STC8438-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8438-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2021-00227-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 10 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en la salvaguarda promovida por Gerardo Herrera contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite donde se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular impulsada por el aqu\u00ed actor frente al representante legal del establecimiento comercial denominado \u00abExcequiales los jazmines\u00bb, bajo el radicado n\u00ba 2021-00137-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista solicit\u00f3 que se ordene al estrado convocado admitir la demanda en el proceso referido. En sustento indic\u00f3 que la c\u00e9lula judicial encartada exigi\u00f3 requisitos no contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, pese a que en el escrito de subsanaci\u00f3n indic\u00f3 que desconoc\u00eda \u00abel nombre del representante legal o propietario\u00bb de la parte pasiva; no obstante, \u00abrechaz\u00f3\u00bb su libelo, proceder que en su criterio vulnera sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal remiti\u00f3 el link del paginario materia de escrutinio, am\u00e9n de indicar que inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular y requiri\u00f3 al promotor para que aclarara la naturaleza jur\u00eddica de la entidad accionada, esto es, si era un establecimiento de comercio o una persona jur\u00eddica y le precis\u00f3 que en el primer evento deb\u00eda se\u00f1alar el nombre del propietario y dirigir la demanda en contra de \u00e9ste, puesto que el \u00abestablecimiento de comercio\u00bb no tiene capacidad para ser parte ni comparecer al proceso. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que en caso de no poder obtener la informaci\u00f3n revelara la raz\u00f3n y las gestiones efectuadas para conseguirla (6 may. 2021). <\/p>\n
No obstante, Gerardo Herrera present\u00f3 memorial de correcci\u00f3n donde manifest\u00f3 que el reclamo iba dirigido en contra del \u00abRepresentante Legal del Establecimiento de Comercio o a quien haga sus veces al momento de ser notificada la Acci\u00f3n Constitucional\u00bb, am\u00e9n de asegurar que ignora su nombre y la forma de su averiguaci\u00f3n, aunque solicit\u00f3 la admisi\u00f3n (12 may.). Por consiguiente, rechaz\u00f3 la demanda por incumplir las exigencias rese\u00f1adas (18 may.). <\/p>\n
3. El Tribunal de Pereira desestim\u00f3 el amparo porque no se obedeci\u00f3 el requisito de subsidiariedad, ya que \u00abante la inadmisi\u00f3n de la demanda, el actor pretendi\u00f3 corregirla sin obtener un resultado favorable, y en vez de recurrir su rechazo (Art. 36 Ley 472\/98), acudi\u00f3 a esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Inconforme, el tutelante impugn\u00f3, tras solicitar la aplicaci\u00f3n del precedente n\u00b0 2018-00551-01, proferido por esta Sala cuyo ponente fue el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde se determin\u00f3 con claridad los requisitos de admisi\u00f3n contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, am\u00e9n de establecer que \u00abcuando el pronunciamiento objeto de reproche, desconoce de manera PROTUBERANTE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O NORMAS DE ORDEN PUBLICO, no resulta conveniente anteponer, reposici[\u00f3]n, tales exigencias, pues no constituye un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Sin mayores disquisiciones desde ahora anuncia esta Corte que respaldar\u00e1 la providencia impugnada, puesto que la prueba documental arrimada al infolio permite colegir que Gerardo Herrera no refut\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n el interlocutorio que hoy estima transgresor de sus garant\u00edas, esto es, aqu\u00e9l que rechaz\u00f3 la demanda de la acci\u00f3n popular (18 may. 2021), pese a la autorizaci\u00f3n expresa que en este sentido establece el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, ya que todos los autos proferidos en acciones populares son susceptibles de ser cuestionados por esa v\u00eda en armon\u00eda con el canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso, herramienta eficaz e id\u00f3nea para controvertir las decisiones del juez y que el precursor dej\u00f3 de utilizar. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que <\/p>\n
(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb. (CSJ STC20657-2017, reiterada en CSJ STC12784-2019, CSJ STC283-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el recurrente no puede servirse v\u00e1lidamente de esta v\u00eda residual para solventar su incuria, apat\u00eda, desatenci\u00f3n o desconocimiento de la ley, ya que sin lugar a duda era la acci\u00f3n popular el escenario donde deb\u00eda hacer valer los derechos cuyo desmedro hoy esgrime o discutir la irregularidad denunciada. <\/p>\n
En este orden de ideas, luce innecesario examinar el fondo de la cuesti\u00f3n sometida a escrutinio porque claramente la inobservancia del requisito general de procedibilidad aludido \u2013 subsidiariedad \u2013 frena cualquier intento de inmiscuirse en el asunto reprochado, toda vez que este mecanismo es \u00abeminentemente excepcional, secundario y residual, no tiene la virtualidad de reemplazar los recursos ordinarios, extraordinarios o dem\u00e1s procedimientos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para que quien se sienta agraviado por los efectos de un pronunciamiento pueda exponer las razones de su inconformidad\u00bb (CSJ STC3761-2018, reiterado en CSJ STC8962-2019, CSJ STC12049-2020, CSJ STC560-2021). <\/p>\n
Y en segundo lugar, porque los supuestos f\u00e1cticos de aquel distan en su totalidad con los expuestos en este auxilio, debido a que en ese fallo de tutela se flexibiliz\u00f3 el presupuesto de subsidiariedad al exigirse como requisito de admisibilidad de la demanda popular el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad accionada que se encontraba inscrita en la C\u00e1mara de Comercio, requerimiento no contemplado en la Ley 472 de 1998; situaci\u00f3n dis\u00edmil del debate suscitado en esta oportunidad, por cuanto el reparo efectuado por el estrado convocado est\u00e1 amparado en esa normativa, ya que a la hora de pronunciarse sobre la admisi\u00f3n del libelo introductorio, incumbe a la agencia cognoscente adelantar todas la gesti\u00f3n necesaria para identificar qui\u00e9nes integran el extremo pasivo, cuesti\u00f3n que no debe quedar relegada al azar. <\/p>\n
Sumado a esto, como en diferentes oportunidades se ha sostenido, cada caso tiene unas particularidades que lo diferencian de los dem\u00e1s y no deben resolverse de manera uniforme o por v\u00eda general, a\u00fan m\u00e1s cuando las sentencias proferidas en sede constitucional generan efecto inter partes, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996 que prev\u00e9 c\u00f3mo \u00ab[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb. <\/p>\n
Acorde con el argumento anterior, ser\u00e1 avalado el prove\u00eddo de primer grado por cuanto el agraviado no agot\u00f3 el mecanismo ordinario de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para cuestionar la decisi\u00f3n que ahora debate por medio de esta v\u00eda excepcional, senda que no dispensa una interpretaci\u00f3n m\u00e1s genuina y tampoco opera como un control de legalidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Exp. 66001-22-13-000-2018-00891-01 M.P. Luis Armando Tolosa Villabona <\/p>\n
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