STC8672-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8672-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00910-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 12 de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Comercial Alpa S.A.S. contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del juicio concursal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad con funciones jurisdiccionales accionada, con la determinaci\u00f3n pronunciada en audiencia el 23 de marzo de 2021, en la que se desestimaron las objeciones por ella presentadas al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos elaborado en el juicio de reorganizaci\u00f3n empresarial de la sociedad Constructora Parque Central S.A, identificado con el consecutivo 2018-430-00210. <\/p>\n
Por esa circunstancia, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, dejando sin valor ni efecto dicha determinaci\u00f3n, y que en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Sociedades, \u00abemitir nueva decisi\u00f3n en torno a las objeciones (\u2026), y por ende a la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto, (\u2026) aplica[ndo] la ley vigente en materia de obligaciones, contratos y concursos, y que se funde en las pruebas que obran en el proceso, (\u2026) reconociendo las prestaciones pendientes de COMERCIAL ALPA SAS como gasto de administraci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 71 de la ley 1116 de 2006, sin vincularla como pasivo reorganizable por ning\u00fan motivo\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado adujo en lo esencial y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que celebr\u00f3 con la Constructora Parque Central S.A. contrato de suministro denominado \u00abMALL MZ080\u00bb, el cual empez\u00f3 a ejecutarse desde el 28 de febrero de 2018, y \u00abpor virtud del cual (\u2026) suministraba e instalaba blindobarras para conducci\u00f3n el\u00e9ctrica en el CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA [de Manizales]\u00bb, sin haber recibido ninguna contraprestaci\u00f3n por el servicio prestado, en tanto que la concursada aleg\u00f3 en su momento que con base en lo pactado, el pago s\u00f3lo se causar\u00eda hasta la terminaci\u00f3n total de la labor contratada y una vez se suscribiera la respectiva acta en la que constara tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
Indica que el juicio de reorganizaci\u00f3n empresarial de la mentada Constructora comenz\u00f3 el 18 de diciembre del 2018, contexto por el que \u00ablos cr\u00e9ditos causados antes de esa fecha son objeto de [tal] proceso (\u2026) y no pueden cobrarse sino conforme al acuerdo al que se llegue, pero las obligaciones causadas con posterioridad (\u2026), son gastos de administraci\u00f3n y deben honrarse conforme se hayan pactado, seg\u00fan ordena el art\u00edculo 71 de la ley 1116 de 2006\u00bb; que el d\u00eda 21 siguiente de manera sorpresiva, la concursada le comunic\u00f3 que \u00abbasados en el avance de obra realizado (..) al cierre del mes de diciembre de 2018, [se har\u00eda un] avance de $1.500.000.000 incluido IVA\u00bb, el cual ser\u00eda registrado en su contabilidad como \u00abcosto, y se le aplicar\u00e1n las retenciones correspondientes a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
Alega que dadas las anteriores circuntancias, era evidente que lo que buscaba la Constructora al proponer dicho pago antes de que se admitiera la reestructuraci\u00f3n, era \u00abaparentar la causaci\u00f3n de esas obligaciones, espec\u00edficamente al cierre del a\u00f1o 2018 y en cualquier caso despu\u00e9s del 21 de diciembre\u00bb, y con ello evitar que el valor del contrato fuera tenido en cuenta como gasto de administraci\u00f3n; que sumado a lo anterior, y sin \u00abimportar los requerimientos, el gerente de [la citada sociedad], obrando tambi\u00e9n como auxiliar de la Superintendencia en su rol de promotor, insisti\u00f3 en presentar a COMERCIAL ALPA como acreedora de la reorganizaci\u00f3n, relacionando un cr\u00e9dito en los proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, sin tener ning\u00fan soporte, factura, cuenta de cobro o acta de liquidaci\u00f3n que respaldara su reporte\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta que en vista de tales sucesos, y que la Superintendencia de Sociedades calific\u00f3 y gradu\u00f3 su acreencia derivada del contrato de suministro referenciado como pasivo, objet\u00f3 dicho trabajo para que \u00e9ste fuera excluido dado \u00abno haberse causado antes del concurso y en busca de evitar el abuso concursal\u00bb, alegato que fue desestimado en audiencia del 23 de marzo de los corrientes, luego que se declarara que la aludida obligaci\u00f3n tuvo su g\u00e9nesis con anterioridad a la admisi\u00f3n de la contienda concursal, \u00aben frontal desconocimiento de las normas jur\u00eddicas y de las pruebas obrantes en el expediente\u00bb, motivo por lo que, dice, se encuentra habilitada para acudir a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Directora de Procesos de Reorganizaci\u00f3n I de la Superintendencia de Sociedades, adem\u00e1s de remitir copia del expediente digital contentivo del tr\u00e1mite objeto de examen, y de referirse de manera puntual a los fundamentos jur\u00eddicos en los que bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada, solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n inquirida, en tanto que ning\u00fan yerro se advierte de la misma, lo que descarta la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas primarias invocadas por la interesada. <\/p>\n
b. A su turno, el apoderado judicial de la sociedad Constructora Parque Central S.A. en reorganizaci\u00f3n dijo, en lo esencial, que la acci\u00f3n de amparo es improcedente, pues lo que pretende el accionante \u00fanica y exclusivamente, es convertirla en una instancia adicional en la que se debata de fondo las objeciones por ella planteadas frente a la graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil, deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, porque luego de analizados los argumentos expuestos en la audiencia realizada el 23 de marzo pasado se advierte, que \u00ablas decisiones cuestionadas, en cuanto desestimaron las objeciones presentadas por la sociedad accionante, tuvieron soporte en los art\u00edculos 71 de la Ley 1116 de 2006, 32 de la Ley 1429 de 2010 y 968 del C\u00f3digo de Comercio, en el propio contrato de suministro, los estados financieros de la Constructora Parque Central y las NIIF\u00bb, lo que imposibilita que las mismas puedan ser tildadas de \u00abcaprichosas o arbitrarias, ni se pueda sostener que en ellas no se valoraron las pruebas, pues la conclusi\u00f3n de la juzgadora, comp\u00e1rtase o no, tiene asidero en el material probatorio que obra en el expediente y en las normas aplicables al caso concreto, espec\u00edficamente en el art\u00edculo 71 de la Ley 1116 de 2006, que prev\u00e9 que \u2018las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administraci\u00f3n y tendr\u00e1n preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganizaci\u00f3n o del proceso de liquidaci\u00f3n judicial\u2019\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda actora recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial; adem\u00e1s de indicar, que el a quo constitucional no valor\u00f3 en debida forma las pruebas relacionadas en la demanda de amparo que daban cuenta de los yerros cometidos por la autoridad jurisdiccional enjuiciada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, Comercial Alpa SAS cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, la decisi\u00f3n pronunciada en audiencia realizada el 23 de marzo del a\u00f1o en curso por la Superintendencia de Sociedades, de desestimar las objeciones presentadas al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, dentro del proceso concursal de reorganizaci\u00f3n empresarial de la sociedad Constructora Parque Central SAS, pues en su criterio, sin ning\u00fan medio de prueba contundente se determin\u00f3 que su acreencia era un pasivo, por cuanto la obligaci\u00f3n fue contra\u00edda con anterioridad a la iniciaci\u00f3n de tal tr\u00e1mite, y no como en realidad es, dice, un gasto de administraci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n con que se resolvi\u00f3 las mentadas objeciones, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. La Supersociedades empez\u00f3 por considerar, que de acuerdo con el contrato de suministro suscrito el 18 de febrero de 2018 por la concursada y la Comercial Alpa SAS, se ten\u00eda por probado que i) la ejecuci\u00f3n de la obra contratada deber\u00eda surtirse entre el 27 de febrero y 7 de diciembre siguientes; ii) el valor total de la negociaci\u00f3n ascend\u00eda a la suma de $1\u2019500.000.000; y, iii) el pago del valor contratado deb\u00eda darse en cuatro anticipos, cumpli\u00e9ndose solo con los dos primeros; as\u00ed las cosas, una cosa era la \u00abcausaci\u00f3n de la exigibilidad\u00bb, momento en el que nace la obligaci\u00f3n, y otra muy diferente la data en que la misma estaba llamada a cumplirse, motivo por el cual era m\u00e1s que evidente que la acreencia adeudada a la inconforme no pod\u00eda encuadrarse como un gasto de administraci\u00f3n, sino que necesariamente deb\u00eda calificarse y graduarse como un pasivo, por haber sido adquirida con anterioridad a la fecha de iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite especial de reorganizaci\u00f3n, conforme a lo normado en el precepto 71 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Tambi\u00e9n explic\u00f3, que en suma, las normas internacionales de la informaci\u00f3n financiera \u00abdefinen activo como un recurso econ\u00f3mico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, y al pasivo como una obligaci\u00f3n presente de la entidad de transferir un recurso econ\u00f3mico como resultado de sucesos pasados\u00bb, situaci\u00f3n por la que, en \u00faltimas, \u00abpretender que la causaci\u00f3n o registro de partidas contables dependan de la firma de unas actas de entrega o actas de liquidaci\u00f3n de un contrato\u00bb resulta desajustado, no s\u00f3lo desde el punto de vista legal (aludiendo a las mentadas NIIF y al decreto \u00danico Reglamentario 2450 de 2015), sino tambi\u00e9n desde el contractual, por lo que el alegato de la objetante alusivo a que independientemente de la data en que se firm\u00f3 el citado pacto, as\u00ed como las pactadas a efectos de su ejecuci\u00f3n, las cuales, sin lugar a equ\u00edvocos, son anteriores a la apertura de la reorganizaci\u00f3n, deb\u00eda atenderse la del acta que deb\u00eda levantarse al momento de la entrega de la obra y pago total de la misma, no encontraba ninguna base razonable en la cual se sustentara. <\/p>\n
3.2. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por la sociedad actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039- 2021). <\/p>\n
3.3. Finalmente, y acerca de la supuesta vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 la Superintendencia de Sociedades de los medios de convicci\u00f3n arrimados a las diligencias concursales objeto de revisi\u00f3n constitucional, debe tenerse en cuenta que la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n suficiente para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem)\u00bb; de este modo queda claro, que como lo pretendido por Comercial Alpa SAS es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, esa finalidad resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
4. Finalmente se indica, que contrario a lo esgrimido por el apoderado de la sociedad inconforme, no existe un hecho que demuestre la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad de \u00e9sta, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo, es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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