STC8692-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8692-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2021-00073-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 9 de junio de 2021, proferido por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, dentro de la acci\u00f3n de tutela formulada por Nuby Patricia Villab\u00f3n Linares contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, Primero Promiscuo Municipal de Aguazul y el Fondo Agropecuario y Microempresarial de la \u00faltima de las citadas localidades, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con la decisi\u00f3n proferida en primera instancia en el marco del amparo que el Fondo Agropecuario y Microempresarial de Aguazul promovi\u00f3 en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de la misma localidad, con radicado No. 2019-00183-00. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, declarar \u00abla nulidad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, y, que como consecuencia de ello, se deje \u00aben firme la sentencia anticipada de fecha 10 de mayo de 2019, en el proceso ejecutivo 2014-00063\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su reparo aduce en s\u00edntesis y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que no fue \u00abnotificada\u00bb de la acci\u00f3n constitucional referida en l\u00edneas anteriores, y, que en el marco del proceso ejecutivo singular seguido en su contra en sentencia anticipada, que no fue objeto de ning\u00fan recurso, se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional rogada por el Fondo Agropecuario y Microempresarial de Aguazul, dejando sin efecto la citada decisi\u00f3n, circunstancia que, asegura, lesiona las prerrogativas superiores. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juez Primero Civil del Circuito de Yopal, despu\u00e9s de memorar las actuaciones que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n constitucional memorada, precis\u00f3 que \u00abse puede establecer que ante la imposibilidad de surtir la notificaci\u00f3n al lugar de residencia de la vinculada y desconocer una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico tanto suya, como se su apoderado judicial, se dejaron las constancias respectivas, sin que se le enterar personalmente de las decisiones adoptadas dentro de ese tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
b. La titular del Jugado Promiscuo Municipal de Aguazul, luego de pronunciarse respecto de los hechos expuestos por la actora, puntualiz\u00f3 que \u00abdentro del proceso de ejecuci\u00f3n que se adelanta en este Despacho judicial en contra de la accionante, este operador ha basado sus decisiones en criterios objetivos, racionales, serios y responsables y que les ha garantizado en todo momento a las partes derechos fundamentales constitucionales\u00bb. <\/p>\n
c. El asesor jur\u00eddico del Fondo del Fomento Agropecuario Microempresarial del citado municipio, se\u00f1al\u00f3 que en virtud de los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo deprecado por incumplir con el requisito de la inmediatez, pues la determinaci\u00f3n criticada data del 20 de septiembre de 2019 y la actora acudi\u00f3 a la protecci\u00f3n solo hasta el 2 de junio de 2021, a m\u00e1s que \u00abla accionante tuvo conocimiento de las resultas del tr\u00e1mite constitucional atacado, sin que ejerciera las acciones constitucionales correspondientes dentro de un t\u00e9rmino prudente y adecuado, ya que durante el tr\u00e1mite posterior a la sentencia enjuiciada, el juzgado de Aguazul continu\u00f3 con el tr\u00e1mite del proceso, al punto que, celebr\u00f3 audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del CGP, en la que orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n, sin que la hoy demandante o su apoderado hayan concurrido a la misma\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras revisar la impugnaci\u00f3n presentada por la se\u00f1ora Nuby Patricia, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar, en \u00faltimas, la sentencia emitida dentro de un asunto de igual naturaleza al presente el 20 de septiembre de 2019 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, que concedi\u00f3 la salvaguarda reclamada por el Fondo de Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul frente al Juez Promiscuo Municipal de la misma localidad, por cuanto seg\u00fan su dicho, no fue vinculada a dicho tr\u00e1mite, lo que desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.3.1. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela, toda vez que los reproches endilgados contra la demarcada decisi\u00f3n no encajan en dicho concepto. <\/p>\n
3.2. Por otra parte, tampoco se cumple con el requisito de la prontitud que gobierna este tipo de acciones, porque la determinaci\u00f3n constitucional de la que se duele la gestora del amparo data del 20 de septiembre de 2019, mientras que se acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 2 de junio de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan la protecci\u00f3n tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de 20 meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que se cuestiona, sin que los aqu\u00ed inconformes solicitaran la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
3.3. Ahora, cabe precisar que para hacer efectiva la pretensi\u00f3n elevada en sede de tutela, esto es, que se declare la nulidad del fallo proferido en el marco de la aludida acci\u00f3n constitucional, habida cuenta la presunta falta de vinculaci\u00f3n a dicho asunto, la gestora tiene o tuvo a su alcance la posibilidad de acudir al mismo y solicitar la invalidez de lo actuado en los t\u00e9rminos del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo extraordinario puede acudirse \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (STC6069-2021), ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal. <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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