STC8656-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02117-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Jes\u00fas Valbuena Pati\u00f1o frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la Superintendencia Financiera de Colombia, y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. -BBVA Colombia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso a la igualdad y a la vivienda \u00abDIGNA\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n de segunda instancia proferida en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que Mar\u00eda Cristina Pe\u00f1a Hern\u00e1ndez promovi\u00f3 en su contra, con radicado No. 2018-00292-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, para \u00abDEJAR SIN EFECTO la providencia (\u2026) de fecha 09 de junio del a\u00f1o 2021\u00bb, y, como consecuencia de ello, ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abprof[erir] una nueva decisi\u00f3n ajustada a derecho\u00bb en el marco de la controversia referida; as\u00ed mismo, ordenar a la Superintendencia Financiera, que \u00abejerza el debido control y proh\u00edba expresamente la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos que est\u00e1n efectuando las entidades bancarias luego de vencidas las garant\u00edas del cr\u00e9dito de vivienda establecidos en UPAC\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aduce, que aunque no se le notificaron las \u00abcesiones\u00bb de la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 N\u00b0 I-62597-3 que venci\u00f3 el 23 de marzo de 2009, por valor de 4758.6015 Unidades UPAC, y, de la garant\u00eda real que constituy\u00f3 sobre \u00abel apartamento 101 del Bloque 17 ubicado en la calle 137 A No. 52-35\u00bb de Bogot\u00e1 a favor de Granahorrar S.A., sino que se le present\u00f3 una \u00abreliquidaci\u00f3n\u00bb del cr\u00e9dito sin la intervenci\u00f3n de la Superintendencia Financiera, la Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital confirm\u00f3 lo decidido por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de la citada ciudad, de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en su contra. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la anterior decisi\u00f3n se desconoci\u00f3, por una parte, que la intervenci\u00f3n procesal de la entidad aludida era obligatoria, y, por la otra, que de acuerdo al art\u00edculo 24 de la Ley 546 de 1999, no hab\u00eda lugar a la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario de vivienda entre entidades financieras y una persona natural; a m\u00e1s que estaba probada \u00abLA PRESCRIPCI\u00d3N DEL CONTRATO DE MUTUO Y DE LA HIPOTECA\u00bb de conformidad con lo dispuesto en los c\u00e1nones 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como la acci\u00f3n cambiaria regida por la normatividad comercial, circunstancias todas \u00e9stas que, dice, lesionan las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 1\u00ba de julio de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Superintendencia Financiera de Colombia aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues \u00abno tuvo participaci\u00f3n en los hechos relatados por el tutelante y no tiene funciones o competencias que guarden relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite dado al proceso ejecutivo hipotecario radicado 2018- 00292-00 en primera o segunda instancia y tampoco es la llamada a autorizar o rechazar cesiones de cr\u00e9dito cuando no se cumplen las pautas establecidas en el EOSF encontr\u00e1ndose entonces en la imposibilidad de conceder las peticiones elevadas queda claro que no es la legitimada por pasiva dentro del presente asunto\u00bb. <\/p>\n
b. La Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 precis\u00f3, que en la decisi\u00f3n criticada \u00abse expusieron los argumentos que edifican el dicho fallo, sin que se observen los yerros endilgados ni la transgresi\u00f3n de derechos fundamentales alegada. Es evidente que lo pretendido por el promotor del amparo es reabrir un debate que se encuentra concluido, bajo una discrepancia subjetiva en torno a la valoraci\u00f3n realizada por esta Corporaci\u00f3n, sobre el caso particular, aspecto para lo cual no fue creado este ruego tuitivo\u00bb. <\/p>\n
c. La titular del Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta capital puntualiz\u00f3, que no ha vulnerado garant\u00eda esencial alguna del actor, habida cuenta que \u00abla decisi\u00f3n tomada el d\u00eda 5 de noviembre de 2020 ha sido fundamentada conforme a las reglas propias del proceso, sin dilaci\u00f3n alguna, aplicando coherentemente los principios constitucionales, analizando \u00edntegramente las pruebas aportadas al proceso en su oportunidad procesal y respetando el derecho de contradicci\u00f3n y defensa que le asiste a las partes, tanto as\u00ed que fue objeto de apelaci\u00f3n ante su superior jer\u00e1rquico, quien al parecer, luego del tr\u00e1mite respectivo profiri\u00f3 su decisi\u00f3n en segunda instancia el pasado 9 de junio de 2021 en donde confirmo lo resuelto por estas dependencias\u00bb. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Valbuena Pati\u00f1o est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido 9 de junio de los corrientes por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR\u00bb la sentencia del 5 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de la misma ciudad, que declar\u00f3 no probadas las excepciones formuladas en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que Mar\u00eda Cristina Pe\u00f1a Hern\u00e1ndez promovi\u00f3 en su contra, pues seg\u00fan su criterio, que incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por los defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite y los informes de las autoridades convocadas, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues aunque el obligado, aqu\u00ed interesado, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado que le result\u00f3 desfavorable a sus intereses, lo cierto es que, en un acto constitutivo de incuria, no expuso en el citado mecanismo las inconformidades que ahora ventila en ese asunto en relaci\u00f3n con la falta de vinculaci\u00f3n al juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia, y, la prescripci\u00f3n del contrato de mutuo e hipoteca; luego entonces, desaprovech\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos, sin que sea del caso adelantarse al pronunciamiento o partir de supuestos improbables para, ahora acudir a esta acci\u00f3n constitucional, it\u00e9rese, sin haber agotado previamente los medios procesales contemplados en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales \u00abya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC1664-2020). <\/p>\n
3.2. As\u00ed mismo, y sin perjuicio de lo expuesto, t\u00e9ngase en cuenta que revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.2.1. La Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital, para confirmar \u00edntegramente el prove\u00eddo que declar\u00f3 no probados los medios de defensa formulados, para entonces, ordenar seguir adelante con el cobro coercitivo adelantado contra el tutelante, despu\u00e9s de hacer relaci\u00f3n a los t\u00edtulos y documentos que sirvieron de base para librar el mandamiento de pago, estos son, el \u00abPagar\u00e9 No. I-62597 -3 por 4758.6015 UPAC equivalentes a la suma de $26\u2019342.000,oo (\u2026), del que era beneficiario la extinta Corporaci\u00f3n Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, que fue suscrito el 23 de abril de 1994 para que se pagara en 180 cuotas, y cuyo vencimiento final era el 23 de marzo de 2009\u00bb, la \u00abcadena de endoso\u00bb, y los documentos que daban cuenta de la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n exigida, en punto de la trasferencia de los t\u00edtulos valores puso de presente, que \u00ab\u00e9sta se hace a trav\u00e9s del endoso, conforme lo dispone el art\u00edculo 651 ibidem, aunado a que debe atenderse lo que prev\u00e9 el art\u00edculo 660 del mismo plexo normativo, que reza: \u201cCuando en el endoso se omita la fecha, se presumir\u00e1 que el t\u00edtulo fue endosado el d\u00eda en que el endosante hizo entrega del mismo al endosatario. El endoso posterior al vencimiento del t\u00edtulo, producir\u00e1 los efectos de una cesi\u00f3n ordinaria\u201d; sin que ello signifique, que, vencido el t\u00edtulo, deba transferirse por cesi\u00f3n, ya que el \u00fanico medio v\u00e1lido para el efecto, se itera, es el endoso, solo que este surte los efectos de la referida cesi\u00f3n\u00bb; luego, aunque el aqu\u00ed actor adujo que el mentado pagar\u00e9 \u00abvenci\u00f3 el 23 de marzo de 2009, y que la cesi\u00f3n se efect\u00fao con posteridad al 30 de abril de 2014, a que Hivonne Melissa Rodr\u00edguez asumiera la representaci\u00f3n legal del BBVA; es cierto que la fecha referida aparece en el t\u00edtulo-valor, pero no puede dejarse de lado que, a partir de la expedici\u00f3n de la Ley 546 de 1999, los documentos cambiarios que se hubieran otorgado en UPAC, deb\u00edan ser objeto de reliquidaci\u00f3n y de reestructuraci\u00f3n, en la forma en que dispone el art\u00edculo 42 de la ley en cita, so pena de que la obligaci\u00f3n fuera inexigible\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, en lo que refiere a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito precis\u00f3, que \u00e9sta \u00able fue enviada al deudor el 31 de marzo de 2017 y que fue recibida el 5 de abril de 2017, sin que \u00e9ste hiciera manifestaci\u00f3n alguna sobre esta tem\u00e1tica, y si bien, en principio, deb\u00eda tratarse de un proceso consensuado, no menos cierto es que el tenedor legitimo estaba autorizado a remitir la propuesta de reestructuraci\u00f3n a su deudor, como ocurri\u00f3 en el presente asunto, y si este \u00faltimo estaba en desacuerdo, contaba con las herramientas para controvertirla, como lo ha acentuado la doctrina constitucional\u00bb; de all\u00ed que, entonces, \u00ab[e]n las anteriores condiciones, no resulta valido afirmar que las cesiones se hicieron cuando el t\u00edtulo-valor estaba vencido, habida cuenta que, con ocasi\u00f3n de la precitada reestructuraci\u00f3n, esa situaci\u00f3n solo ocurrir\u00e1 hasta el 30 de marzo de 2027\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, respecto de la queja dirigida a cuestionar la legitimaci\u00f3n de la ejecutante, por cuanto aqu\u00e9lla no pod\u00eda ser endosataria por tratarse de una persona natural y no una entidad financiera, en cita del art\u00edculo 24 de la Ley 546 de 1999 refiri\u00f3, que \u00ab[l]a norma en estudio si bien es claro que limita las entidades a las que el deudor podr\u00e1 solicitar se ceda su obligaci\u00f3n, dicha norma no resulta predicable al acreedor, de un lado porque no tiene tal alcance y de otra porque la referida disposici\u00f3n no proh\u00edbe la cesi\u00f3n a personas naturales\u00bb, raz\u00f3n por la cual, despu\u00e9s de citar senda jurisprudencia sobre la materia advirti\u00f3, que \u00abs\u00ed era viable ceder cr\u00e9ditos hipotecarios a personas naturales, eso s\u00ed con la obligaci\u00f3n de garantizar los derechos otorgados por la Ley 546 de 1999, y, por ende, Mar\u00eda Cristina Pe\u00f1a Hern\u00e1ndez si estaba legitimada en la causa para incoar la acci\u00f3n hipotecaria en contra de Luis Jes\u00fas Valbuena\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, de cara a la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n concluy\u00f3, que \u00abla exigibilidad de la obligaci\u00f3n s\u00f3lo ocurri\u00f3 a partir de marzo de 2017, y si la demanda ejecutiva se present\u00f3 el 21 de mayo de 2018, se libr\u00f3 mandamiento de pago el 24 de mayo siguiente, notific\u00e1ndose al demandado el 21 de octubre de 2019, sin que hubieran transcurrido los tres a\u00f1os necesarios para que prescribiera la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo, all\u00ed ejecutado, es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa. <\/p>\n
3.2.3. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Colegiatura endilgada se soport\u00f3, no solo, en el estudio planteado en el recurso de apelaci\u00f3n formulado en contra de la decisi\u00f3n de primer grado, sino adem\u00e1s, precisamente en una interpretaci\u00f3n adecuada de la normas que rigen el asunto, en especial, la Ley 546 de 1999 en cuanto refiere al endoso del t\u00edtulo valor, la reestructuraci\u00f3n y la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, que efecto la realiz\u00f3 una persona natural, quien de conformidad con la jurisprudencia y los lineamientos de la entidad de vigilancia sobre la materia se encuentra habilitada para hacer tal operaci\u00f3n1 sino adem\u00e1s, las normas civiles y comerciales en cuanto refiere a la prescripci\u00f3n alegada, sin que de aquellas disquisiciones pueda predicarse una herm\u00e9tica contraria a derecho ni a los precedentes que han desarrollado precisamente las ejecuciones de obligaciones regidas por la norma en cita. <\/p>\n
3.2.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
3.3. Ahora, en lo que tiene que ver con el pronunciamiento reclamado por el gestor frente a la Superintendencia Financiera de Colombia, cabe precisarle, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dichas autoridades, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela, pues tal como lo inform\u00f3 la citada Colegiatura, el actor, no ha elevado queja a la entidad convocada, de manera que \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
4. Por otra parte, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude el interesado, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo, es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC793-2021). <\/p>\n
5. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable al aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC793-2021). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Ver entre otras CSJ STC13436-2018, CSJ STC10932-2019. <\/p>\n
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STC8656-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02117-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Jes\u00fas Valbuena Pati\u00f1o […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55550","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55550","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55550"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55550\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55550"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55550"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55550"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}