STC8689-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8689-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01997-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Judith Lozano Arias contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Civil del Circuito de L\u00edbano (Tolima), tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el hipotecario n\u00b0. 2012-00042. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso\u2026 defensa [y] acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, que estima vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes los siguientes: <\/p>\n
2.1. Bancolombia promovi\u00f3 la demanda hipotecaria mencionada contra la aqu\u00ed gestora, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de L\u00edbano, decret\u00e1ndose como medida cautelar el embargo y secuestro del inmueble que sirvi\u00f3 de garant\u00eda real. <\/p>\n
2.2. La aprehensi\u00f3n f\u00edsica del bien fue realizada por el inspector de polic\u00eda de la aludida poblaci\u00f3n el 12 de diciembre de 2012, en cumplimiento de la comisi\u00f3n otorgada por la c\u00e9lula judicial cognoscente. <\/p>\n
2.3. Desde el mes de julio de 2013 a la fecha se ha programado en varias oportunidades el remate de la referida vivienda. <\/p>\n
2.4. Por conducto de su apoderado, el 18 de febrero de 2020 la gestora promovi\u00f3 incidente de nulidad fundamentada, b\u00e1sicamente, en la indebida identificaci\u00f3n del inmueble secuestrado, pues la hipoteca se hab\u00eda constituido sobre una porci\u00f3n del mismo no sobre el total, situaci\u00f3n inadvertida por el inspector de polic\u00eda que atendi\u00f3 la diligencia y por el juez de la causa. <\/p>\n
2.5. Con auto de 25 de febrero de ese a\u00f1o, el despacho dio tr\u00e1mite al incidente; no obstante, producto de un recurso de reposici\u00f3n incoado contra dicha decisi\u00f3n por la entidad bancaria, el 4 de marzo siguiente lo rechaz\u00f3 de plano por considerar que \u00abla causal de nulidad no se encontraba en la lista taxativa del 133 C.G.P\u00bb. <\/p>\n
2.6. La incidentante apel\u00f3 tal determinaci\u00f3n, siendo confirmada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el pasado 11 de diciembre, siguiendo la misma l\u00ednea argumentativa. <\/p>\n
3. Para la accionante, \u00abla tesis de la [colegiatura ad quem] carece de validez\u2026 comoquiera que no puede aducir que se trata de un simple error en la identificaci\u00f3n del inmueble, ya que ese simple error pone en riesgo el patrimonio de una persona [sic]\u00bb. <\/p>\n
Considera que la actuaci\u00f3n adolece de \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb habida consideraci\u00f3n que el juzgador de instancia omiti\u00f3 ejercer control de legalidad sobre la diligencia de secuestro e inadvirti\u00f3 que la misma no recay\u00f3 sobre la porci\u00f3n del bien que fue dado en garant\u00eda sino sobre la totalidad del mismo. <\/p>\n
Asimismo, estima que en las decisiones por las cuales se rechaz\u00f3 la nulidad planteada se incurri\u00f3 en \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb y en \u00abdefecto material o sustantivo\u00bb porque se dio una \u00abaplicaci\u00f3n restrictiva al art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso pasando por alto los argumentos esbozados\u00bb al resolver la petici\u00f3n \u00ab\u00fanica y exclusivamente con fundamento\u2026 en el denominado principio de taxatividad\u00bb desestimando de plano la causal de invalidaci\u00f3n consagrada en los art\u00edculos 14 y 164 \u00eddem. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abse deje sin efecto las decisiones proferidas\u2026 y se ordene dar tr\u00e1mite al incidente de nulidad propuesto\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, ponente de la providencia cuestionada, refiri\u00f3 que al momento de emitir la decisi\u00f3n \u00abfueron valorados los argumentos esgrimidos por la parte recurrente a la luz del ordenamiento jur\u00eddico y la realidad probatoria\u00bb. <\/p>\n
2. El representante legal judicial de Bancolombia S. A. manifest\u00f3 que la cartera representada en el cr\u00e9dito 4469899248, cuyo cobro se adelanta en el juzgado convocado, \u00abfue objeto de venta\u2026 a la entidad Reintegra S. A. S., siendo la cesi\u00f3n aceptada por auto adiado 18 de septiembre de 2014\u00bb por lo que solicit\u00f3 ser \u00abdesvinculada\u00bb del presente tr\u00e1mite, por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Por conducto de su apoderada general, Reintegra S. A. S. pidi\u00f3 denegar el resguardo en la medida que las decisiones atacadas se encuentran \u00abajustadas a derecho\u00bb, evidenci\u00e1ndose que lo pretendido por la accionante es convertir la acci\u00f3n constitucional una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento procesal al sustentar su queja en meras \u00abdiscrepancias\u2026 respecto de las interpretaciones del juez sobre textos legales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 de forma oportuna y, de superarse lo anterior, si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por la accionante al confirmar el prove\u00eddo por medio del cual se rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad propuesto dentro del proceso ejecutivo hipotecario 2012-00042. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la providencia por medio de la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la quejosa, a trav\u00e9s de su apoderado, contra la providencia en que se rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad formulado, fue proferida el 11 de diciembre de 2020, notificada por estado n\u00b0. 176 del 14 siguiente, mientras que la presente tutela fue instaurada el pasado 22 de junio, de acuerdo con el acta de reparto anexa en formato digital; es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como prudente para proponer el resguardo. <\/p>\n
Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presunta afectada con las actuaciones que consideran vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s exigente en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una decisi\u00f3n judicial. En esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y, de contera, la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso la actora como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo razonable fijado por la jurisprudencia es viable o no sortearlo; sin embargo, en este caso no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la convocante que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo -se itera- superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone la negativa del amparo porque la gestora tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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