STC8658-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8658-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02101-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Elizabeth Torres Mill\u00e1n frente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia; tr\u00e1mite al que fueron integrados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1, as\u00ed como la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante deprec\u00f3 el respeto de su derecho fundamental a \u00abtener un trato igual\u00bb, presuntamente conculcado por la colegiatura requerida. <\/p>\n
En concreto, que se ordene a esta dejar sin efecto lo dirimido en segunda instancia. <\/p>\n
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2. Son hechos relevantes, los que enseguida se develan: <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1 se surti\u00f3, bajo el consecutivo n.\u00b0 \u00ab2021-00067\u00bb, demanda de similar raigambre a la presente, promovida por la aqu\u00ed quejosa contra Colpensiones y dirigida a la \u00abRELIQUIDACI\u00d3N\u00bb de pensi\u00f3n de sobrevivientes reconocida en su favor. Controversia de cuyo cauce provino sentencia adversa el 13 de abril de los corrientes, ratificada por el tribunal confutado, en senda de impugnaci\u00f3n, mediante veredicto de 11 de mayo postrero. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La gestora critic\u00f3 lo fallado por el colegiado de Buga, en tanto que, en apretada s\u00edntesis, dispuso desestimar el anterior amparo pedido con base en jurisprudencia constitucional inaplicable al caso; circunstancia de la que se desprender\u00eda un \u00abFRAUDE A LA LEY\u00bb, agravado por el estado de calamidad en que se encuentra a ra\u00edz de su avanzada edad (76 a\u00f1os), quebrantos de salud y lo \u00ednfimo de la prestaci\u00f3n pensional percibida. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el actual libelo de resguardo. <\/p>\n
All\u00ed mismo, conmin\u00f3 a librar las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
Igualmente, exhort\u00f3 a rendir los reportes de que trata el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia, se estuvo a lo zanjado en segundo grado dentro de la tutela primigenia y envi\u00f3 una certificaci\u00f3n de partes frente a ese dossier. <\/p>\n
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2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1 memor\u00f3 lo acontecido y adujo que de su cuenta no se ha vulnerado derecho alguno. <\/p>\n
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3. Colpensiones se mostr\u00f3 inclinada a la nugatoria de lo rogado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, en lo atinente a las actuaciones desplegadas en tr\u00e1mites de esta misma naturaleza, la Corte Constitucional en sentencia T-353 de 2012, con reiteraci\u00f3n de lo afirmado en la SU-1219 de 2001, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u2026[L]a Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (T-353 de 2012; SU-1219 de 2001; reiterada por la CSJ en STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107, subraya fuera de texto). <\/p>\n
Y en trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n superlativa contra decisiones de similar estirpe, esta Sala tambi\u00e9n ha decantado: <\/p>\n
\u2026\u201cante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u201d (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ago. 2013, rad. 00851-01, reiterada en STC8097-2016, 16 jun., rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
3. De cara al sub examine refulge que la aqu\u00ed accionante a\u00fan puede acudir en forma directa ante la Corte Constitucional en busca de insistir en la eventual revisi\u00f3n del fallo supralegal de que se duele, m\u00e1xime si se pone de relieve que a la fecha ni siquiera aparecen remitidas a Sala de Selecci\u00f3n de dicha Corporaci\u00f3n las diligencias correspondientes al descrito dossier (de radicado n.\u00b0 \u00ab2021-00067\u00bb) y, as\u00ed mismo, no se otea, per se, el fraude insinuado por aquella. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, cabe compendiar que no acaecen aglutinados los presupuestos de la CC SU-627\/15 para que se abra paso la salvaguarda exorada, pues aunque la censora pretende enmarcar sus alegaciones, a la postre, en que se present\u00f3 una decisi\u00f3n irregular y sin motivaci\u00f3n, lo que en verdad critica es la interpretaci\u00f3n del tribunal acusado de cara a los precedentes jurisprudenciales invocados en la sentencia objeto de reparos y, en ese sentido, el fondo de tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
No en vano, en un asunto con cierta simetr\u00eda, tocante a la existencia de la eventual revisi\u00f3n, esta Magistratura doctrin\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las irregularidades que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificaci\u00f3n, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
(\u2026) sobre la viabilidad de exponer inconsistencias formales por v\u00eda de revisi\u00f3n al fallo de resguardo, la misma Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado[:] <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio constituyente, es el de revisi\u00f3n\u2026\u201d, que \u201c\u2026incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela\u2026\u201d, que deben ser corregidas en ese tr\u00e1mite, adem\u00e1s de que cualquier afectado e inconforme con una decisi\u00f3n en estas acciones, puede acudir ante esa Corporaci\u00f3n para solicitar su revisi\u00f3n (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00) (\u00c9nfasis \/ CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 02195-00). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, cerrar paso a la clama perseguida, conforme lo reglado en el precepto 6, inciso 1\u00b0 del decreto 2591 de 1991, dada la existencia de un medio judicial de defensa al alcance de la promotora. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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