STC8682-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8682-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02102-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gladys Roc\u00edo Jim\u00e9nez Qui\u00f1\u00f3nez y Carlos Julio Bacca Amaya contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el declarativo n\u00ba 2014-00020. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estiman trasgredido con los autos \u2013de primera y segunda instancia- de 5 de marzo de 2019 y 15 de junio de 2021, mediante los cuales los falladores accionados se negaron a permitirles rendir su interrogatorio de parte y aportar un dictamen pericial, en los t\u00e9rminos en que se los permite el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidieron que se dejen sin efecto los fustigados prove\u00eddos y que, en su lugar, se acceda a su solicitud probatoria. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Los falladores de primera y segunda instancia accionados, as\u00ed como la sociedad demandada en el juicio posesorio que incumbe a este tr\u00e1mite, Inversiones Semiramis Ltda., pidieron desestimar el amparo, en consideraci\u00f3n a que las fustigadas providencias no involucran una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Fernando D\u00edaz Rivera se opuso a la prosperidad del resguardo arguyendo que el mismo no satisface los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad que lo informan. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n querellada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al confirmar la desestimaci\u00f3n de la solicitud probatoria formulada por quienes aqu\u00ed accionan. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia del juez a quo, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la magistratura encartada confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n de la solicitud probatoria formulada por los hoy accionantes, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal inici\u00f3 recalcando que \u00abMediante el prove\u00eddo objeto de r\u00e9plica, no se accedi\u00f3 a la solicitud de interrogatorio de parte del extremo demandante y se neg\u00f3 la solicitud de presentar un dictamen pericial, al considerar que en el primer caso no fue solicitado por la parte demandada y nunca hubo decreto alguno al respecto, en tanto que, respecto a la prueba pericial la misma no procede, en la medida que al ordenarse la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial se dispuso el acompa\u00f1amiento de un experto para que rinda una experticia\u00bb. <\/p>\n
Tras rese\u00f1ar los reparos que los apelantes esgrimieron frente a esa determinaci\u00f3n, refiri\u00f3 que, \u00abteniendo en cuenta lo establecido en el inciso 2 del numeral 3 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 328 de dicha codificaci\u00f3n, es claro que la competencia de esta superioridad se circunscribe a resolver los reparos concretos que se le hacen al prove\u00eddo objeto de inconformidad, los cuales para el caso consisten en: 1) Establecer cual es el ordenamiento procesal aplicable al asunto objeto de controversia; 2) Determinar si las pruebas de interrogatorio de parte y dictamen pericial, son en efectos ordenadas por ley y por lo mismo deben ser decretadas de oficio por el juez de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
Delimitada en esos t\u00e9rminos la controversia, expuso, en cuanto al primero de los rese\u00f1ados problemas jur\u00eddicos, que \u00abaun cuando la Sala no desconoce que el proceso fue radicado el 30 de enero del 2014, momento en el cual ya se hab\u00eda promulgado el C\u00f3digo General del Proceso, no lo es menos que dicha normativa no hab\u00eda comenzado a regir en Colombia y menos en el Distrito Judicial de C\u00facuta, pues fue s\u00f3lo con la expedici\u00f3n del Acuerdo PSAA15-10392 del 1 de octubre del 2015, que dicha codificaci\u00f3n empez\u00f3 a regir en todo el territorio nacional, por lo que necesariamente se colige que el asunto inicialmente se tramit\u00f3 conforme las reglas establecidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil vigente para dicho momento y como un proceso abreviado. Ahora bien, teniendo en cuenta que a partir del 01 de enero del 2016 empez\u00f3 a aplicarse las normas estatuidas en la Ley 1564 del 2012 y que fue el legislador quien estableci\u00f3 las directrices de transito legislativo respecto de los asuntos en tr\u00e1mite, es claro que en el presente asunto s\u00f3lo pod\u00eda aplicarse la regla consagrada en el literal a) del numeral 1 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, pues de lo que se trata es de empezar a aplicar la legislaci\u00f3n vigente en un proceso abreviado que para dicho instante procesal no contaba con auto que decretaba pruebas, por lo que necesario era que el proceso se siguiera tramitando \u201cconforme a la legislaci\u00f3n anterior hasta que el juez las decrete, inclusive\u201d. En este punto es importante advertir que es la misma normatividad la que dispone que \u201cen el auto en que las ordene, tambi\u00e9n convocar\u00e1 a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento de que trata el presente c\u00f3digo. A partir del auto que decrete pruebas se tramitar\u00e1 con base en la nueva legislaci\u00f3n\u201d. Por lo expuesto, no encuentra la Sala yerro alguno respecto a la aplicaci\u00f3n de la normatividad aplicable al asunto objeto de controversia, pues es claro que pese a que la nueva normatividad procesal estaba rigiendo el proceso deb\u00eda agotar todas sus etapas hasta antes de decretarse las pruebas conforme las reglas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estos es, la realizaci\u00f3n de la audiencia de conciliaci\u00f3n que trataba el art\u00edculo 101 \u00eddem, pues s\u00f3lo a partir del decreto de pruebas se pod\u00eda predicar un cambio legislativo, conforme los postulados del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual se encuentra debidamente verificado con el auto de fecha 30 de enero del 2019\u00bb. <\/p>\n
Respecto del segundo t\u00f3pico, anot\u00f3 que, \u00abpara el caso del interrogatorio de parte, tanto la legislaci\u00f3n anterior como en la actual, establecen que dicho medio de prueba solo puede decretarse cuando se soliciten dentro de las oportunidades para pedir pruebas en primera instancia, esto es, con la demanda, al contestarla o al descorrer su traslado (\u2026). As\u00ed las cosas, en el caso concreto tenemos que tal como refiri\u00f3 el a quo y se pudo constatar en el plenario, la parte demandada en ning\u00fan momento solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de los se\u00f1ores Carlos Julio Bacca Amaya o Gladys Roc\u00edo Jim\u00e9nez Qui\u00f1onez, circunstancia por la que en principio no ser\u00eda procedente su decreto a instancia de parte. En segundo lugar, frente al argumento que con la convocatoria a la audiencia de conciliaci\u00f3n de que trataba el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el juez decret\u00f3 de oficio el interrogatorio de los mentados demandantes, advierte la Sala que dichos medios de prueba en esos t\u00e9rminos s\u00f3lo pueden decretarse en las oportunidades probatorias del proceso, incidentes y antes de fallar (art.170 C.G.P. antes 180 C.P.C.), por lo que il\u00f3gico resulta que antes de efectuarse la audiencia de conciliaci\u00f3n se hiciera un decreto de pruebas, por la sencilla raz\u00f3n de no era la oportunidad procesal pertinente (\u2026). Por lo cual y teniendo en cuenta que con posterioridad a la celebraci\u00f3n de la aludida audiencia se surti\u00f3 la apertura del periodo probatorio (auto del 30 de enero del 2019), sin que la parte interesada se pronunciara respecto, no puede pretender so pretexto de realizar un control de legalidad y solicitud de pruebas, ante todo extempor\u00e1neo que se disponga el decreto del interrogatorio de parte omitido, pues conforme expresamente lo dispone el numeral 1 del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso dicha actuaci\u00f3n en este instante procesal se encuentra saneada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo concerniente con la tercera de las alegaciones que le fueron planteadas, se\u00f1al\u00f3 que \u00abrespecto a la solicitud de decreto de dictamen pericial sea pertinente advertir que si bien con la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, en efecto el legislador le dio la oportunidad a la parte interesada en hacer valer una experticia aport\u00e1ndola:1) en la oportunidad procesal respectiva, esto es, se itera con demanda, contestaci\u00f3n y\/o traslado de excepciones, 2) ora anunci\u00e1ndola al juez para que le conceda un t\u00e9rmino no inferior a 10 d\u00edas para allegarla, no lo es menos que en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dicha facultad no se encontraba prevista, por lo que necesario era que se solicitara al juez su decreto y su realizaci\u00f3n se realizaba por medio de un auxiliar de la justicia designado por el funcionario. Por lo anterior, es claro que no pod\u00eda autorizarse que la parte demandante aportara un dictamen pericial en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 227 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando dicho medio probatorio no se encontraba vigente al momento de interponer la demanda abreviada en enero del 2015. En gracia de discusi\u00f3n, no puede perderse de vista que pese a que la juez niega la oportunidad de aportar un dictamen pericial, mediante el auto que abri\u00f3 el periodo probatorio y conforme las facultades otorgadas en el art\u00edculo 245 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, design\u00f3 un perito a efectos de que acompa\u00f1ara la audiencia de inspecci\u00f3n judicial, lo que har\u00eda nugatoria cualquier conculcaci\u00f3n alegada, pues t\u00e9ngase en cuenta que tanto en la mentada legislaci\u00f3n como en la nueva codificaci\u00f3n procesal, sin importar la cuant\u00eda o naturaleza del proceso, todo dictamen se practicar\u00e1 por un s\u00f3lo perito, por lo que no es admisible la multiplicidad de dict\u00e1menes sobre un mismo hecho o materia, por lo que inane resultar\u00eda decretar el medio probatorio solicitado cuando el mismo ya fue ordenado por el juez de instancia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para exigir al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por los querellantes es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8682-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8682-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02102-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gladys Roc\u00edo Jim\u00e9nez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55576","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55576","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55576"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55576\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55576"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55576"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55576"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}