STC8439-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8439-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00253-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Coopsalud EPS y a la cual se adhiri\u00f3 la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES frente a la sentencia de 31 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela que Rueda G. M\u00e9dicos Asesores S.A.S. instaur\u00f3 contra los Juzgados Dieciocho Civil Municipal y Once Civil del Circuito, todos de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado No. 2019-00839-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La empresa libelista solicit\u00f3 se ordene a las convocadas dejar sin valor y efecto los autos que resolvieron sobre las medidas previas, para que, en su lugar, se emita una nueva orden \u00abdonde se decreten las medidas cautelares solicitadas y se expidan los correspondientes oficios en el menor t\u00e9rmino posible, sin que se incluya la prohibici\u00f3n de embargar dineros del sistema de seguridad social en salud o provenientes del mismo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adujo que promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra de la Entidad Promotora de Salud Coopsalud S.A, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado 18 Civil Municipal de Bucaramanga, bajo el radicado 2019-839. La referida autoridad libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de la entidad demandada y decret\u00f3 las medidas cautelares solicitadas (15 julio 2020); sin embargo, el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 sobre las cautelas, fue corregido en auto en el que orden\u00f3 el embargo de las cuentas de ahorros, corrientes y dem\u00e1s productos financieros de la ejecutada, advirti\u00e9ndose que la orden no inclu\u00eda el dinero correspondiente al Sistema de Seguridad Social (23 octubre 2020). <\/p>\n
Inconforme con dicho prove\u00eddo, la entidad solicitante present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n, en el que se\u00f1al\u00f3 que, por tratarse del cobro de un dinero por prestaci\u00f3n de servicios de salud, las medidas cautelares s\u00ed eran procedentes, independientemente de que se afectara una cuenta del sistema de seguridad social. El Juzgado Municipal mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n y el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga la confirm\u00f3 (22 abril de 2021). <\/p>\n
A juicio de la gestora, las autoridades fustigadas desconocieron \u00abla jurisprudencia que alimenta la literatura jur\u00eddica y que aqu\u00ed se ha citado, donde si bien es cierto estos dineros o cuentas que ostentan dineros del sistema de seguridad social en salud, son inembargables, SALVO QUE SE TRATE DE ACREENCIAS POR PRESTACI\u00d3N DE SERVICIOS DE SALUD, EN L\u00d3GICA Y ES AQU\u00cd DONDE APLICA LA HERMENEUTICA JURIDICA, PORQUE ESTOS DINEROS SE ENTREGAN A UNA EPS PARA QUE PAGUE SERVICIOS DE SALUD Y SI NO LOS PAGA AFECTA EL SERVICIO Y SU CONTINUIDAD, RAZON POR LA CUAL ES VIABLE ESTE EMBARGO Y SE RESQUEBRAJA TAL PROHIBICI\u00d3N\u00bb. Luego, como el cr\u00e9dito reclamado tiene su g\u00e9nesis en el cobro de facturaci\u00f3n por prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos oftalmol\u00f3gicos y requiere del dinero para evitar una afectaci\u00f3n a la prestaci\u00f3n del servicio de salud de los usuarios, estima que la prohibici\u00f3n se\u00f1alada no era procedente. <\/p>\n
El Juzgado 11 Civil del Circuito de Bucaramanga adujo que no es pacifica la postura en punto a la inembargabilidad de los recursos del sistema de la Seguridad Social; sin embargo, para tomar la decisi\u00f3n cuestionada acogi\u00f3 el planteamiento que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga ha aceptado, raz\u00f3n por la cual su disposici\u00f3n est\u00e1 debidamente fundada. <\/p>\n
La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud \u2013ADRES- manifest\u00f3 que el hecho que la accionante no comparta el criterio de los juzgados accionados no es suficiente para la prosperidad de sus pretensiones, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que en las providencias atacadas se consignaron las razones por los cuales era improcedente decretar la medida de embargo sobre recursos de salud, pues de otra forma se atentar\u00eda con la prestaci\u00f3n directa de los servicios que requieren todos los afiliados. <\/p>\n
3.- El a quo concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 \u00abdejar sin valor y efecto las providencias proferidas el 23 de octubre y 09 de noviembre de 2020, por el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bucaramanga, as\u00ed como las que de ellas se desprendan para, en su lugar, ordenar al Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bucaramanga que adopte una nueva decisi\u00f3n en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes y las decisiones proferidas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional respecto a la excepci\u00f3n a la inembargabilidad cuando el t\u00edtulo objeto de recaudo tenga como g\u00e9nesis la prestaci\u00f3n de servicios de salud\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento el Tribunal adujo que, aunque existe controversia sobre el tema, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han unificado las posturas y han definido que \u00abes aplicable la excepci\u00f3n a la inembargabilidad cuando el t\u00edtulo objeto de recaudo tenga como g\u00e9nesis la prestaci\u00f3n de servicios de salud, por ser \u00e9sta la actividad para la que est\u00e1n destinados los recursos del Sistema General de Participaciones\u00bb. <\/p>\n
4.- Inconforme Coopsalud EPS impugn\u00f3. En sustento adujo que las autoridades fustigadas actuaron conforme a derecho, toda vez que procedieron a decretar el embargo de aquellos dineros que no hagan parte del sistema general de participaci\u00f3n, regal\u00edas y recursos de la seguridad social, lo cual se ajusta a lo previsto en los art\u00edculo 564 del C\u00f3digo General del Proceso y 25 de la ley 1751 de 2015. Indic\u00f3 que la \u00abContralor\u00eda General de la Republica, a trav\u00e9s de la Circular 001 del 21 de enero de 2020 exhort\u00f3 a las entidades bancarias en general a abstenerse de tramitar embargos de cuentas que contengan recursos del SGSSS y por su parte la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n hizo lo propio, exhortando a los Jueces de Colombia a abstenerse de ordenar o decretar embargos sobre los recursos del sistema de salud, conforme lo hicieron acertadamente los accionados\u00bb. <\/p>\n
La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud \u2013ADRES- se adhiri\u00f3 a la impugnaci\u00f3n rese\u00f1ada y para tal efecto acot\u00f3 que \u00abcontrario a lo se\u00f1alado por el Tribunal, la jurisprudencia Constitucional estableci\u00f3 en el numeral cuarto (iv) que las tres (3) primeras excepciones son aplicables siempre y cuando las obligaciones reclamadas provienen de una fuente cuya actividad sea la prestaci\u00f3n de los servicios, es decir, que para la procedencia de la medida cautelar, como m\u00ednimo la actora RUEDA G M\u00c9DICOS Y ASESORES debi\u00f3 acreditar alguna de las excepciones referidas y que la obligaci\u00f3n reclamada en el proceso ordinario tenga como origen la prestaci\u00f3n de los servicios de salud\u00bb, carga con la que no cumpli\u00f3 la all\u00e1 demandante, toda vez que no logr\u00f3 acreditar ninguna de las mencionadas excepciones para la procedencia de la medida previa. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal desbord\u00f3 su competencia y actu\u00f3 como juez de instancia <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Delanteramente advierte la Sala que la sentencia de primera instancia ser\u00e1 ratificada, toda vez que lo all\u00ed decidido se ajusta a la interpretaci\u00f3n que la Corte Constitucional y esta Corporaci\u00f3n han establecido en punto a la excepci\u00f3n de inembargabilidad de los recursos del Sistema de la Seguridad Social. <\/p>\n
En el presente asunto, Coopsalud EPS defendi\u00f3 las determinaciones emitidas por las autoridades judiciales accionadas, habida cuenta que, a su juicio, los dineros que conforman el sistema general de participaci\u00f3n, regal\u00edas y recursos de la seguridad social, en ning\u00fan caso son embargables, raz\u00f3n por la cual pretende la revocatoria de la decisi\u00f3n del a quo, para que en su lugar se niegue el amparo reclamado. <\/p>\n
No se desconoce que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que la inembargabilidad de los bienes p\u00fablicos es una garant\u00eda necesaria para salvaguardar el presupuesto del Estado, toda vez que tiene como finalidad asegurar la \u00abadecuada provisi\u00f3n, administraci\u00f3n y manejo de los fondos necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado\u00bb (C-539 2010); lo anterior en raz\u00f3n a que si se avalara el embargo de todos los activos p\u00fablicos, \u00ab(i) el Estado se expondr\u00eda a una par\u00e1lisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocer\u00eda el principio de la prevalencia del inter\u00e9s general frente al particular, el art\u00edculo 1 y el pre\u00e1mbulo de la Carta Superior\u00bb (C-543 de 2013). <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, pasaron por alto las impugnantes, que el Alto Tribunal constitucional tambi\u00e9n acogi\u00f3 la posibilidad de perseguir bienes inembargables con el prop\u00f3sito de lograr: \u00ab(i) [La] satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (\u2026), (ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos (\u2026), (iii) [La extinci\u00f3n de] t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible (\u2026), [y] (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico))\u201d (Ib\u00eddem) Subrayas de la Sala. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sobre las excepciones descritas, la Sala al estudiar un caso similar al que aqu\u00ed se analiza, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab4.3. Si bien las excepciones rese\u00f1adas contin\u00faan establecidas s\u00f3lo en la jurisprudencia, se observa que la Codificaci\u00f3n Procesal Civil las tuvo en cuenta, hecho por el cual las incluy\u00f3 en el citado par\u00e1grafo del canon 5941, precepto sobre el cual la Corte Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abNo se desprende que exista una autorizaci\u00f3n para incumplir \u00f3rdenes de embargo ni tampoco que arbitrariamente se autorice a que la entidad encargada de ejecutar la medida de embargo pueda congelar los recursos. Al contrario, en esta norma se consagra expresamente la posibilidad de aplicar las excepciones al principio general de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos, s\u00f3lo que ante la ausencia de fundamento legal, la entidad receptora de la medida entender\u00e1 que se revoca la misma si la autoridad que la decreta no explica el sustento del embargo sobre recursos inembargables. Pero si insiste, decretar\u00e1 el embargo y, si bien, procede el congelamiento de recursos, \u00e9stos son depositados en una cuenta especial con el reconocimiento de los respectivos intereses, y ser\u00e1n puestos a disposici\u00f3n del Juzgado una vez cobre ejecutoria la sentencia o si la providencia que pone fin al proceso as\u00ed lo ordena (\u2026)\u00bb2 (subraya fuera de texto). <\/p>\n
4.4. Ahora, para lo que aqu\u00ed concierne, resulta necesario memorar que el art\u00edculo 25 de la Ley 1751 de 2015, dispuso expresamente la inembargabilidad de todos \u00ablos recursos p\u00fablicos que financian la salud\u00bb, sobre eso no hay duda; sin embargo, tal como arriba se esgrimi\u00f3, la inembargabilidad no es absoluta y permite excepciones. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-313 de 2014, al efectuar el control previo sobre el proyecto de la anotada Ley Estatutaria en Salud, sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u00abAhora bien, en lo concerniente a la inembargabilidad de los recursos de la salud y a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica de los mismos, es de advertir que, tal como lo ha sostenido la Corte en varias de sus providencias, \u2018la inembargabilidad busca ante todo proteger los dineros del Estado -en este caso los de las entidades descentralizadas del orden departamental- para asegurar en esa forma que se apliquen a los fines de beneficio general que les corresponden, haciendo realidad el postulado de prevalencia del inter\u00e9s com\u00fan plasmado en el art\u00edculo 1\u00ba de la Carta\u2019. Para la Sala, la prescripci\u00f3n que blinda frente al embargo a los recursos de la salud, no tiene reparos, pues, entiende la Corte que ella se aviene con el destino social de dichos caudales y contribuye a realizar las metas de protecci\u00f3n del derecho fundamental. Con todo, encuentra la Corporaci\u00f3n que la regla que estipula la inembargabilidad, eventualmente puede chocar con otros mandatos, por ello, tienen lugar las excepciones al momento de definirse en concreto la procedencia o improcedencia de la medida cautelar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u00abSin embargo, en la misma decisi\u00f3n se reconoce que la inembargabilidad no opera como una regla, sino como un principio y por ende no debe tener car\u00e1cter absoluto. Observ\u00f3 la Sala: \u2018(\u2026) no pueden perderse de vista otros valores, principios y derechos constitucionales como la dignidad humana, el principio de seguridad jur\u00eddica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y el derecho al trabajo, entre otros. Es por ello que (la norma cuestionada) acepta la imposici\u00f3n de medidas cautelares, para lo cual advierte que las mismas se har\u00e1n efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de las entidades territoriales (\u2026). [P]odr\u00e1n imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la respectiva entidad territorial, y, si esos recursos no son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, deber\u00e1 acudirse a los recursos de destinaci\u00f3n espec\u00edfica (\u2026)\u00bb. (Resalta la Sala). STC3842-2021. <\/p>\n
En suma, la inembargabilidad alegada por las impugnantes no es absoluta y, por el contrario, de conformidad con lo previsto por la Corte Constitucional, una de las excepciones permite el embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tengan origen en alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos, es decir, educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico. Luego, como el proceso ejecutivo No. 2019-00839-00 fue instaurado por la accionante con el prop\u00f3sito de obtener el pago de setenta y siete millones trescientos sesenta y cinco mil ciento treinta y cinco pesos m\/cte ($77.365.135,00), que corresponden a 665 facturas, que en su mayor\u00eda, fueron emitidas por concepto de servicios m\u00e9dicos oftalmol\u00f3gicos prestados a favor de los usuarios de Coopsalud EPS, puede afirmarse que s\u00ed hab\u00eda lugar a aplicar las reglas descritas de excepci\u00f3n a la inembargabilidad, pues la g\u00e9nesis de los t\u00edtulos se encuentra en la prestaci\u00f3n de servicios de salud. <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LE NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201cPar\u00e1grafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendr\u00e1n de decretar \u00f3rdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su car\u00e1cter de inembargable, deber\u00e1n invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. (\u2026) Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepci\u00f3n, el destinatario de la orden de embargo, se podr\u00e1 abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deber\u00e1 informar al d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la autoridad que decret\u00f3 la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decret\u00f3 la medida deber\u00e1 pronunciarse dentro de los tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, acerca de si procede alguna excepci\u00f3n legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) d\u00edas h\u00e1biles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entender\u00e1 revocada la medida cautelar. (\u2026) En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplir\u00e1 la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el d\u00e9bito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que as\u00ed lo ordene\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 2013 <\/p>\n
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