STC8693-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8693-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02172-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Francisco Maestre D\u00edaz contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, los Juzgados Primero Penal del Circuito y Segundo Penal Municipal de Control de Garant\u00edas, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2013-00437. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y \u00abpetici\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Seg\u00fan se extrae del escrito inicial y los anexos, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, con sentencia del 1\u00ba de marzo de 2016 conden\u00f3 a Maestre D\u00edaz a la pena de 202 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os y actos sexuales con menor de 14 de a\u00f1os\u00bb, condena ratificada el 25 de abril de 2016 por el Tribunal Superior de Valledupar. Contra esta \u00faltima decisi\u00f3n la defensa del procesado interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, inadmitido por la Hom\u00f3loga Penal en auto del 29 de noviembre de 2017. <\/p>\n
Maestre D\u00edaz acude a la presente tutela cuestionando no solo el tr\u00e1mite que le dio a la investigaci\u00f3n la fiscal\u00eda encargada, sino tambi\u00e9n la valoraci\u00f3n probatoria por parte de los juzgadores de instancia, adem\u00e1s, critic\u00f3 la labor del abogado que lo asisti\u00f3 en el juicio, aduciendo que no ejerci\u00f3 adecuadamente su defensa, pues dej\u00f3 de llamar a testigos claves que pudieron declarar en su favor y probar su inocencia. <\/p>\n
Asevera el actor que, la denuncia en su contra se trat\u00f3 de una retaliaci\u00f3n de la madre de la menor v\u00edctima con su esposa Yerlis Mart\u00ednez por un percance personal previo, pero sostiene, el trabajo de su defensor Jos\u00e9 Luis Castro Machuca fue insuficiente para demostrar tal situaci\u00f3n pues omiti\u00f3 presentar pruebas que condujeran a ello, pese a que las allegadas por la fiscal\u00eda eran \u00abincongruentes y sin peso jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Agrega que el mencionado profesional, \u00abgener\u00f3 tanto a mi familia como a m\u00ed, falsas expectativas jugando con mi inocencia y libertad, mostrando ser permisible con las pruebas inconsistentes aportadas por el ente acusatorio y la acudiente de la supuesta v\u00edctima, origin\u00e1ndose todo por un mal entendido, no conmigo [\u2026] con mi esposa\u00bb. Asimismo, manifest\u00f3 que dej\u00f3 de cuestionar los dict\u00e1menes periciales de medicina forense realizados en la menor afectada, y que \u00abno tuvo astucia y fue negligente al omitir y ocultar [las] pruebas que hoy traigo a colaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, formul\u00f3 denuncia disciplinaria en contra del citado profesional del derecho, la que cursa actualmente ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar. <\/p>\n
En suma, solicita que se estudie nuevamente su caso, y \u00abse investigue la actuaci\u00f3n at\u00edpica y an\u00f3mala por parte de los juzgados y entes acusadores que hicieron efectiva tanto mi captura como mi condena, quienes con ayuda de mi abogado [\u2026] por su negligencia omitieron etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que \u00abse revoque la condena que me fue impuesta por el Juzgado Segundo [Penal] Municipal de Valledupar (sic), Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, Tribunal Superior de Valledupar, Corte Suprema de Justicia (Sala de Casaci\u00f3n Penal), que en un t\u00e9rmino perentorio d\u00e9 respuesta y soluci\u00f3n de fondo a mi solicitud y se tenga en cuenta las pruebas reales que hasta el d\u00eda de hoy no se han tenido en cuenta, sino incurrir\u00edan a una omisi\u00f3n, ya que cuando sucedieron todos estos hechos delictivos que se me acusan no demuestran tiempo, modo y lugar, tipific\u00e1ndome dos delitos sin pruebas contundentes solo enfoc\u00e1ndose en una denuncia falsa [\u2026] teniendo yo el acervo probatorio para controvertir los delitos que se me endilgan de tan lamentables sucesos (\u2026) se analice por favor todo el acervo documental probatorio que adjunto a la presente acci\u00f3n de tutela, no para continuar con lo mismo de siempre, que se declaren improcedentes sin analizar y verificar los elementos materiales de prueba que nunca se sacaron a la luz p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Dado el traslado de la presente demanda, los accionados guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el actor en el proceso penal radicado n\u00ba 2013-00437 al condenarlo a 202 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abacceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os y actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os\u00bb (sentencia de primera instancia del 1\u00ba de marzo de 2016; de segundo grado, del 25 de abril de 2016 y, auto que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, del 29 de noviembre de 2017), incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria y, porque careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica durante el curso procesal. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, 00624-00, reiterado en STC11374-2016). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que los cuestionamientos que se hacen no atienden el postulado que viene de comentarse, ya que, el auto que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue proferido el 29 de noviembre de 2017, mientras que el presente auxilio se radic\u00f3 el 1\u00ba de julio de 2021, esto es, superando el tiempo establecido como razonable por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l. <\/p>\n
Entonces, el afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento respecto de las decisiones que ataca y frente a la supuesta actuaci\u00f3n deficiente que endilga a su abogado defensor; adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.2. De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como no fueron alegadas y la Corte tampoco evidenci\u00f3 concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia precitada como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de las providencias recriminadas y los cuestionamientos relacionados con el juicio que se adelant\u00f3 al precursor del amparo y con la gesti\u00f3n del profesional que lo asisti\u00f3, ex\u00e1menes que, en este caso, quedan condicionados a la superaci\u00f3n del requisito temporal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 declarado improcedente porque el convocante se demor\u00f3 en ejercer este mecanismo y no demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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