STC8482-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8482-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-00567-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 6 de abril de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mauro Antonio Hurtado Chica contra la Superintendencia Financiera de Colombia (Delegatura para Funciones Jurisdiccionales), tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso radicado n\u00ba 2020-172233. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la entidad convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el 19 de enero de 2018 present\u00f3 reclamaci\u00f3n formal ante la \u00abEquidad Seguros de Vida O.C.\u00bb, en su calidad de beneficiario del seguro de vida (p\u00f3liza de vida grupo n\u00ba AA001353 suscrita el 9 de junio de 2017) por el fallecimiento de su padre Antonio Jos\u00e9 Hurtado Salazar (ocurrido el 23 de diciembre de 2017), asegurado por \u00abActuar Microempresas\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, adujo que la compa\u00f1\u00eda aseguradora el 27 de febrero de ese a\u00f1o objet\u00f3 el pago de la p\u00f3liza al considerar que el asegurado \u00abincurri\u00f3 en reticencia en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, lo que generaba nulidad relativa del contrato de seguros\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, tras el fracaso de la audiencia de conciliaci\u00f3n (15 de mayo de 2020), el 23 de julio de 2020 present\u00f3 \u00abdemanda ordinaria\u00bb de responsabilidad civil contractual ante la Superintendencia Financiera de Colombia, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales que, el 17 de febrero de 2021 dict\u00f3 sentencia anticipada de \u00fanica instancia en la que declar\u00f3 prescrita la acci\u00f3n ejercida. <\/p>\n
Cuestiona esa decisi\u00f3n por cuanto, desconoci\u00f3 que para determinar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n en dicho asunto la normativa aplicable era el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio y no el canon 58 de la Ley 1480 de 2011 como lo hizo la superintendencia accionada. Aleg\u00f3 al respecto que, el marco legal de los contratos de seguros y en espec\u00edfico el tema de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para su reclamaci\u00f3n, se halla prevista en los art\u00edculos 1036 y siguientes del citado compendio normativo mercantil, mientras que la observada por la entidad falladora corresponde al Estatuto del Consumidor, en tal sentido, \u00abentendi\u00f3 que el t\u00e9rmino consagrado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 se refer\u00eda a caducidad, por lo cual, bajo dicha \u00f3ptica no era indispensable determinar el derecho que se incorporaba en la acci\u00f3n y que se pretend\u00eda su reconocimiento o defensa, sino que, al tratarse sobre el medio por el cual se pretende la efectividad del derecho, desplazaba el an\u00e1lisis de la prescripci\u00f3n de este, para centrarse en el estudio de los t\u00e9rminos de caducidad para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n, el cual despu\u00e9s de superado, entrar\u00eda a considerar el asunto de fondo que corresponde al derecho en particular y su prescripci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, al presentarse la se\u00f1alada antinomia, obligaba al operador judicial plantearse espec\u00edficos interrogantes para establecer la legislaci\u00f3n aplicable, tales como, \u00ab\u00bfCu\u00e1l es el r\u00e9gimen de prescripci\u00f3n que debe regular el derecho de seguros?\u00bb Sostuvo que, para responder a ese problema jur\u00eddico, se requer\u00eda que la Superintendencia adoptara el criterio de \u00abla especialidad [\u2026] seg\u00fan el cual la norma especial prima sobre la general\u00bb, como lo indic\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-439 de 2016, al igual que observancia de principios como el de \u00abfavorabilidad, condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, progresividad y no regresividad\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 \u00ab(\u2026) dejar sin efectos la sentencia anticipada antes referida y en su lugar, ordenar a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, dar aplicaci\u00f3n a los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n consagrados en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio por tratarse de norma especial que regula la materia, atendiendo los lineamientos sentados por los precedentes judiciales de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional y con ello, continuar el an\u00e1lisis puesto a su conocimiento\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia Financiera de Colombia, puntualiz\u00f3 que el accionante interpuso contra la Equidad Seguros acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor bajo los par\u00e1metros de la ley 1480 de 2011 (art\u00edculos 57 y 58) \u00aba la que acceden los consumidores a prevenci\u00f3n, atendiendo adem\u00e1s que lo pretendido por el actor puede ser de conocimiento por el curso de la acci\u00f3n civil ordinaria derivada del contrato de seguro ante los jueces civiles\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, \u00abbajo dicho panorama y en el marco de la competencia jurisdiccional otorgada a esta autoridad administrativa es que se tramit\u00f3 la controversia contractual puesta en conocimiento [\u2026] donde no se present\u00f3 en ninguna etapa de esta actuaci\u00f3n, vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, precis\u00f3 que, confront\u00f3 el acervo probatorio con el r\u00e9gimen legal aplicable \u00abespecialmente trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, mecanismo que libremente eligi\u00f3 el aqu\u00ed accionante para reclamar a la aseguradora el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del seguro de vida grupo AA001353 y que tiene como fundamento normativo los art\u00edculos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del C\u00f3digo General del Proceso, normatividad mediante la cual se dot\u00f3 a la Superintendencia Financiera de funciones jurisdiccionales para resolver en derecho [\u2026] sobre las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por la misma, relacionadas exclusivamente con la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman, en este caso, en ejercicio de la actividad aseguradora y cuyo procedimiento se encuentra regulado en el art\u00edculo 58 del Estatuto del Consumidor y al cual se le dio cabal aplicaci\u00f3n atendiendo la competencia de esta Superintendencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La apoderada judicial de la Equidad Seguros de Vida O.C., se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n tutelar por cuanto, esta tiene un car\u00e1cter residual \u00aby su funci\u00f3n no es la de suplir al juzgado ordinario o natural\u00bb ni puede ser utilizada como una \u00abtercera instancia\u00bb. Admiti\u00f3 que, \u00abel tr\u00e1mite adecuado, en consonancia con lo dispuesto en el C\u00f3digo General del Proceso era el tr\u00e1mite declarativo verbal o verbal sumario, dependiendo de la cuant\u00eda estimada del conflicto; o en su defecto, el proceso ejecutivo, si se cumplen las condiciones se\u00f1aladas para ello\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, la Superintendencia \u00ab(\u2026) no desconoci\u00f3 la existencia de las normas que regulan lo relacionado con la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor y mucho menos la de acci\u00f3n derivada del contrato de seguro, en la medida que lo \u00fanico que enfatiz\u00f3 fue en que hab\u00eda fenecido el t\u00e9rmino para ejercer la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, espec\u00edficamente, dicha y no otra, que sobra decir, fue optativa del accionante, pues contaba con otro medio judicial por medio del cual pretender hacer valer el derecho que pretende\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que, no se puede \u00aben sede de tutela [\u2026] dirimir una controversia sobre la norma de prescripci\u00f3n aplicable en acciones de protecci\u00f3n al consumidor financiero (\u2026)\u00bb y, apunt\u00f3 que la Superintendencia accionada, contrario a lo alegado por el quejoso, \u00ab(\u2026) s\u00ed repar\u00f3 en los hechos alegados [\u2026] solo que para ella, la prescripci\u00f3n derivada del contrato de seguro y la prescripci\u00f3n derivada de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n del consumidor financiero son disposiciones que regulan temas completamente diferentes, una cosa son los derechos derivados del contrato de seguro y otra el t\u00e9rmino en el que se puede interponer una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, la cual no implica simplemente el conocimiento de temas relacionados con seguros, sino que ata\u00f1e a cualquier conflicto originado en la relaci\u00f3n contractual entre entidades vigiladas por la Superintendencia, como lo son, entre otras, las entidades financieras, no solamente las aseguradoras y los consumidores. Es por ello que no se presenta el fen\u00f3meno indicado en los alegatos denominado antinomia, ya que no hay contradicci\u00f3n entre el art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011 y el art\u00edculo 1081 [\u2026] del C\u00f3digo de Comercio, ya que establecen t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n en materias diferentes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el apoderado del querellante reiterando lo plasmado en el escrito inicial, en cuanto a lo que considera represent\u00f3 el \u00abyerro\u00bb vulnerador de las garant\u00edas invocadas en favor de su prohijado, esto es, que la decisi\u00f3n recriminada \u00ab[tuvo] como fundamento una norma que no es aplicable [\u2026] su aplicaci\u00f3n no resultaba adecuada en el caso concreto, por existir una norma que regula de manera particular y espec\u00edfica el asunto puesto en conocimiento, excluyendo la aplicaci\u00f3n de las disposiciones generales (criterio de especialidad)\u00bb. Manifest\u00f3 tambi\u00e9n que, el tribunal a quo omiti\u00f3 analizar de fondo lo planteado respecto a la antinomia, punto central de la discusi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la entidad administrativa de control convocada, en su funci\u00f3n jurisdiccional, vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas dentro del proceso de protecci\u00f3n al consumidor radicado n\u00ba 2020-172233 promovido por el ac\u00e1 actor contra la Equidad Seguros de Vida O.C., al dictar sentencia anticipada (17 de febrero de 2021) que declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de dicha acci\u00f3n con fundamento en el art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, pues, seg\u00fan aleg\u00f3, la normativa que correspond\u00eda aplicarse era el canon 1081 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2. La acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
La tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. Teniendo en cuenta las premisas enunciadas, y auscultadas las discrepancias formuladas por esta v\u00eda excepcional contra la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 la controversia de protecci\u00f3n al consumidor, se observa que se trata de argumentos que se circunscriben, de modo exclusivo, a disentir de las razones en las que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto a su conocimiento, disconformidad que per se, sin que se demuestre un desafuero jur\u00eddico flagrante que comprometa de manera evidente derechos fundamentales, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
3.2. En los ataques apuntados contra la decisi\u00f3n discutida y que ha replicado en el escrito impugnatorio, el abogado del tutelante se\u00f1al\u00f3 en primer lugar que, el seguro \u00abse encuentra saneado de toda nulidad relativa derivada de la reticencia del asegurado [\u2026] por efectos de la prescripci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, y en lo cardinal del debate expuesto, esto es, la antinomia que, supuestamente, se present\u00f3 entre las dos normas que consagran los t\u00e9rminos prescriptivos \u00ab(\u2026) decidi\u00f3 inaplicar una disposici\u00f3n jur\u00eddica de car\u00e1cter especial (art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio) desconociendo y contrariando el principio de especialidad, lo que materializada un defecto material o sustantivo en la medida que la decisi\u00f3n tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que pese a que la norma est\u00e1 vigente su aplicaci\u00f3n no resulta adecuada en el caso concreto; lo que apareja que la aplicaci\u00f3n de la norma general al caso puesto en su conocimiento se muestre injustificadamente regresiva y contraria a la Constituci\u00f3n, siendo una decisi\u00f3n fundada en una interpretaci\u00f3n no sistem\u00e1tica del derecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, la jurisprudencia nacional ha indicado que en los escenarios de antinomias la prevalencia debe ser la norma especial, bajo el criterio o principio de la especialidad \u00abconsagrado en los art\u00edculos 3\u00ba de la Ley 153 de 1887 y 5\u00ba de la Ley 57 del mismo a\u00f1o\u00bb; sin embargo, critica que la entidad accionada no reconoci\u00f3 que exist\u00eda contradicci\u00f3n entre las normativas regulatorias de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n, a pesar de admitir que se trataba de una \u00abcontroversia que surg\u00eda de un contrato de seguros (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, por el hecho de que el asunto planteado tenga que ver con un litigio contractual entre un consumidor financiero y una aseguradora, no quiere ello significar que el \u00abel marco jur\u00eddico que gobierna a la jurisdicci\u00f3n ordinaria o a la jurisdicci\u00f3n ejercida por autoridades administrativas sea distinta, sino todo lo contrario; [\u2026] sus competencias son a prevenci\u00f3n, lo que no excluye la competencia otorgada a las ordinarias autoridades judiciales, sino que entran a hacer sus veces y confluyen en la misma jerarqu\u00eda que les corresponder\u00eda al juez natural y, en todo caso, las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales tramitar\u00e1n los procesos a trav\u00e9s de las mismas v\u00edas procesales previstas en la ley para los jueces, situaci\u00f3n que m\u00e1s que tratar a cada jurisdicci\u00f3n de forma diferente, lo que pretende es que se enmarquen en una sola especie de jurisdicci\u00f3n, compartiendo, entre otras cosas, los mismos superiores jer\u00e1rquicos\u00bb. <\/p>\n
Y complement\u00f3 indicando que, si \u00ab(\u2026) un consumidor financiero en caso de tener alguna controversia emanada del contrato de seguros con una aseguradora tiene a su disposici\u00f3n la jurisdicci\u00f3n ordinaria y las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia para pretender la resoluci\u00f3n de su conflicto propio del Derecho de Seguros, donde se espera con meridiana raz\u00f3n que, el marco normativo que se apliquen para el caso (interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del derecho) sea el mismo sin importar la jurisdicci\u00f3n en atenci\u00f3n a la seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima\u00bb. <\/p>\n
Por todo, finaliz\u00f3 recalcando que, la decisi\u00f3n se fund\u00f3 en una interpretaci\u00f3n \u00ab(\u2026) no sistem\u00e1tica del derecho, omitiendo el an\u00e1lisis de otras disposiciones aplicables al caso; habida cuenta de que, como se expuso en l\u00edneas anterior, la DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES de la Superintendencia Financiera de Colombia sin mayor argumentaci\u00f3n y ejercicio interpretativo, apart\u00e1ndose del marco normativo transversal que regula el contrato de seguros, decidi\u00f3 sin m\u00e1s, al pretermitir las etapas procesales y proferir sentencia anticipada, que el t\u00e9rmino prescriptivo que se aplicaba al caso concreto correspond\u00eda al consagrado en numeral 3 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, bajo su entender que no exist\u00eda antinomia, es decir, descartar de tajo el t\u00e9rmino prescriptivo contenido en el art\u00edculo 1081 del C. Co. que consagra de manera especial y taxativa el r\u00e9gimen de prescripci\u00f3n de las acciones que se derivan del contrato de seguros o de las disposiciones que lo rigen\u00bb. <\/p>\n
4.3. En suma, n\u00f3tese, alegatos como los que aqu\u00ed formula el quejoso a trav\u00e9s de su apoderado, son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia de que pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n a la de la autoridad accionada y derruir, por esta senda, la decisi\u00f3n que le fue desfavorable, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario. <\/p>\n
Adem\u00e1s, incumbe a quien ejercite el amparo contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo aquella no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de este talante criticando el labor\u00edo del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos iusfundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye y que, fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Y, aunque el apoderado del actor se esfuerza en exponer los \u00abyerros\u00bb que en su sentir cometi\u00f3 la Superintendencia al momento del ejercicio deductivo y, en concreto, de la \u00aberr\u00f3nea\u00bb aplicaci\u00f3n de una regulaci\u00f3n distante de la problem\u00e1tica jur\u00eddica planteada, observa la Corte que en realidad lo que hace es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo por esa autoridad en virtud de sus espec\u00edficas competencias, es decir, lo que contienen en s\u00ed sus alegaciones no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Es que el debate suscitado por el demandante, se reitera, tiene que ver con la aplicaci\u00f3n de una normativa que difiere de la indicada en la determinaci\u00f3n censurada para los efectos de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, pues, seg\u00fan lo aleg\u00f3, en trat\u00e1ndose de un pleito originado en un contrato de seguros, la ley que debi\u00f3 regir el asunto era la \u00abespecial\u00bb contenida en el C\u00f3digo de Comercio y no la del estatuto del consumidor, deducci\u00f3n que implicar\u00eda, como ya se precis\u00f3, desbordar el marco de las competencias del juez de amparo, pues \u00e9ste se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01) Negrillas de la Sala. <\/p>\n
Es que la sola manifestaci\u00f3n de inconformidad con la providencia no es suficiente para abrir el camino de la prosperidad del reclamo constitucional; no basta una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, lo que no demostr\u00f3 la accionante con sus alegaciones. <\/p>\n
4.4. En todo caso, y pese a lo que viene de considerarse para determinar el fracaso del auxilio, es pertinente agregar que la Superintendencia accionada al proferir la determinaci\u00f3n discutida, en lo relevante, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se tiene que la controversia tiene por fuente el cumplimiento de obligaciones que emanan de la p\u00f3liza n\u00ba AA001353 que cuenta con el amparo de muerte y la cual fue contratada por la Corporaci\u00f3n para el desarrollo empresarial Finafuturo (sic), fungiendo como tomador, y asegurado el se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Hurtado Salazar y como aseguradora la aqu\u00ed demandada, por lo que nos encontramos dentro de una controversia surgida dentro de una obligaci\u00f3n contractual. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que nos encontramos en una controversia contractual, debemos conforme el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011 establecer la fecha de finalizaci\u00f3n del citado contrato para empezar a contar los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n, encontr\u00e1ndonos con que el art\u00edculo 1045 del C\u00f3digo de Comercio, reconoce como elementos esenciales del contrato de seguro el inter\u00e9s asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligaci\u00f3n condicional, frente a los cuales se dispone expresamente que la ausencia de alguno de los enunciados elementos conllevan a que el contrato no produzca efecto alguno. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, t\u00e9ngase en cuenta que el art\u00edculo 1054 del C\u00f3digo de Comercio reconoce como riesgo asegurable la muerte, y en este orden, dada la ocurrencia del siniestro el riesgo asegurable en este caso deja de existir y ante la ausencia de dicho elemento esencial el contrato de seguro se presenta la extinci\u00f3n del mismo\u00bb. <\/p>\n
De los documentos examinados, rese\u00f1\u00f3 que, \u00ab(\u2026) conforme al registro de defunci\u00f3n obrante en el plenario se encuentra que la fecha del fallecimiento del se\u00f1or Hurtado ocurri\u00f3 el 23 de diciembre de 2017, en este sentido al tomar como fecha de partida para contar el t\u00e9rmino prescriptivo la terminaci\u00f3n del contrato de seguro, es decir, el fallecimiento del se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Hurtado Salazar al dejar de existir el riesgo asegurable se llega a la inexorable conclusi\u00f3n de que el t\u00e9rmino m\u00e1ximo que le asist\u00eda a la parte activa para reclamar el pago del amparo por los hechos base de la reclamaci\u00f3n a trav\u00e9s del ejercicio de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, no pod\u00eda superar, en principio, el 23 de diciembre de 2017, ante la ausencia del riesgo asegurable que conlleva a la terminaci\u00f3n del contrato, momento a partir del cual se cuenta con un (1) a\u00f1o para interponer la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
Esta circunstancia no se modificar\u00e1 por la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que esta norma prev\u00e9 la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino por una sola vez con el requerimiento que hace el acreedor al deudor, para este caso el que hace el demandante a la aseguradora para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, requerimiento que en este asunto se present\u00f3 el d\u00eda 19 de enero de 2018, por lo que contando un a\u00f1o nuevamente desde dicho momento, ten\u00eda el demandante hasta el 19 de enero de 2019\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, explicit\u00f3 que, \u00ab(\u2026) dado que el libelo introductorio fue radicado hasta el 23 de julio de 2020 ante esta Superintendencia, se encuentra que para la citada fecha hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 58 numeral 3\u00ba de la ley 1480 de 2011 por lo que oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor en lo relacionado con el citado contrato de seguro, lo que da prosperidad a la excepci\u00f3n bajo estudio, lo que conlleva [\u2026] a que no sea posible analizar de fondo las dem\u00e1s pretensiones de la demanda respecto de la entidad aseguradora\u00bb. <\/p>\n
Al pronunciarse sobre los alegatos de la parte accionante, que en lo fundamental se concentraron en el tema de la antinomia que aduce se present\u00f3 en el contexto jur\u00eddico en cuesti\u00f3n, aclar\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la prescripci\u00f3n derivada del contrato de seguro y la prescripci\u00f3n derivada de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, son disposiciones que regulan temas completamente diferentes, una cosa son los derechos derivados del contrato de seguro y otra el t\u00e9rmino en el que se puede interponer una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, la cual no implica simplemente el conocimiento en temas relacionados con seguros, sino que ata\u00f1en cualquier conflicto originado en la relaci\u00f3n contractual entre entidades vigiladas por esta superintendencia, como lo son entre otras, las entidades financieras, no solamente las aseguradoras y los consumidores. Es por ello que no se presenta el fen\u00f3meno indicado en los alegatos denominado antinomia, ya que no hay contradicci\u00f3n entre el art\u00edculo 58 de la ley 1480 y el art\u00edculo 1081 que regula la prescripci\u00f3n derivada del contrato de seguro, establecida en el C\u00f3digo de Comercio, ya que establecen t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n en materias diferentes (\u2026) que en ninguna forma son contradictorios porque no regulan el mismo asunto\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no halla esta Sala configurada la v\u00eda de hecho a que se refiere en la demanda, ya que las consideraciones expuestas, resultan razonadas, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno a esas conclusiones. <\/p>\n
En todo caso, es menester se\u00f1alar que ante reclamos de esta \u00edndole, con insistencia ha resaltado la Corte que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012) Se resalta. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Lo pretendido por el accionante resulta improcedente, toda vez que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, ya que lo que persigue es imponer una determinada tesis sustituyendo al fallador de la causa, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo o una instancia adicional y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-00567-01 <\/p>\n
Acompa\u00f1o la resoluci\u00f3n del caso porque el ordenamiento jur\u00eddico permite la interpretaci\u00f3n adoptada en la decisi\u00f3n sujeto de reproche y, en tal sentido, resulta admisible la razonabilidad predicada por la Sala. No obstante, aclaro que, desde mi perspectiva, en los procesos de protecci\u00f3n al consumidor que diriman controversias derivadas de un contrato de seguro, el t\u00e9rmino de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb es el contemplado en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio y no el del canon 58, numeral 3\u00ba, de la ley 1480 de 2011, en la medida en que los conflictos de esa naturaleza se hallan regulados de manera especial en la primera codificaci\u00f3n, a tal punto que las resultas del pleito frustra el inicio de uno nuevo sobre el mismo asunto, en virtud del postulado de la competencia a prevenci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, basta remitirse al objeto de la Ley 1480 de 2011 para que se haga evidente que dicha normativa no tiene aplicabilidad en asuntos para los cuales el legislador asign\u00f3 un tratamiento espec\u00edfico, puesto que <\/p>\n
[l]as normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la econom\u00eda respecto de los cuales no exista regulaci\u00f3n especial, evento en el cual aplicar\u00e1 la regulaci\u00f3n especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley. (Art\u00edculo 2\u00ba. Resaltado propio). <\/p>\n
De modo que si el canon 1081 del C\u00f3digo de Comercio consagra un t\u00e9rmino especial de prescripci\u00f3n \u00abde las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen\u00bb, pierde valor el lapso de un (1) a\u00f1o que sobre esa figura contempl\u00f3 el art\u00edculo 58 numeral 3\u00ba del estatuto de protecci\u00f3n del consumidor para las \u00abcontroversias netamente contractuales\u00bb, al ser esta una regla general y aquella una especial. <\/p>\n
Aspecto que sobresale si en cuenta se tiene que, a voces del art\u00edculo 57 de la ley 1480 de 2011, \u00ab[e]n aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los consumidores financieros de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia podr\u00e1n a su elecci\u00f3n someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y las entidades vigiladas sobre las materias a que se refiere el presente art\u00edculo para que sean fallados en derecho, con car\u00e1cter definitivo y con las facultades propias de un juez\u00bb (Negrillas de ahora). De suerte que la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n en la acci\u00f3n jurisdiccional de protecci\u00f3n del consumidor produce efectos definitivos y desfavorables frente al demandante, como quiera que al haber optado por uno de los jueces que guardaban competencia para conocer de su asunto, renunci\u00f3 indefectiblemente a la posibilidad de acudir ante el despacho desplazado, como lo era el juez ordinario, lo que redunda en su perjuicio a causa de la hermen\u00e9utica aplicada. <\/p>\n
Conforme a los anteriores considerandos dejo expuesta la aclaraci\u00f3n de mi voto. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
STC8482-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00567-01 <\/p>\n
Con todo el respeto que profeso por quienes suscriben la providencia, debo se\u00f1alar las razones de mi voto disidente con el fallo de segunda instancia proferido por esta Sala en la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Es de resaltar, al juez le compete en cada caso concreto ver los hechos y las finalidades de la demanda, para analizar las acciones de los actores y los medios defensivos propuestos por los demandados en cada contexto jur\u00eddico y f\u00e1ctico, as\u00ed como las instituciones que los gobiernan para no cometer errores al resolver una controversia. <\/p>\n
1. En el caso concreto, el accionante impetr\u00f3 ante la Superintendencia Financiera, juicio de \u201cresponsabilidad civil contractual\u201d frente a la Equidad Seguros de Vida O.C., bajo las disposiciones de la Ley 1480 de 2011, por la negativa de esa entidad en asumir el pago de la p\u00f3liza del seguro de vida grupo deudores tomada por su padre Antonio Jos\u00e9 Hurtado Salazar, quien, falleci\u00f3 el 23 de diciembre de 2017. <\/p>\n
En sentencia anticipada de 17 de febrero de 2021, la referida superintendencia declar\u00f3 prescrita la acci\u00f3n ejercida por el tutelante, pues \u201cel t\u00e9rmino m\u00e1ximo que le asist\u00eda a la parte activa para reclamar el pago del amparo por los hechos base de la reclamaci\u00f3n a trav\u00e9s del ejercicio de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, no pod\u00eda superar, en principio, el 23 de diciembre de 2017, ante la ausencia del riesgo asegurable que conlleva a la terminaci\u00f3n del contrato, momento a partir del cual se cuenta con un (1) a\u00f1o para interponer la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor\u201d. <\/p>\n
El promotor interpuso el presente resguardo pretendiendo la revocatoria de ese fallo, por considerar conculcado su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
La posici\u00f3n mayoritaria de esta Colegiatura, para ratificar la determinaci\u00f3n constitucional de primer grado, adujo que el auxilio era improcedente, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) el debate suscitado por el demandante (\u2026), tiene que ver con la aplicaci\u00f3n de una normativa que difiere de la indicada en la determinaci\u00f3n censurada para los efectos de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, pues, seg\u00fan lo aleg\u00f3, en trat\u00e1ndose de un pleito originado en un contrato de seguros, la ley que debi\u00f3 regir el asunto era la \u00abespecial\u00bb contenida en el C\u00f3digo de Comercio y no la del estatuto del consumidor, deducci\u00f3n que implicar\u00eda (\u2026), desbordar el marco de las competencias del juez de amparo pues \u00e9ste se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d. <\/p>\n
2. La Sala no pod\u00eda obviar el evidente defecto sustantivo en el cual incurri\u00f3 la Superintendencia Financiera de Colombia, quien, dentro de un asunto donde se debat\u00eda el cumplimiento de un contrato de seguro, emple\u00f3 el t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor consagrado en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, plazo entendido por esa entidad como de prescripci\u00f3n, desconociendo in radice, que la norma aplicable para el caso es el C\u00f3digo de Comercio, dado su car\u00e1cter especial sobre la materia. <\/p>\n
Para introducir la cuesti\u00f3n, salta patente, la Sala reh\u00faye la soluci\u00f3n del conflicto constitucional y por el contrario debi\u00e9ndolo, se sustrae del cumplimiento de su atribuci\u00f3n propia impuesta por la Carta como \u00f3rgano l\u00edmite en los conflictos jur\u00eddico-econ\u00f3micos civiles y comerciales que rodean la disciplina de los contratos para fijar el sentido de las materias juzgadas, la hermen\u00e9utica correcta y la forma de aplicaci\u00f3n de las disposiciones correspondientes. <\/p>\n
El punto puesto a consideraci\u00f3n de la Sala tiene una enorme trascendencia constitucional por cuanto los jueces de instancia cercenaron el derecho del usuario del sistema aseguraticio al obstruir el ejercicio del derecho material y su reconocimiento como consecuencia del defectos sustantivo protuberante al aplicar un t\u00e9rmino de un a\u00f1o, en lugar del propio de las normas del contrato de seguro previstas en el C\u00f3digo de Comercio. De ning\u00fan modo pod\u00eda aplicarse el exiguo t\u00e9rmino de un a\u00f1o previsto en al Ley 1480 de 2011 porque cerr\u00f3 y aniquil\u00f3 en definitiva el derecho del accionante, a pesar de tratarse de una controversia delineada bajo normas especiales. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 1081 del C. de Co. establece: \u201cLa prescripci\u00f3n de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podr\u00e1 ser ordinaria o extraordinaria (\u2026). La prescripci\u00f3n ordinaria ser\u00e1 de dos a\u00f1os y empezar\u00e1 a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n. (\u2026) La prescripci\u00f3n extraordinaria ser\u00e1 de cinco a\u00f1os, correr\u00e1 contra toda clase de personas y empezar\u00e1 a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho\u201d. <\/p>\n
Esta Sala ha indicado que estos tipos de prescripci\u00f3n presentan las siguientes diferencias: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c(i) Las dos clases de prescripci\u00f3n son de diferente naturaleza, pues, mientras la ordinaria depende del conocimiento real o presunto por parte del titular de la respectiva acci\u00f3n de la ocurrencia del hecho que la genera, lo que la estructura como subjetiva; la extraordinaria es objetiva, ya que empieza a correr a partir del surgimiento del derecho, independientemente de que se sepa o no cu\u00e1ndo aconteci\u00f3\u201d. <\/p>\n
\u201c(ii) Todas las acciones que surgen del contrato de seguro, o de las normas legales que lo regulan, pueden prescribir tanto ordinaria, como extraordinariamente\u201d. <\/p>\n
\u201c(iii) La prescripci\u00f3n extraordinaria corre contra toda clase de personas, mientras que la ordinaria no opera contra los incapaces\u201d. <\/p>\n
\u201c(iv) El t\u00e9rmino de la ordinaria es de s\u00f3lo dos a\u00f1os y el de la extraordinaria se extiende a cinco, \u201cjustific\u00e1ndose su ampliaci\u00f3n por aquello de que luego de expirado, se entiende que todas las situaci[ones] jur\u00eddicas han quedado consolidadas y, por contera, definidas\u201d. <\/p>\n
\u201c(v) Las dos formas de prescripci\u00f3n son independientes y aut\u00f3nomas, aun cuando pueden transcurrir simult\u00e1neamente, adquiriendo materializaci\u00f3n jur\u00eddica la primera de ellas que se configure (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as dos clases de prescripci\u00f3n consagradas en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio se diferencian por su naturaleza: subjetiva, la primera, y objetiva, la segunda; por sus destinatarios: quienes siendo legalmente capaces conocieron o debieron conocer el hecho base de la acci\u00f3n, la ordinaria, y todas las personas, incluidos los incapaces, la extraordinaria; por el momento a partir del cual empieza a correr el t\u00e9rmino de cada una: en el mismo orden, desde cuando el interesado conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer el hecho base de la acci\u00f3n y desde cuando nace el correspondiente derecho; y por el t\u00e9rmino necesario para su configuraci\u00f3n: dos y cinco a\u00f1os, respectivamente (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
<\/p>\n
N\u00f3tese, para las acciones derivadas del contrato de seguros existen dos clases de prescripciones, y cada una cuenta con una contabilizaci\u00f3n de t\u00e9rmino distinta. Para el caso de la ordinaria (2 a\u00f1os), comienza a correr desde el conocimiento razonable del hecho que origina la acci\u00f3n; y, respecto de la extraordinaria, a partir de la ocurrencia del siniestro. <\/p>\n
2.2. Ahora, respecto del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n en asuntos originarios de los contratos aqu\u00ed analizados, la Corte Constitucional, partiendo de lo establecido en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, ha resaltado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La prescripci\u00f3n ordinaria tiene como principal prop\u00f3sito proteger los intereses de los asegurados que por su condici\u00f3n o por razones ajenas a su voluntad, no hayan tenido o debido tener conocimiento de los hechos que dieron lugar al siniestro. Esto significa que mediante esta modalidad de prescripci\u00f3n, el C\u00f3digo de Comercio quiso dotar de mayores garant\u00edas a los legitimados para ejercer las acciones derivadas del contrato de seguro. Si el efecto de la prescripci\u00f3n es crear una consecuencia desfavorable a quien teniendo las posibilidades de ejercer un derecho o una acci\u00f3n, transcurrido determinado tiempo no lo hizo, en este evento la voluntad del legislador no fue castigar a quien ni siquiera conoc\u00eda que tiene el derecho o quien por su condici\u00f3n no podr\u00eda presentar la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEn materia de prescripci\u00f3n ordinaria se ha establecido que \u201cno basta el acaecimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n, sino que por imperativo legal \u2018se exige adem\u00e1s que el titular del inter\u00e9s haya tenido conocimiento del mismo efectivamente, o a lo menos, debido conocer este hecho, momento a partir del cual ese t\u00e9rmino fatal que puede culminar con la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n \u2018empezar\u00e1 a correr\u2019 y no antes, ni despu\u00e9s\u201d. <\/p>\n
\u201cPor otra parte, el prop\u00f3sito de la prescripci\u00f3n extraordinaria en el contrato de seguro es diferente. Su finalidad es brindar seguridad jur\u00eddica a las partes del contrato cuando existen situaciones jur\u00eddicas en las que transcurrido un tiempo (5 a\u00f1os), aun no se han definido. Por esta raz\u00f3n, como lo ha resaltado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la prescripci\u00f3n extraordinaria es objetiva. Ya no importa si la persona tiene o no tiene conocimiento de los hechos, o puede o no tenerlo. Independientemente de ello, el tiempo comienza a contarse desde que ocurre el siniestro\u201d2. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, es claro, el t\u00e9rmino prescriptivo de las acciones derivadas de los contratos de seguro se encuentra regulado de forma espec\u00edfica en el C\u00f3digo de Comercio, por tanto, se itera, era esa la norma que reg\u00eda el caso bajo estudio, pues, su car\u00e1cter especial hace que prevalezca sobre las disposiciones contempladas en la Ley 1480 de 2011, cuyas reglas \u201cson aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la econom\u00eda respecto de los cuales no exista regulaci\u00f3n especial, evento en el cual aplicar\u00e1 la regulaci\u00f3n especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley\u201d3. <\/p>\n
Por consiguiente no se requer\u00edan mayores razonamientos ni disquisiciones para establecer el quebrantamiento de las normas constitucionales concordante con el art. 2 de la Ley 1480 de 2011, para inferir que el mismo legislador al fijar las pautas y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Estatuto del Consumidor, especific\u00f3 y distingui\u00f3 l\u00edmpidamente que las normas contenidas en \u00e9ste plexo normativo no pod\u00edan gobernar las instituciones que poseen normativa especial, cuando en forma expresa se determina que las leyes del consumo se aplican exclusivamente a los sectores en los cuales no exista regulaci\u00f3n especial. Como el sector aseguraticio tienen normas propias en materia de prescripci\u00f3n no pod\u00eda adjudicarse al caso, el t\u00e9rmino del a\u00f1o previsto en la Ley 1480, sino el del C. de Comercio, porque siendo un sector debidamente reglamentado por el legislador, cual se\u00f1ala el mismo art\u00edculo segundo, en este \u201c(\u2026) evento [se] (\u2026) aplicar\u00e1 la regulaci\u00f3n especial\u201d. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, esa forma de proceder, se lleva de la calle el principio de favorabilidad pro consumatore previsto en el art\u00edculo 34 del mismo estatuto, seg\u00fan el cual \u201c. Las condiciones generales de los contratos ser\u00e1n interpretadas de la manera m\u00e1s favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecer\u00e1n las cl\u00e1usulas m\u00e1s favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean\u201d. <\/p>\n
Por lo tanto, si el art\u00edculo 58, cual la misma Superintendencia lo interpreta como un t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n4 de un a\u00f1o para promover la demanda, y si la filosof\u00eda que soporta el Estatuto del Consumidor, es la protecci\u00f3n de los derechos del consumidor, y todas las disposiciones deben ser interpretadas de la manera m\u00e1s favorable a la v\u00edctima o afectado, resulta totalmente inconstitucional y violatorio de los principios, derechos y valores previstos en la Carta, resolver un conflicto aseguraticia aplicando la regla m\u00e1s restrictiva para los intereses del usuario del seguro, soslayando la prevalencia de la regla propia y especial del contrato de seguro, como es la prevista en el art. 1081 del C. de Comercio. <\/p>\n
5. En consecuencia, la decisi\u00f3n de la Corte se halla a contrapelo de los postulados de la Carta de 1991 y del precepto 86 que consagra la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
6. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado mi anunciado salvamento, considero que el ruego debi\u00f3 concederse por lo anteriormente expresado. <\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ SC de 18 de diciembre de 2012, exp. 11001-31-03-039-2007-00071-01 <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional T-272 de 2015. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 2 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
4\u0002 COLOMBIA, Superintendencia de Industria y Comercio, Sent. 9140 del 30 de septiembre de 2020. <\/p>\n
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