STC8463-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8463-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-00857-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Murillo Cer\u00f3n contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso 2019-17783. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 24 de mayo de 2019, Gustavo Murillo Cer\u00f3n, a trav\u00e9s de apoderado judicial, present\u00f3 demanda de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor en contra del odont\u00f3logo Mauricio Herrera Curtidor, por un procedimiento cuyo resultado no fue el esperado. <\/p>\n
2.2. El 24 de enero de 2020, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n propuesta y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda; adem\u00e1s, concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el aqu\u00ed accionante1. <\/p>\n
2.4. El actor cuestiona que las providencias emitidas adolecen de defecto sustantivo, porque se sustentaron en una norma no aplicable al caso debatido, y de defecto f\u00e1ctico, ya que no valoraron las pruebas que aport\u00f3 con la demanda, no confrontaron las que anex\u00f3 con las de la contraparte, no profundizaron sobre las razones por las cuales se cayeron los implantes, a pesar de que aport\u00f3 el concepto del m\u00e9dico tratante en Suiza y porque, adem\u00e1s, el testimonio del se\u00f1or Iv\u00e1n Padilla desconoci\u00f3 las disposiciones de los art\u00edculos 220 y 221 del CGP, debido a que el juez de primera instancia permiti\u00f3 que el testigo cuestionara las preguntas de su apoderada. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, que se dejaran sin efecto las providencias del 24 de enero de 2020 y del 9 de febrero de 2021, proferidas en el proceso con radicado 2019-17783-01. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que no se evidencia la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, toda vez que el prove\u00eddo que dict\u00f3 se apoy\u00f3 en el ordenamiento legal e indic\u00f3 que la tutela no fue concebida como una instancia adicional de los procesos, sino como una medida de protecci\u00f3n de derechos fundamentales; en consecuencia, solicit\u00f3 que fuera denegado el amparo, dado el car\u00e1cter residual y extraordinario de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. La Coordinadora del Grupo de Trabajo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio realiz\u00f3 un recuento de los hechos y afirm\u00f3 que la tutela era improcedente, en tanto \u00abno se encuentra vulneraci\u00f3n alguna a ning\u00fan derecho fundamental del accionante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Frente a la alegaci\u00f3n de que el fallo se emiti\u00f3 sin que existiesen pruebas, afirm\u00f3 que, \u00abal revisar las grabaciones de la audiencia y en general las actuaciones surtidas dentro del proceso 19-117783, se extrae que la Delegatura tuvo en cuenta para la toma de decisi\u00f3n las pruebas, interrogatorios de parte, testimonios, alegatos de conclusi\u00f3n, entre otras, emitiendo un fallo igualitario y en concordancia a la ley frente a las partes y centr\u00e1ndose en los hechos pertinentes dentro del proceso buscando una decisi\u00f3n justa\u00bb. <\/p>\n
Expuso que \u00abno encontr\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna frente al deber de informaci\u00f3n ya que esta fue clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e id\u00f3nea (\u2026)\u00bb. Sobre este punto precis\u00f3 que, \u00aben cuanto a que no se le inform\u00f3 cu\u00e1l era el tratamiento m\u00e1s adecuado, precisamente eso se le inform\u00f3: cu\u00e1l era el tratamiento m\u00e1s adecuado para el corto tiempo que ten\u00eda en Colombia para poder realizar ese tratamiento, esto qued\u00f3 acreditado y tambi\u00e9n lo acept\u00f3 el consumidor y siendo ratificado en la audiencia, lo que significa que frente a la informaci\u00f3n se dieron las condiciones\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, frente al cumplimiento de la garant\u00eda legal, afirm\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abel se\u00f1or Mauricio (demandado) ha buscado un medio y le hab\u00eda propuesto al se\u00f1or Gustavo (demandante) que se acercara por la distancia a un profesional en Suiza para que pudiera verificar lo que le estaba sucediendo, esto no lo hace responsable de la garant\u00eda legal, porque la primera obligaci\u00f3n es que \u00e9l venga a Colombia (demandante) y directamente pueda revisar, esa es una soluci\u00f3n que lo que buscaba el productor o proveedor en este caso el se\u00f1or Mauricio era buscarle una soluci\u00f3n lo que significa que s\u00ed hay la disposici\u00f3n de querer dar una soluci\u00f3n al inconveniente presentado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tambi\u00e9n ha quedado acreditado desde los correos electr\u00f3nicos y lo que ha aceptado el consumidor que tambi\u00e9n se le plante\u00f3 venir a Colombia y retomar el servicio, pero claramente quien incumpli\u00f3 con esta parte es el consumidor\u2026 <\/p>\n
Tambi\u00e9n por circunstancias que no son imputables al demandado el accionante no ha venido a Colombia para que sea corregido el tratamiento y hay la disposici\u00f3n que se ha acreditado y como ha confesado el se\u00f1or MAURICIO HERRERA CURTIDOR de hacer la correcci\u00f3n y asumir todos los costos de la nueva cirug\u00eda y de todos los elementos necesarios para cumplir esa obligaci\u00f3n. Pero el incumplimiento ha sido por la parte demandante hoy accionante en el caso sub lite. <\/p>\n
En concordancia con lo anterior, no se puede hablar de incumplimiento del deber legal de la garant\u00eda legal cuando el consumidor por alguna circunstancia ajena al convocado no ha podido cumplir con la garant\u00eda ni siquiera cumplir con el tratamiento porque no ha sido posible y en raz\u00f3n por la distancia no haya podido cumplir con su parte y obligaci\u00f3n con la que establece la norma\u00bb. <\/p>\n
3. El apoderado del odont\u00f3logo Mauricio Herrera Curtidor pidi\u00f3 denegar las pretensiones del actor, como quiera que no se vislumbra que las autoridades acusadas hubieran vulnerado las garant\u00edas o los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que carece de sustento lo alegado en relaci\u00f3n con que se pretermiti\u00f3 la oportunidad para pedir pruebas, pues lo cierto es que \u00aben ning\u00fan momento solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de prueba alguna dentro del tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto de fecha 27 de febrero de 2020, dejando la decisi\u00f3n en firme\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, como quiera que las actuaciones cuestionadas \u00abtuvieron soporte en la Ley 1480 de 2011, en doctrina especializada sobre el da\u00f1o y las obligaciones de medio y de resultado, as\u00ed como en las pruebas recaudadas, espec\u00edficamente en los interrogatorios de parte, el consentimiento informado, algunos correos electr\u00f3nicos y el cumplimiento de la lex artis\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el juzgado accionado \u00abencontr\u00f3 que \u2018el tratamiento realizado por el odont\u00f3logo demandado consisti\u00f3 en una obligaci\u00f3n de medio, la cual tuvo como objetivo utilizar los conocimientos profesionales del odont\u00f3logo tratante con miras a procurar la rehabilitaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de la salud oral del paciente, de acuerdo con lo avizorado en el consentimiento informado, donde se hizo menci\u00f3n a la naturaleza de la obligaci\u00f3n adquirida (sic) por el profesional de la salud, as\u00ed como la descripci\u00f3n del tratamiento\u2019 (\u2026) \u2018las manifestaciones realizadas por la experta integrada al proceso a trav\u00e9s de su testimonio y el dictamen aportado al plenario, dieron cuenta de que los procedimientos realizados por su hom\u00f3logo fueron adelantados conforme la lex artis lo prescribe, desvirtuando de paso que el demandado hubiera desplegado conductas carentes de experticia y de cuidado frente a lo reclamado\u2019\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al cumplimiento de la garant\u00eda legal, trajo a colaci\u00f3n que la autoridad judicial confutada puntualiz\u00f3 que \u00abel demandado confiri\u00f3 la posibilidad de acceder a esta, toda vez que\u2026 mostr\u00f3 estar dispuesto a reparar los procedimientos que hubieran devenido contrarios a los esperados por el paciente, as\u00ed como\u2026 destac\u00f3 la posibilidad de que los materiales y su mano de obra fueran brindados sin costo para tal fin, por lo que el demandante \u2018debi\u00f3 acudir ante el odont\u00f3logo rebatido en un primer momento para que \u00e9ste respondiera por los procedimientos adelantados sobre este\u2019 Y como fue demostrado que \u2018no existe renuencia para la prestaci\u00f3n de la garant\u00eda reclamada, y que pretenden adelantarse otros procedimientos con el fin de resarcir los perjuicios que se le endilgan al extremo actor\u2019, el juez hall\u00f3 \u2018acertadas las precisiones realizadas por el juzgador de primera instancia al considerar que la devoluci\u00f3n de los dineros no es procedente existiendo a\u00fan la posibilidad de acudir a los medios planteados para la prestaci\u00f3n de la garant\u00eda\u2019\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que el Juzgado atacado \u00abconsider\u00f3 \u2018que el concepto aportado por la parte actora, emitido por el se\u00f1or Serge Blair, quien fuera el profesional que adelant\u00f3 algunos procedimientos y valoraciones en Suiza, siendo este su pa\u00eds de residencia, carece, como lo asegur\u00f3 el extremo demandado, de los requisitos estipulados en el art\u00edculo 226 para que sea considerado como dictamen pericial. En este sentido, pese a que se mencion\u00f3 en tales documentos que el tratamiento emprendido por el demandado no fue id\u00f3neo, no se presentaron evidencias cient\u00edficas ni acad\u00e9micas relacionadas con la lex artis que respaldaran tales afirmaciones\u2019 (doc. 2, p. 30 a 45)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00ablas decisiones censuradas no se pueden tildar de caprichosas o arbitrarias, ni se puede sostener que en ellas no se valoraron las pruebas, pues la conclusi\u00f3n de los juzgadores, comp\u00e1rtase o no, tiene asidero en todo el material probatorio que obra en el expediente y en las normas aplicables al caso concreto\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien resalt\u00f3 que el a quo constitucional no se pronunci\u00f3 frente al reclamo relacionado con la aplicaci\u00f3n de una norma equivocada en el proceso natural, circunstancia que evidencia el defecto material o sustantivo alegado. Indic\u00f3 que el numeral 3 del art\u00edculo 11 de la Ley 1480 de 2011 establece que, en los casos de prestaci\u00f3n de servicios, el consumidor es quien podr\u00e1 elegir entre la prestaci\u00f3n del servicio en las condiciones pactadas o la devoluci\u00f3n del dinero pagado. Afirm\u00f3 que fue errado aplicar el art\u00edculo segundo del Decreto Reglamentario 753 de 2013, toda vez que el caso en cuesti\u00f3n trata de un servicio y no de un bien, siendo aplicable el art\u00edculo 16 ibidem. <\/p>\n
Por otro lado, asegur\u00f3 que la Sala Primera Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00abse limit\u00f3 a copiar lo que dijeron los jueces de primera y segunda instancia de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, sin hacer ning\u00fan an\u00e1lisis de la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales que describ\u00ed en la demanda de tutela, nada de lo que mencion\u00e9 fue analizado, por ejemplo, (\u2026) la falta de valoraci\u00f3n de las pruebas que aport\u00e9 con la demanda inicial, para demostrar que el tratamiento odontol\u00f3gico que me realiz\u00f3 el odont\u00f3logo Mauricio Herrera fue fallido, que pagu\u00e9 una cantidad de dinero para mejorar mi salud dental y, que a la postre qued\u00e9 sin las piezas dentales que se deb\u00edan tratar y sin el dinero que hab\u00eda destinado para esos efectos\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que ninguna valoraci\u00f3n se hizo sobre las afirmaciones del odont\u00f3logo demandado, quien asegur\u00f3 que el tratamiento fue fallido y que estaba dispuesto a remediarlo, pues \u00abdecidi\u00f3 que la \u00fanica forma de hacer efectiva la garant\u00eda es que yo vuelva a Bogot\u00e1 a permitir que se rehaga el tratamiento, a pesar de que la norma de efectividad, dispone que puedo optar por la devoluci\u00f3n del dinero pagado por el servicio, criterio de los juzgadores que viola mi derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, como lo indiqu\u00e9 en la demanda de tutela\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el juez constitucional de primera instancia no se pronunci\u00f3 sobre la indebida pr\u00e1ctica de pruebas que realiz\u00f3 la Superintendencia de Industria y Comercio, como \u00abque uno de los testigos evadi\u00f3 responder las preguntas de mi apoderada que pretend\u00eda demostrar que los implantes que me puso el odont\u00f3logo eran m\u00e1s peque\u00f1os que mis alveolos y, por esa raz\u00f3n se cayeron\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adujo que \u00abla sentencia impugnada, no examin\u00f3 las razones que expuse para demostrar la violaci\u00f3n de mis derechos fundamentales por parte de las sentencias de primera y segunda instancia en el proceso de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor y, que las dejaron incursas en defecto f\u00e1ctico, en cuanto los jueces no valoraron en conjunto, ni confrontaron las pruebas que permiten establecer que el odont\u00f3logo Herrera hizo mal su trabajo, que amparado en la buena pr\u00e1ctica, me caus\u00f3 enormes da\u00f1os y, que no quiere reintegrar el dinero que le pagu\u00e9, se escuda en que est\u00e1 dispuesto a rehacer el tratamiento y, para hacerlo debo regresar a Bogot\u00e1, sin tomar en cuenta los consecuentes perjuicios que ello implica para m\u00ed\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el actor pretende que se dejen sin efectos las providencias del 24 de enero de 2020 y del 9 de febrero de 2021, proferidas en el proceso con radicado 2019-17783. <\/p>\n
De manera preliminar es necesario precisar que, si bien la censura se dirigi\u00f3 tambi\u00e9n contra lo resuelto en primera instancia por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 fue el que cerr\u00f3 el debate con la emisi\u00f3n del fallo del 9 de febrero de 2021, que confirm\u00f3 el de primera instancia, raz\u00f3n por la cual el estudio del presente asunto girar\u00e1 en torno a lo decidido en esta \u00faltima providencia. Al respecto, ha manifestado la Corte que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC4538-2020, rad. 00523-01). <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la decisi\u00f3n cuestionada habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, del escrutinio del decurso procesal se observa que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito, al momento de resolver la alzada, rese\u00f1\u00f3 que se deb\u00edan analizar las excepciones de m\u00e9rito planteadas, teniendo como eje central que los reparos del se\u00f1or Murillo Cer\u00f3n se concretaron en los siguientes aspectos: i) informaci\u00f3n insuficiente frente a los materiales usados y los procedimientos llevado a cabo y ii) si la garant\u00eda requerida por el accionante era procedente bajo lo contemplado por la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
En este sentido, se vislumbra que, en relaci\u00f3n con la excepci\u00f3n propuesta denominada \u201cpleno cumplimiento del deber de informaci\u00f3n en el presente caso -existencia del consentimiento informado- asunci\u00f3n voluntaria del riesgo por parte del Sr. Gustavo Murillo Cer\u00f3n \u2013 inexistencia de la violaci\u00f3n al derecho de recibir una informaci\u00f3n veraz\u201d, la autoridad judicial accionada se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que la informaci\u00f3n brindada por el profesional de la salud encartado fue id\u00f3nea, veraz, clara y oportuna frente a los procedimientos odontol\u00f3gicos de los cuales fue objeto el demandante. Esto, partiendo de que, de acuerdo con los interrogatorios surtidos en la audiencia en la cual se practicaron las pruebas decretadas por el estrado de primera instancia, se denota de manera di\u00e1fana, tanto mediante las afirmaciones realizadas por el accionante, como por la parte pasiva, que se brind\u00f3 toda la informaci\u00f3n necesaria respecto del citado tratamiento, as\u00ed como de los materiales a utilizar en este. <\/p>\n
(\u2026) conforme lo relataron las partes que concurren a la acci\u00f3n, se establecieron varias comunicaciones desde la etapa precontractual en las cuales se puntualizaron los detalles de los procedimientos odontol\u00f3gicos a realizar, lo cual tiene plena coincidencia con las pruebas documentales adosadas al plenario, v. gr., los correos electr\u00f3nico obrantes a folios 107 a 116 del cuaderno 1, en los cuales se detallan, tanto los procedimientos planteados a realizar, como la t\u00e9cnica de Cantilever, el blanqueamiento dental, el tiempo necesario para su realizaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n, as\u00ed como la prevenci\u00f3n sobre los riesgos inherentes a los procedimientos y la imposibilidad de garantizar un porcentaje del 100% respecto del \u00e9xito y la efectividad de estos. Igualmente, se mencionaron las posibilidades de garant\u00eda frente a los insumos utilizados para tal fin. <\/p>\n
No obstante de lo anterior, se erige como de importancia capital la suscripci\u00f3n del consentimiento informado por parte del paciente, a trav\u00e9s del cual tambi\u00e9n se dio cuenta de las operaciones odontol\u00f3gicas a llevar a cabo y de sus riesgos, conforme este puede avizorarse a folio 276 del cuaderno 2. A partir de lo plasmado all\u00ed, es posible establecer sin hesitaciones que el paciente conoci\u00f3 de manera palmaria los pormenores del tratamiento al que iba a someterse as\u00ed como tambi\u00e9n de las complicaciones que pudieran surgir del mismo, estando de acuerdo con lo all\u00ed consignado (\u2026). <\/p>\n
\u2026es de precisar que el demandante en el interrogatorio de parte realizado en la audiencia indic\u00f3 que a pesar de que ley\u00f3 el citado consentimiento informado, como lo dio a entender a trav\u00e9s de sus afirmaciones, este conten\u00eda t\u00e9rminos desconocidos para \u00e9l, cuyos or\u00edgenes se remit\u00edan a la lex artis que rige a la ciencia odontol\u00f3gica. No obstante (\u2026) este estrado considera tales manifestaciones como infundadas, toda vez que de la auscultaci\u00f3n del documento puede deducirse todo lo contrario a tal declaraci\u00f3n, y si as\u00ed fuera, que existieran t\u00e9rminos que desconociere el paciente, este, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1480 de 2011 tiene el deber y la obligaci\u00f3n de informarse al respecto, esto acorde con lo previsto en su art\u00edculo 3, que en su numeral 2.1. expresa (\u2026) <\/p>\n
Cabe anotar entonces que, relacionado con conocer las condiciones del tratamiento, el demandante manifest\u00f3 estar al tanto de que lo contratado implicaba dar cumplimiento a obligaciones de medio, mas no de resultado… <\/p>\n
Acorde con lo anterior, y con lo denotado a trav\u00e9s del plenario, este despacho encuentra que el tratamiento realizado por el odont\u00f3logo consisti\u00f3 en una obligaci\u00f3n de medio, la cual tuvo como objetivo utilizar los conocimientos profesionales del odont\u00f3logo tratante con miras a procurar la rehabilitaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de la salud oral del paciente, de acuerdo con lo avizorado en el consentimiento informado, donde se hizo menci\u00f3n de la naturaleza de la obligaci\u00f3n adquirida por el profesional de la salud, as\u00ed como de la descripci\u00f3n del tratamiento y lo acotado por este \u00faltimo en el interrogatorio surtido en audiencia. <\/p>\n
Frente a ello, cabe anotar que las manifestaciones realizadas por la experta integrada al proceso a trav\u00e9s de su testimonio y el dictamen aportado al plenario, dieron cuenta de que los procedimientos realizados por su hom\u00f3logo fueron adelantados conforme a la lex artis lo prescribe, as\u00ed como tambi\u00e9n acorde con la literatura escrita sobre el particular, desvirtu\u00e1ndose de paso que el demandado hubiera desplegado conductas carentes de experticia y de cuidado frente a lo reclamado\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En segundo lugar, en torno a la garant\u00eda que el demandado deb\u00eda brindar a la parte actora, el Juzgado sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para esta autoridad es claro que el demandante confiri\u00f3 la posibilidad de acceder a esta, toda vez que, por parte del demandado, este mostr\u00f3 estar dispuesto a reparar los procedimientos que hubieran devenido contrarios a los esperados por el paciente, as\u00ed como este destac\u00f3 la posibilidad de que los materiales y su mano de obra fueran brindados sin costo para tal fin\u2026 <\/p>\n
No obstante de ello, de acuerdo con los planteamientos realizados por el a quo, la responsabilidad de pedir la garant\u00eda recae en el afectado, es decir, en el demandante, quien debi\u00f3 acudir ante el odont\u00f3logo rebatido en un primer momento para que este respondiera por los procedimientos adelantados sobre este. Empero, este opt\u00f3 por la devoluci\u00f3n del dinero, de conformidad con lo estipulado en el numeral tercero del art\u00edculo 11 de la Ley 1480 de 2011, que faculta al adquiriente de los bienes o servicios a ello. <\/p>\n
Cabe anotar entonces que para la reclamaci\u00f3n de la garant\u00eda aqu\u00ed erigida surgen dos inconvenientes de tipo f\u00e1ctico y legal, que impiden que la misma sea otorgada tal cual se requiri\u00f3. En primer lugar, resulta de gran importancia las explicaciones realizadas sobre tal tema, expresadas por la parte pasiva, quien, de acuerdo con lo vislumbrado en el plenario (fl. 133 a 150), as\u00ed como en el interrogatorio de parte, se encuentra completamente dispuesto a dar la garant\u00eda por los trabajos realizados, una vez el paciente se acerque a su consultorio para tal fin. No obstante de dicha manifestaci\u00f3n de voluntad, es de resaltar que la misma no ha sido posible redimirla por los designios adoptados por el demandante, quien reside en el exterior y que por esta y m\u00faltiples razones, econ\u00f3micas, como del orden interno, referidas a su confianza, no ha acudido al proveedor de los servicios para tal fin. En ese orden de ideas, al encontrarse que no existe renuencia para la prestaci\u00f3n de la garant\u00eda reclamada, y que pretenden adelantarse otros procedimientos con el fin de resarcir los perjuicios que se le endilgan al extremo actor, esta autoridad judicial encuentra acertadas las precisiones realizadas por el juzgados de primera instancia, al considerar que la devoluci\u00f3n de los dineros no es procedente existiendo aun la posibilidad de acudir a los medios planteados para la prestaci\u00f3n de la garant\u00eda. <\/p>\n
Ahora bien, debe tenerse igualmente en cuenta que de acuerdo con el art\u00edculo 7 del Estatuto del Consumidor, la garant\u00eda sobre obligaciones de medio no depende de su resultado sino de la idoneidad de las labores que se hubieren emprendido para el fin perseguido. En ese orden de ideas, es menester remitirse a los apartados finales del numeral anterior, donde se hicieron precisiones del orden doctrinal sobre esa clase de obligaciones, as\u00ed como tambi\u00e9n de las estimaciones realizadas por el auxiliar de la justicia que intervino en el proceso con el objetivo de determinar la idoneidad del tratamiento realizado por el demandado a su paciente, las cuales denotaron que este actu\u00f3 dentro de los preceptos m\u00e9dicos y odontol\u00f3gicos establecidos en la pr\u00e1ctica cient\u00edfica y acad\u00e9mica para lograr lo encomendado por la parte actora, sin que se hubiera garantizado un \u00e9xito total y \u00f3ptimo de lo desarrollado. <\/p>\n
Con todo, este despacho discurre que partiendo de tales elucubraciones, no habr\u00eda lugar a la reclamaci\u00f3n respecto de la garant\u00eda, toda vez que lo probado da cuenta que el extremo actor actu\u00f3 con pericia y diligencia respecto de la responsabilidad que err\u00f3neamente se le endilgan, derivando en que, como ya se expuso atr\u00e1s, las pretensiones deban ser desestimadas en su totalidad, as\u00ed como que las decisiones adoptadas por el a quo deban ser confirmadas\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Finalmente, en lo alusivo al estudio del acervo probatorio recaudado a lo largo del decurso procesal, el ad quem natural expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los interrogatorios realizados a las partes concurrentes al proceso dan cuenta, de manera di\u00e1fana, de la provisi\u00f3n de la informaci\u00f3n suficiente por parte del demandado a la parte actora respecto del tratamiento al cual se someti\u00f3, de la misma forma que la documental adosada al plenario respalda las afirmaciones realizadas por cada uno de los extremos procesales frente al particular. Es necesario considerar entonces que las acotaciones realizadas por la testigo Blanca In\u00e9s Castillo L\u00f3pez, quien refiri\u00f3 haber presenciado de primera mano las advertencias sobre los procedimientos a realizar y sus riesgos, dados por el profesional de la salud a su paciente, no requiere tacha de sospecha por el parentesco que posea con el demandado, pero fueron evaluados en su integridad por el a quo y por esta agencia judicial como valederos por ser una fuente primara que provey\u00f3 informaci\u00f3n sobre el asunto aqu\u00ed debatido, pero sobre todo por cuanto se a\u00fanan al restante material probatorio para concluir que no existi\u00f3 prueba que acreditara la vulneraci\u00f3n de la lex artis por el extremo pasivo. <\/p>\n
Ahora bien, contrario a lo antedicho, se destaca que el dictamen pericial aportado por el extremo pasivo efectivamente s\u00ed demostr\u00f3 que los procedimientos realizados por esa parte se ajustaron a lo estipulado en la literatura cient\u00edfica que refiere sobre el tema abordado, lo cual fue corroborado y respaldado por los testimonios brindados por la profesional que lo rindi\u00f3. Esto, aunado a las precisiones realizadas por los testigos Luis Antonio Romero Sep\u00falveda e Iv\u00e1n Padilla, quienes como proveedores de los insumos que fueron utilizados para el tratamiento rebatido, dieron fe de su calidad, as\u00ed como de las garant\u00edas otorgadas por estos respecto de tales materiales y de los protocolos y procesos a adelantar en caso de que esta fuera requerida. <\/p>\n
No sobra resaltar, que el presente proceso tiene la particularidad de tratarse de una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, con las caracter\u00edsticas que le son propias, pero a su vez, tiene evidentes elementos connaturales con la responsabilidad m\u00e9dica, aplicable por extensi\u00f3n a la ciencia odontol\u00f3gica. En ese orden de ideas, dicho tipo de responsabilidad debe sustentarse en el r\u00e9gimen de la culpa probada, esto es, que corresponde a la parte actora la demostraci\u00f3n de que el demandado no obr\u00f3 conforme los postulados de la ciencia odontol\u00f3gica y que otro profesional, con mediana inteligencia y cuidado, puesto en las mismas condiciones, no habr\u00eda obrado de tal manera, carga que sin duda no cumpli\u00f3 el extremo actor en el caso que nos asiste. Y es que, pese a que el resultado de un tratamiento m\u00e9dico u odontol\u00f3gico no sea el esperado tanto por el profesional tratante como por el paciente, dicho hecho no puede constituirse per se en el sustento de una declaratoria de responsabilidad, justamente por tratarse de obligaciones de medio, como ya se indic\u00f3 anteriormente. El juzgador carece de los conocimientos t\u00e9cnicos para determinar si el fracaso de un implante o de cualquier otro procedimiento odontol\u00f3gico es atribuible a la impericia del odont\u00f3logo, raz\u00f3n por la cual es fundamental la prueba t\u00e9cnica que as\u00ed lo determine, habi\u00e9ndose por el contrario aportado por la parte pasiva, una prueba pericial que determina que el tratamiento, pese al resultado adverso, no obedeci\u00f3 a una mala praxis. <\/p>\n
Se recalca entonces, que trat\u00e1ndose de la responsabilidad m\u00e9dica (incluyendo obviamente la odontol\u00f3gica), esta se logra establecer \u2018a partir del r\u00e9gimen de la culpa probada, pues sabido es que, por regla general, el profesional de la medicina no se compromete a sanar o curar a su paciente, m\u00e1s bien a hacer todo lo posible, desde su conocimiento, para remediar sus padecimientos\u2019 (Corte Suprema de Justicia Sentencias del 17 de noviembre de 2011. Exp. 1999-0553-01 y 30 de enero de 2001. Exp 5507)\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
3.1. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones procesales, la evidencia probatoria y la normatividad que gobierna el asunto, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
En definitiva, lo que se presenta en este caso es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad judicial cuestionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante, de suerte que el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, m\u00e1xime teniendo en cuenta que las decisiones adoptadas no muestran vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
3.2. Adicionalmente, en cuanto ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el medio id\u00f3neo para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, como se pretende. En ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
En el sub examine, no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n y a un nuevo an\u00e1lisis de las probanzas allegadas al plenario, por cuanto, como se dijo atr\u00e1s, la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra razonada legal y probatoriamente, es decir, no se advierte en ella arbitrariedad o la presencia de un error de juicio protuberante o manifiesto que afecte su validez; adem\u00e1s, ha de resaltarse que <\/p>\n
4. Ahora bien, en cuanto al supuesto defecto sustantivo en que habr\u00edan incurrido los jueces de instancia, por haber inaplicado el numeral tercero del art\u00edculo 11 de la Ley 1480 de 2011, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito arguy\u00f3 que se estaba en presencia de una obligaci\u00f3n de medio y no de resultado, por lo que, conforme al art\u00edculo 7 ibidem, la garant\u00eda no estaba dada por el resultado, sino por las condiciones de calidad del servicio. <\/p>\n
De esta forma, consider\u00f3 que, encontr\u00e1ndonos en el \u00e1mbito de la responsabilidad m\u00e9dica y siendo el r\u00e9gimen de la culpa probada el aplicable, correspond\u00eda al accionante demostrar que el demandado incurri\u00f3 en una mala praxis, para que se configurara la responsabilidad contractual y, consecuentemente, se activara la garant\u00eda legal; no obstante, el juez demandado consider\u00f3 que \u00fanicamente fue aportada una prueba pericial por la parte pasiva, que determinaba que el tratamiento, \u00abpese al resultado adverso, no obedeci\u00f3 a una mala praxis\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, al no haber sido demostrada la responsabilidad del odont\u00f3logo, no se vislumbra el desacierto ostensible alegado frente a las normas aplicadas por la autoridad judicial querellada. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el presunto defecto f\u00e1ctico aducido por el actor, tal y como se mencion\u00f3 ut supra en el numeral tercero de las consideraciones, el ad quem natural hizo un exhaustivo an\u00e1lisis de las pruebas decretadas y practicadas en el proceso, particularmente los interrogatorios y testimonios recibidos, a lo cual se suma que expuso las razones por las cuales el concepto del m\u00e9dico Suizo Serge Blair no pod\u00eda ser tenido en cuenta como dictamen pericial, por no cumplir con los requisitos estipulados en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Finalmente, frente a lo esgrimido en la impugnaci\u00f3n, en cuanto a que el juez constitucional no se pronunci\u00f3 sobre la indebida pr\u00e1ctica de las pruebas que realiz\u00f3 el a quo natural, en especial lo relacionado con \u00abque uno de los testigos evadi\u00f3 responder las preguntas de mi apoderada que pretend\u00eda demostrar que los implantes que me puso el odont\u00f3logo eran m\u00e1s peque\u00f1os que mis alveolos y, por esa raz\u00f3n se cayeron\u00bb, deviene imperioso manifestar que el impugnante contaba, en el momento procesal respectivo, con las herramientas jur\u00eddicas para poner de presente dicha situaci\u00f3n ante la autoridad competente; por tanto, no es esta la senda legal indicada para ventilar tales inconformidades. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es dable afirmar que se configur\u00f3 en este caso el defecto se\u00f1alado, ya que la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la autoridad demandada tuvo como sustento el an\u00e1lisis juicioso, bajo la sana cr\u00edtica, de las pruebas adosadas al expediente. <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 29 y 30, archivo \u201c02EscritoTutela_Anexos_compressed\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 30-45. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8463-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC8463-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-00857-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55533","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55533","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55533"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55533\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55533"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55533"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55533"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}