STC8679-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8679-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00444-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 28 de mayo de 2021, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada Ana Deidy V\u00e1squez Zapata contra el Juzgado Octavo de Familia de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal de V\u00edctor Manuel Guerra y Rosal\u00eda Vargas de Guerra. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso e igualdad, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De lo narrado por la tutelante y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
La actora aduce ser la apoderada judicial de los herederos William Vicente Guerra Burgos y Mario Guerra Burgos, en el juicio de sucesi\u00f3n de V\u00edctor Manuel Guerra Cepeda que cursa en el juzgado convocado, con radicado n\u00b0. 2016-820. <\/p>\n
Refiere que, en el mismo decurso se tramita el proceso de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme de la partici\u00f3n de bienes efectuada en escritura p\u00fablica n\u00b0 187 de 18 de febrero de 2016, otorgada en la Notar\u00eda 22 de Bogot\u00e1, promovida por sus representados contra Rosal\u00eda Vargas de Guerra y su hija Myriam Guerra Vargas, asunto al cual, indica, recientemente se le asign\u00f3 el radicado n\u00b0. 2021-144. <\/p>\n
En el precitado tr\u00e1mite, mediante prove\u00eddo de 2 de marzo de 2021, la juez accionada le impuso a la aqu\u00ed quejosa, la sanci\u00f3n prevista en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, por incumplir el deber de: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 14. Enviar a las dem\u00e1s partes del proceso despu\u00e9s de notificadas, cuando hubieren suministrado una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico o un medio equivalente para la transmisi\u00f3n de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se except\u00faa la petici\u00f3n de medidas cautelares. Este deber se cumplir\u00e1 a m\u00e1s tardar el d\u00eda siguiente a la presentaci\u00f3n del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuaci\u00f3n, pero la parte afectada podr\u00e1 solicitar al juez la imposici\u00f3n de una multa hasta por un salario m\u00ednimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Indica que, en contra de la referida decisi\u00f3n interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. El primero, resuelto desfavorablemente y, el segundo, negado por improcedente. Frente a esta \u00faltima determinaci\u00f3n interpuso el recurso de queja, tambi\u00e9n denegado por no incoarse en forma debida. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, declarar sin valor y efecto la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
El estrado confutado se opuso a la prosperidad del ruego defendiendo la legalidad de su proceder. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la s\u00faplica tras aducir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Pues bien: los argumentos que expuso la Juez demandada se fundan en la normatividad procesal que rige el asunto y en la autonom\u00eda de que goza la funcionaria, pues es claro que la interesada no cumpli\u00f3 con uno de los requisitos para la viabilidad del recurso de queja, esto es, interponer el recurso de reposici\u00f3n en contra del auto que deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del de apelaci\u00f3n, sin lo cual el medio de impugnaci\u00f3n al que se aspiraba a acceder qued\u00f3 en el vac\u00edo, al no haberle precedido el combate en contra de la providencia en que no se accedi\u00f3 a darle paso a la alzada. <\/p>\n
\u201cAhora bien: es claro, en el caso presente, que la accionante no cumpli\u00f3 con el deber de que trata el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C.G. del P., pues como ella misma lo admite dej\u00f3 de remitir copia del memorial mediante el cual descorri\u00f3 el traslado de las excepciones de m\u00e9rito propuestas dentro del proceso de que se trata y que la parte afectada solicit\u00f3 oportunamente la imposici\u00f3n de la multa, de suerte que, dadas las circunstancias previstas legalmente para el efecto, no se ve conculcaci\u00f3n alguna de los derechos que aqu\u00ed se alegan (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora se\u00f1alando que en el sublite no se prob\u00f3 \u201cla afectaci\u00f3n que ha sufrido quien solicita la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La accionante cuestiona el prove\u00eddo de 2 de marzo de 2021, a trav\u00e9s del cual, la juez accionada le impuso la multa prevista en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, por no haber remitido, a uno de los apoderados, el memorial mediante el cual descorri\u00f3 el traslado de las excepciones propuestas por el extremo pasivo. <\/p>\n
2. De entrada, se advierte la improcedencia del amparo por la desatenci\u00f3n del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
N\u00f3tese, frente a la determinaci\u00f3n censurada, la actora interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. El primero, resuelto desfavorablemente y, el segundo, negado por improcedente. Contra esta \u00faltima decisi\u00f3n, inco\u00f3 recurso de queja, denegado por no haberse presentado en subsidio del de reposici\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si la promotora estimaba que la determinaci\u00f3n recurrida era susceptible de alzada, ha debido formular aquel medio impugnatorio de forma correcta y sin desconocer el tr\u00e1mite previsto para tal efecto en el art\u00edculo 353 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El recurso de queja deber\u00e1 interponerse en subsidio del de reposici\u00f3n contra el auto que deneg\u00f3 la apelaci\u00f3n o la casaci\u00f3n, salvo cuando este sea consecuencia de la reposici\u00f3n interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deber\u00e1 interponerse directamente dentro de la ejecutoria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En un caso an\u00e1logo, esta Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Lo reprochado frente al Juzgado del Circuito, tampoco tiene cabida en esta sede, habida cuenta que a trav\u00e9s de \u00absolicitud elevada directamente por el apoderado de la parte demandada\u00bb intent\u00f3 \u00abinterponer recurso de queja\u00bb, todo lo cual se sale del cauce normativo dispuesto para aquel \u00abmedio impugnativo\u00bb, por lo que como corolario el funcionario \u00abrechaz\u00f3 de plano la solicitud de queja\u00bb, lo que encuentra soporte en el precepto 353 del C.G.P (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos por el legislador al interior del proceso. Cuando se verifican desidias como la comentada, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [ante la negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d2. <\/p>\n
La conducta ap\u00e1tica de la interesada impide reabrir un debate por v\u00eda constitucional frente a aspectos que debieron ser tramitados dentro del litigio y respetando las reglas propias del juicio, por cuanto ello atenta contra el car\u00e1cter residual del resguardo. Ha sido criterio de la Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d3. <\/p>\n
3. Entre los deberes de las partes y sus apoderados, el numeral 14 del art\u00edculo 78, dispone: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 14. Enviar a las dem\u00e1s partes del proceso despu\u00e9s de notificadas, cuando hubieren suministrado una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico o un medio equivalente para la transmisi\u00f3n de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se except\u00faa la petici\u00f3n de medidas cautelares. Este deber se cumplir\u00e1 a m\u00e1s tardar el d\u00eda siguiente a la presentaci\u00f3n del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuaci\u00f3n, pero la parte afectada podr\u00e1 solicitar al juez la imposici\u00f3n de una multa hasta por un salario m\u00ednimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed, una vez los extremos del litigio han sido debidamente notificados, corresponde a los apoderados judiciales remitir a las partes, v\u00eda electr\u00f3nica, todos aquellos memoriales que han allegado al decurso, a m\u00e1s tardar, al d\u00eda siguiente de haberlos presentado. Ello, con excepci\u00f3n del escrito de medidas cautelares. <\/p>\n
La sanci\u00f3n por el desconocimiento de dicha carga consiste en la imposici\u00f3n de una multa hasta por un salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n
El citado precepto guarda consonancia con el numeral 1\u00b0 ib\u00eddem seg\u00fan el cual los apoderados deben proceder con lealtad y probidad en todos sus actos. <\/p>\n
Sobre el alcance de la referida disposici\u00f3n, en el pliego de modificaciones al proyecto del C\u00f3digo General del Proceso, la comisi\u00f3n redactora, precis\u00f3: <\/p>\n
Conforme a lo antelado, la imposici\u00f3n de la penalidad reprochada no se advierte caprichosa o arbitraria, al punto de justificar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. N\u00f3tese, en el sublite se hallaba acreditado el factor subjetivo de la responsabilidad, por cuanto la propia sancionada admiti\u00f3 no haber cumplido con el deber de remitir copia del memorial mediante el cual descorri\u00f3 el traslado de las excepciones de m\u00e9rito formuladas en el sublite. <\/p>\n
As\u00ed, ante la conducta omisiva y negligente de la aqu\u00ed tutelante, resultaba justificada la sanci\u00f3n a ella impuesta por el juzgado, al reunirse los presupuestos normativos descritos en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, citado ut supra. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002CSJ, Sala Civil, STC2499-2020. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp.: 00616-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
4\u0002 CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA DE COLOMBIA, Gaceta del Congreso, 28 de marzo de 2012, p.28. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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