STC8669-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8669-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2021-00061-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 9 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada -Comparta EPS-S, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de esta misma urbe, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles de esa circunscripci\u00f3n, as\u00ed como a las partes e intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante solicit\u00f3 a trav\u00e9s de apoderada judicial, el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por el Despacho accionado, con la mora en resoluci\u00f3n del \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb que present\u00f3 el 25 de marzo de los corrientes, en el que, adem\u00e1s, solicit\u00f3 la reducci\u00f3n de embargos de conformidad a lo normado en el canon 600 del C\u00f3digo General del Proceso, en el marco del juicio ejecutivo quirografario que en su contra adelant\u00f3 Inversiones M\u00e9dicas de los Andes S.A.S, identificado con radicado No. 2019-00201-00. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 concretamente, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, resolver de inmediato el citado mecanismo. <\/p>\n
2. Como sustento de tales pedimentos adujo la interesada, en suma, y luego de hacer un resumen de los hechos que dieron origen a la citada ejecuci\u00f3n, que la autoridad judicial convocada en auto del 15 de agosto de 2019, decret\u00f3 el embargo de sus cuentas bancarias hasta por un monto de $3\u2019615.000.000; que a paso seguido, celebr\u00f3 un contrato de transacci\u00f3n con su contendiente con el fin de lograr el levantamiento de dicha cautela, pacto en el que se comprometi\u00f3 a consignar a la ejecutante la suma de $2\u2019410.055.741, cumpliendo a cabalidad con lo acordado. <\/p>\n
Refiere que no obstante lo anterior, en el mes de enero del a\u00f1o en curso Inversiones M\u00e9dicas de los Andes SAS tramit\u00f3 los oficios que daban cuenta de la mentada medida cautelar, \u00aba pesar de tener pleno conocimiento de que, para ese momento, las medidas cautelares resultaban exorbitantes, desproporcionadas y perjudiciales para la demandada\u00bb, comoquiera que \u00abera evidente que los fundamentos f\u00e1cticos hab\u00edan cambiado sustancialmente entre el momento en que se decret\u00f3 la medida y la fecha en que el abogado demandante decidi\u00f3 radicar los oficios, m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s y con un pago de m\u00e1s de 2.400 millones de pesos a la obligaci\u00f3n que dio origen al proceso\u00bb, raz\u00f3n por la cual, el 25 de marzo siguiente present\u00f3 \u00abrecurso de reposici\u00f3n contra el auto que decret\u00f3 las medidas cautelares, solicitando (\u2026) su reducci\u00f3n en raz\u00f3n a que la medida resultaba desproporcionada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 600 del CGP\u00bb, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo se hubiera resuelto de fondo el citado mecanismo, lo que, dice, justifica la utilizaci\u00f3n de esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, adem\u00e1s de remitir copia digital del expediente contentivo del juicio coercitivo motivo de queja, puso de presente que, contrario a lo manifestada por la gestora de la salvaguarda, mediante auto del 18 de marzo de los corrientes se procedi\u00f3 a \u00abrechazar de plano\u00bb el recurso horizontal propuesto por la persona jur\u00eddica aqu\u00ed interesada contra el auto de apremio; que lo que \u00e9sta present\u00f3 en memorial de fecha 25 de marzo siguiente, fue solicitud de aclaraci\u00f3n de tal providencia, y reducci\u00f3n de embargos, y, y, que de manera concomitante promovi\u00f3 incidente de nulidad. <\/p>\n
Inform\u00f3 que por auto de fecha 15 de abril pasado, \u00abse dispuso que por secretar\u00eda, se corriera traslado de la solicitud de nulidad conforme lo dispone el art\u00edculo 134 del CGP en concordancia con el art\u00edculo 100 ibidem y a su vez, negar la solicitud de aclaraci\u00f3n\u00bb, determinaci\u00f3n que no fue controvertida, por lo que en prove\u00eddo del 1\u00b0 de junio siguiente se desestim\u00f3 el citado incidente, as\u00ed como se limit\u00f3 la medida cautelar de embargo de cuentas bancarias a la suma de $2\u2019500.000.000.oo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El juez constitucional de primer grado, luego de establecer que, seg\u00fan sus afirmaciones, la ejecutante s\u00ed estaba legitimada para actuar como tal en el juicio compulsivo del que se duele la sociedad aqu\u00ed accionante; de hacer alusi\u00f3n al acuerdo transaccional celebrado por las partes, y, precisar que las cautelas decretadas no resultan excesivas y que resultan procedentes, en tanto que los dineros aprehendidos no son inembargables, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por hecho superado, pues al resolverse la petici\u00f3n de reducci\u00f3n de embargos mediante auto del 1\u00b0 de junio de la anualidad que avanza, se super\u00f3 la circunstancia que dio origen a la solicitud de amparo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora de la salvaguarda, luego de manifestar que el a quo constitucional en la parte considerativa de lo determinado, se pronunci\u00f3 sobre aspectos que no fueron punto de objeci\u00f3n en la demanda de amparo, en tanto que su descontento se circunscrib\u00eda \u00fanicamente a la falta de resoluci\u00f3n de la petici\u00f3n de reducci\u00f3n de embargos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n instaurada por la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada -Comparta EPS-S, de entrada se advierte que la determinaci\u00f3n confutada debe mantenerse, por las razones que a continuaci\u00f3n se esgrimen: <\/p>\n
2.1. En desarrollo del litigio ejecutivo singular pluricitado, el 25 de marzo de los corrientes la sociedad accionante, entre otros asuntos, solicit\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito en Oralidad de Tunja la reducci\u00f3n de embargos de que trata el canon 600 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
El 1\u00b0 de junio hoga\u00f1o, la autoridad judicial convocada en respuesta a tal pedimento dispuso: \u00ablimitar para todos sus efectos legales la medida cautelar decretada mediante auto de fecha 15 de agosto de 2019 a la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M\/CTE ($2.500.000.000.oo), reiter\u00e1ndose que esos dineros objeto de cautela lo son, siempre y cuando sean legalmente embargables, as\u00ed como que, seg\u00fan constancia secretarial que antecede, a la fecha de este prove\u00eddo no hay sumas de dinero ni bienes de otra especie o naturaleza efectivamente embargados\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, no cabe duda que la decisi\u00f3n censurada deber\u00e1 mantenerse, porque, en efecto, lo concretamente peticionado por Comparte EPS-S a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, esto es, que se ordenara al Juzgado Tercero Civil del Circuito en Oralidad de Tunja resolver sobre la petici\u00f3n de reducci\u00f3n de embargos presentada al interior de la ejecuci\u00f3n objeto de revisi\u00f3n constitucional, ya se cumpli\u00f3 con anterioridad al fallo constitucional de primera instancia del 9 de junio de los corrientes, mediante auto del d\u00eda 1\u00b0 de ese mes y a\u00f1o, tal y como est\u00e1 demostrado. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00ab[e]l hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC5292-2021). <\/p>\n
2.3. Ahora bien, en lo que toca con los reparos de la sociedad inconforme acerca del pronunciamiento del a quo constitucional sobe aspectos que no fueron materia de controversia en el escrito inicial, relativos a la naturaleza de los dineros cautelados, basta con decir que, la informalidad y oficiosidad, entre otros principios, rigen a este mecanismo excepcional, y habilitan al juez de tutela para analizar la situaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de la exposici\u00f3n f\u00e1ctica que se le haga en la demanda y para proceder con independencia de lo puntualmente pretendido, raz\u00f3n por la cual ning\u00fan reproche merece lo esbozado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja en la parte considerativa de la sentencia constitucional impugnada sobre dicho aspecto, pues \u00abdado el car\u00e1cter informal de la acci\u00f3n de tutela y como quiera que su objetivo es la materializaci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales que estime comprometidos el juez al valorar la situaci\u00f3n que se le puso en conocimiento, y a trav\u00e9s de ella guarda la integridad y la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, la Corte ha admitido que este resuelva los asuntos sin ce\u00f1irse estricta y forzosamente (i) a las situaciones de hecho relatadas en la demanda; (ii) a las pretensiones del actor; ni (iii) a los derechos invocados por este, como si tendr\u00eda que hacerlo en otro tipo de causas judiciales. <\/p>\n
Es el juez quien debe (i) establecer los hechos relevantes y, en caso de no tenerlos claros, indagar por ellos; (ii) adoptar las medidas que estime convenientes y efectivas para el restablecimiento del ejercicio de las garant\u00edas ius fundamentales; y (iii) precisar y resguardar todos los derechos que advierta comprometidos en determinada situaci\u00f3n. Al hacerlo e ir m\u00e1s all\u00e1 de lo expuesto y lo pretendido en el escrito de tutela, el juez emplea facultades ultra y extra petita, que son de aquellas \u201cfacultades oficiosas que debe asumir de forma activa, con el fin de procurar una adecuada protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas\u201d. <\/p>\n
El uso de tales facultades, no solo implica una posibilidad para el juez de tutela, pues est\u00e1 obligado a desplegarlas cuando el asunto en cuesti\u00f3n lo amerita (CC T-015\/19)\u00bb (STC544-2021). <\/p>\n
3. Sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo cuestionado por las razones antes expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
4 <\/p>\n
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