STC8431-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01945-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Steven Copelan David frente a la sentencia del 10 de diciembre de 2020, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 a la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, extensiva a los intervinientes en el proceso de extinci\u00f3n de dominio con radicado n\u00b005000312000220180002000. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pretendi\u00f3 dejar \u00absin efecto la sentencia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Penal de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el pasado 17 de julio de 2020 dentro del proceso\u00bb arriba se\u00f1alado. <\/p>\n
En sustento, adujo que la Sala accionada revoc\u00f3 (17 jul. 2020) el veredicto proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia (17 sep. 2019) en el que se dispuso negar la extinci\u00f3n de dominio sobre el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 018-100816 de su propiedad. Relat\u00f3 que el Tribunal finc\u00f3 su decisi\u00f3n en la satisfacci\u00f3n de los presupuestos contemplados en los numerales 1 y 4 de la Ley 1708 de 2014, con lo que considera vulnerado su debido proceso ante el desconocimiento de su actuar de buena fe, diligente y exento de culpa. <\/p>\n
2. La Sala convocada defendi\u00f3 la legalidad de sus actos e inst\u00f3 a la improcedencia del amparo. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 el Director Jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho qui\u00e9n, adem\u00e1s, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo tras considerar que \u00abla determinaci\u00f3n emitida por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, resulta razonable y ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales\u00bb. Agreg\u00f3 que el verdadero deseo del accionante es \u00abcuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n penal\u00bb lo que resulta \u00abincompatible\u00bb con la naturaleza del amparo. <\/p>\n
4. Con su impugnaci\u00f3n, el actor reiter\u00f3 sus alegatos iniciales y censur\u00f3 las cavilaciones del a quo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado porque la sentencia censurada se percibe acorde a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y jur\u00eddica que fue expuesta ante la Sala plural accionada. <\/p>\n
En efecto, se observa que la queja de Steven Copelan David se circunscribe a la valoraci\u00f3n que la sala accionada efect\u00fao sobre el material suasorio obrantes en el pleito; tambi\u00e9n censura que, ante la ausencia de pruebas contundentes, se haya omitido lo que a su parecer consisti\u00f3 en un actuar cauteloso, diligente y de buena fe en la adquisici\u00f3n del predio cuya extinci\u00f3n de dominio tuvo lugar. <\/p>\n
As\u00ed, queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n del accionante se halla cimentada sobre la base de discutir la estimaci\u00f3n probatoria desplegada por el juzgador natural de su causa a pesar de que dicho raciocinio no se vislumbra caprichoso, fortuito o abiertamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico como se pasa a exponer. <\/p>\n
En torno a la deficiencia probatoria de la que se doli\u00f3 el actor y con la que se pretendi\u00f3 demostrar el origen de los recursos utilizados para adquirir el bien cuyo dominio se extingui\u00f3, f\u00edjese que la querellada razon\u00f3 al respecto que: <\/p>\n
\u00abA\u00fan cuando le asiste raz\u00f3n al Juez de primera instancia en punto a que la labor probatoria del ente Fiscal fue por poco exigua, lo cierto es, que de la documentaci\u00f3n extra\u00edda durante la inspecci\u00f3n judicial practicada a tr\u00e1mite de extradici\u00f3n que en su momento de surt\u00eda en contra de \u00dasuga Higuita y David Berrio, entre otros, surge sin dubitaci\u00f3n alguna, la participaci\u00f3n del mencionado en actividades ligadas al narcotr\u00e1fico, que le debieron haber generado importantes sumas de capital. <\/p>\n
Sin que tenga cabida la exposici\u00f3n del no recurrente relacionada con la presunci\u00f3n de inocencia de que gozar\u00eda su representado en el proceso penal que se surti\u00f3 en su contra, pues una de las consecuencias de la justicia consensuada y\/o aceptaci\u00f3n de responsabilidad que eman\u00f3 del se\u00f1or \u00dasuga Higuita en relaci\u00f3n con el delito de Conspiraci\u00f3n para importar un kilogramo o m\u00e1s de hero\u00edna en Estados Unidos es precisamente la renuncia al principio que se proclama\u00bb <\/p>\n
Adicionalmente, al referirse a la existencia de otras probanzas en el dossier que soportaron la decisi\u00f3n criticada, en concreto, al \u00abcontenido del informe contable n\u00fam. 11-243746 del 14 de junio de 2019, rendido por una T\u00e9cnico Investigadora del CTI\u00bb arguy\u00f3 el encartado, luego de la exposici\u00f3n de ese dictamen, que: <\/p>\n
(\u2026) [S]e pudo apreciar que el estudio presentado no s\u00f3lo es extenso, sino que contiene una detallada relaci\u00f3n de documentaci\u00f3n que obra en el expediente, entre esta la presentada por los ciudadanos Agudelo G\u00f3mez y \u00dasuga Higuita. <\/p>\n
Escritural que luego de ser comparada y confrontada con los valores registrados en las correspondientes declaraciones de renta dio por resultado no ser suficientes para soportar los ingresos y aumentos de capital reportados por los aqu\u00ed titulares, pues como bien lo se\u00f1ala la perito no se trata de presentar una serie indiscriminada de documentaci\u00f3n, sino que esta debe ser id\u00f3nea y conforme a las normas contables. <\/p>\n
Sobre las testificales que tuvo en cuenta el juez de primer grado para negar en su momento la pretensi\u00f3n extintiva, expuso el Tribunal los argumentos por los \u00abque le rest[\u00f3] catastr\u00f3ficamente ese valor suasorio\u00bb: <\/p>\n
Si bien se inform\u00f3 que los locales comerciales con M.I. 001-112143 u 01204535, pertenec\u00edan a la se\u00f1ora Amparo del Socorro G\u00f3mez (madre de la afectada) en conjunto con sus dem\u00e1s hermanos, no es claro y verificable las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se concret\u00f3 dicha negociaci\u00f3n, principalmente lo atinente a como se surti\u00f3 el pago. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Versiones que resultan llamativas para esta Corporaci\u00f3n, pues pese a la importante suma objeto de cr\u00e9dito, la obligaci\u00f3n no fue respaldada mediante ning\u00fan t\u00edtulo valor. (\u2026) <\/p>\n
De otra parte, tampoco resulta verificable las fuentes que sirvieron de financiamiento para el pago de dichas obligaciones, en tanto la hipoteca constituida a favor de la Cooperativa Forjar, 9 meses despu\u00e9s de suscrita la escritura p\u00falica (31\/03\/2008), fue por un monto de tan solo $27.000.000, que se cancelaron dos a\u00f1os despu\u00e9s del desembolso. (\u2026) <\/p>\n
Disconformidades que sumadas a los dem\u00e1s medios de prueba t\u00e9cnica y documental permiten demostrar v\u00e1lidamente que tanto los locales (\u2026) como el apartamento y parqueadero (\u2026) provienen de la acci\u00f3n criminal desplegada por Libardo Alonso \u00dasuga Higuita, es decir que el v\u00ednculo con la fuente il\u00edcita torna ileg\u00edtimo el derecho de propiedad que se debate. (Resaltado propio). <\/p>\n
De cara a la vulneraci\u00f3n del principio constitucional de presunci\u00f3n de inocencia y buena fe, la encartada cavil\u00f3, soportada en precedentes jurisprudenciales, que trat\u00e1ndose de la figura de extinci\u00f3n de dominio era de \u00abvital importancia determinar si el tercero adquiriente obr\u00f3 o no dolosamente o con culpa grave, pues de ser as\u00ed es viable la extinci\u00f3n de dominio\u00bb. Luego, forj\u00f3 su apreciaci\u00f3n sobre las declaraciones rendidas por el mismo gestor, de las cuales se concluye que, bajo el criterio valorativo del Tribunal, dichas disertaciones resultaron inconsistentes e insuficientes para la acreditaci\u00f3n de la buena fe cualificada que debi\u00f3 ser demostrara para la frustraci\u00f3n de la extinci\u00f3n pluricitada. Sobre ese aspecto puntal se estim\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) La Sala advierte una serie de irregularidades que desvirt\u00faan la configuraci\u00f3n de ese apotegma a favor del afectado. <\/p>\n
Primero, porque resulta innegable el conocimiento que ten\u00eda el adquiriente en relaci\u00f3n con los hechos que hab\u00edan generado la privaci\u00f3n de la libertad de quien vend\u00eda el predio. No s\u00f3lo porque manifest\u00f3 conocer que la se\u00f1ora (\u2026) para ese momento estaba privada de la libertad sino por el estrecho v\u00ednculo de consanguinidad que comparte con ella. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, se dijo que el dinero con que asumi\u00f3 el costo de dicha compraventa en realidad perteneci\u00f3 a la se\u00f1ora (\u2026) hermana de (\u2026), a quien visit\u00f3 en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n en el Establecimiento Carcelario. <\/p>\n
Teniendo as\u00ed que la versi\u00f3n relacionada con que el comprador desconoc\u00eda concretamente que su familiar hab\u00eda sido solicitada en extradici\u00f3n por Estados Unidos, para enfrentar una acusaci\u00f3n por Narcotr\u00e1fico queda descartada (\u2026) <\/p>\n
Desplegar que resulta totalmente opuesto a cualquier verificaci\u00f3n que haya podido realizar el afectado pues, (\u2026) lo m\u00ednimo que se espera es que lograra verificar las formalidades de la compraventa y que no haya dejado al azar los $35.000.000 que manifest\u00f3 haber pagado. <\/p>\n
Accionar que sin duda alguna desvirt\u00faa cualquier inter\u00e9s propio de un comprador por m\u00e1s desprevenido que sea. Y, por el contrario, permite establecer que este evento el \u00fanico prop\u00f3sito con la constituci\u00f3n de la escritura p\u00fablica era simular una venta que ante cualquier eventualidad permitiera conservar el bien. (\u2026) <\/p>\n
Aspectos que (\u2026) resultan suficientes para afirmar que el actuar de Steven Copeland David estuvo lejos de ser consciente y honesto, a contrario sensu, se evidenci\u00f3 el \u00edntimo conocimiento del contexto bajo el que envolv\u00eda la presunta transferencia del aparente derecho de propiedad ostentado por su pariente. <\/p>\n
Lo que desvirt\u00faa la configuraci\u00f3n del apotegma de la buena fe exenta de culpa o creadora de derecho reconocida por el Juez Especializado. Especialmente, cuando tampoco se logr\u00f3 acreditar la fuente leg\u00edtima del capital con que se asumi\u00f3 el pago de la obligaci\u00f3n (\u2026). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
Por otra parte, en lo que respecta a la \u00e9poca en que tuvieron inicio las actividades delictivas cuyo fruto, seg\u00fan se determin\u00f3, permiti\u00f3 adquirir el inmueble referido y de lo cual se queja el promotor en este amparo, observa esta Sala que sobre ese t\u00f3pico se argument\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el hecho de que (\u2026) para el 2012 la organizaci\u00f3n criminal a la que pertenec\u00eda \u00dasuga Higuita enviaba frecuentemente paquetes contentivos de hero\u00edna al Estado de la Florida, (\u2026) es altamente indicativo que (\u2026) el tr\u00e1fico de drogas ten\u00eda lugar desde tiempo atr\u00e1s a los eventos delictuales que se dieron a conocer en las interceptaciones telef\u00f3nicas. <\/p>\n
(\u2026) la inferencia a la que con acierto arrib\u00f3 el ente instructor, en cuanto postul\u00f3 su pretensi\u00f3n de extinci\u00f3n del derecho de dominio respecto de los haberes adquiridos desde el a\u00f1o 2008, por entender que organizaciones como la desmantelada no surgieron a la vida criminal el d\u00eda en que las autoridades las dejan al descubierto, es adem\u00e1s, el resultado de hechos debidamente probados, evaluados en uni\u00f3n e inmersos en e contexto hist\u00f3rico del que da cuenta todo el acervo probatorio acumulado en el expediente\u00bb (Resaltado propio) <\/p>\n
V\u00e9ase c\u00f3mo estos razonamientos sobre los hechos expuestos y las pruebas obrantes en el paginario cuestionado, fueron los que llevaron a la Sala plural a concluir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Con todo, al expediente fueron allegadas otras evidencias, durante la etapa de juzgamiento, que, analizadas en conjunto, con las presentadas con la demanda de extinci\u00f3n, permiten colegir que en este caso si se acreditaron las causales contenidas en los numerales 1\u00b0 y 4\u00b0 del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que la deficiencia probatoria de la que se duele el gestor, en realidad no se acompasa con lo expuesto por el Tribunal decisor quien en un ejercicio de valoraci\u00f3n en conjunto de las evidencias adosadas logr\u00f3 concluir el desenlace conocido. <\/p>\n
Dest\u00e1quese, adicionalmente, que de la providencia objeto de estudio se devela la actitud incuriosa del gestor dentro de la contienda cuestionada quien, seg\u00fan el dossier, no despleg\u00f3 una defensa y contradicci\u00f3n contundente de cara al dictamen pericial que en dicho proceso se practic\u00f3 y del cual se soport\u00f3, en parte, la decisi\u00f3n fustigada: <\/p>\n
\u00abEs tal la omisi\u00f3n en la carga demostrativa dirigida a desconocer los resultados de la pericia que el apoderado adem\u00e1s de no presentar evidencia que desvirt\u00fae la validez t\u00e9cnica y cient\u00edfica del estudio, tampoco solicit\u00f3 su aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n (\u2026)\u00bb (Resaltado de ahora) <\/p>\n
Baste lo anterior, para entrever que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la valoraci\u00f3n de las evidencias recaudadas, pues contrario a lo arg\u00fcido por el libelista, el juzgador encontr\u00f3 acreditados los presupuestos legales para el \u00e9xito de la extinci\u00f3n del derecho de dominio del inmueble se\u00f1alado, con fundamento en las pruebas que en el curso del proceso se practicaron, en especial el \u00abinforme contable n\u00fam. 11-243746 del 14 de junio de 2019, rendido por una T\u00e9cnico Investigadora del CTI\u00bb que no logr\u00f3 ser desvirtuado por la defensa del promotor. <\/p>\n
Queda claro as\u00ed que el anhelo del censor se reduce a exponer su inconformidad con el fallo atacado e imponer su opini\u00f3n sobre la forma en que considera que debi\u00f3 dirimirse el asunto, sin que ello por s\u00ed, deje al descubierto un desatino may\u00fasculo ni constitutivo de la lesi\u00f3n que endilga, situaci\u00f3n que desconoce que este mecanismo no tiene como finalidad contrastar las posiciones de la parte y el juzgador a fin de precisar cual de ellas ostenta mayor asidero, pues como bien lo ha dicho esta Sala: <\/p>\n
Adem\u00e1s, trat\u00e1ndose de valoraci\u00f3n probatoria goza el juez natural de amplia discrecionalidad para la libre estimaci\u00f3n de las probanzas recopiladas, situaci\u00f3n que limita la intromisi\u00f3n del fallador constitucional a aquellos casos en que se acredite una lesi\u00f3n ius fundamental, situaci\u00f3n no acaecida en el sub lite, porque el sentenciador expuso suficientemente la satisfacci\u00f3n de los requisitos para que prosperara el finiquito del dominio rese\u00f1ado. Recu\u00e9rdese, que el mero inconformismo hermen\u00e9utico no ostenta la virtud de comportar la v\u00eda de hecho invocada. En ese sentido ha sido pac\u00edfica la doctrina constitucional al sustentar que: <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, STC5418-2021, STC6009-2021 entre otras). <\/p>\n
En suma, todas las protestas del libelista se enfilan a imponer su opini\u00f3n sobre las del juez natural que defini\u00f3 el asunto, pero este mecanismo no fue dise\u00f1ado para extender la discusi\u00f3n zanjada, independientemente de que se compartan o no las cavilaciones fustigadas. No en vano se ha sostenido que: <\/p>\n
[A]l margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta o no, el an\u00e1lisis probatorio efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo. (STC3061-2019). <\/p>\n
Por lo anterior expuesto, la frustraci\u00f3n del amparo no se hace esperar pues resulta evidente que las decisiones cuestionadas no se hallan caprichosas, antojadizas o abiertamente contrarias al ordenamiento jur\u00eddico, sino todo lo contrario, ajustadas a la realidad procesal descrita. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC8431-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01945-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Steven Copelan David frente a la sentencia del 10 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55513","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55513","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55513"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55513\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55513"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55513"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}