STC8670-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8670-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02115-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Constanza Murillas Victoria contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que dice conculcado por la autoridad convocada, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse corrijan los yerros y\/o decisiones tomadas, en particular, el declarar desierto el recurso de alzada y se fije en consecuencia una decisi\u00f3n ajustada en derecho\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Constanza Murillas Victoria y Lina Marcela Parra Murillas promovieron demanda contra Claudia Alejandra Parra, Dora Leonor Busto de Parra y Nancy Pilar Parra Bustos, que fue decidida con sentencia del primero de marzo de 2019, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte actora. <\/p>\n
2.2. La alzada fue admitida por el Tribunal criticado con prove\u00eddo del primero de abril de 2019 y, seguidamente, decret\u00f3 pruebas de oficio con auto del 18 de noviembre de esas calendas. <\/p>\n
2.3. Evacuadas las probanzas decretadas, el 17 de febrero de 2020, se efectu\u00f3 audiencia de sustentaci\u00f3n, la cual fue suspendida con decisi\u00f3n de esa misma fecha. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, mediante providencia del 9 de septiembre de 2020, el Tribunal criticado corri\u00f3 traslado a la parte apelante para la sustentaci\u00f3n de la alzada, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020, sin que se allegara escrito alguno, por lo que se declar\u00f3 desierto el recurso con auto del 30 de junio de 2020, decisi\u00f3n que las demandantes censuraron en reposici\u00f3n, que fue desestimada con prove\u00eddo del 24 de agosto siguiente. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, la parte actora solicit\u00f3 la invalidez de lo actuado, petici\u00f3n negada con auto del 18 de enero de 2021, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en s\u00faplica dicho extremo procesal al tiempo que esgrimi\u00f3 una nueva nulidad, que fue rechazada de plano con providencia del 6 de mayo de los corrientes, determinaci\u00f3n que tambi\u00e9n fue objeto de s\u00faplica. <\/p>\n
2.6. A trav\u00e9s de prove\u00eddos del 8 de junio de 2021, el Tribunal convocado desech\u00f3 los recursos de s\u00faplica propuestas. <\/p>\n
2.7. Expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abno se realiz\u00f3 una debida interpretaci\u00f3n y determinaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del c\u00f3digo general del proceso tanto es as\u00ed que el fallo final est\u00e1 dado por fuera de t\u00e9rminos\u00bb; y que el Tribunal \u00abinobserv\u00f3 lo preceptuado en el art\u00edculo 107 del c\u00f3digo general del proceso, cuando realiza un traslado a las partes intervinientes y a rengl\u00f3n seguido declara desierto el recurso\u00bb, pues pas\u00f3 por alto que \u00abal momento de decretarse la cuarentena\u2026, dos magistrados con anterioridad hab\u00edan escuchado la sustentaci\u00f3n de los recursos solicitados\u2026\u00bb, por lo que no resultaba procedente requerir una nueva sustentaci\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
2.8. Adicion\u00f3 que \u00abse presenta un defecto material o sustantivo\u2026 cuando el Magistrado Ponente decide correr traslado para alegar, en un proceso que se ven\u00eda llevando de manera oral, debiendo se\u00f1alar audiencia especial\u00bb; y que las circunstancias antes descritas configuraban las nulidades por ella esgrimidas, por lo que debieron prosperar. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, verifica la Sala que la promotora cuestion\u00f3: (i) el auto de 9 de junio de 2020, a trav\u00e9s del cual el Tribunal criticado corri\u00f3 traslado a las partes, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020; y (ii) los prove\u00eddos 8 de junio de 2021, que resolvieron los recursos de s\u00faplica formulados contra las decisiones que desestimaron las peticiones de nulidad que aquella elev\u00f3. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, atendiendo que entre el proferimiento del mencionado prove\u00eddo de 9 de junio de 2020 y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 25 de junio de 2021, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
De lo anotado previamente, se concluye que el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan o se desaprovechan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. En cuanto al otro de los reproches de la tutelante, advierte la Corte que el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto las providencias de 8 de junio de los corrientes no lucen arbitrarias, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que resultaban inviables las solicitudes de invalidez que elev\u00f3 la parte demandante, sobre lo cual precis\u00f3: <\/p>\n
1. Al sustentar su s\u00faplica, m\u00e1s que involucrar reparos sobre la causal de anulaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 121 del C.G.P., o de las pautas temporales de las que parti\u00f3 el Magistrado Sustanciador para contabilizar el t\u00e9rmino de 6 meses a cuyo vencimiento se condicion\u00f3 esa hip\u00f3tesis de invalidez, las demandantes optaron por sugerir la \u201cilegalidad\u201d del traslado que se dispuso con soporte en el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, pese a que el tr\u00e1mite de la alzada se hab\u00eda iniciado en forma oral y en plena vigencia del C.G.P. <\/p>\n
Es importante resaltar las pautas que fij\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-443 de 2019, que declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d y la exequibilidad condicionada del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 121 del C.G.P., \u201cen el entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u201d y en el \u201csentido de que la p\u00e9rdida de competencia del funcionario judicial correspondiente s\u00f3lo ocurre previa solicitud de parte\u201d. <\/p>\n
La solicitud de invalidaci\u00f3n que aqu\u00ed se present\u00f3 el 31 de agosto de 2020, no se encuentra ajustada a las previsiones de la jurisprudencia constitucional que reci\u00e9n se transcribi\u00f3, por cuanto la misma se radic\u00f3 cuando ya se hab\u00eda emitido la providencia con la que se declar\u00f3 desierta la alzada (auto de 30 de junio de 2020). <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, t\u00e9ngase en cuenta que, en estricto sentido, m\u00e1s que la anulaci\u00f3n parcial del tr\u00e1mite de segunda instancia de la referencia, lo que en el fondo ambiciona la parte incidentante es que, precisamente, se deje sin efecto el auto de 30 de junio de 2020, mediante el cual se declar\u00f3 desierta la alzada que dicha litigante present\u00f3 contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Tal prop\u00f3sito es inatendible, en tanto que, como lo ha sostenido este mismo Tribunal, frente a asuntos similares al que hoy se decide, \u201clas nulidades procesales no pueden convertirse en oportunidades para solicitar la revocatoria de una determinada providencia judicial, toda vez que la censura que se haga frente a un pronunciamiento espec\u00edfico de la administraci\u00f3n de justicia, solamente es posible a trav\u00e9s de los recursos previstos por el legislador (reposici\u00f3n, apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n etc.), siendo claro que los motivos que en forma taxativa consagra aquella norma, \u00fanicamente conducen a invalidar \u2018todo\u2019 el proceso, o \u2018parte\u2019 de \u00e9l, no una providencia, o parte de ella\u201d (TSB., auto de 4 de febrero de 2004). <\/p>\n
4. Bueno es se\u00f1alar que, en rigor, la forma en que ha de surtirse la alzada, si por el Decreto Legislativo 806 de 2020, o por las pautas que establece el C.G.P., no es lo que determina la causal de nulidad que contempla el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 133 del C.G.P. <\/p>\n
Posteriormente, al resolver la otra de las s\u00faplicas que interpuso la quejosa, adicion\u00f3 el Tribunal que: <\/p>\n
1. Sea lo primero resaltar que la solicitud incidental que se invoc\u00f3 el 21 de enero de 2021 no se present\u00f3 en forma concomitante con otra similar, que la misma interesada formul\u00f3 el 31 de agosto de 2020, con soporte en la causal de nulidad prevista en el art\u00edculo 121 del C.G.P. <\/p>\n
Esa circunstancia redunda en la convalidaci\u00f3n del auto objeto de recurso, por cuanto \u201cel incidente deber\u00e1 proponerse con base en todos los motivos existentes al tiempo de su iniciaci\u00f3n, y no se admitir\u00e1 luego incidente similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad\u201d (C.G.P., art. 128). <\/p>\n
Se agrega que, \u201cagotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisi\u00f3n y casaci\u00f3n\u201d (art. 132, ib\u00eddem,). <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
2. Y si en gracia de discusi\u00f3n se dejara de lado lo que reci\u00e9n se anot\u00f3, la s\u00faplica estaba igualmente destinada a resultar desatendida, como quiera que la Sala Dual encuentra de recibo las razones que llevaron al Magistrado sustanciador a repudiar, de entrada, la solicitud que el 21 de enero de 2021 invoc\u00f3 la parte actora, quien actu\u00f3 en varias oportunidades sin esgrimir, como causal de nulidad, las \u201cirregularidades\u201d en que se habr\u00eda incurrido, por lo que habr\u00edan de tenerse por saneadas (num 1\u00ba del art\u00edculo 136 del C.G.P). <\/p>\n
En efecto, de la Consulta de Procesos Nacional Unificada emerge que la parte actora, antes de plantear la nulidad que rechaz\u00f3 de plano el Magistrado Sustanciador, efectu\u00f3 las siguientes actuaciones: \u201ci) formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 30 de junio de 2020, mediante el cual se declar\u00f3 desierto recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 1 de marzo de 2019, por el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el asunto en referencia; ii) adicion\u00f3 el anterior recurso de reposici\u00f3n; iii) plante\u00f3 nulidad procesal cimentada en vencimiento del t\u00e9rmino que contempla el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; y iv) descorri\u00f3 el traslado de recurso de reposici\u00f3n planteado por Claudia Alejandra Parra Bustos\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, al margen de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las normas que regulan las nulidades procesales en el estatuto ritual civil y concluy\u00f3 que las peticiones de invalidez que adujo la censora resultaban inviables, comoquiera que, de un lado, los hechos en que se soportaban no encuadraban en la causal alegada y, por otra parte, porque fueron esbozadas despu\u00e9s de saneadas. <\/p>\n
Tales deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Lo anterior resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
8 <\/p>\n
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