, proceda a conmutar las \u00f3rdenes de arresto impuestas a Segura Rivera en las instalaciones de la Sij\u00edn de Bogot\u00e1, por cualquier otra medida, de acuerdo con las consideraciones expuestas. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8425-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8425-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00328-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55510","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55510"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55510\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55510"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55510"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}