STC8685-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8685-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01966-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Armando Bueno Mac\u00edas contra la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al acusado \u00abresolver de fondo el tr\u00e1mite de recusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Yaneth Rodr\u00edguez Salina promovi\u00f3 juicio de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra Armando Bueno Mac\u00edas, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, el que en providencia de 8 de febrero de 2021 no acept\u00f3 la recusaci\u00f3n impetrada por el extremo demandado, decisi\u00f3n que recurrida se rechaz\u00f3 de plano, orden\u00e1ndose su remisi\u00f3n al superior. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que formul\u00f3 unas nulidades ante el estrado acusado y solicit\u00f3 que la falladora se declarara impedida, pues cursaba en su contra una \u00abdenuncia penal por los presuntos il\u00edcitos de fraude procesal y una queja disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que la falladora no se declar\u00f3 impedida y remiti\u00f3 la recusaci\u00f3n al Tribunal acusado; que han transcurrido m\u00e1s de tres meses sin que se profiera decisi\u00f3n alguna, pese a que en repetidas ocasiones ha solicitado el impulso procesal. <\/p>\n
2.4. Adujo que ante la mora en resolver el asunto, promovi\u00f3 una solicitud de vigilancia judicial administrativa; que la referida tardanza repercut\u00eda en la resoluci\u00f3n de una petici\u00f3n de desembargo presentada, pues los t\u00e9rminos se encuentran suspendidos. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha remiti\u00f3 informaci\u00f3n de las partes del proceso. <\/p>\n
2. La Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Riohacha realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que el expediente fue allegado al despacho del magistrado Jhon Rusber Nore\u00f1a Betancourth el 2 de marzo de 2021; que desde esa fecha dicho funcionario estuvo atendiendo un asunto de extrema urgencia, -incidente por desacato de la sentencia T-302 de 2017, donde fue declarada por la Corte Constitucional un estado de cosas inconstitucional en todo el Departamento de la Guajira-, lo que lo ocup\u00f3 hasta el 5 de abril siguiente; que antes de recibir la recusaci\u00f3n se encontraban en espera otros asuntos afectados con la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos por la emergencia sanitaria decretada, lo que implic\u00f3 la digitalizaci\u00f3n de los asuntos; que conforme con el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso todav\u00eda no ha culminado el lapso de 6 meses para resolver la segunda instancia; que no desconoc\u00eda que en virtud del art\u00edculo 144 del C\u00f3digo General del Proceso ten\u00edan prelaci\u00f3n las acciones constitucionales, as\u00ed como la tramitaci\u00f3n de impedimentos y recusaciones, empero, a la fecha dicho despacho se encuentra sin titular, pues por cuestiones de seguridad el aludido funcionario tuvo que ser trasladado de ciudad, por ello la decisi\u00f3n se encuentra a la espera que nombre un reemplazo. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas y examinados los fundamentos de la presente queja supralegal, esto es, que a la fecha no se ha emitido decisi\u00f3n alguna en la recusaci\u00f3n impetrada por el gestor, pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que la Magistratura censurada ha incumplido el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia, con el par\u00e1grafo del canon 144 \u00eddem, para pronunciarse respecto de la recusaci\u00f3n que formul\u00f3 el tutelante, objeto de reproche constitucional, sin que las manifestaciones que la convocada expuso al dar respuesta a la acci\u00f3n de tutela justifiquen tal tardanza. <\/p>\n
Ello en la medida en que, de acuerdo a lo informado por el censor y a los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, la mencionada recusaci\u00f3n fue repartida el 2 de marzo de 2021 en el Tribunal acusado, sin que a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n hubiese sido resuelta. <\/p>\n
Por ese rumbo, en lo tocante a las situaciones excepcionales que permiten excusar esa demora, en pret\u00e9ritas ocasiones esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (subrayas fuera de texto – CSJ STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep., rad. 2014-2009-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que la autoridad acusada ha transgredido las garant\u00edas del accionante, habida cuenta de que ha superado, sin justificaci\u00f3n razonable, el t\u00e9rmino previsto para pronunciarse sobre la recusaci\u00f3n que interpuso el peticionario. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, teniendo en cuenta que, seg\u00fan lo informado por la Corporaci\u00f3n acusada, el despacho al que le fue asignado el asunto se encuentra sin titular, se conceder\u00e1 el amparo rogado, orden\u00e1ndole repartirlo al magistrado que sigue en turno, con miras a que se pronuncie respecto de la recusaci\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Armando Bueno Mac\u00edas y, en consecuencia, ordena a la Secretar\u00eda de la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha que, en el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a reasignar el asunto cuestionado al magistrado que siguiese en turno del despacho del doctor Jhon Rusber Nore\u00f1a Betancourth. Cumplido lo anterior, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, el nuevo funcionario al que resulte asignado el asunto, deber\u00e1 emitir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda respecto de la recusaci\u00f3n que interpuso el accionante dentro del proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas (radicado 44001-31-03-002-2018-00083), conforme a las consideraciones consignadas en esta providencia. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed decidido a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse esta sentencia. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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