STC8449-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8449-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00438-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de marzo de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Ruiz Casta\u00f1eda contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Popay\u00e1n y el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la causa penal rad. 76001-31-04-001-2000-00068-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El convocante, \u00c1lvaro Ruiz Casta\u00f1eda, junto con Jimmy Fernando Coy y Giovanni Guerrero Fajardo, fueron condenados a 360 meses de prisi\u00f3n, el 3 de mayo de 2002, tras ser hallados coautores responsables de los delitos de homicidio agravado, homicidio tentado y porte ilegal de armas, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali. <\/p>\n
Sus condenas se impusieron sin derecho al subrogado de ejecuci\u00f3n condicional ni prisi\u00f3n domiciliaria1. <\/p>\n
2.2. Dicha decisi\u00f3n, fue apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien resolvi\u00f3 en prove\u00eddo del 2 de agosto de 2002, confirmar la decisi\u00f3n2. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, el promotor solicit\u00f3 la sustituci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n ante el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n3, el 13 de agosto de 20204. Por auto del 27 de octubre de 2020, el Despacho neg\u00f3 lo pedido5. <\/p>\n
2.4. No conforme con esta decisi\u00f3n, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, del que conoci\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Popay\u00e1n, quien ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n el 5 de febrero de 20216. <\/p>\n
2.5. Por tal motivo, impetr\u00f3 el presente amparo constitucional, al considerar que los estrados enjuiciados pasaron por alto que, las conductas endilgadas no corresponden a las excepciones contempladas en el art\u00edculo 314 del C.P.P.; as\u00ed como tampoco, el cumplimiento de los requisitos para acceder al subrogado pedido, ya que, tiene m\u00e1s de 65 a\u00f1os y ha presentado buen comportamiento durante el tiempo en que ha estado privado de la libertad. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abdejar sin efectos los autos 757 del 27 de octubre de 2020 y acta 002 del 05 de febrero de 2021; disponiendo el otorgamiento del sustituto de prisi\u00f3n al tenor de lo consagrado en el art\u00edculo 314 #2 del C.P.P.\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n se\u00f1al\u00f3 que, \u00absi bien, el delito por el cual fue condenado el accionante, no se encuentra dentro de los excluidos para el otorgamiento de este beneficio, con respecto al aspecto subjetivo, el desempe\u00f1o social del procesado no fue acorde a lo que reclama la comunidad, pues conductas por las que fue condenado afectan la sociedad en general, ya que atacar de manera desprevenida mediante utilizaci\u00f3n de armas de fuego a dos personas que se encontraban en un sitio abierto al p\u00fablico, hace que efectivamente se considere que este requisito no se cumpla\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, indic\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno del convocante y, pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, luego de relatar lo acaecido dentro del tr\u00e1mite, manifest\u00f3 que, \u00aben el caso concreto materia de demanda, [\u2026] no existe base que permita afirmar la procedencia de la tutela, gozando las decisiones de doble acierto de legalidad, y dado el cara\u0301cter inminentemente subsidiario de la demanda, el Juez Constitucional esta\u0301 vedado para invadir la o\u0301rbita de los Jueces ordinarios alterando el orden y las competencias que regulan la actividad judicial, amen que no se evidencia una actuacio\u0301n grosera, que mengue los derechos fundamentales del reo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo invocado, toda vez que la decisi\u00f3n de denegar la petici\u00f3n de libertad condicional se ci\u00f1\u00f3 a la normatividad vigente al caso. <\/p>\n
Al respecto, explic\u00f3 que \u00ablas providencias revisadas no comportan los vicios alegados por el accionante, susceptibles de ser enmendados a trave\u0301s del amparo constitucional. Prevalece el principio de autonomi\u0301a judicial que le impide al juez de tutela inmiscuirse en decisiones como la controvertida, la cual hizo tra\u0301nsito a cosa juzgada, so\u0301lo porque el demandante no las comparte o tiene una comprensio\u0301n diversa a la concretada en dichas determinaciones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestora, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito genitor. En concreto, reproch\u00f3 no haberse examinado \u00aba fondo los t\u00e9rminos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la acci\u00f3n de tutela, sino que \u00fanicamente enfoc\u00f3 su an\u00e1lisis en los fundamentos expuestos por los accionados; b\u00e1sicamente, el juez a quo hace que la vulneraci\u00f3n a mi debido proceso se mantenga en el tiempo\u00bb. <\/p>\n
Aunado lo anterior, se refiri\u00f3 a su estado de salud, pues es una persona \u00abmayor de 65 a\u00f1os, -que- pade[ce] una grave lesi\u00f3n en una pierna que limita -su- locomoci\u00f3n, dicho impedimento acompa\u00f1ado de la longevidad hace que no represente un peligro para la sociedad. Sumado a ello, el comportamiento desplegado durante el tratamiento penitenciario en grado [\u2026] ejemplar permiten concluir que -es- una persona que puede vivir en sociedad\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si, con ocasi\u00f3n de la providencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n el 5 de febrero de 2021, que confirm\u00f3 la negativa de la solicitud de libertad condicional presentada por el actor, se vulneraron sus derechos fundamentales. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la salvaguarda impetrada habr\u00e1 de ser denegada. En efecto, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 confirmar la providencia del 27 de octubre de 2020. <\/p>\n
Para ello, explic\u00f3 que de conformidad con el art\u00edculo 314 del C.P.P., \u00absurge di\u00e1fano lo necesario que resultaba, no solamente acreditar que el acusado es mayor de 65 a\u00f1os, sobre lo cual ninguna discusi\u00f3n se suscit\u00f3, sino tambi\u00e9n que \u201csu personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable en el lugar de residencia\u201d. Significa lo anterior que tanto para imponer, como para ejecutar la prisi\u00f3n domiciliaria en sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n carcelaria deben tenerse en cuenta tambi\u00e9n las funciones de la pena, que tienen que ver con la prevenci\u00f3n general y la retribuci\u00f3n justa\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abel bien jur\u00eddico tutelado, infringido en el caso objeto de estudio, es contra la vida y la integridad personal, uno de los m\u00e1s preciados, y las circunstancias como ocurrieron los hechos son catalogados como de extrema violencia, ejercidas contra dos personas, supuesto f\u00e1ctico que dio lugar a que en la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali Valle, y que fuera confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali Valle, se dedujera un agravante espec\u00edfico del delito de homicidio consagrado en el numeral 4\u00ba del Art\u00edculo 104 del C\u00f3digo Penal, por haber cometido la conducta por precio, promesa remuneratoria, \u00e1nimo de lucro o por otro motivo abyecto o f\u00fatil\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, \u00abhace prevalecer la funci\u00f3n de la pena, porque su il\u00edcita conducta lesion\u00f3 de manera grave la vida de dos seres humanos, razones por las cuales la Sala encuentra razonable, proporcional y necesario, en el marco de la prevenci\u00f3n general, el cumplimiento intramural de la sanci\u00f3n, tal como lo dispuso la Juez a quo\u00bb. <\/p>\n
Frente al caso en concreto, aduj\u00f3 \u00abincuestionable que la decisi\u00f3n fue debidamente fundamentada, eso si, contraria a los intereses del recurrente, quien, bajo su criterio personal, solo indica que por llevar m\u00e1s de 10 a\u00f1os en prisi\u00f3n adquiere el derecho a disfrutar de tal instituto jur\u00eddico, y optar por lo contrario es tratarlo como un antisocial, desconociendo que el solo hecho de tener m\u00e1s de 65 a\u00f1os no es un factor de aplicaci\u00f3n autom\u00e1tico, inmediato, que lo libere de la valoraci\u00f3n subjetiva que demanda la norma\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Tribunal encontr\u00f3 que \u00abni la Juez a quo ni la Colegiatura, han desconocido la norma invocada -art\u00edculo 314.2 Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1142 de 2007-, en el entendido que esta contiene la exigencia de analizar la situaci\u00f3n espec\u00edfica en la que se enmarc\u00f3 el actuar del condenado, su sola situaci\u00f3n particular -mayor de 65 a\u00f1os-, no lo exime de obviar los requisitos de orden subjetivo que se han indicado, la aplicaci\u00f3n del precepto no opera de forma autom\u00e1tica, y en el evento de favorecerse con tal sustituto, se causar\u00eda evidentemente zozobra a la colectividad, dicho de otra manera, luego de tan atroz actuar, el solo hecho de superar los 65 a\u00f1os, no es elemento suficiente para optar por lo pretendido [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas, la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido. <\/p>\n
Por ese motivo, con la decisi\u00f3n de confirmar la negativa del subrogado penal no se vulneraron las garant\u00edas del actor, pues, a\u00fan cuando se lleg\u00f3 a comprobar que ten\u00eda la edad exigida para el otorgamiento del beneficio, la circunstancias que rodearon la comisi\u00f3n de los delitos fueron de tal envergadura, que no superaron la valoraci\u00f3n subjetiva que dispone la norma para su concesi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n sostuvo que, \u00absi bien los delitos de homicidio agravado, homicidio tentado y tr\u00e1fico fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes no se encuentran excluidos de subrogados y beneficios como acertadamente se\u00f1ala el demandante, no es menos cierto que la valoraci\u00f3n de la conducta -elemento subjetivo- es determinante para su concesi\u00f3n o no\u00bb. <\/p>\n
5. Por el contrario, en el sub judice lo se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por el colegiado accionado- en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC3968-2021. 16 abr, rad. 2021-00239-02). <\/p>\n
6. Finalmente, el tutelante exhort\u00f3 tener en cuenta su estado de salud, a fin de otorg\u00e1rsele el beneficio de prisi\u00f3n domiciliario, en su escrito de impugnaci\u00f3n. Dicho requerimiento no fue planteado en el escrito genitor y, en consecuencia, configura un hecho nuevo. <\/p>\n
A este prop\u00f3sito, la Corporaci\u00f3n ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] [R]especto de las circunstancias que expuso la impugnante ante esta Corporaci\u00f3n (\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada [\u2026[Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa [\u2026]\u00bb. (15 mar. 2011, exp. 00003-01, 20 sep. 2012, exp. 2012-00195-01 y STC5618-2020, entre otras). (CSJ STC4722-2021 30 abr. 2021 rad. 2021-00035-02) <\/p>\n
7. De acuerdo con lo explicado en precedencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 8-29 en Subcarpeta \u201cRESPUESTAS Y ANEXOS\u201d en Expediente de Tutela PDF. <\/p>\n
2\u0002 Folios 30-47 Ib\u00edd. <\/p>\n
3\u0002 Por encontrarse privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de esa ciudad. <\/p>\n
4\u0002 Folios 48-49 Ib\u00edd. <\/p>\n
5\u0002 Folios 50-55 Ib\u00edd. <\/p>\n
6\u0002 Folios 65-73 Ib\u00edd. <\/p>\n
<\/p>\n
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