STC8695-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8695-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01902-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la tutela n\u00ba 2020-00311. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s del Jefe de la Oficina Jur\u00eddica, el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e \u00abigualdad de cargas\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata que Edison Andr\u00e9s Betancourt Duarte, docente, instaur\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra el Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior \u2013 ICETEX \u2013 y el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, en reclamo de la subvenci\u00f3n relacionada con el programa \u00abBeca para la excelencia docente\u00bb del que adujo ser beneficiario, por el per\u00edodo de duraci\u00f3n de los estudios de maestr\u00eda cursada de 2016 a 2018 en la Universidad de Medell\u00edn. <\/p>\n
Refiere el ministerio convocante que, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medell\u00edn concedi\u00f3 el amparo mediante sentencia del 20 de enero de 2021, en la que orden\u00f3 a las entidades accionadas realizar, \u00ab(\u2026) las actuaciones administrativas necesarias para que el fondo \u201cexcelencia docente [\u2026]\u201d programe las fechas de desembolso por valor de los semestres cursados por el se\u00f1or Edison Andr\u00e9s Betancourt Duarte, para lo cual, la Universidad de Medell\u00edn, deber\u00e1 aportar las respectivas liquidaciones de cada periodo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destaca que el 9 de marzo de 2021, en sede de impugnaci\u00f3n, el Tribunal Superior de Medell\u00edn ratific\u00f3 la concesi\u00f3n de la salvaguarda conforme lo dispuso el a quo (decisi\u00f3n que cont\u00f3 con un salvamento de voto, sustentado en que la demanda tutelar no cumpl\u00eda el requisito de la inmediatez y, porque no se demostr\u00f3 la vulneraci\u00f3n del \u00abprincipio de la confianza leg\u00edtima, ya que nunca se expidi\u00f3 por parte del Ministerio [\u2026] los actos administrativos mediante los cuales se le otorgara la beca y este comenz\u00f3 sus estudios sin regularizar o legalizar su cr\u00e9dito)\u00bb. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores determinaciones y las acusa de constituir v\u00edas de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico y falta de motivaci\u00f3n\u00bb dado que, los jueces constitucionales no tuvieron en cuenta \u00ablas pruebas ni las reglas de la convocatoria para la Beca Excelencia Maestro, ni mucho menos la omisi\u00f3n del accionante en no culminar sus procesos de legalizaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. Al respecto, sostiene que la jueza de primer grado, \u00fanicamente tuvo en cuenta la informaci\u00f3n que entreg\u00f3 el actor y la Universidad de Medell\u00edn, pero \u00abnunca hizo un an\u00e1lisis cuidadoso y detallado de la defensa presentada por el MEN, que en \u00faltimas es el recuento f\u00e1ctico de lo sucedido en el caso del cr\u00e9dito de inter\u00e9s para el accionante\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, \u00abno es cierto como lo manifiesta el despacho, que el se\u00f1or Edison Andr\u00e9s Betancourt fue notificado el 20 de mayo de 2016 como beneficiario del programa (\u2026)\u00bb. As\u00ed mismo, se\u00f1ala que, \u00ab(\u2026) la Universidad de Medell\u00edn, unilateralmente y a sabiendas que el docente Edison Andr\u00e9s Betancourt Duarte no ostentaba la calidad de beneficiario por no adelantar el respectivo proceso de legalizaci\u00f3n, permiti\u00f3 que este continuara con su maestr\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Explica en extenso las condiciones de la convocatoria 2016-2 \u2013 Resoluci\u00f3n 2346 de 2016 \u2013 para la excelencia docente a la que se postul\u00f3 el all\u00ed actor y los requisitos de participaci\u00f3n, entre los que se encontraba, la legalizaci\u00f3n del cr\u00e9dito educativo ante la instituci\u00f3n de educaci\u00f3n superior donde cursar\u00eda el programa; sin embargo, alega, el Ministerio \u00abnunca le inform\u00f3 a la Universidad de Medell\u00edn que permitir\u00eda que el docente continuara sus estudios de maestr\u00eda (\u2026)\u00bb; de otra parte aduce que, existi\u00f3 una confusi\u00f3n del juzgado y del tribunal frente a la Convocatoria 2018-1 \u00abrealizada en el marco del Contrato interadministrativo 1461 de 2017 [\u2026] cuyo objeto era \u201cconstruir un fondo en administraci\u00f3n para fomentar la excelencia docente [\u2026] mediante el ofrecimiento de cr\u00e9ditos educativos condonables para la financiaci\u00f3n de programas de posgrado (\u2026)\u00bb, del que s\u00ed fue beneficiario el docente accionante, pero, sostiene, se asumi\u00f3 \u00aberr\u00f3neamente\u00bb por los falladores que el actor hab\u00eda sido incluido en el programa de la precitada convocatoria 2016-2 para la que \u00abno se ten\u00eda respaldo financiero\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, \u00ab(\u2026) se ordene al Juzgado Trece Civil del Circuito de Medell\u00edn y al Tribunal Superior de Medell\u00edn [\u2026] dejar sin efectos las decisiones tomadas por estos y plasmadas en las sentencias del 20 de enero de 2021 y 9 de marzo de 2021 fallo de segunda instancia que resolvi\u00f3 confirmar la sentencia de tutela, en el proceso con radicaci\u00f3n [\u2026] 2020 00311 01\u00bb. <\/p>\n
Dado el traslado de la demanda, los accionados guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas en la tutela n\u00ba 2020-00311 que promovi\u00f3 Edison Andr\u00e9s Betancourt Duarte contra el ministerio aqu\u00ed accionante, al conceder el amparo constitucional reclamado, ordenando el desembolso del dinero correspondiente al programa \u00abexcelencia docente\u00bb en favor del all\u00ed demandante; lo que constituy\u00f3, supuestamente, una v\u00eda de hecho por defecto \u00abf\u00e1ctico\u00bb y \u00abfalta de motivaci\u00f3n\u00bb (sentencias de 20 de enero y 9 de marzo de 2021). <\/p>\n
2. La procedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
Solo en casos excepcionales se ha aceptado la utilizaci\u00f3n de esta herramienta cuando en el procedimiento seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que ser\u00eda viable: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00; 16 feb. 2009, rad. 00193-00; y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, al justificar en estos casos la inviabilidad de la acci\u00f3n, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En el asunto que es objeto de estudio se advierte que la entidad accionante pretende controvertir, mediante esta nueva acci\u00f3n de tutela, los fallos proferidos en sede constitucional (radicado n\u00ba 2020-00311) por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medell\u00edn, el 20 de enero de 2021 en primera instancia; y, el de la Sala Civil del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial de 9 de marzo de 2021, \u00e9ste \u00faltimo que confirm\u00f3 el del a quo en el sentido de otorgar la protecci\u00f3n invocada, circunstancia a partir de la cual se deduce la improcedencia del presente resguardo. <\/p>\n
En efecto, como se mencion\u00f3, se ha admitido la pertinencia de esta senda en los casos donde se advierta necesario garantizar el derecho de quienes no habiendo sido citados al tr\u00e1mite o correctamente notificados, resultan afectados por la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada, pero esa situaci\u00f3n no es la que aqu\u00ed se propone. <\/p>\n
Tambi\u00e9n la Corte Constitucional en la providencia T-951 de 2013, reiterada en la SU-627 de 2015, sostuvo que la acci\u00f3n de tutela proceder\u00eda eventualmente contra otro veredicto del mismo g\u00e9nero en caso de concurrir los siguientes eventos, que se erigen como presupuestos de estricta demostraci\u00f3n: \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
Empero, los requisitos aludidos se descartan en el sub lite por cuanto no se probaron; adem\u00e1s, la actual censura se circunscribe a discutir el soporte argumentativo a partir del cual los falladores resolvieron conceder la s\u00faplica, con alegaciones y defensas similares a las que en ese anterior juicio de tutela expuso al contestar la demanda. <\/p>\n
Es decir, los planteamientos del ministerio accionante consisten en manifestaciones producto de la inconformidad con las referidas determinaciones, pero sin se\u00f1alar motivos concretos que permitan inferir la presencia de alg\u00fan posible fraude que, seg\u00fan la jurisprudencia en cita, habilitar\u00eda excepcionalmente el auxilio. <\/p>\n
4. De la subsidiariedad. <\/p>\n
En todo caso, como se precis\u00f3 inicialmente, cuando se atacan decisiones de esta especie igualmente debe cumplirse con este requisito de procedibilidad, el cual es inherente a la tutela, como lo indic\u00f3 esta Corte, recogiendo los precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
Ahora, en este caso particular, el ministerio aun cuenta con la posibilidad de solicitar a la Corte Constitucional que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, ya que, consultada la p\u00e1gina web de esa Corporaci\u00f3n, se verific\u00f3 que \u00e9sta no ha determinado si lo har\u00e1 (radicado T8203489), constat\u00e1ndose que el expediente fue registrado el 21 de abril de 2021 y remitido a Sala de revisi\u00f3n el 1\u00ba de junio de este a\u00f1o, sin que se conozca hasta ahora decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La salvaguarda resulta improcedente toda vez que, se dirige contra una acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la que ya fue definida; sumado a que la entidad demandante cuenta con otro medio de defensa, comoquiera que la tutela reprochada no est\u00e1 agotada en sede de control directo y concreto de constitucionalidad, al establecerse que el expediente no ha sido excluido de la revisi\u00f3n, lo que tambi\u00e9n descarta el amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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