STC8691-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8691-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-02136-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Escobar D\u00edaz contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, m\u00ednimo vital, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en el juicio declarativo de declaraci\u00f3n de existencia de sociedad de hecho que se inici\u00f3 en su contra (radicaci\u00f3n 2014-00065). <\/p>\n
2. Del escrito introductor y de las pruebas adosadas al proceso se desprende que en la causa revisada la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio revoc\u00f3 la providencia absolutoria que dict\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad, tras colegir que entre las partes existi\u00f3 una sociedad de hecho entre enero de 1985 y diciembre de 2009; aspecto que, en su criterio, es irregular. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que \u00abla sustanciaci\u00f3n y ritualidad de tal procedimiento, no es coherente, con los medios de prueba insertos (\u2026) y por eso, se troca la verdad, y se atropella[n] mis derechos y me inventan un procedimiento de nuevo sustentatorio (sic) del recurso primario de apelaci\u00f3n, haciendo m\u00e1s gravosa la carga probatoria\u00bb. Por \u00faltimo, cuestion\u00f3 el raciocinio del ad quem, en tanto desestim\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n invocada, pese a que \u00abla Ley 222 de 1995 (\u2026) proh\u00edbe ser retroactiva tal contabilizaci\u00f3n de t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, se infiere que busca la invalidaci\u00f3n de la providencia de segundo grado, proferida en el asunto confutado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La apoderada de Nubia \u00c1lvarez Ariza manifest\u00f3 que \u00ablo que se observa con la acci\u00f3n de tutela impetrada por el se\u00f1or Miguel \u00c1ngel Escobar es que este pretende subsanar los errores cometidos (\u2026) al encaminar una defensa al tenor de la Ley 54 de 1990 cuando se estaba frente a una sociedad de hecho entre concubinos, regido por norma diferente ya que, entre otras, la norma que rige este tipo de sociedades son las consignadas en el C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso declarativo de existencia de sociedad de hecho (radicaci\u00f3n 2014-00065) que se inici\u00f3 contra el promotor, por, supuestamente, soslayar sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio invalid\u00f3 el fallo absolutorio del a quo, para, en su lugar, declarar la existencia de la sociedad de hecho, tras colegir que \u00abla pareja uni\u00f3 esfuerzos para la explotaci\u00f3n comercial de diferentes bienes durante la permanencia en convivencia como pareja, tanto en la explotaci\u00f3n de un veh\u00edculo de transporte p\u00fablico, posteriormente de una volqueta y luego en virtud de la compra del inmueble en discusi\u00f3n, am\u00e9n de su remodelaci\u00f3n y su destinaci\u00f3n para el arrendamiento a terceros\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar la prenotada instituci\u00f3n y la concurrencia de los presupuestos para su reconocimiento en el sub ex\u00e1mine, la colegiatura encartada reliev\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta Sala de Decisi\u00f3n anticipa que el disenso tendr\u00e1 eco en cuanto a la existencia de la sociedad de hecho porque cuando se discute esta ficci\u00f3n jur\u00eddica en el marco de una relaci\u00f3n concubinaria o marital de facto, caracter\u00edstica situaci\u00f3n indicadora del \u00e1nimo societario, en tanto que la existencia de la convivencia como el reparto de utilidades debe demostrarse, hecho reconocido por el demandado en interrogatorio de parte. <\/p>\n
En cuanto al componente jur\u00eddico que inmanente a esta controversia, el superior funcional en relevante sentencia reiter\u00f3 que la sociedad de hecho alegada en el marco de una pareja concubinaria tiene como requisitos medulares: i) Los aportes rec\u00edprocos de cada integrante; ii) el reparto de utilidades y p\u00e9rdidas, conocido como \u00e1nimus lucrandi y, iii) la intenci\u00f3n de cooperar en una empresa com\u00fan -\u00e1nimus o affectio societatis-, desde luego en la comprensi\u00f3n que\u201c(\u2026) en esas condiciones, m\u00e1s all\u00e1 del car\u00e1cter sentimental o de la simple comunidad marital en la relaci\u00f3n de pareja, cuando sus componentes exponen su consentimiento expreso o, ya t\u00e1cito1 o \u201cimpl\u00edcito\u201d, derivado de hechos o actos inequ\u00edvocos, con el prop\u00f3sito de obtener utilidades y enjugar las p\u00e9rdidas que llegaren a sufrir y, adem\u00e1s, hacen aportes, hay una indiscutible sociedad de hecho.(\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la relaci\u00f3n concubinaria o vida com\u00fan de una pareja, por s\u00ed misma, es insuficiente para tener por demostrada la existencia de la sociedad civil de hecho en la medida que deben confluir los requisitos axiales prenombrados, no obstante, debe ser asumida por el juzgador como un indicio de la existencia del \u00e1nimo societario o \u00e1nimo de contraer la sociedad, perspectiva donde es necesario verificar si la pareja se encuentra en un plano de simetr\u00eda en cuanto a la posible indivisi\u00f3n de la tenencia de los bienes\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
En ese sentido, el estrado querellado precis\u00f3 que, de los elementos de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, se acredit\u00f3 la concurrencia de los elementos rese\u00f1ados, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el plano f\u00e1ctico revela que la convivencia fue aceptada por el convocado desde el momento de contestar la demanda, se\u00f1alando como fecha final del concubinato el d\u00eda veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil siete (2007), en tanto que, respondiendo en interrogatorio de parte precis\u00f3 que la uni\u00f3n marital inici\u00f3 en el a\u00f1o de mil novecientos ochenta y cinco (1985), extremos temporales que si bien difieren de los alegados por la demandante, que \u00e9sta dijo que hab\u00edan empezado la convivencia el primero (1\u00ba) de marzo de mil novecientos ochenta y tres (1983), hasta el primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil nueve (2009), esta diferencia es intrascendente de cara al inter\u00e9s declarativo de existencia de la sociedad para la adquisici\u00f3n de la vivienda ubicada en la calle 13 No 12C-43 del barrio El Estero de esta ciudad, toda vez que el predio fue adquirido hacia el veintisiete (27) de julio del a\u00f1o dos mil (2000), seg\u00fan refrenda la escritura p\u00fablica 1884, suscrita en esa fecha en la Notar\u00eda Segunda de este C\u00edrculo. <\/p>\n
En este orden de ideas, si el a quo hubiese valorado con mayor juicio el interrogatorio de parte rendido por Miguel \u00c1ngel Escobar D\u00edaz, hubiese advertido que entre las partes existi\u00f3, am\u00e9n de la convivencia como pareja, un verdadero acuerdo para la compraventa y administraci\u00f3n del inmueble disputado. En efecto, \u00fatil es recordar que Nubia \u00c1lvarez Ariza se\u00f1al\u00f3 en interrogatorio de parte que la convivencia inici\u00f3 en Bogot\u00e1 y que un predio que hab\u00edan adquirido fue vendido para posteriormente mudarse a Villavicencio, agregando que luego compraron un taxi, rodante que posteriormente ser\u00eda vendido, evocando que adquirieron una volqueta y finalmente la casa ubicada en el barrio El Estero, vivienda que para el momento de adquisici\u00f3n solamente ten\u00eda un piso, aunque mejorada a tres (3) plantas con habitaciones destinada al arrendamiento. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que como pareja hubo aportes conjuntos para ese prop\u00f3sito: Ella con el pago de una parte del precio, compra de materiales producto de sus ganancias en un negocio de elementos esot\u00e9ricos y con trabajo dom\u00e9stico seg\u00fan insisti\u00f3 en la apelaci\u00f3n, mientras que \u00e9l, aport\u00f3 mano de obra para la construcci\u00f3n y compra de materiales, en tanto que con el producido de la volqueta y de los arriendos lograron realizar las mejoras. De hecho, la demandante reconoci\u00f3 que la volqueta fue vendida cuando la relaci\u00f3n hab\u00eda terminado, empero, el se\u00f1or Escobar D\u00edaz le entreg\u00f3 aproximadamente la mitad del precio que obtuvo por en ese negocio. <\/p>\n
Por su parte, si bien el se\u00f1or Miguel \u00c1ngel Escobar D\u00edaz asegur\u00f3 que la vivienda fue comprada y mejorada por \u00e9l sin ayuda de su excompa\u00f1era, causa especial atenci\u00f3n el hecho que siempre se refiri\u00f3 en plural cuando relataba los contextos relativos a la administraci\u00f3n del inmueble, significando que las decisiones sobre el destino del bien ra\u00edz eran adoptadas como pareja (\u2026). <\/p>\n
Acto seguido, aunque el demandando asegur\u00f3 que el inmueble \u00fanicamente fue adquirido y mejorado por \u00e9l, reconoci\u00f3 que la actora \u201c(\u2026) a veces me colaboraba por ah\u00ed con un bultico de cemento que hac\u00eda falta, de resto el material lo tra\u00edamos del r\u00edo con la volqueta (\u2026)\u201d, debido a la pregunta del apoderado de la parte actora, reconoce que el inmueble fue adquirido en vigencia de la relaci\u00f3n de convivencia que sostuvo con la se\u00f1ora \u00c1lvarez Ariza y que a pesar de ser el taxi un bien com\u00fan, hab\u00eda quedado a nombre de ella, en tanto que, la volqueta qued\u00f3 registrada en cotitularidad. Y confrontado con la respuesta de la demandante sobre el hecho de haber suministrado cemento, varilla y arena, el demandado sostuvo que \u201c(\u2026) ella tra\u00eda un bultico dos bulticos (\u2026)\u201d. Adem\u00e1s, cuando es interrogado si era cierto que la accionante en reiteradas oportunidades celebraba contratos de arrendamiento en calidad de arrendadora, respecto del inmueble en litigio, el se\u00f1or Escobar D\u00edaz de manera contundente reconoci\u00f3 que era cierto, explicando \u201c(\u2026) ella era la que arrendaba la casa porque hicimos un trato: Yo cog\u00eda el producido de la volqueta y ella arrendaba la casa (\u2026)\u201d, luego asever\u00f3 que los r\u00e9ditos por concepto de arrendamiento \u201c(\u2026) eran divididos cuando arrendamos toda la casa a los reinsertados, ella cog\u00eda su mitad del sueldo y yo cog\u00eda la otra mitad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Es claro entonces que la pareja uni\u00f3 esfuerzos para la explotaci\u00f3n comercial de diferentes bienes durante la permanencia en convivencia como pareja, tanto en la explotaci\u00f3n de un veh\u00edculo de transporte p\u00fablico, posteriormente de una volqueta y luego en virtud de la compra del inmueble en discusi\u00f3n, am\u00e9n de su remodelaci\u00f3n y su destinaci\u00f3n para el arrendamiento a terceros, puesto que, el demandado reconoce que el bien ra\u00edz fue comprado por ambos en vigencia de ese v\u00ednculo, admitiendo que la demandante aport\u00f3 insumos para la construcci\u00f3n o realizaci\u00f3n de mejoras, usando la volqueta para el transporte de material, aun cuando \u00e9sta qued\u00f3 asignada a la administraci\u00f3n de Nubia \u00c1lvarez Lozada, empero, m\u00e1s diciente a\u00fan, el producto del arrendamiento del inmueble -y del trabajo de la volqueta- era redistribuido entre la pareja, vale decir que el \u00e1nimus lucrandi o la participaci\u00f3n de utilidades emerge como un hecho muy relevante confesado por el se\u00f1or Miguel \u00c1ngel Escobar D\u00edaz, perspectiva donde no es de recibo entender que pese al pacto entre la pareja sobre la administraci\u00f3n y percepci\u00f3n conjunta de los r\u00e9ditos, s\u00f3lo aceptar que la mayor\u00eda de bienes hicieron parte de la sociedad de hecho y excluida la vivienda ubicada en el barrio El Estero de Villavicencio, ignorando por completo la distribuci\u00f3n de ganancias o que en varias ocasiones, conforme reconoci\u00f3, la accionante obr\u00f3 como arrendadora del inmueble, hecho refrendado en el contrato de arrendamiento visible en folios 27 a 30 de cuaderno de primera instancia, donde las partes suscribieron como coarrendadores del inmueble, seg\u00fan el documento firmado el d\u00eda primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil siete (2007). Es m\u00e1s, junto con la demanda fue aportado un documento privado fechado primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil diez (2010), texto donde la demandante y la persona identificada como Jos\u00e9 Henry Rodr\u00edguez Molina, refrendan que \u00e9ste hab\u00eda habitado el inmueble como arrendatario hasta el treinta y uno (31) de agosto de ese mismo a\u00f1o, prorrogando su vigencia hasta diciembre de ese mismo a\u00f1o (cfr. folio 9, \u00eddem), en tanto que, el folio 10 ibidem permite apreciar un documento privado suscrito por Ludys Esther Ascanio Ropero, dirigido a la se\u00f1ora Nubia, donde comunica la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento del inmueble a partir del d\u00eda quince (15) de septiembre dos mil diez (2010)\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En ese contexto, la corporaci\u00f3n denunciada recalc\u00f3 que \u00abqueda en evidencia que, si no existiera \u00e1nimo societario ni de distribuci\u00f3n de ganancias sobre el inmueble de marras, de ser cierta la tesis del demandado (\u2026), tampoco resultar\u00eda l\u00f3gico que aquella recibiera ganancias y tuviera a cargo la administraci\u00f3n del bien ra\u00edz. La \u00fanica explicaci\u00f3n razonable y acorde a las reglas de la experiencia, respaldada adem\u00e1s en el indicio que favorece a la parte actora y en las manifestaciones del demandado, converge a se\u00f1alar que existi\u00f3 una sociedad de hecho encaminada a la compraventa del inmueble ubicado en la calle 13 No. 12C-43 del barrio El Estero de esta ciudad, as\u00ed como a la construcci\u00f3n de mejoras en \u00e9ste y la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica para repartir utilidades\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a la delimitaci\u00f3n de los extremos temporales de la citada sociedad, la autoridad requerida refiri\u00f3 que, \u00abaunque (\u2026) quedaron fijados en la demanda desde mil novecientos ochenta y tres (1983), hasta el a\u00f1o dos mil nueve (2009), indicando que la terminaci\u00f3n de la sociedad coincidi\u00f3 con la finalizaci\u00f3n de la convivencia, este juez plural vislumbra que la fecha de inicio s\u00f3lo puede ser refrendada a partir del momento reconocido por el demandado cuando absolvi\u00f3 el interrogatorio de parte, es decir el a\u00f1o mil novecientos ochenta y cinco (1985), mientras que a pesar de la terminaci\u00f3n del concubinato, el acervo documental indica que la sociedad de hecho pudo extenderse m\u00e1s all\u00e1 del hito final porque para el a\u00f1o dos mil diez (2010), Nubia a\u00fan era reconocida por terceros como arrendadora, aunque por respeto al principio de congruencia, ser\u00e1 declarada la existencia de la sociedad de hecho hasta el momento pedido en la demanda, precisando que \u00e9ste no necesariamente coincidi\u00f3 con la fecha de terminaci\u00f3n de la convivencia entre las partes\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sobre la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n aducida por el aqu\u00ed gestor, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno rige el t\u00e9rmino especial de un (1) a\u00f1o consagrado en la ley 54 de 1990 seg\u00fan refrend\u00f3 la Corte Constitucional : \u201c(\u2026) Si uno de los compa\u00f1eros permanentes, o uno de sus herederos, no re\u00fane los presupuestos se\u00f1alados en la ley para demandar el reconocimiento de la existencia y disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial regulada por la citada ley 54, podr\u00e1 demandar para que se declare la existencia y disoluci\u00f3n de la sociedad de hecho entre concubinos. En este \u00faltimo caso, es obvio que no se le podr\u00e1 exigir la prueba de los supuestos de hecho que establece la ley 54, y, concretamente, no podr\u00e1 opon\u00e9rsele la prescripci\u00f3n de un (1) a\u00f1o, establecida por el art\u00edculo 8 de tal ley. \u00bfPor qu\u00e9? Porque tal prescripci\u00f3n se refiere espec\u00edficamente a la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, y no podr\u00eda extenderse a la sociedad de hecho entre concubinos. (\u2026)\u201d, de ah\u00ed que rige el t\u00e9rmino prescriptivo consagrado en el art\u00edculo 235 de la ley 222 de 1995, previsto en cinco (5) a\u00f1os, criterio que el superior funcional decant\u00f3 para las sociedades de hecho, de manera que si la finalizaci\u00f3n de la sociedad tuvo lugar el primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil nueve (2009), en tanto que, la demanda fue presentada el cinco (5) de marzo de dos mil catorce (2014), emerge con claridad que el fen\u00f3meno extintivo no oper\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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