STC8674-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8674-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02173-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz Mary P\u00e9rez Quinch\u00eda y \u00c9dgar Benavides Jurado contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, \u00abigualdad de trato jur\u00eddico\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulneradas por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidieron \u00abrevocar\u2026 el fallo aqu\u00ed cuestionado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luz Mary P\u00e9rez Quinch\u00eda y \u00c9dgar Benavides Jurado promovieron demanda contra BV Proyectos SAS, Julio Andr\u00e9s Pantoja Casanova, Hugo Alejandro Saavedra Le\u00f3n y Leslie Amparo S\u00e1nchez Iregui, con la finalidad de que se les declarara \u00abresponsables del incumplimiento en la construcci\u00f3n de las obras de urbanismo y zonas comunes del condominio campestre Bamb\u00fa Propiedad Horizontal\u00bb y, por tanto, condenara al pago de la correspondiente indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 3 de febrero de 2020, se accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte demandada, siendo revocada por el Tribunal acusado con providencia del 15 de junio de la presente anualidad, para en su lugar, negar las s\u00faplicas elevadas. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que los falladores acusados debieron declarar desierta la alzada interpuesta por su contraparte, comoquiera que el recurso fue presentado por fuera del t\u00e9rmino que contempla el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso; y que \u00abla sociedad recurrente no cumpli\u00f3 con los requisitos exigidos por los art\u00edculos 320 a 328 del CGP de concretar sus reparos de cara al fallo que la conden\u00f3 a indemnizar\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. De otro lado, destac\u00f3 que, contrario a lo que concluy\u00f3 el ad quem convocado, en el juicio criticado se prob\u00f3 el incumplimiento alegado; que dicho despacho judicial desconoci\u00f3 que en la escritura p\u00fablica contentiva de la compraventa \u00abse dejaron de lado, de manera fraudulenta, las condiciones plasmadas en la promesa y a la vez se insertaron algunas cl\u00e1usulas como la renuncia expresa a la condici\u00f3n resolutoria de lo convenido\u00bb; y que interpret\u00f3 err\u00f3neamente lo establecido en el art\u00edculo 24 de la ley 675 de 2001, por cuanto no tuvo en cuenta que \u00abla sociedad demandada no construy\u00f3 ni vendi\u00f3 casas como bienes privados, sino exclusivamente enajen\u00f3 lotes de terreno para que sus adquirentes edificaran sus casas, nada m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca destac\u00f3 que la providencia fustigada \u00abcontiene un an\u00e1lisis probatorio que determin\u00f3 la existencia de una verdad procesal que, con aplicaci\u00f3n de la normatividad sustancial relevante\u2026 no permit\u00eda dar prosperidad a las pretensiones elevadas; razonamientos e interpretaciones que\u2026 no constituyen una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
2. BV Proyectos SAS, a trav\u00e9s de apoderado judicial, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Pues bien, revisada la demanda de tutela, se verifica que los gestores del resguardo cuestionaron: (i) que se hubiese dado curso a la alzada que formul\u00f3 su contraparte en el proceso cuestionado, contra la sentencia de 3 de febrero de 2020; y (ii) la valoraci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria efectuada en la sentencia de 15 de junio de 2021. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte y en lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, advierte la Corte que el resguardo resulta inviable, por cuanto para exponer las quejas que ac\u00e1 alegaron, los actores tuvieron a su alcance el recurso de s\u00faplica que proced\u00eda frente al prove\u00eddo de 14 de septiembre de 2020 (art\u00edculo 3311, C\u00f3digo General del Proceso), que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada contra el prenotado fallo de 3 de febrero de esas mismas calendas, mecanismo del que no hicieron uso, siendo ese el escenario propicio para esgrimir el supuesto incumplimiento de las formalidades necesarias para dar curso a la aludida apelaci\u00f3n. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si los promotores del amparo desperdiciaron \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. En lo que ata\u00f1e a la otra de las quejas del censor, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la citada providencia de 15 de junio de los corrientes no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que resultaba inviable la acci\u00f3n de responsabilidad civil contractual que incoaron los quejosos, sobre lo cual precis\u00f3: <\/p>\n
2.3. La indemnizaci\u00f3n compensatoria se soporta en el reclamo del incumplimiento de la entrega de las obras de urbanismo y zonas comunes del condominio campestre Bamb\u00fa Propiedad Horizontal, porque la constructora se oblig\u00f3 conforme a la \u201cLicencia de urbanismo y construcci\u00f3n de obras comunales\u201d; y a los cat\u00e1logos de venta, a construir en la propiedad horizontal, \u201cv\u00edas terminadas, (p\u00fablicas y privadas), redes de servicios de acueducto, alcantarillado, energ\u00eda y aguas lluvias, construcci\u00f3n de servicios comunales (sede social, cancha, kioscos, porter\u00eda, parqueaderos) dotaci\u00f3n de las zonas verdes recreativas y de la zona de cesi\u00f3n Tipo A (cancha m\u00faltiple deportiva y zonas de juegos)\u201d; spa: gimnasio, sauna, jacuzzi, ba\u00f1o turco, sala de masajes; v\u00edas adoquinadas; cancha de tenis; golfito; lagos y sal\u00f3n de recepciones, pues en el par\u00e1grafo de la cl\u00e1usula 7\u00aa se compromete a tenerlas terminadas de acuerdo con la licencia de construcci\u00f3n\u201d <\/p>\n
Que su inejecuci\u00f3n gener\u00f3 un detrimento patrimonial para los demandantes, que iban a levantar en su lote una casa campestre y ganarse una valoraci\u00f3n, consideran los demandante que el plazo que ten\u00eda el vendedor para construirlas seg\u00fan la promesa era de dos a\u00f1os, conforme a la licencia que en la resoluci\u00f3n No. 058 del 25 de marzo de 2009 le otorg\u00f3 el municipio de Anapoima y que venci\u00f3 el 24 de marzo de 2011, pues aunque a solicitud de los demandados se ampli\u00f3 a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n No. 115 del 18 de mayo de 2012, esta resoluci\u00f3n dispon\u00eda que \u201cel incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores causar\u00e1 la revocatoria de la presente resoluci\u00f3n\u201d, por lo que al cumplirse esa \u00faltima fecha -17 de mayo de 2013- la licencia se entend\u00eda revocada. <\/p>\n
Que esas obras de urbanismo y zonas comunes en las condiciones que fueron ofrecidas tanto en la etapa de pre-negociaci\u00f3n como en la etapa de negociaci\u00f3n y deben los demandados responder pecuniariamente y que est\u00e1n los actores facultados para solicitar la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios desde la fecha de pre-negociaci\u00f3n hasta que se produzca el resultado final. <\/p>\n
2.3.1. Como se desprende del reclamo la obligaci\u00f3n que se afirma fue incumplida por el vendedor demandado se se\u00f1ala derivada no del contrato de compraventa sino del contrato de promesa y aunque se sabe que la regla general es que realizado el contrato prometido desaparece el contrato de promesa que le dio origen y que, prima facie, las obligaciones que pudieran soportar un reclamo de indemnizaci\u00f3n por incumplimiento son las derivadas del contrato prometido y no de la promesa de su ejecuci\u00f3n, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia se\u00f1ala que no es ello una regla absoluta y que en determinadas circunstancias pueden ser exigibles las obligaciones de la promesa, no obstante la ejecuci\u00f3n del contrato prometido. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
2.3.2. Pero lo cierto es que, en este caso, en primer lugar, como se hizo referencia al describir el contrato de promesa en cuesti\u00f3n, no aparece en \u00e9l claramente establecida la obligaci\u00f3n de los promitentes vendedores de entregar las obras reclamadas (urbanismo y construcci\u00f3n de zonas comunes) antes del vencimiento de las licencias de construcci\u00f3n otorgadas por el municipio, como lo reclama el demandante. <\/p>\n
Pues si se revisa la cl\u00e1usula s\u00e9ptima que a ello hace alusi\u00f3n esta reza: \u201cENTREGA -LA PROMITENTE VENDERORA entregara a los promitentes COMPRADORES, real y materialmente el inmueble materia de este contrato, el d\u00eda de la firma de la escritura p\u00fablica que perfeccione la presente promesa de compraventa. \u2013PARAGRAFO PRIMERO: Las partes declaran conocer que las obras de urbanismo y construcci\u00f3n de zonas comunes se est\u00e1n adelantando en la actualidad y no estar\u00e1n terminadas para la fecha de escrituraci\u00f3n y entrega del lote, por lo cual LA PROMITENTE VENDEDORA se compromete a tenerlas terminadas de acuerdo con la licencia de construcci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Dado que lo que puede derivarse de ella es que los promitentes compradores sab\u00edan que no se iban a entregar aquellas obras a la firma de la escritura de venta y entrega del lote prometido en venta, y tampoco se se\u00f1al\u00f3 en ella un plazo determinado para su ejecuci\u00f3n, pues el compromiso all\u00ed adquirido como lo alega el extremo demandado, fue de tenerlas terminadas \u201cDe acuerdo con la licencia de construcci\u00f3n\u201d, esto es, acorde con las especificaciones aprobadas en la licencia. <\/p>\n
2.3.3. Pero a\u00fan si se interpretara que s\u00ed deriva de aquella cl\u00e1usula que el promitente vendedor ten\u00eda la obligaci\u00f3n de entregar las obras civiles y bienes comunes de la copropiedad a los promitentes vendedores cuando se terminara el plazo concedido por la Alcald\u00eda de Anapoima para ejecutar las licencias de construcci\u00f3n concedidas, como lo interpret\u00f3 el a-quo para dar prosperidad a las pretensiones indemnizatorias, lo cierto es que de la aplicaci\u00f3n de la doctrina que se dej\u00f3 expuesta habr\u00eda que concluirse que no ser\u00eda aquella obligaci\u00f3n, derivada del extinguido contrato de promesa, ac\u00e1 exigible, pues fue cosa distinta lo que al respecto se convino en el contrato de venta y ello prevalece. <\/p>\n
En efecto, en la escritura de compraventa No. 1700 de 23 de abril de 2010 suscrita por Hugo Alejandro Saavedra Le\u00f3n representante legal de BV Proyectos Ltda., como vendedor y Luz Mary P\u00e9rez Quinchia y Edgar Benavides Jurado como compradores entre las mismas partes del contrato de promesa, se se\u00f1al\u00f3 en su cl\u00e1usula primera se transfiere el predio identificado con folio de matr\u00edcula No. 166-85360 Lote No. 9 con un \u00e1rea de 2000.57 m2 que hace parte del condominio campestre Bamb\u00fa-Anapoima. En su par\u00e1grafo primero de dicha cl\u00e1usula se establece que el inmueble objeto de la venta hace parte del CONDOMINIO denominado BAMBU CONDOMINIO CAMPESTRE que se constituy\u00f3 en propiedad horizontal conforme a la ley y que su reglamento fue elevado a escritura p\u00fablica 1357 de abril 7 de 2010 de la Notar\u00eda 36 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En la cl\u00e1usula quinta se se\u00f1ala que el precio de venta es de $153\u2019000.000.oo que los compradores han cancelado en su totalidad y el vendedor da por recibidos. En la sexta se pacta la entrega. \u201cEL VENDEDOR, hace entrega real y material a LOS COMPRADORES, de los inmuebles objeto de esta compraventa\u201d y se se\u00f1ala entregados en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima \u201cSERVICIOS. Los inmuebles objeto del presente contrato se encuentran dotados de los servicios p\u00fablicos de agua, luz, gas natural-cualquier reajuste o mayor valor que por tales conceptos se liquide con posterioridad a la fecha de esta escritura ser\u00e1 asumido en su totalidad por los COMPRADORES\u201d. Cl\u00e1usula \u201cNOVENA: RENUNCIA: Las partes de com\u00fan acuerdo renuncian a cualquier condici\u00f3n resolutoria que pueda afectar a este contrato, en forma tal que la presente venta se otorga firme e irresoluble\u201d. En la CL\u00c1USULA D\u00c9CIMA los compradores aceptan la escritura y venta que en ella se hace con todas sus estipulaciones, afirman que conocen y se comprometen a cumplir el r\u00e9gimen de propiedad horizontal que regula a Bamb\u00fa Condominio Campestre y \u201cQue con este contrato se da cumplimiento al contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes\u201d. <\/p>\n
Es decir, como fue cosa distinta a lo pactado en la promesa lo que se convino en el contrato de venta sobre la entrega de las reclamadas obras de urbanismo y construcci\u00f3n de zonas comunes, la entrega de aquellas antes del vencimiento de la licencia de construcci\u00f3n otorgada, obligaci\u00f3n de la promesa de venta que se reclama incumplida como soporte de la indemnizaci\u00f3n compensatoria, perdi\u00f3 eficacia y su observancia se rige no por lo all\u00e1 convenido sino por lo estipulado en el contrato de compraventa. <\/p>\n
Pues es ello contrario a lo acordado en la escritura de venta, esto es, que la entrega de las obras de urbanismo y construcci\u00f3n de zonas comunes se somet\u00eda a la regulaci\u00f3n legal aplicable, por hacer parte el comprado lote nueve de la propiedad horizontal conjunto BAMBU CONDOMINIO CAMPESTRE, regulaci\u00f3n aplicable a la parcelaci\u00f3n de lotes, como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 85 de la ley 675 de 2001. <\/p>\n
Pues conforme a la se\u00f1alada regulaci\u00f3n legal, su reglamento fue elevado a escritura p\u00fablica 1357 de abril 7 de 2010 de la Notar\u00eda 36 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 y registrado en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien vendido, documento que los compradores manifiestan conocer; ello a m\u00e1s del pacto expreso de los contratantes de que con la firma de la escritura de venta se da cumplimiento al contrato de promesa. <\/p>\n
Lo que hace inexigible la obligaci\u00f3n ac\u00e1 reclamada dado que la ley 675 de 2001 viene a regular el r\u00e9gimen de propiedad horizontal y en lo que refiere a la entrega de los bienes comunes en su articulado se\u00f1ala: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 24. ENTREGA DE LOS BIENES COMUNES POR PARTE DEL PROPIETARIO INICIAL. Se presume que la entrega de bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes privados de un edificio o conjunto, tales como los elementos estructurales, accesos, escaleras y espesores, se efect\u00faa de manera simult\u00e1nea con la entrega de aquellos seg\u00fan las actas correspondientes. Los bienes comunes de uso y goce general, ubicados en el edificio o conjunto, tales como zona de recreaci\u00f3n y deporte y salones comunales, entre otros, se entregar\u00e1n a la persona o personas designadas por la asamblea general o en su defecto al administrador definitivo, a m\u00e1s tardar cuando se haya terminado la construcci\u00f3n y enajenaci\u00f3n de un n\u00famero de bienes privados que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los coeficientes de copropiedad. La entrega deber\u00e1 incluir los documentos garant\u00eda de los ascensores, bombas y dem\u00e1s equipos, expedidas por sus proveedores, as\u00ed como los planos correspondientes a las redes el\u00e9ctricas, hidrosanitarias y, en general, de los servicios p\u00fablicos domiciliarios. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 1o. Cuando se trate de conjuntos o proyectos construidos por etapas, los bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes privados se referir\u00e1n a aquellos localizados en cada uno de los edificios o etapas cuya construcci\u00f3n se haya concluido. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 2o. Los bienes comunes deber\u00e1n coincidir con lo se\u00f1alado en el proyecto aprobado y lo indicado en el reglamento de propiedad horizontal\u201d. <\/p>\n
De donde se concluye que al no hacerse exigible la obligaci\u00f3n derivada del contrato de promesa cuyo incumplimiento se reclama fuente de la indemnizaci\u00f3n compensatoria perseguida, por no tener la misma los alcances que le atribu\u00eda el demandante o bien porque teni\u00e9ndolos esa obligaci\u00f3n desapareci\u00f3 por el pacto que en contra de aquella se estipul\u00f3 en el contrato de compraventa. <\/p>\n
Pues conforme a la regulaci\u00f3n de la ley 675 de 2001 a la que convinieron sujetares los contratantes, es a\u00fan prematura la exigencia del cumplimiento de la entrega de las obras de urbanismo y construcci\u00f3n de zonas comunes, que se entienden bienes comunes no esenciales, a la copropiedad por el extremo demandado por no haberse a\u00fan cumplido la enajenaci\u00f3n de un n\u00famero de bienes privados que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los coeficientes de copropiedad. <\/p>\n
Las pretensiones de la demanda entonces deb\u00edan negarse, pues no se cumple el requisito de haberse establecido el incumplimiento de una obligaci\u00f3n de la promesa de venta que se hubiese ratificado en el contrato prometido, o una obligaci\u00f3n contractual del vendedor y una culpa del mismo en su configuraci\u00f3n, que fuese fuente de los perjuicios reclamados, por ello, la sentencia apelada se revocar\u00e1 y en su lugar se negar\u00e1n las pretensiones de la demanda\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los inconformes es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado valor\u00f3 las pruebas recaudadas, en especial, los contratos de promesa y de compraventa que suscribieron las partes, concluyendo que no se encontraba acreditado el incumplimiento enrostrado a la parte demandada en el juicio fustigado, toda vez que del clausulado de los citados acuerdos no se desprend\u00eda el compromiso de entregar las \u00abobras de urbanismo y zonas comunes\u00bb, en los plazos que alegaban los demandantes. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abEl recurso de s\u00faplica procede contra los autos que por su naturaleza ser\u00edan apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el curso de la segunda o \u00fanica instancia, o durante el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de un auto. Tambi\u00e9n procede contra el auto que resuelve sobre la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n y contra los autos que en el tr\u00e1mite de los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n o revisi\u00f3n profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelaci\u00f3n. No procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelaci\u00f3n o queja\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
8 <\/p>\n
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STC8674-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8674-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02173-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz Mary P\u00e9rez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55568","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55568\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}