STC8684-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8684-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02121-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 An\u00edbal Sierra Vel\u00e1squez contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso 2015-00221. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente mecanismo supralegal para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la defensa, al debido proceso, a la correcta administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad y se proteja la presunci\u00f3n de buena fe\u00bb. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
En la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia se adelant\u00f3 un proceso de restituci\u00f3n del predio denominado \u00abBrisas del Venado\u00bb ubicado en la Vereda El Venado, del Municipio de Chigorod\u00f3, Antioquia, promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, a favor de los herederos de Joaqu\u00edn Emilio Sep\u00falveda Casta\u00f1o y Ana de Jes\u00fas Garc\u00eda, de quienes se adujo fueron v\u00edctimas de despojo por actos de violencia. <\/p>\n
En dicha actuaci\u00f3n Jos\u00e9 An\u00edbal Sierra Vel\u00e1squez present\u00f3 oposici\u00f3n a la pretensi\u00f3n restitutiva, con fundamento en la supuesta \u00abinexistencia del despojo, el hecho exclusivo de un tercero (acci\u00f3n de los paramilitares), la compraventa conten\u00eda el lleno de los requisitos legales, pago, buena fe\u2026 y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb. <\/p>\n
Con sentencia del pasado 25 de enero, la colegiatura cognoscente desestim\u00f3 la oposici\u00f3n formulada por Sierra Vel\u00e1squez, declar\u00f3 inexistente el negocio jur\u00eddico celebrado sobre el predio indicado en p\u00e1rrafos precedentes y orden\u00f3, entre otras cosas, el restablecimiento de la propiedad a los reclamantes, disponi\u00e9ndose su inscripci\u00f3n por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Apartad\u00f3, Antioquia, en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
3. El promotor cuestiona la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el tribunal para desechar sus defensas, y acusa la sentencia de adolecer de defecto f\u00e1ctico pues \u00abla decisi\u00f3n\u2026 se adopta amparada en una presunci\u00f3n desvirtuada\u2026 con un negocio cuyos elementos se acreditan y cuya forma de realizaci\u00f3n le sustrae de las condiciones de violencia en la zona de Urab\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, afirma que la accionada incurri\u00f3 en \u00abdefecto org\u00e1nico\u2026 defecto procedimental absoluto\u2026 y defecto material o sustantivo\u00bb; empero, no desarrolla con claridad en que consistieron tales yerros, sino que sus alegaciones siempre estuvieron dirigidas a atacar la hermen\u00e9utica del fallador. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3 que \u00abse ordene al tribunal\u2026 proferir nuevamente sentencia en la que observe a plenitud la prueba del proceso, no orden\u00e1ndose la restituci\u00f3n o de conservar el mismo sentido, que se pondere mi actuar dentro del negocio celebrado y se me otorgue la condici\u00f3n de obrar o un comportamiento con buena fe exenta de culpa, aplicando la consecuencia en la nueva sentencia que implica dicha condici\u00f3n o calidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Los magistrados integrantes de la Sala Especializada cuestionada dijeron que \u00abno se advierte la configuraci\u00f3n de los requisitos especiales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u2026 toda vez que en la decisi\u00f3n el an\u00e1lisis de la prueba\u2026 no se dio de manera arbitraria, irracional o caprichosa, ni se omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de las pruebas arrimadas\u00bb. <\/p>\n
Resaltaron haber observado \u00abla normatividad aplicable\u2026 relativ[a] a las presunciones aplicables, la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en cabeza del opositor y la necesidad de este de probar la buena fe exenta de culpa en su proceder\u00bb exponiendo de manera razonada \u00ablos motivos por los cuales era dable aplicar la presunci\u00f3n del literal a del numeral 2 del art\u00edculo 77 [de la Ley 1448 de 2011]\u00bb de manera que lo que se evidencia \u00abes una inconformidad en cuanto a la valoraci\u00f3n probatoria pero no un ejercicio de la potestad judicial del cual se pueda predicar la existencia de defectos o vicios de fondo\u00bb. Solicitaron, en consecuencia, \u00abdeclarar improcedente la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La procuradora 18 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras impetr\u00f3 la denegaci\u00f3n del resguardo pues la colegiatura accionada \u00abno incurri\u00f3 en ninguno de los defectos\u2026 establecidos en los requisitos especiales para que proceda el amparo\u00bb comoquiera que \u00abno solo realiz\u00f3 un an\u00e1lisis objetivo y juicioso de la normatividad aplicable, del precedente jurisprudencial y de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sino que analiz\u00f3 imparcialmente las prueba aportadas por las partes, sin que pueda evidenciarse una contradicci\u00f3n evidente o grosera entre los fundamentos y la decisi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
3. Los representantes de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, de la Agencia Nacional de Miner\u00eda, de la Agencia Nacional de Tierras, de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos pidieron la desvinculaci\u00f3n de esas entidades por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El gerente de Catastro Departamental de Antioquia se limit\u00f3 a indicar que \u00abno ha realizado ninguna actualizaci\u00f3n en la base de datos catastrales OVC\u2026 frente al radicado n\u00famero \u2026201500221 con sentencia N\u00b0 001 del 25 de enero de 2021\u2026 [y] la sentencia no ha sido registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde dilucidar si la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por el demandante, dentro del proceso identificado con radicaci\u00f3n 2015-00221, al no reconocer su calidad de tercero de buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n del predio conocido como \u00abBrisas del Venado\u00bb, ubicado en el municipio de Chigorod\u00f3 y ordenar el restablecimiento del derecho de propiedad a los herederos de Joaqu\u00edn Emilio Sep\u00falveda Casta\u00f1o y Ana de Jes\u00fas Garc\u00eda. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la magistratura querellada orden\u00f3 la restituci\u00f3n del predio vinculado al proceso 2015-00221 a favor de quienes consider\u00f3 despojados, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica razonable del material probatorio allegado a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Preliminarmente, la corporaci\u00f3n plante\u00f3 los siguientes problemas jur\u00eddicos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los reclamantes\u2026 fueron v\u00edctimas de despojo del derecho de uso, goce y disposici\u00f3n del terreno denominado \u201cBrisas del Venado\u201d\u2026 verificar si en aplicaci\u00f3n de alguna de las presunciones de derecho o legales consagradas en el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011 es procedente la declaraci\u00f3n de inexistencia del negocio jur\u00eddico de transferencia del dominio celebrado\u2026 y de esta manera, al tipificarse alguna de esas presunciones proceder a declarar la restituci\u00f3n jur\u00eddica o material de ese inmueble. As\u00ed mismo, decidir sobre la procedencia o no de la compensaci\u00f3n pedida subsidiariamente por los accionantes. <\/p>\n
De igual modo, se resolver\u00e1n los medios defensivos impetrados por el contradictor Jos\u00e9 An\u00edbal Sierra Vel\u00e1squez y establecer si tiene o no la calidad de segundo ocupante de cara a la sentencia C-330 de 2016 y, por ende, derecho a ser o no compensado o si se deben adoptar en su favor medidas de protecci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Luego de analizar los \u00abelementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras\u00bb, abord\u00f3 el tema de la relaci\u00f3n jur\u00eddica de los solicitantes con la tierra reclamada, estableciendo que la misma se fundamentaba \u00aben la calidad de propietario que tuvo\u2026 Joaqu\u00edn Emilio Sep\u00falveda Casta\u00f1o quien perdi\u00f3 la vida violentamente el 23 de mayo de 1997\u2026 del predio denominado \u201cBrisas del Venado\u201d que le fue adjudicado por el Incora mediante la Resoluci\u00f3n nro. 584 del 30 de abril de 1982, debidamente registrada en\u2026 la matr\u00edcula inmobiliaria nro. 008-2686 (\u2026)\u00bb predio debidamente identificado e individualizado por la Unidad de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras con lo cual dio por satisfecho el requisito consagrado en los art\u00edculos 75 y 81 de la normativa en cita, \u00abconsistente en el v\u00ednculo con el predio reclamado\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se refiri\u00f3 a la forma como se produjo el despojo del predio, y para ello efectu\u00f3 un recuento hist\u00f3rico del contexto de violencia y sistem\u00e1tica violaci\u00f3n de derechos humanos padecido en la Regi\u00f3n del Urab\u00e1 antioque\u00f1o, concretamente en el municipio de Chigorod\u00f3, ocasionado por las disputas territoriales entre las organizaciones subversivas con grupos paramilitares, y, con fundamento en el material de convicci\u00f3n testimonial y el documental allegado por la UAEGRTD, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el caso objeto de an\u00e1lisis puede tenerse como hecho notorio la situaci\u00f3n de violencia vivida en el Urab\u00e1 antioque\u00f1o para la d\u00e9cada de los 90, en la que tuvieron participaci\u00f3n las guerrillas, el narcotr\u00e1fico, las bandas criminales y especialmente las autodefensas (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) obs\u00e9rvese que en la zona del Urab\u00e1\u2026 y sus veredas, el contexto del conflicto armado ha sido una constante inclusive hasta hoy con la aparici\u00f3n de nuevos grupos como los \u201curabe\u00f1os\u201d, \u201cel clan del golfo\u201d, \u201clos \u00dasuga\u201d y otros que delinquen alrededor del narcotr\u00e1ifo y el comercio il\u00edcito de armas (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) las anteriores declaraciones son coincidentes con la l\u00ednea de tiempo tra\u00edda por la Unidad de Tierras donde se relatan algunos hechos de violencia acaecidos en Chigorod\u00f3 y sus alrededores; de esta manera, la sala considera que est\u00e1 demostrado todo el panorama violento que los grupos guerrilleros y paramilitares ejercieron en esa municipalidad y en una de sus veredas como El Venado, donde est\u00e1 ubicado el bien objeto de restituci\u00f3n, cuya aparici\u00f3n de las autodefensas en la zona, como una fuerza antisubversiva configur\u00f3 \u201cun nuevo orden social\u201d que afect\u00f3 a toda la poblaci\u00f3n de su influencia sin consideraci\u00f3n de sexo, edad o condici\u00f3n social, entre ellos, a los aqu\u00ed reclamantes, la familia Sep\u00falveda-Garc\u00eda, quienes seg\u00fan sus dichos, sorpresivamente fueron obligados en el a\u00f1o 1997 a abandonar el predio\u2026 sobreviniendo por la misma \u00e9poca el asesinato de su padre quien fuera asesinado en una casa vecina el 23 de mayo de 1997 cuando se neg\u00f3 a entregar parte del dinero que recibi\u00f3 del negocio que realiz\u00f3 con An\u00edbal Sierra Vel\u00e1squez tan solo veinte d\u00edas atr\u00e1s. <\/p>\n
Las manifestaciones de los reclamantes, merecen credibilidad\u2026 no solo porque se presuma su buena fe, sino tambi\u00e9n porque la misma ley las dota de presunci\u00f3n de veracidad, la cual traslada la carga positiva de su desmonte a quien pretenda alegar su falsedad y obliga a la autoridad judicial a una valoraci\u00f3n \u201cespecial\u201d orientada a garantizar la debida activaci\u00f3n de dicho blindaje y establecer los par\u00e1metros que, a su vez, permitan su debida desactivaci\u00f3n. <\/p>\n
Seguidamente, dio paso al estudio del despojo del que fueron v\u00edctimas los reclamantes resaltando, en primer t\u00e9rmino, que Joaqu\u00edn Emilio Sep\u00falveda Casta\u00f1o, falleci\u00f3 de forma violenta el 23 de mayo de 1997 y que d\u00edas antes hab\u00eda transferido el dominio del predio vinculado al tr\u00e1mite, \u00abpor la suma de $8.100.000\u00bb a Jos\u00e9 An\u00edbal Sierra Vel\u00e1squez \u00abrepresentado en ese acto por Fernel Antonio Hern\u00e1ndez Ruiz, quien dijo actuar como su agente oficioso\u00bb. <\/p>\n
En punto de las circunstancias que rodearon la negociaci\u00f3n de la heredad, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Fernel Hern\u00e1ndez constantemente visitaba a Joaqu\u00edn Emilio Sep\u00falveda cada vez que pasaba en su moto y le dec\u00eda que vendiera que eso estaba muy malo, porque si no ni a la viuda la iban a dejar salir de la finca; que se fuera para Medell\u00edn y pusiera un negocio que all\u00e1 le iba mejor; en una de esas ocasiones Joaqu\u00edn Emilio\u2026 le dijo \u201cpero a qui\u00e9n le vendo\u201d y Fernel le dijo que \u00e9l ten\u00eda el comprador, An\u00edbal Sierra. Hicieron la preventa y la venta propiamente dicha, seg\u00fan dan cuenta los documentos antes referidos y d\u00edas despu\u00e9s los paramilitares asesinaron al vendedor por haberse negado a entregarles parte del precio. <\/p>\n
En este evento se tipific\u00f3 un despojo de tipo jur\u00eddico, en la medida que la negociaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en medio de un contexto de violencia generalizada que azot\u00f3 a la municipalidad de Chigorod\u00f3 y sus veredas, que conllev\u00f3 a la privaci\u00f3n arbitraria de la propiedad que le hab\u00eda adjudicado el Incora al padre de los reclamantes, es decir, hubo un aprovechamiento de esa situaci\u00f3n irregular de orden p\u00fablico, incentivada por la insistencia de Fernel Hern\u00e1ndez para que enajenara a favor de Jos\u00e9 An\u00edbal Sierra quien cont\u00f3 con los recursos econ\u00f3micos para adquirir el predio. <\/p>\n
A partir de la premisa que en el lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble hubo violencia generalizada proveniente de los grupos irregulares y bajo ese contexto se transfiri\u00f3 el derecho, se configura de ese modo el despojo jur\u00eddico as\u00ed referido, pues\u2026 no hab\u00eda voluntad del enajenante ni una causa l\u00edcita para deshacerse de su propiedad, m\u00e1s all\u00e1 de las presiones que recib\u00eda de parte de Fernel Antonio Hern\u00e1ndez Ruiz. Esa conclusi\u00f3n la refuerza la forma apresurada como se adelant\u00f3 el negocio\u2026 donde a pesar de figurar como vendedor Joaqu\u00edn Sep\u00falveda, quien termina suscribi\u00e9ndolo como tal es Rubiela Sep\u00falveda, all\u00ed aparece como vendedora, sin poder legalmente conferido por su verdadero propietario, sin que se invocara motivo alguno v\u00e1lido para agenciar sus derechos y sin que en sus dem\u00e1s aspectos tal escrito se avenga a las exigencias previstas en el art\u00edculo 89 de la Ley 157 de 1887 que subrog\u00f3 el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil\u2026 a ello se suma que pese a los t\u00e9rminos all\u00ed estipulados, afanosamente se corri\u00f3 a la suscripci\u00f3n de la respectiva escritura a tan solo un d\u00eda de celebrarse el anterior contrato donde sin causa alguna que se justifique, el se\u00f1or Fernel Antonio Hern\u00e1ndez Ruiz la suscribi\u00f3 como agente oficioso del comprador Jos\u00e9 An\u00edbal Sierra Vel\u00e1squez, sin que aparezca en la actualidad que dio negocio se hubiese ratificado por el comprador lo que de por s\u00ed lo torna ineficaz (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el presunto comprador \u00abno fue diligente en verificar, no solo que quien le estuviera transfiriendo el bien fuera su real due\u00f1o, sino que ese negocio estuviera libre de cualquier otro vicio\u2026 en quien, por dem\u00e1s, conforme al principio Pinheiro 17.4 concurr\u00eda una notificaci\u00f3n impl\u00edcita sobre la ilegalidad de adquisici\u00f3n de este predio al tener conocimiento del acentuado clima de violencia que se viv\u00eda en la regi\u00f3n de donde se reputaban vecinos como lo deja claramente establecido el opositor en su interrogatorio rendido ante el juez instructor, lo que excluye la consolidaci\u00f3n de derechos de buena fe sobre dicha heredad (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Contin\u00fao con el estudio de las presunciones del art\u00edculo 77 de la Ley de V\u00edctimas, para el estudio de la legalidad aparente que encierra el \u00abdespojo jur\u00eddico\u00bb y en especial en la consagrada en la letra a de dicho canon, sobre la que dijo que se encontraba suficientemente documentada la situaci\u00f3n de violencia que azotaba la regi\u00f3n del Urab\u00e1 antioque\u00f1o, la que era conocida por el supuesto adquirente y que, a la postre, cobr\u00f3 la vida del vendedor, as\u00ed como la existencia de un negocio jur\u00eddico aparentemente v\u00e1lido, pero realizado en el a\u00f1o 1997, \u00abbajo un escenario de conflicto armado de donde se infiere estuvo ausente la autonom\u00eda de la voluntad\u00bb, por lo que deb\u00eda aplicarse la consecuencia jur\u00eddica establecida en el art\u00edculo 71 ibidem. <\/p>\n
Ahora, para referirse a la oposici\u00f3n que formul\u00f3 la aqu\u00ed accionante para enervar la pretensi\u00f3n restitutiva se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La sala, de conformidad con las pruebas allegadas, considera que contrario a lo afirmado por el convocado, s\u00ed existi\u00f3 un despojo de tipo jur\u00eddico como ya se analiz\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) Fernel Hern\u00e1ndez\u2026 s\u00ed ejerci\u00f3 una actividad de insistencia o presi\u00f3n encaminada a obtener la venta de la parcela a favor de un tercero, y los hechos que rodearon dicha negociaci\u00f3n permiten inferir que se aprovech\u00f3 del temor que padec\u00eda el vendedor a causa del conflicto armado que se viv\u00eda en\u2026 Chigorod\u00f3. Entonces contrario a lo afirmado por la defensa, las pruebas documentales y testimoniales arriba relacionada conducen a concluir que se tipific\u00f3 un despojo de tipo jur\u00eddico (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) la excepci\u00f3n propuesta\u2026 del hecho de un tercero no puede tener acogida en la medida que el actuar de los grupos paramilitares no fue el \u00fanico factor ex\u00f3geno que conllev\u00f3 al despojo sino tambi\u00e9n la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico por un intermediario a trav\u00e9s del cual el progenitor de los reclamantes transfiri\u00f3 el bien al opositor quien ten\u00eda conocimiento de la presencia de actores ilegales y no previ\u00f3 tal circunstancia sino que, por el contrario, aprovech\u00f3 la situaci\u00f3n, de modo que deber\u00e1 soportar la inclemencia de su conducta, bien pudo con ese discernimiento evitar el da\u00f1o pero no lo hizo, por el contrario compr\u00f3 en medio de un contexto de violencia. <\/p>\n
En otras palabras, no se puede trasladar la responsabilidad del hecho victimizante a un tercero (los paramilitares) como aqu\u00ed se desprende, porque el opositor bien pudo prever o evitar el da\u00f1o (no negociar) por el conocimiento que ten\u00eda del factor violencia que, de tiempo atr\u00e1s, seg\u00fan su propia versi\u00f3n, le ven\u00eda impidiendo arribar a su finca y que solo lo pudiera hacer hasta el sector urbano, como no se tuvo ese cuidado, acarrea con las consecuencias. <\/p>\n
(\u2026) La sala estima que la escritura p\u00fablica\u2026 otorgada en la Notar\u00eda\u2026 con la cual se transfiri\u00f3 la propiedad del inmueble\u2026 cumple con el requisito formal de solemnidad previsto en el art\u00edculo 1857 del C\u00f3digo Civil\u2026 de igual modo est\u00e1 satisfecho el presupuesto de publicidad porque el acto est\u00e1 registrado en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u2026 no obstante lo anterior, no se puede predicar lo mismo respecto de las exigencias sustanciales, toda vez que como ya se analiz\u00f3 hubo ausencia de consentimiento y causa il\u00edcita en tanto que se celebr\u00f3 en medio de sucesos de violencia generalizada, es decir, el vendedor no obr\u00f3 conforme a su libre albedr\u00edo\u2026 sino bajo condiciones contrarias al orden p\u00fablico bajo el cual debe girar la estructura b\u00e1sica del Estado y de la sociedad\u2026 del material probatorio analizado surgen claras circunstancias de aprovechamiento por parte del adquirente del predio reclamado (\u2026) <\/p>\n
Buena Fe. (\u2026) las caracter\u00edsticas de alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico fueron tan amplias y devastadores que resulta imposible aceptar que una persona del com\u00fan en la regi\u00f3n del Urab\u00e1 no las hubiera conocido o incluso padecido (\u2026) <\/p>\n
No es dif\u00edcil concluir que fue el temor, el motivo por el cual Joaqu\u00edn Emilio Sep\u00falveda Casta\u00f1o y su familia, campesino de escasos recursos econ\u00f3micos, debilitado f\u00edsica y psicol\u00f3gicamente por culpa del conflicto armado, resolviera enajenar su propiedad ante la presencia de grupos de autodefensas, eso por un lado; por otro la insistencia ejercida por Fernel Hern\u00e1ndez de que eso estaba muy malo, que se fuera para Medell\u00edn y montara un negocio con sus hijos que all\u00e1 le iba mejor, que le ten\u00eda el comprador que era Jos\u00e9 An\u00edbal Sierra Vel\u00e1squez quien era el que mejor pagaba, quera mejor vender porque de all\u00e1 no sal\u00eda ni la viuda. Como se observa confluyeron dos circunstancias que alteraron la tranquilidad y el sosiego del titular del derecho para que optara por la venta de su propiedad. <\/p>\n
Eso exig\u00eda que quien adquiriera el predio deb\u00eda extremar sus cautelas a fin de confirmar que el proceder del propietario no fuera producto de la fuerza intimidatoria de grupos ilegales\u2026 Efectivamente Jos\u00e9 An\u00edbal\u2026 como comprador, debi\u00f3 actuar con la mayor \u201cprudencia y diligencia\u201d (\u2026) <\/p>\n
El comportamiento del opositor fue insuficiente, pues \u00e9l mismo en el interrogatorio de parte que rindi\u00f3\u2026 expres\u00f3 que si bien en la zona hab\u00eda dificultades por la inestabilidad social\u2026 y que en la zona del Venado no hubo violencia, contrario sensu s\u00ed relat\u00f3 el asesinato de Jorge Ochoa, administrador de su finca y el de Joaqu\u00edn Emilio Sep\u00falveda, su vecino, pero ignora quienes fueron los autores y las circunstancias de esas muertes (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) el convocado\u2026 ha debido presentar en respaldo del argumento de \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d ese conjunto de actos positivos desarrollados o encaminados en pro de determinar con certeza que realiz\u00f3 un examen de las condiciones que antecedieron a la compra, para comprobar que actu\u00f3 ante la presencia de un error o ignorancia invencible frente a las circunstancias que rodearon la negociaci\u00f3n, pero no lo hizo y en su defensa se limit\u00f3 a realizar afirmaciones alejadas de tal fin\u2026 sin embargo\u2026 no realiz\u00f3 mayores investigaciones para determinar el verdadero motivo de la venta, se limit\u00f3 a delegar a Fernel Hern\u00e1ndez para que realizara el\u2026 inventario y\u2026 sin m\u00e1s detalles procedi\u00f3 a la adquisici\u00f3n sin reparo alguno. La intervenci\u00f3n de Fernel Hern\u00e1ndez s\u00ed genera cierta controversia porque muchos reclamantes del sector lo se\u00f1alan como el art\u00edfice de varias ventas, aunque el interpelado afirme que la relaci\u00f3n con dicho sujeto fue \u00fanicamente la de prestaci\u00f3n de servicios veterinarios (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Fue as\u00ed como, de cara a las declaraciones recibidas en la fase instructiva, la corporaci\u00f3n concluy\u00f3 que el aqu\u00ed gestor (opositor en el asunto objeto de escrutinio) no demostr\u00f3 haber \u00abobrado con buena fe exenta de culpa\u00bb habida consideraci\u00f3n que \u00abno efectu\u00f3 actuaciones extras, las cuales le eran exigibles a fin de tener \u201cconciencia y certeza\u201d sobre el negocio\u00bb por lo que declar\u00f3 impr\u00f3speras sus defensas, le neg\u00f3 alg\u00fan tipo de compensaci\u00f3n y no le reconoci\u00f3 la condici\u00f3n de segundo ocupante por no reunir las condiciones espec\u00edficas de dicha figura. <\/p>\n
Como se indic\u00f3, la presente queja constitucional gravita en torno a los presuntos \u00abyerros\u00bb en que incurri\u00f3 la corporaci\u00f3n demandada en el ejercicio valorativo; sin embargo, auscultadas las discrepancias planteadas contra la sentencia que acab\u00f3 de analizarse, se observa que son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por Sierra Vel\u00e1squez es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la del tribunal convocado y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que no le fue favorable, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como se sabe, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que aquella persona que propone una demanda de esta naturaleza, criticando la hermen\u00e9utica y sind\u00e9resis del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En este asunto, si bien el promotor del amparo se\u00f1ala lo que en su sentir son \u00abdefectos\u00bb de la autoridad judicial convocada al momento del ejercicio deductivo, observa la Corte que en realidad lo que hace es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia al interior del proceso en que fue opositor, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen en s\u00ed sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La intenci\u00f3n del querellante es que la judicatura d\u00e9 a los elementos de convicci\u00f3n allegados al juicio de restituci\u00f3n los alcances por \u00e9l pretendidos a fin de que se emita una decisi\u00f3n que satisfaga su personal intelecci\u00f3n de las disposiciones que considera quebrantadas por la corporaci\u00f3n convocada, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Es claro que el fallo objeto de reproche encuentra soporte en la prueba legal y oportunamente allegada a la actuaci\u00f3n, sin que pueda afirmarse que el tribunal convocado hubiera tergiversado su sentido solo porque no prohij\u00f3 la interpretaci\u00f3n que el opositor -aqu\u00ed demandante- le pretend\u00eda dar, pues lo que hizo fue apreciar los medios de convicci\u00f3n desde el punto de vista de la sana cr\u00edtica, d\u00e1ndoles el alcance que, con apoyo en el principio de autonom\u00eda judicial, consider\u00f3 m\u00e1s apropiado. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa la incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, entre otras cosas porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, \u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que la Sala pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
4.1. La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, habida cuenta que la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, de ah\u00ed que no exista desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda <\/p>\n
4.2. El demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, pues busca imponer su particular interpretaci\u00f3n de los medios probatorios allegados a la actuaci\u00f3n y sustituir la hermen\u00e9utica y sind\u00e9resis de la colegiatura demandada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8684-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8684-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02121-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 An\u00edbal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55578","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55578"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55578\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}