STC8681-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8681-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00084-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 1\u00b0 de junio de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Duber Espinosa Giraldo contra los Juzgados Civil del Circuito y Cuarto Promiscuo Municipal, ambos de Chinchin\u00e1 -Caldas-, con ocasi\u00f3n del juicio de pertenencia iniciado por el aqu\u00ed petente contra Luz Eli Espinosa Giraldo y otros, con radicado n\u00famero 2018-0070. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor suplica la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De lo narrado por la tutelante y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
El actor present\u00f3 demanda de pertenencia en contra de Luz Eli Espinosa Giraldo y otros, solicitando se declarara que le pertenece el dominio pleno y absoluto del primer piso del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0. 100-130562 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Manizales, por haberlo adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio. <\/p>\n
En sentencia de 20 de octubre de 2020, el juez de primer grado neg\u00f3 las pretensiones del accionante; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, en providencia de 30 de abril de 2021, emitida por el estrado del circuito accionado. <\/p>\n
En criterio del tutelante, el ad quem no estudi\u00f3 en su integridad la alzada formulada, pues desconoci\u00f3 la postura vigente de esta Corporaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con la posibilidad de alcanzar por prescripci\u00f3n un piso, nivel o apartamento de una edificaci\u00f3n que no est\u00e9 sometida al r\u00e9gimen de propiedad horizontal, expuestos en la providencia SC4649-2020. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de Chinchin\u00e1 relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y manifest\u00f3 atenerse a los argumentos expuestos en la sentencia de 20 de octubre de 2020. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, aduciendo no haber vulnerado derecho fundamental alguno del accionante. <\/p>\n
3. Luz Eli Espinosa Giraldo solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, manifestando que la providencia cuestionada fue debidamente fundamentada, \u201cotra cosa, es que le haya sido adversa al actor\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 el amparo, tras advertir que el estrado convocado <\/p>\n
\u201c(\u2026) no estudi\u00f3 en su integridad la alzada formulada, toda vez que \u00fanicamente se pronunci\u00f3 frente a los reparos concretos que <\/p>\n
se le hicieron a la decisi\u00f3n, pero nada dijo acerca de los argumentos expuestos por el apelante en su escrito de sustentaci\u00f3n del recurso, que finalmente son sobre los que se debe que pronunciar el juez de segunda instancia, conforme lo previsto en el art\u00edculo 328 del C. G del P. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 Luz Eli Espinosa Giraldo, insistiendo en la legalidad de las decisiones censuradas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El accionante cuestiona el prove\u00eddo de 30 de abril de 2021, mediante el cual la juez del circuito accionada confirm\u00f3 la sentencia de 20 de octubre de 2020, a trav\u00e9s de la cual el juzgado de primer grado neg\u00f3 las pretensiones de la demanda de pertenencia por \u00e9l incoada en contra de Luz Eli Espinosa Giraldo y otros. <\/p>\n
2. De entrada, ha de anunciarse que el an\u00e1lisis constitucional se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n de segunda instancia porque con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o infirmado. <\/p>\n
3. Revisada la actuaci\u00f3n, se advierte que los reparos concretos formulados por el aqu\u00ed petente para cuestionar la decisi\u00f3n de primer grado, se fundamentaron en: <\/p>\n
\u201c(i) la falta de reglamento de propiedad horizontal no convierte en indeterminable el inmueble objeto de usucapi\u00f3n, el cual se encuentra perfectamente identificado e individualizado; (ii) los fallos de tutela que cimentaron la decisi\u00f3n de primera instancia solo tienen efectos inter partes; y (iii) a nivel doctrinario y jurisprudencial se ha decantado que la constituci\u00f3n de un reglamento de propiedad horizontal no puede condicionar el \u00e9xito de la acci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, al sustentar la alzada, cit\u00f3 los argumentos expuestos por esta Corporaci\u00f3n, en la sentencia SC4649-2020 del 26 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Frente a dicha disertaci\u00f3n, el juzgado accionado reiter\u00f3 los argumentos expuestos el a quo, seg\u00fan los cuales no es viable la usucapi\u00f3n de un piso o porci\u00f3n espec\u00edfica de una edificaci\u00f3n de varias plantas no sometida a propiedad horizontal, por cuanto el bien o derecho as\u00ed solicitado no es prescriptible, al no ser susceptible de individualizaci\u00f3n, y agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [n]o es cierto, como dice el accionante, que la parte del inmueble cuya declaratoria de pertenencia se reclama, est\u00e9 perfectamente identificado, individualizado y separado del predio de mayor extensi\u00f3n, pues, entre los dos pisos de la edificaci\u00f3n no hay independencia ni material ni jur\u00eddica, pues no se toma en cuenta el suelo sobre el cual est\u00e1 construido. <\/p>\n
\u201cDe manera, que los argumentos con los cuales fundamento su decisi\u00f3n el se\u00f1or juez de primera instancia no son ni absurdos ni pueriles ni tampoco revelan arbitrariedad o desmesura. Por el contrario, muestran un ponderado an\u00e1lisis y se apoyan en uno fallos de tutela, que ni son aislados ni plasman absurdos criterios; son unos fallos que a trav\u00e9s del tiempo han fijado una l\u00ednea jurisprudencial reiterativa; emitidos adem\u00e1s por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, y el hecho de que sean fallos de tutela, con efecto inter partes, no les resta merito, pues, entre otras cosas, se emitieron precisamente para respaldar decisiones de jueces y tribunales que acogieron esa misma l\u00ednea jurisprudencial en procesos ordinarios, con similares pretensiones a este. <\/p>\n
Se observa la vulneraci\u00f3n alegada, por cuanto la decisi\u00f3n rese\u00f1ada no se pronunci\u00f3 acerca de la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de la Sala, expuesto en la sentencia SC4649-2020 del 26 de noviembre de 2020, en la cual esta Corporaci\u00f3n puso de presente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) habr\u00e1 de concluirse que cuando la controversia verse sobre prescripci\u00f3n adquisitiva respecto de un piso, nivel o apartamento independiente de una edificaci\u00f3n debidamente individualizado, \u00e9sta se inscribe dentro de la hip\u00f3tesis de usucapi\u00f3n de un predio de menor extensi\u00f3n inmerso en uno mayor, sin que pueda predicarse un fen\u00f3meno de imprescriptibilidad ante la falta de sometimiento de la totalidad del inmueble a r\u00e9gimen de propiedad horizontal, por cuanto es del resorte de los copropietarios, en ejercicio de su autonom\u00eda privada, decidir si optan por acogerse a ese modelo de propiedad aun con posterioridad a la declaraci\u00f3n parcial de pertenencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el juzgador accionado debi\u00f3 justificar el porqu\u00e9, de acuerdo con las particularidades del sublite, el precedente citado era o no aplicable. <\/p>\n
Por lo anterior, ha de desecharse la impugnaci\u00f3n y, en consecuencia, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n del a quo constitucional, en tanto la falencia descrita pudo ser determinante para las resultas del caso. <\/p>\n
4. Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
Frente a la tem\u00e1tica planteada, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Es] menester dejar sentado que la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
5. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19692, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d3, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio4. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia5, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales6; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas7. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. 22 de mayo de 2003, Rad. 00526-01, invocada el 10 de agosto de 2011, Rad. 00168-02. <\/p>\n
2\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
3\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
4\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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