STC8683-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8683-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00096-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 27 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Madepal S.A.S. contra el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de esta ciudad, con ocasi\u00f3n de un ruego similar al actual incoado por Leonel Barahona respecto a la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u201cde acci\u00f3n\u201d, defensa, debido proceso y \u201csegunda instancia\u201d, presuntamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del extenso y confuso escrito inicial se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
Mediante sentencia de 29 de marzo de 2021, el estrado confutado ampar\u00f3 los derechos fundamentales de Leonel Barahona, ordenando a la aqu\u00ed quejosa <\/p>\n
\u201c(\u2026) que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a: [i] REINTEGRAR al se\u00f1or LEONEL BARAHONA a un cargo de igual o superior jerarqu\u00eda al que ven\u00eda desempe\u00f1ando, que no constituya riesgo para su salud, atendiendo sus diagn\u00f3sticos y hasta tanto le sea concedida su pensi\u00f3n de invalidez (\u2026) [ii] CANCELAR al accionante los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante todo el tiempo que esto ha sucedido, los no acreditados en este informativo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Dicha providencia fue notificada a la aqu\u00ed petente a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, remitido el pasado 30 de marzo -martes santo-. <\/p>\n
La aqu\u00ed actora present\u00f3 la impugnaci\u00f3n frente a la se\u00f1alada decisi\u00f3n, el 7 de abril posterior; rechazada por extempor\u00e1nea en prove\u00eddo del d\u00eda siguiente, notificado por mensaje de datos el 12 de abril siguiente. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa estableci\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos en todos los procesos judiciales, debido al cese laboral de la justicia por vacancia judicial de la semana santa que se configur\u00f3 entre el 29 de marzo de 2021 al 02 de abril del citado a\u00f1o, quedando solo vigente el tr\u00e1mite de acciones de tutela con medida provisional respecto de aquellos casos donde se evidencie vulneraci\u00f3n al derecho a la salud por conexidad con la vida y los temas relacionados con habeas corpus (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Se\u00f1alando que se est\u00e1 efectuando un conteo irregular de los t\u00e9rminos, pide, en concreto, dar tr\u00e1mite a su escrito de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El estrado confutado se opuso a la prosperidad del ruego defendiendo la legalidad de su proceder. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u201cpara esta especialidad y en esta zona del pa\u00eds, donde son promiscuos, el labor\u00edo obviamente va hasta el d\u00eda mi\u00e9rcoles santo\u201d. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados pidieron su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la s\u00faplica al no advertir la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a tramitaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con una nueva s\u00faplica de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Con ese objetivo, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al veredicto de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta, la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d (Negrillas para resaltar). <\/p>\n
3. Con base en lo anteriormente expuesto, el an\u00e1lisis constitucional resulta viable, por cuanto lo cuestionado no es la sentencia de tutela de 29 de marzo de 2021, sino el prove\u00eddo que deneg\u00f3 su impugnaci\u00f3n, por haber sido presentado de manera extempor\u00e1nea, pues no tuvo en cuenta que el juzgado accionado labor\u00f3 durante los d\u00edas h\u00e1biles de la semana santa. <\/p>\n
No obstante, de entrada, se advierte el fracaso del amparo, pues, revisada la actuaci\u00f3n procesal censurada, se descarta la arbitrariedad alegada. <\/p>\n
Lo antelado, porque, como lo dijo la Sala en anterior pronunciamiento2, el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020, citado ut supra, hace referencia espec\u00edfica a las decisiones judiciales que deben ser objeto de notificaci\u00f3n personal; cual no es el caso de los fallos de amparo. <\/p>\n
N\u00f3tese, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, dispone: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Notificaci\u00f3n del fallo. El fallo se notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y el precepto 31 ib\u00eddem, indica: <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al alcance de la revisi\u00f3n de fallos de tutela en lo referente a la negativa de la impugnaci\u00f3n, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Rep\u00e1rese, adem\u00e1s en que el objeto de la decisi\u00f3n del superior jer\u00e1rquico que niega la impugnaci\u00f3n (…) define \u00fanicamente que no habr\u00e1 pronunciamiento de fondo en la segunda instancia, pero tal providencia no impide ni limita su propia revisi\u00f3n constitucional ni tampoco la del fallo impugnado. Se dan entonces dos posibilidades: que la Corte Constitucional no encuentre fundada la negativa de tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n y resuelva ordenarlo, devolviendo el expediente para que tenga cabal cumplimiento el derecho que la Constituci\u00f3n otorga a las partes, o que, hall\u00e1ndola ajustada al ordenamiento jur\u00eddico -como en esta oportunidad-, deba asumir el an\u00e1lisis material del primer fallo (\u2026)\u201d3 <\/p>\n
Con base en ese criterio, en un caso an\u00e1logo recientemente se anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El presente reclamo recae sobre el prove\u00eddo con que la autoridad accionada no concedi\u00f3, por extempor\u00e1nea, la impugnaci\u00f3n impetrada frente al fallo de tutela proferido en un anterior tr\u00e1mite constitucional incoado por la accionante (\u2026) En consecuencia, surge palmaria la improcedencia de este nuevo ruego constitucional , en tanto que la inconforme tiene un mecanismo previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para auscultar el prove\u00eddo de tutela que critica, como es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Conforme a lo antelado, como la aludida sentencia de tutela se profiri\u00f3 el 29 de marzo y se notific\u00f3 al d\u00eda siguiente, el t\u00e9rmino para impugnarla corri\u00f3 durante los d\u00edas 31 de marzo, 5 y 6 de abril, entre las 7am y las 4pm, por ser el horario establecido por el Consejo Superior de la Judicatura para radicar memoriales, conforme al Acuerdo CSJVAA20-43 de 22 de junio de 20205, debidamente publicado en la p\u00e1gina de la Rama Judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la aqu\u00ed gestora alleg\u00f3 ese remedio vertical hasta el 7 de abril, no cabe duda, su interposici\u00f3n devino extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta que en virtud del art\u00edculo 146 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial ser\u00e1n colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecuci\u00f3n de Penas; y las de los de la Fiscal\u00eda y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las vacaciones individuales ser\u00e1n concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los dem\u00e1s casos, por un t\u00e9rmino de veintid\u00f3s d\u00edas continuos por cada a\u00f1o de servicio (\u2026)\u201d (negrillas de la Sala). <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ, Sala Civil, STC10854-2020. <\/p>\n
3\u0002 C.C. T-191 de 1994, citado en CSJ 26 ene. 2012 exp. 2011-02523-01 <\/p>\n
4\u0002 CSJ 3 jun. 2020 exp. 2020-01025-00. <\/p>\n
5\u0002 Por medio del cual se adoptan medidas para los despachos judiciales y dependencias administrativas en el departamento del Valle del Cauca y San Jos\u00e9 del Palmar en el departamento del Choc\u00f3, en los t\u00e9rminos del Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, durante la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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