STC8442-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8442-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08000-2021-00069-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 dejar \u00absin valor y efecto la providencia del 27 de mayo de 2021 por medio de la cual se profiri\u00f3 sentencia anticipada parcial declarando no probada excepci\u00f3n de cosa juzgada\u00bb para que, en su lugar, se profiera de nuevo y en ella se reconozca la excepci\u00f3n se\u00f1alada. De forma subsidiaria solicit\u00f3 la nulidad de dicho veredicto \u00aben los t\u00e9rminos del art\u00edculo 121\u00bb del C\u00f3digo General del Proceso. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 exhortar a los accionados a evitar \u00abla mora judicial injustificada y a realizar \u00abjornadas de actualizaciones judiciales para funcionarios y empleados de la rama judicial\u00bb. Finalmente aspir\u00f3 a la \u00abvigilancia judicial administrativa del proceso declarativo verbal de simulaci\u00f3n radicado bajo el n\u00famero 850014105001-2018-01739-00, que se tramita\u00bb ante el juzgado querellado. <\/p>\n
En compendio, adujo que fue demandada ante las dependencias del accionado en el proceso de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 475-5519 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Paz de Ariporo, pleito al que fue asignado el radicado n\u00b0 2015-01102-00 y en el que se dict\u00f3 sentencia favorable a sus intereses (03 sep. 2018) por hallarse probada la excepci\u00f3n de \u00abpago total de la obligaci\u00f3n del precio de venta del inmueble objeto de controversia\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que tres meses despu\u00e9s del referido fallo, su contraparte impetr\u00f3 declarativo de simulaci\u00f3n sobre el contrato ventilado en el juicio precedente, controversia que correspondi\u00f3 al mismo despacho judicial bajo el radicado n\u00b0 2018-01739-00. All\u00ed, en virtud del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, solicit\u00f3 dictar sentencia anticipada porque, a su juicio, se configuraba cosa juzgada, petici\u00f3n que luego de distintos actos procesales fue desatada el 27 de mayo hoga\u00f1o de manera desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
Considera que dicha providencia lesiona sus prerrogativas porque el juzgado \u00abomiti\u00f3 estudiar con claridad todos los elementos de la cosa juzgada\u00bb adem\u00e1s de desconocer su propia sentencia dictada en el juicio anterior que declar\u00f3 \u00abprobada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito pago total de la obligaci\u00f3n del precio de venta del inmueble objeto de controversia\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, se doli\u00f3 de que en su causa no se haya decretado la perdida de competencia derivada del art\u00edculo 121 de la legislaci\u00f3n adjetiva y de la falta de \u00abeficacia\u00bb de la vigilancia judicial administrativa que sobre dicho procedimiento ejerce el \u00abConsejo Superior de la Judicatura seccional Boyac\u00e1 y Casanare\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional dijo que la petici\u00f3n de vigilancia fue radicada apenas el 20 de abril de esta anualidad. Se\u00f1al\u00f3 que el informe de la autoridad judicial se rindi\u00f3 el 28 de mayo pasado y que la petici\u00f3n \u00abse encuentra en tr\u00e1mite, dentro de unos plazos razonables\u00bb en ocasi\u00f3n a los tiempos de respuesta del juzgado accionado y de \u00ablas restricciones de acceso a las sedes y el trabajo virtual\u00bb. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo tras considerar que la providencia cuestionada no comportaba una \u00abirregularidad procesal que legitime la intervenci\u00f3n extraordinaria del juez constitucional\u00bb. Expuso que la conclusi\u00f3n adoptada resultaba l\u00f3gica pues \u00ablos hechos como las pretensiones que sustentan los juicios descritos son dis\u00edmiles; mientras en el proceso No. 2015-01102, se narr\u00f3 que el pago por concepto del negocio jur\u00eddico plasmado en la E.P. No. 0084, no se cumpli\u00f3, en el proceso 2018-01739, se indic\u00f3 que el acto jur\u00eddico no hab\u00eda sido realmente convenido\u00bb. <\/p>\n
4. Con su impugnaci\u00f3n, la actora critic\u00f3 que no se hubiera hecho un estudio de sus derechos alegados y que la sentencia no guardara conformidad con lo expresado en su libelo tutelar. Censur\u00f3 adem\u00e1s que se desconociera \u00abla instituci\u00f3n jur\u00eddica de la cosa juzgada y la p\u00e9rdida de competencia autom\u00e1tica y nulidad establecida en el art\u00edculo 121 del CGP\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita la Corte a las quejas y pretensiones expuestas, pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo del Tribunal en lo que respecta a la providencia censurada porque no se vislumbra caprichosa o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico. Tampoco prosperar\u00e1 la queja relativa a la vigilancia judicial por lo presuroso del resguardo; sin embargo, se conceder\u00e1 el amparo en lo que compete a la mora judicial en que ha incurrido el juzgado convocado para resolver lo referente a las intervenciones de nulidad y perdida de competencia derivadas del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En efecto, se observa que las quejas constitucionales de Ana Mar\u00eda Trujillo Mar\u00edn se circunscriben a i). que el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal no haya accedido a su aspiraci\u00f3n de declarar la excepci\u00f3n de \u00abcosa juzgada\u00bb en la sentencia anticipada del 27 de mayo hoga\u00f1o a pesar de que, a su juicio, tal fen\u00f3meno se encuentra configurado; ii). que no se haya tramitado de manera \u00abefectiva\u00bb su anhelo de vigilancia judicial por parte del Consejo Seccional convocado; y iii). que el despacho accionado no haya decretado la nulidad derivada del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. As\u00ed, frente a la primera censura, queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n de la accionante se halla cimentada sobre la base de discutir la hermen\u00e9utica f\u00e1ctica, probatoria y normativa desplegada por el juzgador natural de su causa a pesar de que dicho raciocinio no se vislumbra antojadizo, fortuito o arbitrario como se pasa a exponer. <\/p>\n
F\u00edjese que la providencia acusada, luego de exponer la naturaleza, fundamentos y presupuestos basilares de la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, soportada en el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso y en algunas citas jurisprudenciales, procedi\u00f3 a verificar la concurrencia de tales postulados para el caso concreto. En ese orden y refiri\u00e9ndose a la identidad de objeto que se requiere para la configuraci\u00f3n del mencionado fen\u00f3meno, indic\u00f3 que: <\/p>\n
Conforme se advierte en el proceso tra\u00eddo como prueba trasladada con radicado 2015-1102, el cual, valga agregar, fue finiquitado mediante [la emisi\u00f3n] de la respectiva sentencia de fondo el d\u00eda 3 de septiembre de 2018, all\u00ed el hoy demandante pretendi\u00f3 declarar resuelto el contrato de compraventa celebrado entre las partes y contenido en la escritura p\u00fablica No. 0084 del 28 de enero de 2013 por supuesto incumplimiento al pacto obligacional adjudicado a la hoy demandada, mientras que en el nuevo proceso la pretensi\u00f3n consiste en declarar la simulaci\u00f3n absoluta del mentado contrato o, figuras jur\u00eddicas desde luego dis\u00edmiles, pues mientras la primera se edific\u00f3 en una afrenta al pacto obligacional, la segunda hace relaci\u00f3n con restar efectos del negocio a partir de endilgar una simulaci\u00f3n por parte de quienes lo celebraron (Resaltado propio) <\/p>\n
Seguidamente, tras develar la diferencia existente entre la naturaleza jur\u00eddica de las acciones incoadas y las pretensiones concretas que se plantearon en los dos juicios (resoluci\u00f3n \u2013 simulaci\u00f3n), as\u00ed como la disparidad de las causas de dichas aspiraciones (incumplimiento obligacional \u2013 inexistencia del negocio jur\u00eddico), se expuso la consecuencia propia acusada en este auxilio: <\/p>\n
Lo anterior entonces permite colegir que contrario a lo pregonado por la demandada, no existe identidad de objeto entre ambos procesos, luego al no acreditarse tal condici\u00f3n y siendo que como se expusiera, deben concurrir al un\u00edsono los tres elementos para predicar la cosa juzgada, por sustracci\u00f3n de materia este juzgado no analizar\u00e1 la existencia de los dos restantes. <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que la decisi\u00f3n fustigada se encuentra soportada en la interpretaci\u00f3n razonable que el encartado desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n de cara a las pruebas que le adosaron y sobre la cual efectu\u00f3 su ejercicio de subsunci\u00f3n normativa, lo que lo llev\u00f3 a concluir que, para el caso concreto, no se hallaban presentes los pilares axiol\u00f3gicos de la instituci\u00f3n procesal reclamada; sin embargo, se destaca que tal resolutiva, de ninguna manera traduce una decisi\u00f3n definitiva en contra de los intereses de la gestora y en favor de las pretensiones de la demanda, pues como bien lo sent\u00f3 la misma providencia criticada, el tr\u00e1mite deber\u00e1 continuar con su fase de instrucci\u00f3n y juzgamiento en aras de determinar, concluidas las etapas normales del juicio, a cu\u00e1l de las partes le asiste la raz\u00f3n. <\/p>\n
Baste lo anterior, para entrever que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la valoraci\u00f3n de las evidencias recaudadas y la interpretaci\u00f3n judicial efectuada, pues contrario a lo arg\u00fcido por la libelista, el juzgador no encontr\u00f3 acreditados los presupuestos legales para la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada invocada. <\/p>\n
Queda claro pues, que el anhelo del censor se reduce a exponer su inconformidad con la sentencia anticipada atacada e imponer su opini\u00f3n sobre la forma en que considera se debi\u00f3 dirimir el asunto, sin que ello, por s\u00ed, deje al descubierto un desatino may\u00fasculo ni constitutivo de la lesi\u00f3n que endilga, situaci\u00f3n que desconoce c\u00f3mo este mecanismo no tiene como finalidad contrastar las posiciones de la parte y el juzgador a fin de precisar cual de ellas ostenta mayor asidero, pues como bien lo ha dicho esta Sala <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
En suma, las protestas del libelista se enfilan a imponer su opini\u00f3n sobre las del juez natural que profiri\u00f3 la sentencia anticipada parcial, pero este mecanismo no fue dise\u00f1ado para extender la discusi\u00f3n zanjada, independientemente de que se compartan o no las cavilaciones fustigadas. No en vano se ha sostenido que: <\/p>\n
[A]l margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta o no, el an\u00e1lisis probatorio efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo. (STC3061-2019). <\/p>\n
Por lo anterior expuesto, la frustraci\u00f3n del reproche particular no se hace esperar. <\/p>\n
4. En lo que respecta a la queja endilgada al Consejo seccional encartado, en breve se vislumbra el tropiezo del auxilio, pues como bien coincide la tutela con el informe del accionado, la solicitud de vigilancia judicial fue radicada apenas el 20 de abril de 2021 y el 22 siguiente fue avocado su conocimiento. En esta \u00faltima fecha se solicit\u00f3 \u00abal doctor Harold Harvey Veloza Estupi\u00f1\u00e1n, Juez 1\u00b0Civil Municipal de Yopal, que informara sobre el tr\u00e1mite dado al proceso declarativo de simulaci\u00f3n\u00bb, actuaci\u00f3n que tuvo lugar el 28 de mayo pasado. De lo anterior luce evidente que tal y como lo expuso el Consejo convocado, el asunto surte los tr\u00e1mites correspondientes sin que exista prueba de una prolongaci\u00f3n injustificada del tr\u00e1mite. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta ostensible el actuar precipitado de la actora qui\u00e9n acudi\u00f3 a esta salvaguarda sin esperar las resultas propias del rito que se adelanta por petici\u00f3n suya ante el Consejo convocado, a quien naturalmente corresponde evacuar el tr\u00e1mite y cuya decisi\u00f3n puede, incluso, serle favorable. En esa l\u00ednea, sobre el car\u00e1cter excepcional de este instrumento, la jurisprudencia constitucional tiene ampliamente decantada la impertinencia del auxilio supra legal cuando est\u00e1n en marcha otros mecanismos de defensa dise\u00f1ados por la Ley, al respecto, esta Corte ha se\u00f1alado mutatis mutandis, que: <\/p>\n
(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa. (STC14280-2018, reiterada STC12017-2020), (Subrayas propias). <\/p>\n
Finalmente, no se infiere del expediente la existencia de perjuicio insalvable que habilite la intervenci\u00f3n constitucional, siquiera de forma transitoria, como quiera que \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (STC11816-2018, reiterada STC12017-2020). <\/p>\n
5. Finalmente, en lo tocante a la cr\u00edtica por no haberse declarado la nulidad derivada del art\u00edculo 121 del estatuto adjetivo, se observa que para el 14 de noviembre de 2019 la gestora hizo su primer pronunciamiento en torno a la p\u00e9rdida de competencia; sin embargo, para esa \u00e9poca a\u00fan no fenec\u00eda el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del proceso dispuesto por el legislador. <\/p>\n
En efecto, de las mismas declaraciones condensadas en el libelo inicial de este amparo, se percibe que la demanda de simulaci\u00f3n fue radicada el 07 de diciembre de 2018 y que la misma fue admitida el 07 de febrero del a\u00f1o siguiente, es decir, dentro de los 30 d\u00edas siguientes a su presentaci\u00f3n seg\u00fan lo impone el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso en sinton\u00eda con el canon 118 de esa normativa, que precept\u00faa que \u00ab[e]n los t\u00e9rminos de d\u00edas no se tomar\u00e1n en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en virtud del art\u00edculo 121 ibidem, el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la respectiva instancia, para el caso concreto, debe contabilizarse \u00aba partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda\u00bb, actuaci\u00f3n que, seg\u00fan el dicho de la impulsora, tuvo lugar el 06 de mayo de 2019 (hecho 5 de la demanda de tutela). En ese orden, para la fecha en que se hizo la petici\u00f3n (14 nov. 2019), no hab\u00eda lugar al efecto implorado, de lo que se deriva la inexistencia de vulneraci\u00f3n al respecto. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, el expediente da cuenta de que en el mes de abril hoga\u00f1o (anexos de tutela, folio 63) se puso de presente al despacho censurado, los efectos propios del art\u00edculo 121 de la legislaci\u00f3n procesal civil, sin que obre prueba en el paginario de que dicha intervenci\u00f3n haya sido objeto de pronunciamiento judicial en los t\u00e9rminos que el legislador dispuso para ello (art. 120 ibidem). <\/p>\n
Lo anterior, aunado a la falta de respuesta del encartado, permite concluir que la tardanza en la respuesta a tal situaci\u00f3n que le fue elevada, le es imputable, motivo suficiente para que prospere el amparo, \u00fanicamente, en lo que respecta a tal evento, para que sea la autoridad judicial que conoce su asunto la encargada de resolver sobre la procedencia o improcedencia de la nulidad expuesta conforme a derecho corresponda. <\/p>\n
6. En definitiva, tras hallarse razonable la decisi\u00f3n criticada en lo que espec\u00edficamente reproch\u00f3 la censora y por acreditarse que su tr\u00e1mite de vigilancia judicial se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n, el amparo frente a esas censuras est\u00e1 llamado al fracaso. Sin embargo, por encontrarse en el expediente que la actora puso de presente en abril de esta anualidad una eventual nulidad que no ha sido despachada judicialmente, resulta procedente el amparo ante la falta de exposici\u00f3n, por parte del accionado, de raz\u00f3n justificativa de su tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley MODIFICA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, que quedar\u00e1 as\u00ed : <\/p>\n
\u00abRESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. TUTELAR los derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso sin dilaciones injustificadas de Ana Mar\u00eda Trujillo Mar\u00edn. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal que, dentro de las 48 horas posteriores a la notificaci\u00f3n de esta providencia, si no lo ha hecho, resuelva lo que en derecho corresponda sobre la nulidad y eventual p\u00e9rdida de competencia invocada por la accionante en virtud del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
TERCERO. NEGAR el amparo en todo lo que no tenga que ver con el numeral anterior. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase\u00bb <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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