STC8675-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8675-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00837-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilson Alejandro Jim\u00e9nez Mart\u00ednez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la causa penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo a trav\u00e9s de defensor p\u00fablico, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente quebrantada por la autoridad jurisdiccional convocada, al negarle \u00abel mecanismo de impugnaci\u00f3n especial -doble conformidad\u00bb, dice, sin motivaci\u00f3n alguna, en el marco del juicio penal radicado bajo el consecutivo n\u00ba. \u00ab53776000664201080500\u00bb. <\/p>\n
Entonces, pide el abogado en lo cardinal, que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se \u00abconceda la impugnaci\u00f3n especial al se\u00f1or WILSON ALEJANDRO JIM\u00c9NEZ MART\u00cdNEZ y se nos permita sustentarla en los t\u00e9rminos establecidos por la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja relata el profesional del derecho, que el 26 de septiembre de 2012, el Juzgado Doce Penal del Circuito de esta capital emiti\u00f3 sentencia condenatoria en favor de su representado; no obstante, el 12 de diciembre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito capital revoc\u00f3 la misma, para entonces, condenar al se\u00f1or Jim\u00e9nez Mart\u00ednez a la pena principal de 208 meses de prisi\u00f3n por el punible de homicidio; que una vez fue designado como defensor de oficio, elev\u00f3 solicitud de \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb, pero el 20 de noviembre de 2020 la citada Colegiatura neg\u00f3 la misma \u00absin pronunciarse de fondo sobre la solicitud de impugnaci\u00f3n especial – doble conformidad\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, inconforme con la anterior disposici\u00f3n, interpuso infructuosamente recurso de reposici\u00f3n, pues mediante prove\u00eddo del 1\u00b0 de diciembre siguiente se mantuvo \u00edntegramente el prove\u00eddo acusado, raz\u00f3n que considera suficiente para rogar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, comoquiera que \u00abla entidad tutelada, no dio respuesta de fondo a la solicitud impetrada cual era el acceder a la impugnaci\u00f3n especial doble conformidad, sin pronunciarse de fondo sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la providencia AP2118-2020, radicaci\u00f3n 34017 del 3 de septiembre de 2020, con lo cual su fallo adolece de motivaci\u00f3n absoluta\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que resolvi\u00f3 el recurso de alzada contra la sentencia del 26 de septiembre de 2012, oportunidad en la que dispuso revocar esa particular determinaci\u00f3n; que contra esa decisi\u00f3n no se interpuso recurso alguno, por lo que \u00abvencido el t\u00e9rmino de ejecutoria, el 19 de febrero de 2020, fue devuelta al juzgado de origen\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, dijo que el 20 de noviembre anterior dispuso no acceder a la solicitud de impugnaci\u00f3n especial, y que el 1\u00ba de diciembre siguiente rechaz\u00f3 de plano el recurso de reposici\u00f3n interpuesto, en tanto que \u00abno se abri\u00f3 ninguna controversia en relaci\u00f3n con la sentencia del 13 de noviembre de 2019, sino, \u00fanicamente, se le indicaron las razones por las que tal determinaci\u00f3n se encuentra ejecutoriada y no es posible acceder a lo pretendido\u00bb. <\/p>\n
b.) A su turno, el Juzgado Doce Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma localidad, tras compendiar la actuaci\u00f3n a su cargo pidi\u00f3 denegar el amparo, pues con su actuaci\u00f3n no quebrant\u00f3 las garant\u00edas superiores reclamadas por el defensor de oficio del se\u00f1or Jim\u00e9nez Mart\u00ednez. <\/p>\n
c.) Por su parte, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se limit\u00f3 a historiar de forma detallada el tr\u00e1mite impartido al asunto. <\/p>\n
d.) Finalmente, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo en lo que a dicha entidad respecta, tras echar de menos la acreditaci\u00f3n del quebrantamiento de las garant\u00edas elevadas por el quejoso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo reclamado, advirtiendo, en suma, que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abexplic\u00f3 con detalle la preclusividad del recurso que se pretend\u00eda interponer y su improcedencia por la ejecutoriedad de la decisi\u00f3n, mal har\u00eda el juez de tutela en imponer u optar por una valoraci\u00f3n distinta solo por el hecho de no ser compartido por quien formula el reproche\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor del amparo, con sustento en similares reparos a los planteados al inicio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que se somete a examen de la Sala, el abogado Olbar Andrade Rinc\u00f3n en su calidad de defensor de oficio del se\u00f1or Wilson Alejandro Jim\u00e9nez Mart\u00ednez, cuestiona, puntualmente, la decisi\u00f3n del 20 de noviembre de 2020, a trav\u00e9s de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dispuso no acceder a la solicitud de impugnaci\u00f3n especial elevada, tras considerar que \u00abcomo consta en la p\u00e1gina de internet de la Rama Judicial, se observe que se haya presentado el recurso correspondiente, pues, vencido el t\u00e9rmino de ejecutoria, el 19 de febrero del a\u00f1o en curso, fue devuelta al juzgado de origen, raz\u00f3n por la que no es posible acceder a lo solicitado\u00bb, pues en su particular criterio, dicha determinaci\u00f3n carece de motivaci\u00f3n absoluta. <\/p>\n
3. No obstante, advierte la Sala que habr\u00e1 de mantenerse la decisi\u00f3n constitucional de instancia, pero por las razones que seguidamente pasan a exponerse: <\/p>\n
3.1. En relaci\u00f3n con la agencia de derechos y el argumento de la no necesidad de poder especial para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Y sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado, que \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C.C. T-878\/07). <\/p>\n
3.2. De conformidad con lo expuesto en precedencia, no cabe duda para la Sala que la demanda de amparo no puede ser estudiada de fondo, por ser evidente que el abogado Olbar Andrade Rinc\u00f3n carece de legitimaci\u00f3n en la causa para acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, en raz\u00f3n a que ser el defensor p\u00fablico del se\u00f1or Wilson Alejandro Jim\u00e9nez Mart\u00ednez, no lo habilita per se, para cuestionar mediante este mecanismo extraordinario, las actuaciones adelantadas por las instancias judiciales criticadas al interior del procedimiento judicial seguido en contra de \u00e9ste por el delito de homicidio, en raz\u00f3n a que s\u00f3lo el condenado es el titular de las garant\u00edas esenciales que aqu\u00ed se acusan de haber sido quebrantadas, y ese tipo de representaci\u00f3n no tiene la virtualidad de \u00abtransferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC8007-2021). <\/p>\n
3.3. Y ello es as\u00ed, porque cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que quien dice representar a otro acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, m\u00e1xime cuando conforme a la Resoluci\u00f3n 0382 expedida por el Defensor del Pueblo en abril 27 de 1993, los defensores p\u00fablicos deben atender los asuntos que les sean asignados \u00abprevia aceptaci\u00f3n del poder suscrito por el beneficiario del servicio\u00bb, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa, lo que en el presente asunto tampoco se hizo; sin que adem\u00e1s, la Sala aprecie cumplido el segundo requisito de procedencia de la citada figura, relativo a que el titular de los derechos fundamentales \u00abno est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, ya sea por circunstancias f\u00edsicas o mentales\u00bb1, pues ni siquiera esgrimi\u00f3 el motivo por el que el all\u00ed demandado no pod\u00eda asumir su propia defensa, pues estar privado de la libertad en nada afecta para que acuda de forma directa a este mecanismo de amparo, dado su tr\u00e1mite preferente y sumario, situaci\u00f3n que descarta la viabilidad del agenciamiento pretendido, y por ende, del estudio de la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3.4. En ese sentido esta Sala ha precisado, que \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026) (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras)\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
4. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia, pero por las razones antes advertidas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Ver al respecto, C.C. T-04\/13, T-416\/17 y T-072\/19, entre otras. <\/p>\n
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