STC8659-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8659-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02112-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Cledys del Carmen Castellano Vanegas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Soledad, Atl\u00e1ntico, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la precitada ciudad, las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad, a la igualdad \u00abante la ley\u00bb, a la \u00abprimac\u00eda del derecho sustancial sobre el procedimental\u00bb y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco de la acci\u00f3n de tutela que Luisa del Socorro Pinedo de G\u00f3mez promovi\u00f3 contra el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Soledad, con radicado No. 2021-00082-00. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que a las citadas autoridades jurisdiccionales se les \u00abden nuevas pautas e instrucciones para el estudio de la tutela\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio que ella fue vinculada al amparo referido en l\u00edneas anteriores, porque dentro del proceso ejecutivo que en contra de ella y la all\u00e1 tutelante Luis del Socorro, adelanta la Cooperativa Multiactiva de Servicios Legales \u2013Comsel, el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Soledad les neg\u00f3 el levantamiento del embargo de sus pensiones; no obstante, el amparo fue negado el 8 de marzo del a\u00f1o en curso por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 aqu\u00e9lla y fue confirmada el 26 de mayo pasado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, sin tenerse en cuenta, dice, que no es procedente el embargo del 50% de sus mesadas pensionales, porque son personas no asociadas al ente cooperativo ejecutante, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 1\u00ba de julio hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Soledad, Atl\u00e1ntico, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digitalizada de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
b). Freddy Ram\u00edrez Osorio, quien dijo ser Representante Legal de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Legales \u2013Comsel, se\u00f1al\u00f3 que dentro del asunto constitucional del ep\u00edgrafe el amparo fue negado, porque se constat\u00f3 que la aqu\u00ed accionante y su codemandada no agotaron los medios ordinarios de defensa con que contaron dentro del proceso all\u00ed cuestionado, \u00aba causa de la negligencia de su apoderada\u00bb; resalt\u00f3 adem\u00e1s, que no se cumplen los requisitos para la procedencia de la protecci\u00f3n contra otra acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
c). La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, por intermedio de la Magistrada que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n tuitiva cuestionada, inform\u00f3 que el 26 de mayo de los corrientes confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 18 de marzo anterior del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad, de negar el amparo implorado por Luisa del Socorro Pinedo de G\u00f3mez contra el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la prenombrada localidad, sin que resulte procedente una nueva acci\u00f3n de tutela en contra de esos fallos, toda vez que lo pretendido por la gestora es \u00abimponer su propio criterio sobre la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria\u00bb all\u00ed realizada. <\/p>\n
d). A la fecha de registro del fallo no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que la censura de la ciudadana Castellano Vanegas recae, concretamente, en el prove\u00eddo del 26 de mayo de 2021 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barraquilla, que mantuvo en sede de impugnaci\u00f3n, la decisi\u00f3n del 8 de marzo hoga\u00f1o del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad Atl\u00e1ntico, de negar la protecci\u00f3n reclamada dentro de la acci\u00f3n de tutela que Luisa del Socorro Pinedo G\u00f3mez promovi\u00f3 contra el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Soledad, a la cual fue vinculada la aqu\u00ed accionante, amparo que fue solicitado porque dentro del proceso ejecutivo que en contra de ambas adelanta la Cooperativa Multiactiva de Servicios Legales \u2013Comsel, se les neg\u00f3 el levantamiento del embargo del 50% de sus mesadas pensionales. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Visto lo anterior, se aprecia sin asomo de duda, que el resguardo constitucional reclamado es improcedente, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es, en \u00faltimas, atacar las sentencias dictadas en ambas instancias por las autoridades judiciales ahora criticadas, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, cuesti\u00f3n que desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha insistido, en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de id\u00e9ntica condici\u00f3n el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto. <\/p>\n
5. Ahora, se advierte que el expediente contentivo de la acci\u00f3n tuitiva en comento puede ser objeto de eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, raz\u00f3n por la cual la parte aqu\u00ed interesada est\u00e1 en la posibilidad de acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del memorado compendio1, para pedir a la referida Colegiatura su escogencia para dicho tr\u00e1mite, \u00fanico mecanismo procesal que puede interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC3841-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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