STC8453-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8453-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00462-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida por Jorge Eli\u00e9cer Caballero Miranda, Ruperto Antonio Henr\u00edquez Monta\u00f1o, Jos\u00e9 Guillermo Moreno Casta\u00f1eda y Camilo Enrique Garc\u00eda Pacheco contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la citada ciudad, la Empresa Carbonera C.I. Prodeco S.A., el Ministerio del Trabajo y las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 2013-00369-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores demandaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, asociaci\u00f3n, fuero sindical y estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Los accionantes manifestaron que la carbonera C. I. PRODECO S. A., de propiedad de la transnacional GLENCORE, los contrat\u00f3 en los siguientes empleos y fechas: \u00abCAMILO ENRIQUE GARC\u00cdA PACHECO, Marinero, el 08 de octubre de 1998; RUPERTO ANTONIO HENR\u00cdQUEZ MONTA\u00d1O, Operador de Maquinaria II, el 03 de octubre de 1998; JORGE ELI\u00c9CER CABALLERO MIRANDA, Operador de Maquinaria II, el 01 de febrero de 1996 y JOS\u00c9 GUILLERMO MORENO CASTA\u00d1EDA, Aseador Jardinero, el 20 de noviembre de 2001\u00bb. <\/p>\n
2.2. La referida empresa los retir\u00f3 de sus cargos cuando a\u00fan no estaba en firme la decisi\u00f3n administrativa a trav\u00e9s de la cual el Ministerio de Trabajo autoriz\u00f3 el cierre parcial y definitivo de Puerto Prodeco donde prestaban sus servicios y el despido de algunos de sus trabajadores. Destacaron que, aunque ante el Ministerio del Trabajo, la sociedad aleg\u00f3 el cierre de las actividades en dicho Puerto, materialmente las mismas continuaron prest\u00e1ndose en Puerto Nuevo, luego no hab\u00eda razones para habilitar sus despidos; adem\u00e1s, que para la fecha en que dicha cartera autoriz\u00f3 la terminaci\u00f3n de los contratos de trabajo exist\u00eda una discusi\u00f3n entre el empleador y el sindicato, en virtud de la cual se encontraba pendiente la conformaci\u00f3n de un tribunal de arbitramento, luego, en su sentir, estaban amparados por un fuero circunstancial que imped\u00eda la finalizaci\u00f3n de su v\u00ednculo laboral. <\/p>\n
2.3. Afirmaron que presentaron demanda en contra de CI Prodeco S.A., con el fin de que se declararan ineficaces sus despidos y se dispusieran sus reintegros, junto con el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde del d\u00eda de su retiro. <\/p>\n
2.4. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, despacho que, por sentencia del 1\u00ba de diciembre de 2015, accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, declar\u00f3 ineficaz el despido y orden\u00f3 el reintegro a sus cargos, junto con el pago de salarios y otros emolumentos; igualmente, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n y, en consecuencia, autoriz\u00f3 a la empresa demandada a descontar de las condenas la indemnizaci\u00f3n pagada por despido injusto. <\/p>\n
2.5. Ambas partes apelaron dicha determinaci\u00f3n y, a trav\u00e9s de providencia del 23 de enero de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y absolvi\u00f3 a la sociedad accionada, al estimar que no existi\u00f3 una terminaci\u00f3n laboral arbitraria, dado que \u00ab[\u2026] se fund\u00f3 en la autorizaci\u00f3n impartida por el Ministerio del Trabajo para el cierre parcial y definitivo de Puerto Prodeco y la terminaci\u00f3n de 36 contratos de trabajo, mediante la Resoluci\u00f3n N.\u00b0 1264 de 25 de abril de 2013, y que esta resoluci\u00f3n se encontraba en firme y era una \u00abcausa legal prevista como tal en el literal e) del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb. <\/p>\n
2.6. Los actores interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fundamentaron en dos cargos: i) por la v\u00eda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, atacaron que la conclusi\u00f3n de que el acto administrativo que autoriz\u00f3 la terminaci\u00f3n de los contratos se encontraba en firme era equivocada y que los trabajadores demandantes eran titulares del fuero circunstancial, por ende, s\u00f3lo pod\u00edan ser despedidos con justa causa, lo que no ocurri\u00f3 en su caso; y ii) por la indirecta -aplicaci\u00f3n indebida- cuestionaron que no se dio por demostrado, est\u00e1ndolo, que la finalizaci\u00f3n de las relaciones laborales se produjo antes de que la Resoluci\u00f3n 1264 de 2013 cobrara ejecutoria, por tanto, la demandada \u00abtermin\u00f3 los contratos de trabajo de los trabajadores sindicalizados sin la autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo y sin mediar una justa causa legal\u00bb. <\/p>\n
2.7. La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, mediante providencia SL3344-2020 del 26 de agosto de 2020, resolvi\u00f3 no casar la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla. <\/p>\n
2.8. Frente a lo anterior, los tutelantes advirtieron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, porque desconocieron los art\u00edculos 410 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y 25 del Decreto 2351 de 1965 y los precedentes jurisprudenciales, seg\u00fan los cuales, trat\u00e1ndose de trabajadores amparados por fuero sindical la autorizaci\u00f3n de despido \u00fanicamente puede emanar de un juez laboral, pues \u00abel hecho de que se autorice el cierre definitivo total o parcial de una empresa o establecimiento, (\u2026) por s\u00ed solo no significa que se autorice el despido de los trabajadores\u00bb que gozan de dicho fuero, m\u00e1xime cuando exist\u00eda, a la fecha de los retiros, una controversia pendiente por definir, mediante laudo arbitral, entre el sindicato del que hac\u00edan parte y la empresa, por tanto, sus despidos no pod\u00edan ser autorizados por el Ministerio del Trabajo. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1alaron que en la lista de cargos a eliminar presentada por la sociedad y autorizada por el Ministerio de Trabajo con ocasi\u00f3n del cierre de Puerto Prodeco no aparec\u00eda el empleo de \u00aboperador de m\u00e1quina II\u00bb, desempe\u00f1ado por Ruperto Antonio Henr\u00edquez Monta\u00f1o y Jorge Eli\u00e9cer Caballero Miranda, por lo que no pod\u00edan ser despedidos con fundamento en la Resoluci\u00f3n emitida por ese Ministerio. <\/p>\n
De otro lado, enfatizaron que el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral pod\u00eda \u00abtomar carrera y servir de base para muchos otros fallos judiciales, en los que se d\u00e9 por sentado que el solo hecho de que el Ministerio del Trabajo autorice el cierre de una empresa es suficiente para que el empleador se sienta autorizado para terminar los contratos de trabajo de los aforados sindicales sin el debido proceso de solicitar dicha autorizaci\u00f3n a un juez laboral\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicitaron \u00abdeclarar la nulidad de la sentencia SL3344-2020, Radicaci\u00f3n No. 82156, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia proferida el 23 de febrero de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla con v\u00eda de hecho por defecto sustantivo y, en su lugar, declarar la ineficacia del despido y ordenar el reintegro de los cuatro actores, ratificando en todas su (sic) partes la sentencia de primera instancia del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, emitida el 1\u00b0 de diciembre de 2015\u00bb. <\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Ministerio de Trabajo pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del amparo, al existir falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, porque la tutela se dirige concretamente contra decisiones judiciales. Asimismo, indic\u00f3 que la acci\u00f3n constitucional es improcedente, dado que lo que pretende es emplearse la misma como una tercera instancia. <\/p>\n
2. La abogada Manuela Palacio Jaramillo requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, en virtud a que \u00abno funjo como apoderada de la parte recurrente en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n con radicado 82.156 desde el 24 de julio de 2020, tal y como se observa en la renuncia que se adjunta\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia solicit\u00f3 negar el amparo e inform\u00f3 que la sentencia controvertida \u00abfue emitida por la decisi\u00f3n mayoritaria de la Sala Laboral, no es arbitraria, ni desconocedora de derecho alguno, tal y como puede advertirse de las razones, argumentos y fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en que la misma se soporta\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, precis\u00f3 que la providencia censurada estableci\u00f3 que, \u00aba la fecha del despido de los demandantes que gozaban de la garant\u00eda de fuero circunstancial, la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 1264 de 25 de abril de 2013, que autoriz\u00f3 el cierre de Puerto Prodeco, estaba en firme, pues con ella se resolvieron definitivamente los recursos que se formularon y se notific\u00f3 personalmente a la empresa CI Prodeco S.A.\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que \u00abcuando un empleador obtiene una autorizaci\u00f3n de cierre de una empresa o establecimiento, el despido de los trabajadores aforados circunstancialmente no puede entenderse como discriminatorio o violatorio del derecho de sindicaci\u00f3n y negociaci\u00f3n colectiva, especialmente si se tiene en cuenta que en este asunto la clausura del establecimiento obedeci\u00f3 a la decisi\u00f3n del gobierno consistente en que todos los puertos dispuestos para la exportaci\u00f3n de carb\u00f3n deb\u00edan utilizar el sistema de cargue directo y no el de cargue con barcazas, raz\u00f3n por la cual se construy\u00f3 un nuevo puerto en la jurisdicci\u00f3n de Ci\u00e9naga que requer\u00eda una planta de personal reducida\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, mencion\u00f3 que \u00abesta Corporaci\u00f3n ha decantado sobre la imposibilidad de que por v\u00eda de queja constitucional se reabran y reexaminen procesos que ya fueron objeto de pronunciamiento como el que aqu\u00ed se discute, puesto que ello contraviene los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
4. La empresa C.I. Prodeco S.A. sostuvo que, en el presente asunto, no se cumpli\u00f3 con el postulado de la inmediatez, dado que \u00abla sentencia en sede de casaci\u00f3n [\u2026] fue proferida el 26 de agosto de 2020, esto es m\u00e1s de 6 meses atr\u00e1s, antes de interponer la presente acci\u00f3n de tutela, [\u2026]\u00bb, por lo cual, \u00ab[\u2026] mal puede alegar estar sufriendo un supuesto perjuicio irremediable y, la afectaci\u00f3n a sus derechos fundamentales con ocasi\u00f3n a esta decisi\u00f3n, cuando dej\u00f3 transcurrir todo este tiempo para la interposici\u00f3n de este mecanismo\u00bb. <\/p>\n
A su vez, adujo que \u00abno es de recibo la queja de la parte actora sobre la que versa esta tutela, pues el hecho de que los Despachos accionados no hayan acogido sus argumentos no implica que la decisi\u00f3n judicial sea arbitraria o sin fundamento, siendo evidente que las consideraciones cuestionadas lejos se encuentran de ser desproporcionadas, groseras o protuberantes, por el contrario, est\u00e1n cimentadas en la libertad y autonom\u00eda de los operadores judiciales para ponderar las pruebas y se fundan incluso en su propia experiencia y en el conocimiento de \u00e1rea del derecho correspondiente, resultando razonables y carentes de caprichos y arbitrariedades, debiendo su Despacho declarar improcedente esta tutela\u00bb. <\/p>\n
5. El Director Territorial Atl\u00e1ntico del Ministerio de Trabajo, luego de rendir un informe ejecutivo del expediente administrativo, afirm\u00f3 que \u00abactu\u00f3 en debida forma, [\u2026]\u00bb, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 desestimar cualquier pretensi\u00f3n en su contra. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo por improcedente, debido a que consider\u00f3 que el debate que se propon\u00eda, a trav\u00e9s de este mecanismo preferente, versaba sobre una postura jur\u00eddica totalmente diferente a la entonces planteada, esto es que, por estar los accionantes protegidos por el fuero sindical circunstancial, la terminaci\u00f3n de sus contratos laborales deb\u00eda ser autorizada por un juez laboral y no por el Ministerio de Trabajo y que los empleos que ejerc\u00edan los se\u00f1ores RUPERTO ANTONIO HER\u00cdQUEZ MONTA\u00d1O y JORGE ELI\u00c9CER CABALLERO MIRANDA en la empresa, de \u00aboperador de m\u00e1quinas II\u00bb, no hicieron parte de los cargos que se presentaron al Ministerio para la autorizaci\u00f3n de despido, frente a lo cual concluy\u00f3 que lo pretendido por los actores era \u00abproponer una nueva tesis para insistir en la prosperidad de sus pretensiones de reintegro, esta vez, con base en argumentos diferentes a los que ventilaron y sustentaron los recursos interpuestos al interior del proceso ordinario laboral; lo que, a su turno, lleva a se\u00f1alar que, en torno a esa nueva perspectiva del asunto propuesta no se agotaron los mecanismos de defensa judicial al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, determin\u00f3 que \u00abm\u00e1s que poner de presente la existencia de una v\u00eda de hecho, que habiliten la intervenci\u00f3n extraordinaria del juez de tutela, lo que busca es que la tutela funja como una instancia adicional y sobre esa base, se realice una nueva valoraci\u00f3n jur\u00eddica, esta vez desde una arista diferente y se acceda a las pretensiones ventiladas en el proceso laboral\u00bb, lo cual era inviable. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, pese a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, partiendo del hecho no controvertido por las partes, en el sentido que el Ministerio del Trabajo estaba habilitado para autorizar el cierre del Puerto Prodeco y la consecuente finalizaci\u00f3n de los contratos de 36 de sus trabajadores, realiz\u00f3 algunas puntualizaciones en torno al alcance de la protecci\u00f3n del fuero sindical circunstancial, aclarando que \u00abcuando el despido obedece a razones objetivas de car\u00e1cter t\u00e9cnico, operativo o financiero, debidamente validado por el Ministerio del Trabajo, como ocurri\u00f3 en este caso, s\u00ed es factible despedir a trabajadores que lo tengan, dado que, la prohibici\u00f3n de despido \u201csin justa causa\u201d de los aforados, contenida en el art\u00edculo 25 de Decreto 2351 de 1965, fue dise\u00f1ada para evitar represalias por parte del empleador por el ejercicio de actividades sindicales leg\u00edtimas, que no corresponde a lo sucedido en el caso de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La impulsaron los accionantes, quienes reiteraron los argumentos presentados en el escrito inicial de la tutela. Adicionalmente, manifestaron que \u00ablas normas se\u00f1aladas en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n laboral, presentado por la entonces apoderada judicial [\u2026] es justamente que los empleadores s\u00ed pueden efectuar despidos colectivos autorizados por el Ministerio del Trabajo, particularmente, por aplicaci\u00f3n de los Numerales 1 y 3 del art\u00edculo 40 del Decreto 2351 de 1965, modificado por el art\u00edculo 67 de la Ley 50 de 1990 [\u2026]\u00bb; y que, \u00ab[\u2026] si bien nuestra representante hizo referencia a que los despidos habr\u00edan sucedido antes de que quedara en firme la Resoluci\u00f3n 1264 del 25 de abril de 2013, esto no anula los planteamientos hechos en el PRIMER CARGO donde se acusa por la v\u00eda directa la sentencia impugnada de APLICACI\u00d3N INDEBIDA del art\u00edculo 67 de la Ley 50 de 1990 y de la INFRACCI\u00d3N DIRECTA del art\u00edculo 25 del Decreto 2351 de 1965. No es por lo tanto una \u201cnueva perspectiva del asunto\u201d, como se pretende mostrar, sino una reiteraci\u00f3n de que tanto la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia como la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla incurrieron en la irregularidad de negar la pretensi\u00f3n de declarar ineficaces los despidos de los actores y de no ratificar la decisi\u00f3n de la primera instancia, incurriendo en una v\u00eda de hecho, que amerita y habilita la intervenci\u00f3n extraordinaria del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sostuvieron que sus contratos de trabajo fueron finalizados \u00ab[\u2026] de forma irregular, violando sus derechos a la estabilidad reforzada, al fuero circunstancial, al debido proceso para la terminaci\u00f3n de los respectivos contratos de trabajo, al reconocimiento del juez natural para decidir acerca de la presunta justa causa para terminar los contratos; es decir, la discusi\u00f3n que nos ocupa en el sentido de que los contratos de trabajo dice que se terminaron \u201csin justa causa\u201d lo cual est\u00e1 prohibido para el caso de los trabajadores con fuero circunstancial (Art. 25. D. 2351\/1965), pero que tambi\u00e9n se justifica el despido en una Resoluci\u00f3n (00001264\/2013) aplicada indebidamente y que no autoriza el despido de los trabajadores con estabilidad reforzada y que adem\u00e1s no incluye los cargos de dos de los actores, demostrando con ello la magnitud de las irregularidades presentadas en esta decisi\u00f3n de la demandada\u00bb. <\/p>\n
Y resaltaron que el juez de tutela puede fallar ultra y extra petita, de manera que, incluso, puede pronunciarse sobre \u00abel hecho de que los dos actores con cargos de \u201cOperador de Maquinaria II\u201d ni siquiera hicieron parte de la mencionada autorizaci\u00f3n; pero yendo m\u00e1s all\u00e1, la Resoluci\u00f3n 00001264 del 25 de abril de 2013 no autoriza el despido de trabajadores con \u201cestabilidad reforzada\u201d lo que indica que los trabajadores con fuero circunstancial tampoco pod\u00edan ser despedidos con fundamento en esta resoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En sede de impugnaci\u00f3n, la empresa C.I. Prodeco S.A., a trav\u00e9s de su apoderada judicial, reiter\u00f3 lo dicho en la contestaci\u00f3n de la tutela, en lo relacionado con la improcedencia del amparo, por no cumplirse el requisito de la inmediatez y por encontrar que las determinaciones cuestionadas se fundamentaron en la libertad y autonom\u00eda de los operadores judiciales para ponderar las pruebas, as\u00ed como en el conocimiento de \u00e1rea del derecho correspondiente, resultando razonables y carentes de caprichos y arbitrariedades. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la parte actora pretende que se declare la nulidad de \u00abla sentencia SL3344-20201, Radicaci\u00f3n No. 82156, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia proferida el 23 de febrero de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla [\u2026]\u00bb, para que, en su lugar, se disponga \u00abla ineficacia del despido\u00bb y se ordene su reintegro, ratificando en todas sus partes la providencia emitida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n de a quo habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, se considera que la determinaci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la salvaguardia rogada, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3. Sobre el particular, se observa que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n se circunscribi\u00f3 al estudio de dos alegaciones, la primera, consistente en que la terminaci\u00f3n de los contratos de trabajo ocurri\u00f3 previo a la ejecutoria de la Resoluci\u00f3n del Ministerio del Trabajo que la autoriz\u00f3 y, la segunda, relativa a la imposibilidad de dar por terminado dichos contratos, dado que los accionantes estaban amparados por el fuero circunstancial. <\/p>\n
Al respecto, la Sala censurada expres\u00f3 los motivos por los cuales se impon\u00eda confirmar la providencia atacada. Para ello comenz\u00f3 por precisar que \u00abla decisi\u00f3n del Tribunal se soport\u00f3 en dos argumentos principales: (i) la terminaci\u00f3n de los contratos de trabajo obedeci\u00f3 a una causa legal no equiparable a un despido unilateral, y (ii) de acuerdo al art\u00edculo 87 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la resoluci\u00f3n de autorizaci\u00f3n de cierre parcial y definitivo del Puerto Prodeco, con el consecuente despido de los trabajadores vinculados a la operaci\u00f3n, estaba en firme\u00bb. <\/p>\n
Con base en ello, se\u00f1al\u00f3 que el primer problema jur\u00eddico que deb\u00eda dilucidar era el referido a si el acto administrativo de autorizaci\u00f3n de cierre parcial y definitivo de Puerto Prodeco estaba en firme a la fecha de despido de los trabajadores demandantes. <\/p>\n
En ese sentido, precis\u00f3 que, en cuanto a la firmeza de los actos administrativos, el Consejo de Estado ha dicho que la misma \u00abpresupone el debido conocimiento de las decisiones administrativas por parte de sus destinatarios a trav\u00e9s de los mecanismos de notificaci\u00f3n legalmente establecidos\u00bb, de suerte que \u00abmientras los actos no se notifiquen no producen efectos ni son oponibles a sus destinatarios (art\u00edculo 48 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo)\u00bb, por lo cual, era claro que en el presente asunto, el \u00abprocedimiento administrativo de autorizaci\u00f3n de cierre parcial y definitivo de Puerto Prodeco culmin\u00f3 con la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 1264 del 25 de abril de 2013, acto a trav\u00e9s del cual se resolvieron los recursos interpuestos, quedando la decisi\u00f3n en firme, de acuerdo con los numerales 1.\u00ba y 2.\u00ba del art\u00edculo 62 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en cuanto a lo manifestado por los actores, en el sentido de que con posterioridad se produjeron dos resoluciones administrativas que modificaron los actos administrativos iniciales, la Sala enfatiz\u00f3 que estos fueron proferidos \u00abno para resolver recursos, sino para corregir errores puramente aritm\u00e9ticos \u201cen cualquier tiempo\u201d, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 310 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para entonces vigente, aplicable en virtud de la remisi\u00f3n anal\u00f3gica prevista en el art\u00edculo 267 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, en lo atinente a la afirmaci\u00f3n de que \u00abla conclusi\u00f3n del procedimiento administrativo finaliz\u00f3 y qued\u00f3 ejecutoriado el 20 de junio de 2013, [\u2026]\u00bb, sostuvo que la misma era equivocada, toda vez que \u00ab[\u2026] el edicto se fij\u00f3 con el objetivo de notificar \u201cel contenido de la Resoluci\u00f3n No. 00001713 del 23 de mayo de 2013, por la cual se corrige el art\u00edculo segundo de la Resoluci\u00f3n No 00001466 del 10 de mayo de 2013\u201d. Es decir, este edicto corresponde a la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 1713 y no a la 1264, por la simple raz\u00f3n de que esta ya estaba en firme\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que \u00aba la fecha de despido de los demandantes, la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 1264 de 25 de abril de 2013 ya estaba en firme porque con ella se resolvieron definitivamente los recursos que se formularon y, adem\u00e1s, fue notificada de manera personal\u00bb. <\/p>\n
Frente al segundo problema jur\u00eddico, consistente en determinar si los trabajadores beneficiarios del fuero circunstancial pod\u00edan ser despedidos con ocasi\u00f3n del cierre definitivo y autorizado de una secci\u00f3n o segmento de la empresa, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral reiter\u00f3 lo definido mediante sentencia CSJ SL3317-2019, en cuanto a la importancia de dicho fuero, pues este \u00abevita que los afiliados a un sindicato sean despedidos selectivamente con ocasi\u00f3n de un conflicto colectivo y, por esa v\u00eda, se diluya el movimiento sindical. Por otro lado, le permite a los trabajadores plantear reivindicaciones laborales sin temor a ser despedidos. En tal sentido, el fuero circunstancial sienta las bases para que los interlocutores sociales entablen di\u00e1logos constructivos frente a las condiciones laborales y de empleo en la empresa, sin temor a represalias\u00bb. No obstante, aclar\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] cuando un empresario obtiene una autorizaci\u00f3n de cierre parcial de una empresa o establecimiento, previa acreditaci\u00f3n ante la autoridad administrativa del trabajo de las razones t\u00e9cnicas, econ\u00f3micas o financieras descritas en el numeral 3.\u00ba del art\u00edculo 67 de la Ley 50 de 1990, el despido efectuado como consecuencia de esta clausura no puede, per se, reputarse discriminatorio o violatorio del derecho de sindicaci\u00f3n y negociaci\u00f3n colectiva. <\/p>\n
De manera que, si bien el art\u00edculo 25 del Decreto 2351 de 1965 proh\u00edbe el despido \u201csin justa causa\u201d de los trabajadores, esta disposici\u00f3n debe comprenderse a la luz su finalidad, que, se repite, es evitar represalias por el ejercicio de actividades sindicales leg\u00edtimas. Y resulta que cuando el cierre de un segmento de la empresa, con el consecuente despido de los trabajadores, obedece a una raz\u00f3n t\u00e9cnica, operativa o financiera imperiosa, no puede se\u00f1alarse ese acto de il\u00edcito, a menos que se demuestre que detr\u00e1s de esa justificaci\u00f3n aparentemente t\u00e9cnica o econ\u00f3mica se escond\u00eda un fin segregatorio. [\u2026] <\/p>\n
En este caso, como el recurrente se limit\u00f3 a plantear que jur\u00eddicamente no era procedente el despido de los demandantes porque estaban amparados por fuero circunstancial, la Sala no le da la raz\u00f3n, pues como se acaba de mencionar, el despido fundado en razones objetivas de car\u00e1cter t\u00e9cnico, operativo o financiero, debidamente validadas por el Ministerio del Trabajo, s\u00ed es factible. Por otro lado, en el cargo por la v\u00eda indirecta, la censura no realiza ning\u00fan esfuerzo por demostrar que el cierre parcial y definitivo del Puerto Prodeco tuvo fines antisindicales o que durante su ejecuci\u00f3n mediaron actos discriminatorios, motivo adicional para restarle prosperidad a la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, no sobra mencionar que, en este asunto, de acuerdo a lo informado en las resoluciones administrativas, el cierre del Puerto Prodeco obedeci\u00f3 a la decisi\u00f3n gubernamental de que todos los puertos para la exportaci\u00f3n de carb\u00f3n deb\u00edan utilizar el sistema de cargue directo en oposici\u00f3n al sistema de cargue con barcazas o con otros artefactos navales. [\u2026] <\/p>\n
Igualmente, la citada autoridad ministerial, en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 1264 de 2013, analiz\u00f3 la cr\u00edtica elevada por el sindicato en torno a la supuesta violaci\u00f3n al derecho de asociaci\u00f3n. En ese acto dej\u00f3 claro que \u201ctan solo 10 de los 36 trabajadores cuyos contratos se van a terminar son sindicalizados, y en tal sentido no puede pregonarse que la empresa CI PRODECO S.A. persiga la terminaci\u00f3n de los contratos con el \u00fanico fin de afectar el derecho a la libre asociaci\u00f3n, aunado al hecho de que 16 trabajadores sindicalizados efectivamente pasaran a la nueva planta de personal de Puerto Nuevo\u201d\u00bb. <\/p>\n
4. De lo anterior, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido, lo cual permiti\u00f3 establecer que el acto administrativo proferido en el caso objeto de estudio gozaba de una estabilidad jur\u00eddica, la que le otorgaba fuerza normativa u obligacional a lo que este dispon\u00eda y, bajo esa circunstancia, exist\u00eda la posibilidad de hacerlo efectivo, aun en contra de la voluntad de los interesados. <\/p>\n
Asimismo, frente a la aplicaci\u00f3n del fuero circunstancial, precis\u00f3 que como se obtuvo una autorizaci\u00f3n de cierre parcial de una empresa o establecimiento, previa acreditaci\u00f3n ante la autoridad administrativa del trabajo de las razones t\u00e9cnicas, econ\u00f3micas o financieras de que trata el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 67 de la Ley 50 de 1990, el despido efectuado como consecuencia de esta clausura no pod\u00eda, per se, entenderse discriminatorio o violatorio del derecho de sindicalizaci\u00f3n y negociaci\u00f3n colectiva, como mal lo entendi\u00f3 la parte actora. <\/p>\n
4.1. Ahora bien, revisados los fundamentos con los cuales los accionantes recriminan la actuaci\u00f3n judicial en esta sede constitucional, en efecto se evidencia que hacen referencia a aspectos que no fueron inicialmente expuestos ante el juez natural, pues en esta oportunidad se enfocaron en que, al estar amparados por el fuero sindical circunstancial, la terminaci\u00f3n de sus contratos laborales deb\u00eda ser autorizada por un juez laboral, por lo que, en su sentir, el Ministerio de Trabajo no estaba legitimado para ello. Otro punto atacado por esta v\u00eda de tutela fue que el cargo de dos de los querellantes, denominado \u00aboperador de m\u00e1quinas II\u00bb, no hac\u00eda parte de los que estaban destinados a ser suprimidos y que fueron presentados inicialmente por la empresa para autorizaci\u00f3n ante el Ministerio. <\/p>\n
Al respecto, se observa que lo pretendido por los actores, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, es obtener su reintegro con base en argumentos que, se reitera, no fueron puestos en conocimiento del juez de conocimiento, lo cual revela la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
4.2. Por consiguiente, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios, entre lo considerado por la Sala accionada- en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los solicitantes. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Notificada mediante edicto fijado el 11 de septiembre de 2020, seg\u00fan consta en el sistema de registro de actuaciones de la Rama Judicial. <\/p>\n
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STC8453-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC8453-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00462-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55532","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55532","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55532"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55532\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55532"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55532"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55532"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}