STC8435-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8435-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00169-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Valentina Urrego Rodr\u00edguez frente a la sentencia de 18 de mayo de 2021 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos No. 2015-00491-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La libelista solicit\u00f3 la revocatoria del auto proferido por el Juzgado accionado, por medio del cual se dispuso el relevo de la secuestre inicialmente designada (11 noviembre 2020), para que, en su lugar, se emita una nueva decisi\u00f3n en la que se niegue la exclusi\u00f3n de Libia Lizbeth Barrera Blanco como auxiliar de la justicia. <\/p>\n
Como soporte de su pretensi\u00f3n adujo que act\u00faa como demandante en el proceso ejecutivo de alimentos en comento. En dicho tr\u00e1mite se decret\u00f3 el embargo y secuestro del bien inmueble denominado finca \u201cVilla Claudia\u201d, en el que se design\u00f3 como secuestre a Lizbeth Barrera Blanco. Los sucesores procesales del ejecutado promovieron incidente de exclusi\u00f3n de esta, en el cual se dispuso: i) su relevo y la designaci\u00f3n, en su lugar, de quien inicialmente ostentaba la calidad de albacea de la sucesi\u00f3n testamentaria del fallecido ejecutado; ii) fij\u00f3 la suma de $ 350.000 como canon de arrendamiento a pagar a cargo de la se\u00f1ora Rosa Miryam Rodr\u00edguez Posada por el hecho de mantener su residencia en el inmueble objeto de la medida; iii) orden\u00f3 a la misma se\u00f1ora abstenerse de ocupar el inmueble por personas distintas a su n\u00facleo familiar; iv) prohibi\u00f3 a los apoderados de las partes acercarse al inmueble cautelado, salvo cuando se trate de diligencias judiciales a las cuales deban comparecer (11 noviembre 2020). <\/p>\n
Frente a la anterior decisi\u00f3n la gestora interpuso recurso de reposici\u00f3n, pues a su juicio, no era procedente relevar a la secuestre y designar al albacea de la sucesi\u00f3n para que ejerciera dicha funci\u00f3n, m\u00e1xime que ese asunto ya hab\u00eda sido decidido en la diligencia de secuestro que realiz\u00f3 el Juzgado 3\u00ba Civil Municipal de Fusagasug\u00e1; sin embargo, el Juzgado accionado no corri\u00f3 traslado del recurso y tampoco lo decidi\u00f3 de fondo. <\/p>\n
2. El Juzgado de Familia del Circuito de Fusagasug\u00e1 remiti\u00f3 el expediente, sin aducir defensa alguna. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el resguardo tras considerar como razonable el proceder del estrado convocado. <\/p>\n
4. La accionante impugn\u00f3. Se\u00f1al\u00f3 que la autoridad judicial accionada desconoci\u00f3 el debido proceso al no correr traslado del recurso de reposici\u00f3n que promovi\u00f3, e incurri\u00f3 en incongruencia al decidir imponer un arriendo a su progenitora Rosa Miryam Rodr\u00edguez Posada, toda vez que el asunto debi\u00f3 limitarse a decidir sobre el incidente de exclusi\u00f3n de auxiliar de la justicia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Al confrontar los reproches puntuales de la promotora con lo sucedido en el expediente, se advierte que el desenlace opugnado debe respaldarse comoquiera que los raciocinios de la autoridad judicial accionada no lucen arbitrarios o caprichosos; adem\u00e1s, en lo referente a la queja central de la impugnaci\u00f3n ha de advertirse que la gestora carece de legitimidad en la causa para cuestionar la carga del pago de arrendamiento impuesta a Rosa Miryam Rodr\u00edguez Posada y para defender a la parte a quien deb\u00eda corr\u00e9rsele traslado del recurso de reposici\u00f3n formulado en la audiencia celebrada el 11 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Analizados en conjunto los escritos de tutela y el de alzada, se advierte que la promotora del amparo presenta tres reparos frente a la actuaci\u00f3n del Juzgado accionado, a saber: 1. Cuestiona el relevo de la secuestre Lizbeth Barrera Blanco y la designaci\u00f3n en su reemplazo del albacea de la herencia de la sucesi\u00f3n testamentaria del fallecido ejecutado. 2. Acusa a la autoridad judicial de no haber corrido traslado del recurso de reposici\u00f3n que promovi\u00f3 contra la decisi\u00f3n que removi\u00f3 a la auxiliar de la justicia y tampoco lo decidi\u00f3 de fondo. 3. Aduce que no debi\u00f3 fij\u00e1rsele a su se\u00f1ora madre el pago de canon de arrendamiento alguno. <\/p>\n
Revisada la audiencia en la que se decidi\u00f3 el incidente de exclusi\u00f3n referido, encuentra la Sala que el Juzgado fustigado s\u00ed expuso argumentos para relevar a la secuestre Lizbeth Barrera Blanco y para tal fin describi\u00f3 su comportamiento as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) el bien inmueble (\u2026) no ha sido objeto de administraci\u00f3n en debida forma a causa de los diversos conflictos que se han suscitado entre las partes; que la secuestre no ha sido imparcial en el ejercicio de sus funciones (\u2026), no se encuentra justa causa para que la secuestre brindara trato preferencial hacia la parte demandante, lo cual ha permitido la ocurrencia de hechos de violencia entre quienes habitan el inmueble y los herederos (\u2026), se encuentra en estado de abandono no puede ligarse dicha responsabilidad a uno u otro, m\u00e1xime cuando no se logr\u00f3 demostrar en el proceso que la secuestre hubiese percibido ingresos por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento y que con el producto de ello se hubiese podido invertir en el mantenimiento de la finca, reiter\u00e1ndose que no se ha podido ejercer una adecuada administraci\u00f3n del bien ni por parte del secuestre ni por parte del albacea testamentario, dados los may\u00fasculos conflictos suscitados entre ellos (\u2026). En consideraci\u00f3n a que la beneficiaria de la obligaci\u00f3n alimentaria es mayor de edad y recibe el 50% de la sustituci\u00f3n pensional del causante Luis Eduardo Urrego Mart\u00ednez (q.e.p.d.), debe atender los asuntos de la sucesi\u00f3n en igualdad de condiciones con los dem\u00e1s herederos, sin que al respecto deba intervenir su progenitora y menos a\u00fan que la misma pueda recibir un trato diferente a los dem\u00e1s herederos\u2026\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que con dicha decisi\u00f3n, la Juzgadora dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 50 del C\u00f3digo General del Proceso y pretendi\u00f3 superar las controversias surgidas ante la existencia de dos administradores del inmueble, el albacea de la herencia y la secuestre designada en el proceso de alimentos; adem\u00e1s, expuso razones atinentes al indebido ejercicio del cargo que realiz\u00f3 esta \u00faltima y destac\u00f3 la importancia de mantener el cuidado del bien en cabeza de una sola persona. Adem\u00e1s, no existe disposici\u00f3n legal que impida al albacea ejercer como secuestre sobre un bien en el que las partes de la sucesi\u00f3n y las del proceso ejecutivo de alimentos tienen inter\u00e9s com\u00fan. <\/p>\n
Ahora, tambi\u00e9n pudo evidenciarse que la autoridad judicial s\u00ed resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado por el apoderado de la accionante, quien adujo que el punto referente a la designaci\u00f3n de la secuestre ya hab\u00eda sido dilucidado en la oposici\u00f3n a la audiencia realizada por Fernando Garc\u00eda y para tal fin estableci\u00f3 que en el expediente no hab\u00eda registro de la oposici\u00f3n y, entre otros argumentos, precis\u00f3 que \u00ab(\u2026) no pueden quedar dos administradores porque esto llev\u00f3 a las situaciones conflictivas que se presentaron. Pero en este momento, por preservar el inmueble y para que se solucionen todos estos conflictos (\u2026) tom\u00e9 estas determinaciones. El despacho ya tom\u00f3 la decisi\u00f3n y vamos a mantenerla inmodificable\u00bb <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, adem\u00e1s, que el hecho que en la diligencia de secuestro no se hubiera designado al albacea de la herencia como secuestre, no es \u00f3bice para su posterior nombramiento, menos aun si fue probado que la auxiliar de la justicia mencionada no cumpli\u00f3 en debida forma su cargo. <\/p>\n
Debe precisarse que el hecho que la promotora no est\u00e9 de acuerdo con el citado razonamiento, no habilita la intromisi\u00f3n constitucional clamada, ya que como lo ha dicho esta Corte, las simples discrepancias frente a lo resuelto por las autoridades judiciales no tornan exitosa esta herramienta, dado que la acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
De otro lado, en lo que respecta a las dem\u00e1s quejas presentadas por la actora, se advierte que tal como lo adujo la solicitante el Juzgado accionado no corri\u00f3 traslado oportuno del recurso de reposici\u00f3n que aquella formul\u00f3 y pretendi\u00f3 subsanar el error con posterioridad a la toma de la decisi\u00f3n; no obstante, aunque tal actuar es reprochable, lo cierto es que no es la gestora la afectada con esa irregularidad sino su contraparte, toda vez que dicho traslado lo que busca es garantizar el derecho de defensa de esta, para lo cual se le otorga la oportunidad de exponer contrargumentos frente al medio de impugnaci\u00f3n presentado. Con todo, aunque en el sub judice dicha garant\u00eda se cumpli\u00f3 tard\u00edamente, esto es, con posterioridad a la decisi\u00f3n, lo cierto es que el afectado expuso argumentos tendientes a que se mantuviera inc\u00f3lume el relev\u00f3 de la secuestre, tal como sucedi\u00f3. <\/p>\n
En el mismo sentido, la gestora tampoco tiene facultad para representar a su progenitora, habida cuenta que no present\u00f3 poder para tal fin y por lo tanto no est\u00e1 habilitada para formular, por este medio, reparo alguno frente al canon de arrendamiento que se le orden\u00f3 pagar por el disfrute del inmueble en el que habita. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido la Corte al destacar, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb, que <\/p>\n
(\u2026) \u201cla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. (\u2026) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611-2018, STC10003-2020, STC129-2021 entre otras). <\/p>\n
Por lo discurrido, en el presente caso no logra advertirse la existencia de alg\u00fan yerro que amerite la injerencia supralegal, por tanto, no queda opci\u00f3n distinta que la de respaldar el desenlace rebatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, resuelve CONFIRMAR el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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