STC8668-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8668-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01663-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Jos\u00e9 Mantilla Castro contra la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de la misma localidad, las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al no otorgarle el permiso administrativo de salida por 72 horas del centro de reclusi\u00f3n donde est\u00e1 descontando la condena que le fue impuesta por los punibles de \u00abhomicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, \u00abrevocar las decisiones tomadas y resolver en derecho concediendo el beneficio de permiso de hasta 72 horas solicitado, por cumplir plenamente con lo exigido por la Ley 65 de 1993, art\u00edculo 147, del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que est\u00e1 cumpliendo una condena de 209 meses de prisi\u00f3n que le fue impuesta el 11 de septiembre de 2013 por el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de C\u00facuta, siendo asignada inicialmente la vigilancia de la ejecuci\u00f3n de la pena al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad, quien le concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria debido a una enfermedad grave que padece, y, el 30 de septiembre de 2015 le concedi\u00f3 permiso para trabajar como representante de ventas a nivel Nacional. <\/p>\n
Sostiene que la vigilancia de su condena pas\u00f3 al Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa localidad, quien el 22 de noviembre de 2017 le revoc\u00f3 el subrogado de la prisi\u00f3n domiciliaria, sin que haya podido recurrir la decisi\u00f3n porque, dice, no le fue notificada, por lo que el 29 de diciembre del mismo a\u00f1o fue nuevamente recluido en establecimiento penitenciario. <\/p>\n
Asevera que pese a tener cumplida m\u00e1s de la tercera parte de la pena, el precitado estrado resolvi\u00f3 el 8 de octubre de 2019 negarle el beneficio administrativo de salida por hasta 72 horas, tras considerar que ten\u00eda un registro de \u00abfuga de presos\u00bb y por mala conducta, sin sopesar, dice, que las veces que dej\u00f3 su lugar de residencia fue para atender sus problemas de salud o para desempe\u00f1ar las funciones del trabajo que le fue autorizado. <\/p>\n
Finalmente asegura, que atac\u00f3 esa decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pero fue mantenida por la citada autoridad el 10 de enero de 2020 y confirmada el 1\u00ba de junio de la misma anualidad por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, con fundamento en argumentos que, dice, no corresponden con la realidad, ya que no pesa sobre \u00e9l la aludida condena por el delito de \u00abfuga de presos\u00bb y ha tenido una conducta ejemplar, situaci\u00f3n por la cual amerita la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, por intermedio del Magistrado que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada a esa autoridad, dijo remitirse a las consideraciones que plasm\u00f3 en ese prove\u00eddo. <\/p>\n
b.) La asistente jur\u00eddica del Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta inform\u00f3, que el gestor fue condenado a 209 meses de prisi\u00f3n por el delito de homicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, y, que neg\u00f3 la solicitud de salida por 72 horas elevada por \u00e9ste, en atenci\u00f3n a que registraba el abandono sin autorizaci\u00f3n de su lugar de residencia, presentando un informe alterado del Instituto de Medicina Legal sobre su estado de salud, a fin de enga\u00f1ar a la autoridad. <\/p>\n
c.) La Fiscal 14 delegada ante los Jueces Penales del prenombrado Circuito manifest\u00f3, que conoci\u00f3 del proceso penal No. 2013-02739 en que el accionante fue condenado mediante sentencia del 2 de febrero de 2014, sin que haya intervenido en la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, porque \u00ablas providencias atacadas por v\u00eda de tutela no constituyen una expresi\u00f3n grosera de las autoridades judiciales, sino que obedece al an\u00e1lisis razonable realizado en debida forma, por el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, sin que se observe imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Ahora, el hecho de que el hoy accionante no se encuentre conforme con las decisiones en menci\u00f3n, no implica, per se que se deba conceder la protecci\u00f3n invocada, m\u00e1xime que, se reitera, aquellas se profirieron en desarrollo de los principios de autonom\u00eda e independencia plasmados en el canon 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica e inherentes a la administraci\u00f3n de justicia y a las decisiones que \u00e9sta emite\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante, alegando que no cometi\u00f3 el delito de fuga de presos o falsedad en documento p\u00fablico en que se sustent\u00f3 la negativa de su permiso de salida por 72 horas, porque no existe condena en su contra por esos hechos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla, la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales es improcedente, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos judiciales para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Mantilla Castro est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el auto proferido el 1\u00ba de junio de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, que confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n del 8 de octubre de 2019 del Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa urbe, de negarle el permiso administrativo de salida por hasta 72 horas del centro de reclusi\u00f3n donde est\u00e1 cumpliendo su condena por los il\u00edcitos de \u00abhomicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego\u00bb, pues en su criterio, lo resuelto emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba recaudados, ya que no es cierto que pese sobre \u00e9l una condena por el delito de \u00abfuga de presos\u00bb o que haya cometido una falsedad en un documento del Instituto de Medicina Legal para demostrar problemas de salud para tales efectos. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada al Tribunal accionado, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis por ser la que cerr\u00f3 el estudio de la tem\u00e1tica discutida por el actor, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invocan los impulsores de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n de segundo grado, el ad quem criticado constato que el aqu\u00ed interesado cumpl\u00eda con el requisito objetivo de tiempo que le permitir\u00eda acceder al aludido beneficio; no obstante, tambi\u00e9n observ\u00f3 que \u00abel INPEC inform\u00f3 mediante oficio del 21 de diciembre de 2017, que abandon\u00f3 el lugar donde deb\u00eda permanecer recluido, lo cual se encuentra consignado en la cartilla biogr\u00e1fica. Por dicho suceso la juez de instancia consider\u00f3 que se encontraba evadiendo la pena de prisi\u00f3n impuesta. De tal suerte que, teniendo en cuenta lo anterior, es notorio que no se cumple con el \u00edtem 4\u00ba del mencionado art\u00edculo, el cual refiere que para acceder al beneficio, el sentenciado no debe \u201cregistrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecuci\u00f3n de la sentencia condenatoria.\u201d, toda vez que, como acertadamente explic\u00f3 la juez de instancia, el hecho de no encontrar a LUIS JOS\u00c9 MANTILLA CASTRO en su residencia, para cuando gozaba del mecanismo sustitutivo de la prisi\u00f3n intramural por domiciliaria, se debe entender como fuga, incumpliendo as\u00ed, con este requisito. De manera que, a pesar de lo sustentado por el recurrente en la apelaci\u00f3n, en punto de explicar nunca haberse fugado y que se encontraba hospitalizado, se tiene que conforme la cartilla biogr\u00e1fica seg\u00fan visita 6303597 del 20 de diciembre de 2017, se registr\u00f3 como novedad \u201cno se encuentra en su lugar de domicilio\u201d y en observaciones se precis\u00f3 \u201cla esposa manifest\u00f3 que no se encontraba\u201d. Entonces, si bien se aport\u00f3 como prueba una historia cl\u00ednica, lo cierto es que all\u00ed se observa que ingres\u00f3 a un centro m\u00e9dico el \u201c21\/12\/2017\u201d, hora de ingreso \u201c12:55\u201d, y de ser cierta la manifestaci\u00f3n que hace el recurrente que se encontraba enfermo en esa fecha, su deber era informarlo al juzgado que vigilia la condena, de lo cual no obra prueba en el expediente, por tal raz\u00f3n, dichos medios probatorios aportados en el recurso no permiten colegir nada distinto a que evadi\u00f3 el lugar donde deb\u00eda estar recluido. <\/p>\n
A su vez consider\u00f3 la Colegiatura criticada, que \u00abtambi\u00e9n concurre el incumplimiento de la causal 6\u00b0 del art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, referente a \u201chaber observado buena conducta.\u201d, si bien argumenta el apelante que el Complejo Penitenciario y Carcelario de C\u00facuta certific\u00f3 su buena conducta, no es menos cierto que el juez de ejecuci\u00f3n de penas al momento de evaluar y analizar la conducta puede de una manera ponderada y en forma integral, realizar un an\u00e1lisis del comportamiento durante todo el tiempo de reclusi\u00f3n, para establecer si ha avanzado o retrocedido en su proceso de resocializaci\u00f3n. En efecto, la juez de instancia advirti\u00f3 que para mantener la sustituci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena por enfermedad MANTILLA CASTRO, alleg\u00f3 un dictamen de fecha 9 de octubre de 2017, seg\u00fan el cual presentaba un \u201cestado grave por enfermedad, incompatible con la vida en reclusi\u00f3n\u201d, y posteriormente, el instituto de medicina legal inform\u00f3 que no expidi\u00f3 un informe en esa fecha y tampoco en dicho sentido, raz\u00f3n por la cual el 22 de noviembre de esa anualidad, ese despacho revoc\u00f3 la sustituci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena y dispuso la compulsa de copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se investigara la conducta punible en que hubiera podido incurrir. En ese sentido este hecho que revela el comportamiento inadecuado del condenado no se puede desconocer especialmente porque disfrut\u00f3 del beneficio de la sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n intramural por domiciliaria, con mayor raz\u00f3n se le exige ejemplaridad en su actuar, lo cual se tiene en cuenta como criterio de ponderaci\u00f3n para decidir si merece ser incentivado con el beneficio ac\u00e1 solicitado, concluyendo la Sala con ello que, en efecto, no ha observado buena conducta\u00bb. <\/p>\n
Todo lo cual le permiti\u00f3 concluir al Superior, que \u00aben este momento el condenado no cumple con los requisitos establecidos por la ley los cuales deben ser concurrentes, y en consecuencia, no se concede el beneficio administrativo de salida hasta por 72 horas\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, a diferencia de lo considerado por el accionante, no cabe duda que la decisi\u00f3n emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y procesales aplicables al caso concreto, y el atendible an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada dicha autoridad coligi\u00f3 del estudio pormenorizado de los medios de convicci\u00f3n, que el aqu\u00ed accionante cuando estaba gozando del beneficio de privaci\u00f3n de la libertad en su lugar de residencia, abandon\u00f3 la misma sin autorizaci\u00f3n, y posteriormente present\u00f3 al Juez que vigila su condena un dictamen sobre su estado de salud que el Instituto Nacional de Medicina Legal neg\u00f3 haber emitido, situaciones \u00e9stas que le permitieron al Tribunal colegir, que hubo tentativa de fuga y mala conducta por parte del actor, causales se\u00f1aladas en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 como impeditivas del permiso administrativo de salida por hasta 72 horas. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, por m\u00e1s discutible que pudiera ser la postura de la autoridad convocada, como la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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