STC8694-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8694-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2021-00054-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de junio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ibeth Calero Mora contra el Juzgado Once de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados N\u00e9stor Ram\u00edrez Cuartas, el Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de la misma localidad, y, el Banco Agrario de Colombia SA, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso liquidatorio a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad \u00aben conexidad con la vida digna\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del tr\u00e1mite posterior a la sucesi\u00f3n testada del causante Arcadio Vernaza, que all\u00ed se adelant\u00f3 bajo el radicado n.\u00ba 2020-00082-00. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Juzgado Once de Familia de Cali, admitir la solicitud contentiva del \u00abproceso de partici\u00f3n adicional del causante ARCADIO VERNAZA\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja relata, que dentro de la causa mortuoria en comento, mediante sentencia del \u00ab7 de diciembre de 2017\u00bb le fueron adjudicados los bienes inmuebles que en vida pertenecieron a su padre de crianza; sin embargo, no fueron incluidos nueve (9) dep\u00f3sitos judiciales que por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento gener\u00f3 uno de los predios que en vida del causante fue arrendado al se\u00f1or N\u00e9stor Ram\u00edrez Cuartas, so pretexto que \u00abno hab\u00edan sido depositados dentro del tr\u00e1mite del proceso\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en aras de incluir la anterior partida, en diciembre de 2019 present\u00f3 \u00abdemanda de partici\u00f3n adicional\u00bb, la que el 9 de julio siguiente fue inadmitida por la autoridad judicial convocada bajo el argumento que \u00abla demanda carec\u00eda de inventario de bienes, la cual si se hizo (sic) (\u2026) pero el Juzgado no tuvo en cuenta esa circunstancia, la inadmiti\u00f3, concedi\u00e9ndome 5 d\u00edas para su correcci\u00f3n, por desconocer el nuevo procedimiento, no me di cuenta del auto de inadmisi\u00f3n que dio lugar al rechazo y su archivo definitivo, oblig\u00e1ndome enviarla a reparto\u00bb, desconociendo, dice, lo preceptuado por los art\u00edculos 502 y 518 del C\u00f3digo General del Proceso, pues en su criterio, las causales de inadmisi\u00f3n no son \u00abreales ya que existe una relaci\u00f3n o inventario de los nueve t\u00edtulos valores que se pide se adjudiquen\u00bb. <\/p>\n
Finalmente refiri\u00f3, que es una mujer de m\u00e1s de 56 a\u00f1os y que carece de otros ingresos, raz\u00f3n por la cual considera que es imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La titular del Juzgado Once de Familia de Cali anot\u00f3, que el 16 de diciembre de 2019 la aqu\u00ed accionante a trav\u00e9s de su apoderado judicial, present\u00f3 \u00abescrito en la secretar\u00eda del Despacho para el proceso 2017-00571-00, referenciado como aval\u00fao e inventarios adicionales de Arcadio Vernaza. Luego de hacer una relaci\u00f3n de hechos, solicit\u00f3 aprobaci\u00f3n de inventario y aval\u00fao adicionales del causante ARCADIO VERNAZA, consistente en nueve t\u00edtulos por valor total de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS de la oficina principal del Banco Agrario de Cali, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 502 del C\u00f3digo General del proceso\u00bb, <\/p>\n
Explic\u00f3 que en raz\u00f3n a la emergencia sanitaria, s\u00f3lo hasta el 9 de julio de 2020 inadmiti\u00f3 la actuaci\u00f3n con miras a que fuera allegado un inventario de \u00ablos bienes adicionales dejados por el causante y su correspondiente aval\u00fao de acuerdo con lo dispuesto en los n\u00fam.5\u00ba y 6\u00ba del art 489 del C. General del Proceso\u00bb, y que por no haber sido subsanada la falencia, el 15 de septiembre siguiente rechaz\u00f3 el libelo, sin que lo determinado hubiese sido cuestionado por la interesada, raz\u00f3n por la que, entonces, pidi\u00f3 denegar el amparo reclamado por carecer de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad que gobiernan este tr\u00e1mite preferente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal de Cali neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras considerar que no se agotaron los medios de defensa a disposici\u00f3n de la aqu\u00ed interesada, raz\u00f3n por la que as\u00ed, \u00abno es admisible buscar un pronunciamiento mediante tutela, sobre el temario que corresponde resolver al juez natural, cuya competencia de ninguna manera puede soslayarse so pretexto de un intento procesal fallido por negligencia de la promotora, porque esa circunstancia, aqu\u00ed, es insuficiente para desplazar los procedimientos de orden legal que conducen a lograr su meta\u00bb; reparando adem\u00e1s que, \u00abcon sustento en el art\u00edculo 1.395 del C\u00f3digo Civil, los frutos civiles producidos por los bienes relictos no son susceptibles de ser inventariados y as\u00ed que, teniendo en cuenta la calidad de heredera universal y adjudicataria de todos los bienes de la masa herencial, a la actora se le abre paso un mecanismo expedito, que no es de cargo de la Sala indic\u00e1rselo para acudir ante la entidad bancaria para lo de su inter\u00e9s, sin que tampoco sea posible por esta v\u00eda darle a dicha entidad orden alguna\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante replic\u00f3 el anterior fallo, insistiendo en las primigenias alegaciones, adem\u00e1s de se\u00f1alar, que el Despacho encartado no la enter\u00f3 de los autos de inadmisi\u00f3n y rechazo, pues de haberlo hecho, asegura, hubiera corregido los yerros endilgados al momento de inadmitir su solicitud; que el mecanismo de amparo no fue utilizado como un mecanismo alternativo a las acciones judiciales existentes, sino como \u00abla solicitud de protecci\u00f3n de un derecho de manera efectiva\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado los mecanismos para conjurar la lesi\u00f3n, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el presente caso, la ciudadana Ibeth Calero Mora se queja, en \u00faltimas, porque el Juzgado Once de Familia de Cali, quien conoci\u00f3 del proceso de sucesi\u00f3n testada del se\u00f1or Arcadio Vernaza, inadmiti\u00f3 la solicitud de partici\u00f3n adicional de nueve (9) t\u00edtulos judiciales por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento causados respecto de uno de los inmueble que fuera le fue adjudicado en cuant\u00eda de $7.800.000,oo; y, posteriormente, rechaz\u00f3 la aprobaci\u00f3n de \u00abinventario y aval\u00fao adicionales\u00bb mediante auto del 15 de septiembre de 20201. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que surge patente la confirmaci\u00f3n de la improcedencia del amparo reclamado, por cuanto los reparos incluidos en la demanda de tutela relacionados con el auto que rechaz\u00f3 la solicitud de partici\u00f3n adicional, corresponden, cuando m\u00ednimo, a asuntos definidos con m\u00e1s de ocho (8) meses de antelaci\u00f3n a la tramitaci\u00f3n de este mecanismo preferente, al paso que la actuaci\u00f3n que concierne a los puntos con los cuales se inadmiti\u00f3 la misma, en su oportunidad, no fue debidamente criticada a trav\u00e9s de los mecanismos procesales con los que contaba la quejosa, circunstancias que conllevan al fracaso de la protecci\u00f3n invocada, conforme pasa a exponerse: <\/p>\n
3.1. En efecto, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, observa la Sala que la determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se rechaz\u00f3 la solicitud de partici\u00f3n adicional, como se dijo, data del 15 de septiembre de 2020, mientras que la gestora acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 21 de mayo de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Sobre el particular se precisa, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron ocho (8) meses y seis (6) d\u00edas desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n en mientes. <\/p>\n
Al respecto se advierte, que durante ese interregno la aqu\u00ed inconforme no solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado, sin que dicho presupuesto pueda ser pasado de manera inadvertida so pretexto de que las garant\u00edas se contin\u00faan quebrantando, pues fue un asunto que defini\u00f3 la suerte de las defensas propuestas por los aqu\u00ed inconformes. <\/p>\n
De manera reiterada se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC7564-2021). <\/p>\n
Lo anterior, sin que la tardanza verificada en la solicitud de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales pueda exculparse en la presunta edad avanzada de la quejosa, pues tal situaci\u00f3n de modo alguno constituye un motivo objetivo que justifique la inactividad de la libelista, pues de desatender este particular presupuesto la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe se tornar\u00eda en un mecanismo generador de incertidumbre respecto de las partes e intervienes al interior de cada asunto. <\/p>\n
3.2. Adicionalmente, como se advirti\u00f3 en precedencia, la solicitud de amparo carece del presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que, en un acto constitutivo de incuria, la actora desaprovech\u00f3 los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional sobre la presunta irregularidad en la que incurri\u00f3 la directora del proceso al inadmitir su solicitud de partici\u00f3n adicional, so pretexto de considerar necesario, entre otras disposiciones, \u00abanexar un inventario de los bienes adicionales dejados por el causante y su correspondiente avalu\u00f3, con el correspondiente soporte, de acuerdo con lo dispuesto en los n\u00fam. 5\u00ba y 6\u00ba del art 489 del C. General del Proceso\u00bb, pues seg\u00fan el dicho de la gestora, \u00aben su oportunidad se aport\u00f3 una relaci\u00f3n o inventario de los nueve t\u00edtulos valores que se pide se adjudiquen\u00bb, y su posterior rechazo por no haber atacado lo dispuesto, ha debido interponer el recurso de reposici\u00f3n y alzada contra la decisi\u00f3n del 15 de septiembre de 2020, a trav\u00e9s de la cual se rechaz\u00f3 la demanda, conforme lo habilita el canon 90 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La Sala en supuestos similares al aqu\u00ed estudiado ha indicado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC5293-2021). <\/p>\n
4. Por otra parte, y sin perjuicio de lo discurrido, en aras de brindar claridad sobre la tem\u00e1tica planteada en la impugnaci\u00f3n referente a la notificaci\u00f3n de las decisiones ahora cuestionadas, se encontr\u00f3 que \u00e9stas fueron debidamente notificadas a la aqu\u00ed inconforme por la sede judicial accionada a trav\u00e9s de estados electr\u00f3nicos conforme se desprende del micrositio web2 del Despacho encartado, as\u00ed como de la consulta de procesos Siglo XXI3. <\/p>\n
Al respecto se precisa, que en un asunto de contornos similares, la Sala determin\u00f3 que \u00abse encuentra ajustado a lo prescrito en citado art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto 806 del 2020, el cual dispuso que: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 9. Notificaci\u00f3n por estado y traslados. Las notificaciones por estado se fijar\u00e1n virtualmente, con inserci\u00f3n de la providencia, y no ser\u00e1 necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva. <\/p>\n
No obstante, no se insertar\u00e1n en el estado electr\u00f3nico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan menci\u00f3n a menores, o cuando la autoridad judicial as\u00ed lo disponga por estar sujetas a reserva legal\u00bb (CSJ STC5158-2020). <\/p>\n
Y, por lo tanto, concluy\u00f3 que \u00abla normativa en precedencia ordena la divulgaci\u00f3n v\u00eda internet del estado y, adicionalmente, la inclusi\u00f3n de la resoluci\u00f3n susceptible de notificaci\u00f3n. De manera tal que es irrebatible que para formalizar la \u00abnotificaci\u00f3n por estado\u00bb de las disposiciones judiciales no se requiere el env\u00edo de \u00abcorreos electr\u00f3nicos\u00bb. Ciertamente, la norma \u00fanicamente exige, se reitera, realizar la publicaci\u00f3n web y en ella colocar el hiperv\u00ednculo de la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional. (Cit). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 04AutoRechazaDemanda.pdf <\/p>\n
2\u0002 Estadoselectr\u00f3nicos16deseptiembrede2020 <\/p>\n
3\u0002https:\/\/procesos.ramajudicial.gov.co\/procesoscs\/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=ssGtEGKE7%2b40%2fGqbWRmqojpn25E%3d <\/p>\n
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