STC8697-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC8697-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-10-000-2021-00058-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de marzo de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Ner\u00f3n S\u00e1nchez, en nombre propio y en el de su \u00abpresunta hija\u00bb menor de edad, contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Martha Rodr\u00edguez, Joaqu\u00edn Torres, el Defensor de Familia y el Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al referido despacho. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00aba tener una familia y no ser separado de ella\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abdeclare la nulidad [de] lo actuado en el proceso\u2026 desde la admisi\u00f3n de la demanda por la indebida representaci\u00f3n legal de la ni\u00f1a\u2026\u00bb; se ordene \u00abla inscripci\u00f3n inmediata en el registro civil\u2026 [de su] paternidad\u2026 conforme a lo establecido por el art\u00edculo 1 de la ley 1060. La inscripci\u00f3n ha sido negada en reiteradas ocasiones en diversas notar\u00edas. Por tratarse de un asunto, al parecer, sustancialmente complejo, pero con implicaciones y vulneraciones de car\u00e1cter constitucional, se hace necesaria y posible la intervenci\u00f3n del juez constitucional para que con su orden, cese la vulneraci\u00f3n de derechos y se inscriba en el registro civil\u2026, su realidad jur\u00eddica\u00bb; y puso \u00aben conocimiento\u2026que en contrav\u00eda de la l\u00ednea marcada por el superior funcional regional y nacional se pretende en el proceso\u2026 regular el tema de visitas de una ni\u00f1a como persona de especial inter\u00e9s constitucional, en un ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer, como si de una cosa o mercanc\u00eda se tratare, generando con esto otra vulneraci\u00f3n ya no un solo producto de un defecto sustantivo, sino procedimental absoluto en la actuaci\u00f3n judicial, que el juez constitucional puede y debe cesar\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Joaqu\u00edn Torres promovi\u00f3 juicio ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer contra Martha Rodr\u00edguez, relacionado con el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas a que tiene derecho como padre biol\u00f3gico de \u00darsula Torres Rodr\u00edguez, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que dentro del proceso criticado se cit\u00f3 a audiencia el 20 de noviembre de 2020, momento en el cual su apoderado judicial puso en conocimiento el estado civil de la menor, quien naci\u00f3 el 3 de diciembre de 2015, esto es, cuando \u00e9l se encontraba casado con Martha Rodr\u00edguez, v\u00ednculo que se encuentra actualmente vigente. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que la ni\u00f1a es su hija, conforme a la presunci\u00f3n del art\u00edculo 213 del C\u00f3digo Civil, por lo que le corresponde la representaci\u00f3n legal junto a la progenitora; a pesar de lo anterior, critic\u00f3 que no fue citado al juicio ejecutivo, en transgresi\u00f3n de las leyes, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los tratados internacionales suscritos por Colombia. <\/p>\n
2.4. Adujo que la indebida representaci\u00f3n es causal de invalidez; que el 27 de noviembre de 2020 solicit\u00f3 efectuar un control de legalidad y decretar la nulidad de la actuaci\u00f3n desde el auto admisorio de la demanda, con miras a sanear los vicios y ser notificado, pero el 17 de febrero de 2021 fue desestimada su petici\u00f3n indic\u00e1ndole que en tal juicio no se est\u00e1 discutiendo el estado civil ni la filiaci\u00f3n de la menor, pues \u00ablas partes inclusive ya la acordaron, cuando decidieron registrar a [la] ni\u00f1a como hija del se\u00f1or Joaqu\u00edn Torres\u00bb y que \u00abNer\u00f3n S\u00e1nchez no est\u00e1 legitimado para presentarse en este proceso porque \u00e9l no es el padre\u2026 si quiere puede iniciar un proceso de investigaci\u00f3n de paternidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que los razonamientos expuestos constituyen defecto sustantivo que transgrede sus derechos y de la infante; y que el juzgador efectu\u00f3 una \u00abaplicaci\u00f3n inaceptable de las disposiciones normativas que rigen la materia del estado civil de las personas, su filiaci\u00f3n y con ese actuar legaliz\u00f3 la indebida representaci\u00f3n legal de la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
2.6. Asever\u00f3 que no existe prueba en el juicio ejecutivo censurado que defina la impugnaci\u00f3n de paternidad propuesta, por lo que la presunci\u00f3n legal se encuentra vigente y el estado civil de la ni\u00f1a fue desconocido al resolver el control de legalidad propuesto; que el registro no genera el estado civil, por lo que no se puede confundir este con su prueba; y que la filiaci\u00f3n establece la patria potestad. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que el reconocimiento que efectu\u00f3 Joaqu\u00edn Torres no modifica el estado civil de la menor, forjado en virtud de la presunci\u00f3n legal de que el hijo concebido durante el matrimonio tiene por padres a los c\u00f3nyuges, raz\u00f3n por la que es indisponible; que la inscripci\u00f3n de su paternidad en el registro civil, fruto de la presunci\u00f3n legal, fue negada \u00aben reiteradas ocasiones en diversas notarias\u00bb; que para el reconocimiento unilateral de la paternidad natural se deb\u00eda desvirtuar dicha presunci\u00f3n a trav\u00e9s del juicio de impugnaci\u00f3n de paternidad; y que dicha problem\u00e1tica ya fue estudiada por la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que es inobjetable que el real estado civil de la ni\u00f1a fue desconocido, lo que gener\u00f3 un vicio en la integraci\u00f3n del extremo pasivo, por lo que el estrado judicial accionado debi\u00f3 decretar la nulidad de lo actuado, adem\u00e1s desconoce los atributos de la personalidad de quien merece especial protecci\u00f3n constitucional; y que la petici\u00f3n de amparo cumple con los requisitos de procedencia. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 17 Judicial II de Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres de Medell\u00edn sostuvo que el accionante no es parte ni interviniente en el proceso criticado, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar las actuaciones all\u00ed surtidas; que del registro civil de la ni\u00f1a se desprende que sus padres son Joaqu\u00edn Torres y Martha Rodr\u00edguez, quienes adem\u00e1s detentan la patria potestad; que el primero reclama el derecho de compartir con su hija conforme con el acuerdo de visitas, que incumple la progenitora; el gestor pretende por medio de esta acci\u00f3n constitucional evadir la jurisdicci\u00f3n ordinaria; no se puede desconocer los principios de legalidad y subsidiariedad, por lo que es deber del peticionario desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios para la defensa de sus derechos. <\/p>\n
2. Joaqu\u00edn Torres se\u00f1al\u00f3 que su descendiente naci\u00f3 el 3 de diciembre de 2015, momento en el que estuvo presente; que pese a los obst\u00e1culos presentados, junto con la madre, asisti\u00f3 a los cursos prenatales, visitas al ginec\u00f3logo y conferencias, as\u00ed como durante los dos primeros a\u00f1os de vida comparti\u00f3 espacios con su hija los martes, jueves y s\u00e1bado; que de com\u00fan acuerdo con la progenitora pactaron realizarse una prueba de ADN, por lo que al obtener el resultado procedieron al registro civil de la ni\u00f1a; que pese a que Martha Rodr\u00edguez volvi\u00f3 con su esposo parec\u00eda que no lograron superar la situaci\u00f3n presentada; que se promovieron diversos procesos legales, que le fueron favorables pero que buscan alejarlo de su ni\u00f1a y cambiarle el padre \u00abcomo si ella fuera cualquier bien u objeto de pertenencia\u00bb; que ha cumplido sus obligaciones de tipo econ\u00f3micas y demostrado la relaci\u00f3n con su hija y su inter\u00e9s por ser parte integral de su vida; le sorprende las acciones que la progenitora y su esposo han desarrollado para violentar los derechos de la infante, a quien le impiden compartir con \u00e9l en los tiempos regulados por la autoridad competente, le recortan la duraci\u00f3n de la visita e incluso la esconden o se valen de falsas incapacidades m\u00e9dicas con el fin de evitar el contacto; que ha soportado que a la ni\u00f1a le ense\u00f1en que el accionante es su pap\u00e1, lo que adem\u00e1s de lastimarla, le causar\u00e1 graves consecuencias en su vida adulta. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el abogado actual de su contraparte ha sido part\u00edcipe de todos los procesos en los que se busca violentar los derechos de la ni\u00f1a; que la infante fue concebida dentro de un matrimonio que atravesaba una separaci\u00f3n no finiquitada legalmente, sin que el esposo sea el padre, en tanto est\u00e1 demostrado con una prueba de ADN y con la aceptaci\u00f3n de la madre y su familia; que no ten\u00eda fundamento el control de legalidad presentado, pues la condici\u00f3n de c\u00f3nyuge que ostenta el quejoso no le permite intervenir en las visitas reguladas, sobre las que busca su cumplimiento; que lo pretendido es confundir las actuaciones legales, burlando y entorpeciendo las decisiones de las autoridades judiciales; que se pueden corroborar las distintas acciones legales emprendidas, que demostraban el peligro en el que se pone a la menor; que la Procuradur\u00eda llam\u00f3 la atenci\u00f3n en los procesos en curso y solicit\u00f3 medidas encaminadas a proteger los derechos de su hija; y que el accionante y su esposa han intentado realizar el registro civil de la menor, adem\u00e1s de salir del pa\u00eds, por lo que se deben tomar acciones preventivas al respecto. <\/p>\n
3. Martha Rodr\u00edguez refiri\u00f3 apoyar lo expuesto y solicitado en la tutela por el accionante a favor de su hija y en contra de \u00ablas decisiones inconstitucionales tomadas por la se\u00f1ora jueza\u00bb; que al margen de cualquier discusi\u00f3n jur\u00eddica, el control de legalidad propuesto y las consecuencias judiciales que se generen sobre los procesos propuestos en revisi\u00f3n, es su voluntad y la de su c\u00f3nyuge, que Joaqu\u00edn Torres contin\u00fae compartiendo con su tambi\u00e9n hija, ya que en su familia no excluyen \u00abafectos, los inclu[\u00edan]\u00bb; y pidi\u00f3 cesar las vulneraciones de los derechos referidos al estado civil y la paternidad presunta. <\/p>\n
4. El Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn indic\u00f3 que conoce del juicio criticado; que en la audiencia de 17 de febrero pasado no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n del gestor pues, al revisar el registro civil de nacimiento de la ni\u00f1a evidenci\u00f3 que sus progenitores son Joaqu\u00edn Torres y Martha Rodr\u00edguez; que estos son quienes ostentan la patria potestad y representaci\u00f3n legal de la infante, sin que se entienda el motivo por el cual, si exist\u00eda un matrimonio, no se efectu\u00f3 el tr\u00e1mite registral con el tutelante; que en el proceso cuestionado no se discute la paternidad, sino el cumplimiento de un r\u00e9gimen de visitas otorgado en favor del progenitor; que el promotor no est\u00e1 legitimado para intervenir en el tr\u00e1mite; y que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el juzgador a quo constitucional, con el fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El juzgador constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo al considerar que el accionante no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa por activa porque, pese a la presunci\u00f3n de paternidad que alega, no es el representante legal de la menor conforme al registro civil de nacimiento, tampoco hace parte del proceso, ni acredit\u00f3 circunstancia alguna que lo faculte para agenciar sus derechos; que la decisi\u00f3n de 17 de febrero de 2021 no es arbitraria, sino ajustada al ordenamiento jur\u00eddico y a la realidad del estado civil de la ni\u00f1a am\u00e9n de que el padre biol\u00f3gico la reconoci\u00f3 voluntariamente; que el juicio fue instaurado con miras a que se cumpliera el r\u00e9gimen de visitas, las que no pod\u00edan ser interrumpidas ni entorpecidas, ni siquiera por la progenitora; que incluso una tutela anterior fue desestimada al ahora actor por su falta de legitimaci\u00f3n, indic\u00e1ndosele que si pretend\u00eda reclamar derechos sobre la ni\u00f1a cuenta con otras v\u00edas judiciales, decisi\u00f3n que no apel\u00f3 y acept\u00f3. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que la problem\u00e1tica no ha sido abordada, esto es, \u00abla filiaci\u00f3n, como elemento constitutivo del estado civil\u00bb; que mas all\u00e1 de que se reconozca el amparo deprecado, pretende que su reclamo sea atendido con diligencia; y que el asunto precisamente trata sobre legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado por la ley, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el sub examine el reclamante, aduciendo conculcaci\u00f3n tanto de sus derechos de primer grado como de los prevalentes de su \u00abpresunta hija\u00bb menor de edad, solicita: 1) se declare la nulidad de lo actuado en el proceso judicial criticado por indebida representaci\u00f3n legal de la menor; 2) se ordene la inscripci\u00f3n de su paternidad en el registro civil de la ni\u00f1a conforme con lo previsto en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1060 de 2006; y 3) se adec\u00fae el juicio de marras, en tanto se pretende regular el r\u00e9gimen de visitas dentro \u00abde un ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer\u00bb, lo que constituye un defecto procedimental absoluto en la actuaci\u00f3n judicial; aspectos que se analizar\u00e1n en lo sucesivo: <\/p>\n
2.1. En primer lugar, auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado todos los mecanismos con los que contaba con miras a que se declarara la nulidad pretendida. <\/p>\n
En efecto, frente a la decisi\u00f3n adoptada en la audiencia de 17 de febrero de 2021, por la cual fue desestimada la solicitud de nulidad y control de legalidad que impetr\u00f3 por indebida representaci\u00f3n de la ni\u00f1a vinculada en el litigio, el apoderado del gestor se limit\u00f3 a manifestar \u00abperfecto doctora\u00bb, lo cual trasluce que decidi\u00f3 no hacer uso de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que proced\u00edan contra la determinaci\u00f3n judicial, por fuerza de los c\u00e1nones 318 y 321, numeral 6, del actual estatuto procesal, por lo que desperdici\u00f3 los instrumentos ordinarios para propender por la soluci\u00f3n de sus reclamos dentro del proceso de conocimiento, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n constitucional solicitada, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Sobre el particular, la corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC12335-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-00338-01). <\/p>\n
Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios ordinarios que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01). <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior deviene improcedente acceder al primero de los reclamos realizados, en esta materia precisa. <\/p>\n
2.2. Se suma a lo dicho que la determinaci\u00f3n adoptada por la falladora criticada no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, en tanto se fund\u00f3 en un entendimiento razonable del contenido del registro civil de nacimiento de la menor y del objetivo del proceso que se promovi\u00f3 para lograr el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas establecido en favor del padre biol\u00f3gico. De forma literal, la jueza cognoscente asegur\u00f3 que: <\/p>\n
Y la cuesti\u00f3n\u2026 no es que el estado civil de \u00darsula se haya cambiado o variado por el hecho de que el pap\u00e1 y la mam\u00e1 la hayan ido a registrar, que se haya hecho un reconocimiento paterno por fuera de la presunci\u00f3n de paternidad\u2026 Aqu\u00ed lo que se est\u00e1 procurando, en este caso que nos ocupa hoy, es el cumplimiento de un r\u00e9gimen de visitas que se estableci\u00f3 en este despacho por mutuo acuerdo de los pap\u00e1s de \u00darsula, de cu\u00e1les pap\u00e1s? los pap\u00e1s biol\u00f3gicos, es decir, la se\u00f1ora Martha Rodr\u00edguez y el se\u00f1or Joaqu\u00edn Torres. <\/p>\n
De pronto en ese caso, en ese proceso, es decir, cuando est\u00e1bamos en el 2019\u2026-all\u00e1 pudieron haber discutido lo del estado civil de \u00darsula y lo que quisieran\u2026 solamente el que est\u00e1 discutiendo esta situaci\u00f3n es un tercero, que no est\u00e1 legitimado en la causa para actuar ac\u00e1\u2026 <\/p>\n
Ubiqu\u00e9monos primero en donde estamos parados, es un tr\u00e1mite\u2026 a trav\u00e9s del cual se est\u00e1 procurando el cumplimiento de un acuerdo de regulaci\u00f3n de visitas que se hizo en este despacho por parte de los progenitores de la ni\u00f1a\u2026 <\/p>\n
Y ahora\u2026 muy bueno lo del estado civil y que se est\u00e1 procurando el inter\u00e9s de la ni\u00f1a, es que precisamente por el inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a es que estamos en esto, de conformidad con el cap\u00edtulo primero del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia\u2026 <\/p>\n
Y seg\u00fan la teor\u00eda suya entonces tenemos que darle una vuelta a nuestro ordenamiento jur\u00eddico porque entonces la presunci\u00f3n est\u00e1 desvirtuada por cuenta de que se hizo un reconocimiento paterno. <\/p>\n
Entonces\u2026 mientras ese registro civil de \u00darsula este vigente el que tiene la patria potestad es \u00e9l\u2026 si usted va al colegio de la ni\u00f1a, si usted va a hacer cualquier actuaci\u00f3n con la ni\u00f1a, la va a sacar del pa\u00eds, no le van a preguntar que qui\u00e9n es el pap\u00e1 presunto, no, quien es el que figura en el registro civil y ese es el que tiene los derechos para representarla, para administrarle los bienes y hacer todos los atributos que le genera la patria potestad, es \u00e9l\u2026 <\/p>\n
No estamos discutiendo el estado civil de la ni\u00f1a, estamos en el cumplimiento de un acuerdo, no m\u00e1s, lo del estado civil si lo quiere discutir vaya y lo discute en otro proceso, en este no, mientras ese registro civil de \u00darsula y ese acuerdo est\u00e9 vigente, pues nos vamos a ce\u00f1ir a \u00e9l, ya si ustedes quieren impugnar el reconocimiento para hacer prevalecer la presunci\u00f3n, perfecto, vaya y lo hace en otro proceso\u2026 es que no se porque no lo han hecho\u2026 <\/p>\n
Pero mientras tanto ese registro civil es el que le da la legitimaci\u00f3n al se\u00f1or Joaqu\u00edn, para que actu\u00e9 en este caso, y esa legitimaci\u00f3n se la dio la propia Martha cuando inici\u00f3 el proceso de custodia y reglamentaci\u00f3n de visitas\u2026 en contra\u2026 del se\u00f1or Joaqu\u00edn\u2026Se reunieron en mi despacho y conciliaron el r\u00e9gimen de visitas\u2026 que cuando salieron de ah\u00ed el se\u00f1or Ner\u00f3n estaba furioso, que trat\u00f3 de agredir a todo el mundo a la salida de la audiencia cuando se dio cuenta que hab\u00edan conciliado el r\u00e9gimen, que eso inclusive dio para que se siguieran otros tr\u00e1mites posteriores. Entonces ya sabemos que el que no est\u00e1 de acuerdo y el que le est\u00e1 poni\u00e9ndole talanqueras al cumplimiento del acuerdo es el se\u00f1or Ner\u00f3n, ni siquiera la se\u00f1ora Martha\u2026 <\/p>\n
Y vuelvo\u2026 al control de legalidad, no hay lugar a reconocerle personer\u00eda a usted en representaci\u00f3n del se\u00f1or Ner\u00f3n S\u00e1nchez porque \u00e9l no est\u00e1 legitimado en la causa para actuar en este proceso, que como dije exclusivamente es para procurar el cumplimiento de un r\u00e9gimen de visitas que ya se estableci\u00f3 en otra audiencia que se llev\u00f3 a cabo en este despacho el d\u00eda 27 de junio de 2019, es eso no m\u00e1s. Y por tanto no se va a adoptar ninguna medida de saneamiento en este momento por eso… <\/p>\n
Por ende, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada por la falladora al desestimar la nulidad y control de legalidad impetrados, sin desvelar que sus argumentos transgredan irracionalmente la objetividad del marco normativo que gobierna el tr\u00e1mite judicial, en tanto resultan fundados en una hermen\u00e9utica sensata del Estatuto de Registro Civil y de la consecuente representaci\u00f3n legal, siendo relevante lo consignado en dicho estatuto, por cuanto \u00abpermite el ejercicio de los derechos civiles de las personas y conlleva el reconocimiento de unas caracter\u00edsticas y atributos propios de aquellas, entre las cuales est\u00e1n su nacionalidad, filiaci\u00f3n y nombre, adem\u00e1s de otras que resultan necesarias para el ejercicio de diferentes derechos\u00bb (CC T-023\/18). <\/p>\n
Por fuerza de lo anterior, las inferencias del sentenciador no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
2.3. En segundo lugar, en cuanto refiere a la solicitud para que se ordene la inscripci\u00f3n del promotor como padre de la ni\u00f1a, al abrigo de la presunci\u00f3n del art\u00edculo 213 del C\u00f3digo Civil, se advierte que el interesado tiene a su disposici\u00f3n instrumentos adecuados para lograr esta finalidad, incluso por la senda de un proceso verbal declarativo, del cual podr\u00e1 hacer uso con el acompa\u00f1amiento del Defensor de Familia o el Procurador Judicial de Familia competente; raz\u00f3n para rehusar la procedencia del amparo constitucional. <\/p>\n
Total, el reclamante tiene a su alcance mecanismos alternos entre los cuales se destaca el proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad, actuaci\u00f3n en la que es posible discutir la referida inscripci\u00f3n en el registro del estado civil con miras a que sea reconocido como el verdadero padre, siempre que logre demostrar el cumplimiento de los supuestos para el efecto, con garant\u00eda de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de todos los interesados. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido: <\/p>\n
\u2026cuando se impugna la paternidad o la maternidad, no simplemente est\u00e1 en disputa la verdadera filiaci\u00f3n de una persona, sino todo lo que ello implica, como es el derecho al nombre y a una familia, as\u00ed como la efectiva protecci\u00f3n que ordena la Constituci\u00f3n para con los menores y para con la familia, como n\u00facleo esencial de la sociedad, por tal raz\u00f3n y, siempre que sea posible, el juez a petici\u00f3n de parte vincular\u00e1 a los presuntos padres biol\u00f3gicos, para que la paternidad o la maternidad, seg\u00fan el caso, sea reconocida en el proceso\u201d (se subraya). <\/p>\n
El sentido de la legislaci\u00f3n nacional es coherente con lo dispuesto por algunos instrumentos internacionales, v.gr., la Convenci\u00f3n Internacional de los Derechos del Ni\u00f1o, aprobada por las Naciones Unidas en el mes de noviembre de 1989, en cuyo art\u00edculo 7.1 se dispone que \u201c[e]l ni\u00f1o ser\u00e1 inscrito inmediatamente despu\u00e9s de su nacimiento y tendr\u00e1 derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos\u201d. (CSJ, SC, 28 feb. 2013, rad. 2006-00537-01). <\/p>\n
Esto debido a que, como el interesado pretende una modificaci\u00f3n sustancial al registro civil, tal determinaci\u00f3n debe alcanzarse por la senda judicial, como lo establece el art\u00edculo 95 del Decreto 1260 de 1970, a cuyo tenor: \u00abToda modificaci\u00f3n de una inscripci\u00f3n en el registro del estado civil que envuelva un cambio de estado, necesita de escritura p\u00fablica o decisi\u00f3n judicial firme que la ordena o exija, seg\u00fan la ley\u00bb. <\/p>\n
Sobre esta materia la Sala tiene dicho, in extenso: <\/p>\n
2.2. Una cosa son las acciones relativas al estado civil y otra son los mecanismos previstos para corregir y reconstruir actas y folios cuando existen yerros en el mismo, o en su proceso de extensi\u00f3n, otorgamiento y autorizaci\u00f3n prestado por el funcionario que lo registra (art. 28 y 29 Dto. 1260 de 1970). <\/p>\n
El procedimiento de correcci\u00f3n del registro civil se encuentra regulado por el precepto 91 del Decreto 1260 de 1970 (\u2026) Del texto citado fluyen las siguientes hip\u00f3tesis: <\/p>\n
Primer grupo: \u201c(\u2026) correcciones con el fin de ajustar la inscripci\u00f3n a la realidad\u201d (art. 91 Dto. 1260 de 1970); sin perjuicio de las decisiones judiciales que sobre ellas recayeren (\u2026)\u201d (art. 93 ib\u00edd.). Estandariza dos situaciones: <\/p>\n
2. Correcciones por escritura p\u00fablica cuando corresponda a yerros \u201c(\u2026) diferentes [a los] mecanogr\u00e1ficos, ortogr\u00e1ficos y aqu\u00e9llos que se establezcan con la comparaci\u00f3n del documento antecedente o con la sola lectura del folio (\u2026)\u201d. En este caso el otorgante \u201c(\u2026) expresar\u00e1 (\u2026) las razones de la correcci\u00f3n y protocolizar\u00e1 los documentos que la fundamenten (\u2026)\u201d. Autorizada la escritura, se proceder\u00e1 a la sustituci\u00f3n del folio correspondiente, y en el nuevo folio se consignar\u00e1n los datos correctos. <\/p>\n
Segundo grupo: Correcciones \u201cpara alterar el registro civil\u201d. Implican variar la realidad de los datos insertos en el registro, sea porque esta es falsa, err\u00f3nea o simulada, modificaci\u00f3n que por virtud del art. 95 del mismo Estatuto demanda decisi\u00f3n judicial en firme: \u201c(\u2026) Toda modificaci\u00f3n de una inscripci\u00f3n en el registro del estado civil que envuelva un cambio de estado, necesita (de escritura p\u00fablica) o decisi\u00f3n judicial en firme que la ordene o exija, seg\u00fan la ley civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El segundo grupo entra\u00f1a una modificaci\u00f3n o alteraci\u00f3n del estado civil, porque no corresponde a la realidad. En este caso, de ning\u00fan modo pueden efectuarse por v\u00eda administrativa, sino por el sendero de la decisi\u00f3n judicial, porque no es un aspecto formal, sino sustancial, as\u00ed concierna a la fecha de nacimiento cuando los elementos antecedentes o simult\u00e1neos al registro no lo muestren patentemente, porque ello se relaciona con la capacidad de ejercicio de los derechos pol\u00edticos de las personas, etc.; o cuando se refiera al lugar de nacimiento, cuando implica cambio de nacionalidad; y mucho m\u00e1s cuando apareja modificaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n paterna o materna. De tal forma que cuando se transita por la senda de lo simulado o de lo falso, o se procura alterar injustificadamente el estado civil, o los pilares de la filiaci\u00f3n, en fin un aspecto nodal, corresponde al juez decidir tema tan crucial, porque no se trata de un mero error de comparaci\u00f3n, o de \u201cerrores mecanogr\u00e1ficos, ortogr\u00e1ficos\u201d o de aquellos que se establezcan con la confrontaci\u00f3n del documento antecedente id\u00f3neo. (CSJ, STC3474, 19 mar. 2014, rad. n.\u00b0 2013-00933-01, reiterada STC4267, 8 jul. 2020, rad. n.\u00b0 2020-01323-00). <\/p>\n
2.4. Se agrega a lo expuesto que, si bien el impugnante refiere que la anotada inscripci\u00f3n de su paternidad en el registro civil de la ni\u00f1a fue denegada por las \u00abnotar\u00edas\u00bb, no incluy\u00f3 una queja concreta frente a ninguna de ellas, ni prueba que demuestre dicha afirmaci\u00f3n, lo cual impide efectuar alguna labor procesal para poder evaluar una supuesta conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales en esta materia. <\/p>\n
2.5. En tercer lugar, en cuanto hace a la solicitud para que, por v\u00eda de acci\u00f3n de tutela, se modifique el tr\u00e1mite judicial impulsado por el padre biol\u00f3gico, se advierte improcedente pues no ha sido elevada ante el fallador de conocimiento, lo que torna inviable el resguardo debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario, como ya se explic\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
Con todo, se observa que la jueza de familia criticada en la audiencia de 17 de febrero de 2021, despu\u00e9s de revisar las pruebas, indic\u00f3 \u00abeste tr\u00e1mite es incidental\u00bb, ante lo que el apoderado de la parte demandada solicit\u00f3 se aclarara si la actuaci\u00f3n era un \u00abejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer\u00bb o un \u00abtr\u00e1mite incidental dentro del proceso verbal sumario\u00bb, pues no le hab\u00eda quedado claro en la diligencia anterior, frente a lo que la falladora le precis\u00f3 \u00abentonces, voy a proceder a hacerlo en este momento\u2026\u00bb, instante en el cual reiter\u00f3 que se trataba de un incidente. <\/p>\n
As\u00ed que, por fuerza de la decisi\u00f3n judicial, se modific\u00f3 la naturaleza de la actuaci\u00f3n, en el sentido de adecuarlo a lo que ahora pretende el promotor de la tutela, de all\u00ed que la queja devenga insustancial; determinaci\u00f3n frente a la cual, valga la pena mencionarlo, no se alz\u00f3 cr\u00edtica, pues el apoderado judicial afirm\u00f3 que la adecuaci\u00f3n no se hizo en la primera audiencia sin ninguna otra manifestaci\u00f3n, desperdiciando as\u00ed el dispositivo id\u00f3neo para formular la solicitud ante el juez de instancia con el fin de controvertir la decisi\u00f3n de adecuarlo. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. No obstante lo expuesto, advierte la Corte que, dadas las especiales particularidades de este asunto, procede la excepcional intervenci\u00f3n oficiosa, en aras de salvaguardar esencialmente el inter\u00e9s superior de la infante a que se refiere la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3.1. Resulta oportuno destacar que el juez de tutela, cuando los asuntos a su cargo lo impongan, al evidenciar el desconocimiento de garant\u00edas esenciales, est\u00e1 investido de facultades especiales para emitir decisiones ultra y extra petita en pro del principio de prevalencia del derecho sustancial (art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
3.2. En sustento, es pertinente recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuado desarrollo, en garant\u00eda de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir la formaci\u00f3n de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
Aunado a que la Corte Constitucional ha dejado sentado que \u00abla interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n contempla que la protecci\u00f3n de la familia no se limita a su forma nuclear. La circunstancia descrita lleva a que sea imperativo visibilizar la recomposici\u00f3n de la familia y la existencia de nuevos desaf\u00edos para la sociedad, el Estado y los padres en la relaci\u00f3n con sus hijos, entre los cuales se cuenta la necesidad de garantizar que, pese a la ruptura de los lazos afectivos entre los padres, se deba velar porque el ni\u00f1o conserve las relaciones con los dos, en igualdad de condiciones\u00bb; y que el \u00abderecho fundamental de los ni\u00f1os a tener una familia y a no ser separados de ella (art. 44 C.P.) cobija a los ni\u00f1os o adolescentes que hagan parte de una familia nuclear, de una que haya sufrido ruptura en los v\u00ednculos de los padres as\u00ed como a las familias de crianza, monoparentales y ensambladas\u00bb. <\/p>\n
3.3. De otro lado, el art\u00edculo 5\u00ba del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia ense\u00f1a que \u00ab[l]as normas sobre los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, contenidas en [ese] c\u00f3digo, son de orden p\u00fablico, de car\u00e1cter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicar\u00e1n de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes\u00bb; igualmente el precepto 9\u00ba de la misma codificaci\u00f3n resalta que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
3.4. En el presente caso se hace necesaria la intervenci\u00f3n oficiosa, en aras del referido inter\u00e9s superior de \u00darsula Torres Rodr\u00edguez, para garantizar que pueda disfrutar de la compa\u00f1\u00eda y amor de su padre biol\u00f3gico, sin resultar afectada por la controversia existente entre sus padres. <\/p>\n
Inicialmente es de destacar que, conforme al canon 22 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes tienen derecho a tener una familia y a no ser separados de ella; por tanto, todas las medidas de hecho tendientes a impedir que forme o conserve los lazos familiares deben ser reprendidas, incluso por la v\u00eda constitucional, de suerte que las decisiones judiciales que se adopten en los juicios que los involucran deben ser oportunas y con el menor traumatismo posible. <\/p>\n
En consecuencia, estima la Sala que debe propender porque la ni\u00f1a pueda restablecer y afianzar su v\u00ednculo con su progenitor, evitando un distanciamiento por fuerza de los problemas existentes entre sus padres biol\u00f3gicos. <\/p>\n
La relaci\u00f3n con el padre biol\u00f3gico no puede acotarse a unos pocos instantes, menguados con el paso de los d\u00edas, sino que debe ser permanente, constante y presente, con independencia de que no sea el responsable permanente de su custodia; de esta forma se garantiza un v\u00ednculo afectivo s\u00f3lido, que contribuya a la estabilidad emocional de la ni\u00f1a, logrando que tenga influencia positiva en la formaci\u00f3n y desarrollo de su personalidad. Adem\u00e1s, un desarraigo prolongado con el progenitor puede causar quebrantamientos en su relaci\u00f3n padre-hija, que ser\u00e1n insalvables de extenderse en el tiempo y que, al final de cuentas, afectar\u00e1 la forma en que se desenvuelve con su entorno. <\/p>\n
Ya la Corte ha indicado, en palabras aplicables al presente caso, mutatis mutandi, que: <\/p>\n
\u2026 Los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes no pueden ser tratados como trofeos de la contienda personal y patrimonial que exista entre sus padres; por el contrario, se les deben brindar las garant\u00edas para que, a pesar de la ruptura sentimental de sus padres, puedan crecer en un ambiente donde adquiera relevancia la progenitura responsable con la intervenci\u00f3n de ambos padres de ser posible, en procura de lograr el desarrollo arm\u00f3nico e integral de los ni\u00f1os, su estabilidad, su seguridad y el afianzamiento del sentimiento de valoraci\u00f3n a trav\u00e9s de la familia. <\/p>\n
A\u00fan cuando los padres est\u00e9n separados por diversas razones, la convivencia familiar con los hijos se debe garantizar en la medida que responda al inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, pues el divorcio, la nulidad del matrimonio, la separaci\u00f3n de cuerpos de los padres o la finalizaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, no afecta el estatus y los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en tanto la relaci\u00f3n filial permanece y con ello los deberes y las obligaciones que se adscriben a los progenitores (CC T-384\/18). <\/p>\n
Aunado, a que sobre el derecho a las visitas se ha precisado que: <\/p>\n
\u2026en los t\u00e9rminos en que se encuentra establecido en la legislaci\u00f3n, la crianza y la educaci\u00f3n de los hijos constituyen no solo un deber de los padres, sino tambi\u00e9n un derecho de los menores de edad. <\/p>\n
En similar sentido, pero esta vez respecto del r\u00e9gimen de visitas, esta Corte ha establecido desde sus primeros pronunciamientos que (i) las visitas le permiten al ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente mantener y seguir desarrollando las relaciones afectivas con sus progenitores, as\u00ed como recibir de \u00e9stos el cuidado y amor que demandan y (ii) tambi\u00e9n es un sistema que permite mantener un equilibrio entre los padres separados para ejercer sobre sus hijos los derechos derivados de la patria potestad y de la autoridad paterna. En ese sentido, para esta Corte las visitas no son s\u00f3lo un mecanismo para proteger al ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, sino que permiten el restablecimiento de la familia y refuerzan la unidad familiar. Seg\u00fan ha sido precisado por este Tribunal: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cada uno de los padres tiene derecho a mantener una relaci\u00f3n estable y libre de condicionamientos frente a sus hijos; y tiene, adem\u00e1s la facultad de desarrollar su relaci\u00f3n afectiva como la considere pertinente, siempre y cuando no lesione los intereses prevalentes del menor. Por esta raz\u00f3n, cada uno de los c\u00f3nyuges debe respetar la imagen del otro frente a sus hijos, no debe aprovecharse de su situaci\u00f3n de privilegio, frente a aquel que no tiene la tenencia del menor, para degradarlo y menospreciarlo, olvidando que su funci\u00f3n es buscar el desarrollo integral de los hijos\u201d. <\/p>\n
Es decir que las visitas son un dispositivo que facilita el acercamiento y la convivencia entre padres e hijos. Se trata entonces de un instrumento que contribuye al desarrollo integral del menor de edad en tanto hace posible que la relaci\u00f3n con cada uno de sus padres se desarrolle en la mayor medida posible, a\u00fan en el contexto de las dificultades suscitadas entre ellos\u2026 (CC T-311\/17). <\/p>\n
Por consiguiente, el inter\u00e9s superior de \u00darsula Torres Rodr\u00edguez reclama adoptar medidas para garantizar el contacto con su padre biol\u00f3gico, hasta tanto se tome una decisi\u00f3n de fondo que resuelva el conflicto existente entre sus progenitores sometido a componenda judicial; en consecuencia, se dispondr\u00e1n medidas tendientes a facilitar y restablecer de manera inmediata las relaciones paterno-filiales, con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la asistencia permanente de un equipo interdisciplinario que acompa\u00f1e a los padres y dem\u00e1s integrantes del c\u00edrculo familiar directamente concernidos. <\/p>\n
En concreto, las entidades mencionadas deber\u00e1n dise\u00f1ar un plan y ponerlo en ejecuci\u00f3n para reestablecer, acompa\u00f1ar y hacer seguimiento a las relaciones filiales, que incluya un tratamiento individual para Joaqu\u00edn Torres y Ner\u00f3n S\u00e1nchez, con el fin de que comprendan que los derechos de \u00darsula Torres Rodr\u00edguez prevalecen sobre sus preferencias personales, as\u00ed como el rol que cada uno tiene dentro de su formaci\u00f3n y desarrollo individual. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n a lo anterior, encuentra la Corporaci\u00f3n que los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente dan cuenta de que la infante, adem\u00e1s de su v\u00ednculo filial, comparte su cotidianidad con el promotor de la presente acci\u00f3n tutela. <\/p>\n
4.1. As\u00ed se extrae tanto de las manifestaciones de Joaqu\u00edn Torres, de Martha Rodr\u00edguez y del ahora accionante en tutela, as\u00ed como del informe psicosocial de 11 de marzo del 2020, en el que se se\u00f1al\u00f3 \u00abes importante resaltar en este caso, el deseo e inter\u00e9s del se\u00f1or Joaqu\u00edn por ejercer su funci\u00f3n paterna y por tanto participar de manera activa en el proceso de crianza de su hija \u00darsula; de igual manera, es innegable la significancia del se\u00f1or Ner\u00f3n (padre social) para la ni\u00f1a, a quien se\u00f1ala aunado a la progenitora como sus referentes afectivos\u00bb, concluy\u00e9ndose que la menor \u00abpertenece a una familia de tipolog\u00eda extensa, conformada en la actualidad por la abuela por l\u00ednea materna, la madre, el padre social y la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Situaci\u00f3n conocida y asentida por el padre biol\u00f3gico, quien asegur\u00f3 haber \u00absoportado, asumido y asimilado que a \u00darsula le hayan ense\u00f1ado que el se\u00f1or Ner\u00f3n S\u00e1nchez es su pap\u00e1, y que los padres de \u00e9ste son sus abuelos; la ni\u00f1a de manera inocente se expresa en t\u00e9rminos de \u201cpap\u00e1 Ner\u00f3n\u201d a mi me trata temerosamente como Joaqu\u00edn en los momentos en los que su madre est\u00e1 presente durante las pocas llamadas o contactos que he podido establecer\u00bb, frente a lo cual manifest\u00f3 \u00abque est\u00e1 bien que \u00e9l tenga un rol afectivo en su vida, m\u00e1s eso no lo hace acreedor de un derecho a suplantar o a atribuirse un atributo legal, social o civil en la vida de \u00darsula\u00bb. <\/p>\n
Dicho en breve, \u00darsula Torres Rodr\u00edguez, adem\u00e1s del v\u00ednculo con su padre biol\u00f3gico, tiene uno material con Ner\u00f3n S\u00e1nchez, el cual ha sido aceptado por todos los integrantes del n\u00facleo familiar, aunque con resquemores. <\/p>\n
4.2. El reconocimiento de esta pluralidad de v\u00ednculos no ha sido extra\u00f1a a nuestra tradici\u00f3n jur\u00eddica, impulsada por una realidad sociol\u00f3gica que ha transformado la noci\u00f3n de familia, al punto que se ha propendido por su salvaguarda. <\/p>\n
Es pac\u00edfico que el esquema o paradigma original de la familia ha ido y seguir\u00e1 adapt\u00e1ndose conforme pasa el tiempo, por cuanto la sociedad presenta novedosas formas de interrelaci\u00f3n, dejando atr\u00e1s la concepci\u00f3n de que la familia \u00fanicamente es la de un hombre y una mujer que deciden conformarla y sus hijos comunes, sino que puede tener diversas expresiones, como por ejemplo las familias ensambladas, monoparentales, heteroafectivas, homoafectivas, ampliadas e, incluso, pluriparentales. <\/p>\n
Formas que tienen resguardo en nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en particular, en el art\u00edculo 44, de acuerdo con la hermen\u00e9utica dispensada por el m\u00e1ximo Tribunal de esa jurisdicci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abla interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n contempla que la protecci\u00f3n de la familia no se limita a su forma nuclear. La circunstancia descrita lleva a que sea imperativo visibilizar la recomposici\u00f3n de la familia y la existencia de nuevos desaf\u00edos para la sociedad, el Estado y los padres en la relaci\u00f3n con sus hijos, entre los cuales se cuenta la necesidad de garantizar que, pese a la ruptura de los lazos afectivos entre los padres, se deba velar porque el ni\u00f1o conserve las relaciones con los dos, en igualdad de condiciones\u00bb; y que el \u00abderecho fundamental de los ni\u00f1os a tener una familia y a no ser separados de ella (art. 44 C.P.) cobija a los ni\u00f1os o adolescentes que hagan parte de una familia nuclear, de una que haya sufrido ruptura en los v\u00ednculos de los padres as\u00ed como a las familias de crianza, monoparentales y ensambladas\u00bb (T-311\/17). <\/p>\n
4.2.1. De anta\u00f1o la Sala ha dicho que, incluso en los casos que judicialmente deba prevalecer el lazo biol\u00f3gico por fuerza de una acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de paternidad o maternidad, corresponde al sentenciador de instancia <\/p>\n
(\u2026) buscar, a trav\u00e9s de todos los instrumentos legales de que dispone, como por medio de la asistente social\u2026, la eficaz colaboraci\u00f3n en la orientaci\u00f3n sicol\u00f3gica y social de la ni\u00f1a [ni\u00f1o o adolescente] y de sus familiares, que le permitan a aqu\u00e9lla asumir, con el m\u00ednimo de desconcierto, la transici\u00f3n sobreviniente de la sentencia, por supuesto que este pronunciamiento no implica por s\u00ed mismo desconocer abruptamente las circunstancias en las cuales ella actualmente se desenvuelve, ni el entorno afectivo que en el momento ostenta, todo con el prop\u00f3sito fundamental de contribuir a su desarrollo arm\u00f3nico e integral, tal y como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 44 y 45 de la Carta Pol\u00edtica (negrilla fuera de texto, SC, 4 may. 2005, rad. n.\u00b0 2000-00301-01). <\/p>\n
Tesis reiterada a\u00f1os m\u00e1s tarde: <\/p>\n
En todo caso, advierte la Corte que el juzgador encargado de ejecutar la resoluci\u00f3n\u2026 deber\u00e1 promover, como mecanismo para salvaguardar el inter\u00e9s superior del menor actuante en este proceso, reconocido en los art\u00edculos 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 8 de la ley 1098 de 2006, las medidas necesarias para mitigar las afectaciones sociales y sicol\u00f3gicas que el cambio de paternidad pueda irrogarle. <\/p>\n
<\/p>\n
Para tales fines, se tendr\u00e1 en cuenta la calidad de los v\u00ednculos fraternos construidos entre el infante y quien se predicaba su progenitor, los cuales no podr\u00e1n verse interrumpidos en perjuicio de aqu\u00e9l. Recu\u00e9rdese que, seg\u00fan el mandato constitucional en cita, son derechos fundamentales de los menores la salud, el cuidado y el amor, los cuales no est\u00e1n atados a una condici\u00f3n biol\u00f3gica, sino a un v\u00ednculo social y afectivo, que debe ser objeto de protecci\u00f3n (negrilla fuera de texto, SC280, 20 feb. 2018, rad. n.\u00b0 2010-00947-01). <\/p>\n
4.2.2. Adem\u00e1s, en sede de tutela se afianz\u00f3 el reconocimiento de los que han sido denominados \u00abv\u00ednculos de crianza\u00bb, entendidos como la asunci\u00f3n voluntaria y libre de la calidad de padre, madre, hijo, hermano, sobrino o cualquier otra, entre quienes carecen de un v\u00ednculo consangu\u00edneo o adoptivo, por fuerza de la incorporaci\u00f3n voluntaria de un nuevo integrante a la comunidad dom\u00e9stica. <\/p>\n
La Sala, refiri\u00e9ndose a esta forma de familia, ha dicho: <\/p>\n
\u2026[L]a Jurisprudencia desarrollada por las Altas Cortes ha sido coincidente, en orden a ir m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites all\u00ed trazados, entendiendo que la familia no solo se constituye por el v\u00ednculo biol\u00f3gico o jur\u00eddico, sino tambi\u00e9n a partir de las relaciones de hecho o crianza, edificadas en la solidaridad, el amor, la protecci\u00f3n, el respeto, en fin, en cada una de las manifestaciones inequ\u00edvocas del significado ontol\u00f3gico de una familia\u2026 <\/p>\n
En el \u00e1mbito jur\u00eddico colombiano las relaciones de familia est\u00e1n determinadas por v\u00ednculos biol\u00f3gicos o jur\u00eddicos, as\u00ed para efectos de establecer la filiaci\u00f3n de una persona las presunciones consagradas por la ley tienen su fuente en el trato sexual entre los presuntos padres, no obstante, a pesar de que la mayor\u00eda de normas que regulan el tema de la filiaci\u00f3n est\u00e1n encaminados a establecer el v\u00ednculo consangu\u00edneo entre los presuntos padres y el presunto hijo, el ordenamiento legal de anta\u00f1o, consagr\u00f3 una presunci\u00f3n de paternidad extramatrimonial, donde no se exig\u00eda como requisito para establecerla las relaciones carnales del demandado con la madre del demandante , determinando que hay lugar a declararla judicialmente, \u00abcuando se acredita la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo\u00bb. <\/p>\n
Es as\u00ed como el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968, previ\u00f3 la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo como presunci\u00f3n de paternidad extramatrimonial, la cual cumple probarse conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba de la Ley 45 de 1936 y el 398 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 75 de 1968, figura que a pesar de su vetustez continua vigente, pues no fue modificada por las Leyes 29 de 1982, 721 de 2001 y 1564 de 2012 (C\u00f3digo General del Proceso) (CSJ STC6009, 9 may. 2018, rad. 2018-00071-01). <\/p>\n
A\u00f1os atr\u00e1s hab\u00eda manifestado: <\/p>\n
El grupo familiar est\u00e1 compuesto no solo por padres, hijos, hermanos, abuelos y parientes cercanos, sino que incluye tambi\u00e9n a personas entre quienes no existen lazos de consanguinidad, pero pueden haber relaciones de apoyo y afecto incluso m\u00e1s fuertes, de ah\u00ed que no haya una \u00fanica clase de familia, ni menos una forma exclusiva para constituirla. <\/p>\n
Se distinguen entonces diversas clases de familia, por adopci\u00f3n, matrimonio, uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes, de crianza, monoparentales y ensambladas, como lo defini\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2011 (CSJ STC14680, 23 oct. 2015, rad. 2015-00361-02). <\/p>\n
4.2.3. Modernamente, en algunas legislaciones que comparten nuestra tradici\u00f3n jur\u00eddica, se ha desarrollado el concepto de la multiparentalidad, multiparentesco o plurifiliaci\u00f3n, en donde se ha precisado que el parentesco no siempre se asocia al v\u00ednculo consangu\u00edneo, cierto o presunto, sino que puede emanar de la voluntariedad5. <\/p>\n
\u2026las familias pluriparentales pueden conformarse de manera originaria \u2013 previo al nacimiento del ni\u00f1o existen tres o m\u00e1s personas que quieren ser eventualmente tenidas como progenitores\u2013, o derivada \u2013el proyecto de ra\u00edz monoparental o biparental se vuelve triple o m\u00faltiple tras el nacimiento del ni\u00f1o\u2013. A su vez, los adultos pueden o no estar vinculados por una relaci\u00f3n afectiva entre ellos; lo que introduce otro gran debate actual en materia de Derecho de las familias vinculado al fen\u00f3meno conocido como poliamor. T\u00e9rmino acu\u00f1ado por la doctrina y jurisprudencia brasileras… As\u00ed las cosas, el fen\u00f3meno de la pluriparentalidad viene a poner en crisis una m\u00e1xima del Derecho filial muy arraigada en la tradici\u00f3n jur\u00eddica; esto es la regla binaria por la cual nadie puede tener m\u00e1s de dos v\u00ednculos filiales6. <\/p>\n
La variedad de posibilidades que, am\u00e9n de los adelantos tecnol\u00f3gicos, pueden servir para la procreaci\u00f3n, como sucede con donantes de material gen\u00e9tico, reproducci\u00f3n asistida, gestaci\u00f3n subrogada, etc., muestran que en el proceso de concepci\u00f3n y nacimiento pueden intervenir m\u00faltiples personas, muchas de las cuales no se limitan a intromisiones puntuales sino que alcanzan tintes de permanencia, que reclaman un nuevo entendimiento del parentesco y han tra\u00eddo consigo preguntas sobre qui\u00e9nes son los ascendientes, m\u00e1s all\u00e1 de la gen\u00e9tica, para fincar en la intencionalidad un insumo importante de la condici\u00f3n de progenitor7. <\/p>\n
El tema ha sido y sigue desarroll\u00e1ndose por diversas autoridades judiciales, am\u00e9n de que es una realidad que penetra con fuerza la modernidad y merece la atenci\u00f3n del sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
Ciertamente, en pa\u00edses como Canad\u00e1 (Columbia Brit\u00e1nica y Ontario), se \u00abprev\u00e9 un tr\u00e1mite administrativo de reconocimiento de parentalidades m\u00faltiples sobre la base del reconocimiento de la autonom\u00eda de la voluntad para casos de pluriparentalidad originaria derivadas de TRHA y filiaci\u00f3n biol\u00f3gica (solo en el Estado de Ontario) que hayan sido contempladas en un acuerdo por escrito de forma previa a la concepci\u00f3n del ni\u00f1o\/a. La legislaci\u00f3n de Ontario por ejemplo, fija un l\u00edmite de hasta cuatro partes en el acuerdo\u00bb; mientras que en Estados Unidos \u00ablas legislaciones de los Estados de Maine y California\u2026 regulan un tr\u00e1mite judicial y condicionan el reconocimiento legal de la pluriparentalidad si ello responde al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o. El alcance del reconocimiento recae \u00fanicamente en supuestos de pluriparentalidad derivada; por lo que \u00fanicamente es h\u00e1bil respecto a filiaciones biol\u00f3gicas u adoptivas. Tanto en California (Estados Unidos) como en Ontario (Canad\u00e1) se regulan los efectos jur\u00eddicos de este reconocimiento\u00bb8. <\/p>\n
Asimismo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil emiti\u00f3 decisi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026el 22\/09\/2016, en un caso donde una ni\u00f1a fue reconocida por el esposo de su madre y cuidada por \u00e9l como si fuese su hija biol\u00f3gica durante m\u00e1s de veinte a\u00f1os. El progenitor de la joven, comprobado su estatus de padre biol\u00f3gico, reclam\u00f3 inscribirla como su hija. <\/p>\n
El Tribunal reconoci\u00f3 el derecho de ambos progenitores. Entre sus argumentos m\u00e1s relevantes se destacan: <\/p>\n
\u00abLa paternidad socioafectiva, declarada o no en el registro p\u00fablico, no impide el reconocimiento del v\u00ednculo de filiaci\u00f3n concomitante basado en el origen biol\u00f3gico, con todas sus consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales (\u2026) <\/p>\n
Resulta imperioso reconocer, a todos los fines de derecho, los v\u00ednculos parentales de origen afectivo y biol\u00f3gico, a fi n de proveer la m\u00e1s completa y adecuada tutela a los sujetos involucrados; la omisi\u00f3n legislativa en cuanto al reconocimiento de los m\u00e1s diversos dise\u00f1os familiares no puede servir de excusa para negar protecci\u00f3n a situaciones de parentalidad\u00bb. <\/p>\n
Los jueces brasileros, siempre a la vanguardia en temas de familia, entre sus fundamentos incorporan un novedoso concepto vinculado a una acepci\u00f3n m\u00e1s moderna del derecho a la dignidad; el derecho humano a la felicidad. As\u00ed explican que <\/p>\n
\u00abel derecho a la b\u00fasqueda de la felicidad funciona como un escudo del ser humano frente a las tentativas del Estado de encuadrar su realidad familiar en modelos previamente concebidos por la ley; es el derecho el que debe amoldarse a las voluntades y necesidades de las personas y no al rev\u00e9s (\u2026) En el campo de la familia se entiende que la dignidad humana exige la superaci\u00f3n de los obst\u00e1culos impuestos por dise\u00f1os legales al pleno desarrollo de los formatos de familia construidos por los propios individuos en sus relaciones afectivas interpersonales\u00bb\u20269 <\/p>\n
Luego, a partir del referido pronunciamiento del mencionado Supremo Tribunal Federal, se arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que: <\/p>\n
\u2026termin\u00f3 desafiando el principio tradicional de que una persona s\u00f3lo puede tener dos padres legalmente reconocidos, al fallar una paternidad biol\u00f3gica y mantenerse la paternidad socioafectiva: una pluriparentalidad. <\/p>\n
As\u00ed, la hija, como consecuencia de este proceso, pas\u00f3 a tener una madre y dos padres. En este caso se discute la posibilidad de reconocer una doble paternidad, i.e. se cuestionaba la prevalencia o no de la paternidad socioafectividad (sustentada en la intenci\u00f3n) sobre la paternidad biol\u00f3gica (ADN); se hace trascender m\u00e1s al progenitor (aquel que engendra) que al padre (aquel que cr\u00eda). En l\u00edneas de lo resuelto, acorde con los principios que inspiran el Derecho Constitucional y el Derecho civil, la responsabilidad del padre biol\u00f3gico debe ser s\u00edmil a la del padre socioafectivo, acept\u00e1ndose ambas paternidades. <\/p>\n
La Corte brasilera reconociendo que la protecci\u00f3n jur\u00eddica de la doble paternidad es una realidad en diversos pa\u00edses, como forma de garantizar al individuo el derecho a la felicidad, y el reconocimiento de la familia y los v\u00ednculos, se posicion\u00f3 por la imposibilidad de jerarquizar las relaciones afectivas, a pesar que el v\u00ednculo recurrente de la relaci\u00f3n de afecto puede ser tanto m\u00e1s fuerte que el v\u00ednculo biol\u00f3gico. <\/p>\n
El criterio jurisprudencial, sustentado en el principio de igualdad y del inter\u00e9s superior del menor, afirma un nuevo precedente en relaci\u00f3n a la ausencia de jerarqu\u00eda entre las paternidades socioafectiva y biol\u00f3gica, poni\u00e9ndose fin a las dudas sobre la posibilidad legal de la pluriparentalidad en Brasil10. <\/p>\n
En Argentina, si bien en el art\u00edculo 588 del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n se dispone que \u00abninguna persona puede tener m\u00e1s de dos v\u00ednculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiaci\u00f3n\u00bb, lo cierto es que en la \u00faltima reforma se incorporaron las t\u00e9cnicas de reproducci\u00f3n humana asistida, adicionales a las ya reconocidas por filiaci\u00f3n y adoptiva11. Con ocasi\u00f3n de este cambio, la jurisprudencia reconoci\u00f3 como progenitores a m\u00e1s de dos (2) personas al tiempo. <\/p>\n
En efecto, la C\u00e1mara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en un asunto en el que un menor permaneci\u00f3 bajo el cuidado de una pareja, pero mantuvo siempre contacto con la madre y todos participaban en las decisiones importantes, tras ponderar que el menor quer\u00eda que se mantuviera su cotidianidad, conserv\u00f3 la decisi\u00f3n de ordenar la inscripci\u00f3n en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de los tres (3) padres, \u00aba los que les asisten los mismos derechos y obligaciones que derivan del instituto de la responsabilidad parental\u00bb12. <\/p>\n
Asimismo, la C\u00e1mara Segunda de Apelaci\u00f3n de la Provincia de Buenos Aires, en un caso en el que la menor ten\u00eda sus padres biol\u00f3gicos y a quien llamaba tambi\u00e9n progenitor, dej\u00f3 sentado que: <\/p>\n
\u2026La compleja trama humana que se ha desarrollado en la vida de E., exige que la soluci\u00f3n jurisdiccional abastezca adecuada y completamente todos los aspectos que se despliegan; que tanto el v\u00ednculo parental de origen afectivo, como el biol\u00f3gico, concurran al desarrollo de su vida. <\/p>\n
No corresponde al Estado proveer una soluci\u00f3n dilem\u00e1tica, de rigidez normativa, sustentada exclusivamente en la ausencia del reconocimiento legal de dise\u00f1os familiares diversos, y de esa manera negar aprior\u00edsticamente una situaci\u00f3n de pluriparentalidad que los propios adultos protagonistas admiten, y que, solamente su pleno desarrollo en el tiempo, mediante el conocimiento y cultivo del v\u00ednculo paterno filial de E. con su padre biol\u00f3gico, en forma concomitante con el curso del v\u00ednculo socioafectivo que goza desde su nacimiento, dir\u00e1 qu\u00e9 matices y profundidad alcanzar\u00e1n. <\/p>\n
Esto nos conduce a destacar la trascendencia que tiene el control de constitucionalidad de las leyes, expresi\u00f3n de la supremac\u00eda del orden constitucional que recepta el art\u00edculo 31 de la Carta Magna, instrumento que nace por creaci\u00f3n pretoriana de la Corte Suprema de Estados Unidos en el c\u00e9lebre caso \u201cMarbury vs. Madison\u201d, en el a\u00f1o 1803\u2026 <\/p>\n
Las circunstancias f\u00e1cticas expuestas, y las consideraciones vertidas requieren que sea declarada de oficio la inconstitucionalidad para el caso, del art\u00edculo 558 del C\u00f3digo Civil y Comercial, por ser violatorio a los art\u00edculos 7 y 8, Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, XVII, Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 6, Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos; 3 y 19, Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, 16 y 24, Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Pol\u00edticos, 10.3 del Pacto Internacional por los Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, 31, 33, 75 inc. 22, Constituci\u00f3n Nacional, y 12, inc. 2), Constituci\u00f3n Provincial, a fin de establecer que E. ostenta, adem\u00e1s del v\u00ednculo filial con su madre J. C., el v\u00ednculo paterno filial de origen socioafectivo con L. E. P. y el v\u00ednculo paterno filial de origen biol\u00f3gico con F. F. <\/p>\n
Se concluye entonces que E., nacida el 23 de mayo de 2015, en la ciudad de La Plata Provincia de Buenos Aires, anotada bajo el acta n\u00b0 1 411 2\u00aa el d\u00eda 15 de junio de 2015, es hija de J. C., L. E. P. y de F. F., lo que deber\u00e1 anotarse en el Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Buenos Aires. Mediante esta anotaci\u00f3n se adicionar\u00e1 el apellido de su progenitor biol\u00f3gico a continuaci\u00f3n del de su padre socioafectivo (arts. 62, 63, 64 y ccs., C\u00f3digo Civil y Comercial). XI. Ha de propiciarse igualmente, que de manera inmediata y urgente, en el plazo de 48 horas, se forme en la instancia de origen el incidente de vinculaci\u00f3n de E. con su padre F. F., proceso que se llevar\u00e1 a cabo con la asistencia conjunta de la Licenciada a cargo de la terapia que vienen llevando a cabo C. y P., M. d. L. M. (o quien la reemplace) y un Perito Psic\u00f3logo del cuerpo t\u00e9cnico del Juzgado de Familia (arts. 9 y 18, Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o)13. <\/p>\n
De tal suerte que en el derecho comparado se reconoce que la pluriparentalidad, multiparentesco o multifiliaci\u00f3n tiene su origen, bien en la participaci\u00f3n en el nacimiento de un ni\u00f1o o ni\u00f1a con apoyo en t\u00e9cnicas de reproducci\u00f3n asistida, o por la voluntariedad de acoger a una persona como parte del n\u00facleo familiar despu\u00e9s de su concepci\u00f3n. <\/p>\n
Posibilidad que, prima facie, es compatible con nuestro sistema de derecho, am\u00e9n de la referida protecci\u00f3n constitucional de todas las formas de familia, as\u00ed como la salvaguardia prevalente de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en el marco de sus derechos. <\/p>\n
4.3. En el presente caso, por las especiales circunstancias que definen el contexto familiar objeto de revisi\u00f3n, se advierte que la ausencia de una decisi\u00f3n judicial que determine la naturaleza y alcance del v\u00ednculo forjado entre \u00darsula Torres Rodr\u00edguez y Ner\u00f3n S\u00e1nchez, entre otras razones porque se origin\u00f3 en la convivencia y no ha sido promovido juicio para estos fines, no puede servir de excusa para rehusar su existencia y la incidencia en el proceso de formaci\u00f3n de aqu\u00e9lla, de all\u00ed que se imponga su protecci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, como la decisi\u00f3n que adopte el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, en punto al r\u00e9gimen de visitas del padre biol\u00f3gico, podr\u00e1 repercutir sobre la forma en que se seguir\u00e1 desarrollando la relaci\u00f3n material antes referida, con implicaciones psicosociales sobre la infante, deviene necesario permitir que todos los integrantes de la familia puedan intervenir en el incidente que se encuentra en tr\u00e1mite, en particular, la del promotor del presente amparo constitucional. <\/p>\n
Y es que, para este caso en concreto, en garant\u00eda del derecho que tiene \u00darsula Torres Rodr\u00edguez a disfrutar de su familia, compuesta no s\u00f3lo por lazos biol\u00f3gicos, sino por los derivados del diario compartir, es forzoso que la voz de todos los interesados sea escuchada por la sentenciadora de conocimiento, m\u00e1xime frente a la posibilidad, siempre que se obtenga un veredicto judicial en tal sentido, en el que se reconozca un v\u00ednculo con Ner\u00f3n S\u00e1nchez, incluso por fuerza de la crianza y dentro del contexto de las nuevas formas de multiparentesco. <\/p>\n
Por lo anterior, tambi\u00e9n de forma oficiosa y en garant\u00eda de los derechos fundamentales a la familia de \u00darsula Torres Rodr\u00edguez y el debido proceso de Ner\u00f3n S\u00e1nchez, se ordenar\u00e1 la vinculaci\u00f3n de este \u00faltimo, en nombre propio y en el estado actual que tiene el tr\u00e1mite incidental, para que pueda intervenir con el fin de que el lazo forjado en raz\u00f3n de la convivencia no se vea menguado por fuerza del derecho leg\u00edtimo que tiene el padre biol\u00f3gico para establecer un r\u00e9gimen de visitas adecuado. <\/p>\n
Con todo, la Sala exhorta al vinculado para que act\u00fae sin excesos, y con la mira puesta en el inter\u00e9s prevalente de la ni\u00f1a, as\u00ed como a la sentenciadora de conocimiento para que use los mecanismos correctivos y disciplinarios de las cuales se encuentra investida para garantizar el correcto adelantamiento del proceso. <\/p>\n
4.4. Como la resoluci\u00f3n sustancial de la controversia que subyace en el presente caso pasa por la promoci\u00f3n de un juicio de conocimiento en que se resuelva la naturaleza y alcance del v\u00ednculo existente entre \u00darsula Torres Rodr\u00edguez y Ner\u00f3n S\u00e1nchez, se dispondr\u00e1 que el Defensor de Familia adscrito al despacho acusado y la Procuradur\u00eda 17 Judicial II de Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres de Medell\u00edn, brinden acompa\u00f1amiento a este \u00faltimo, con miras a que pueda promover la actuaci\u00f3n correspondencia, en caso de que decida hacerlo. <\/p>\n
5. En resumen, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada por la improcedencia del amparo constitucional promovido. <\/p>\n
Sin embargo, atendiendo el contexto precedente y las particularidades del asunto, como la menor ha tenido dificultades para hacer realidad el cari\u00f1o y compa\u00f1\u00eda permanente de su figura paterna, en este caso excepcional, de forma oficiosa y en ejercicio de las facultades extra petita de las cuales se encuentra investido el juez constitucional, se torna imperioso adoptar medidas temporales que permitan satisfacer sus derechos y el acceso efectivo a toda su familia, mientras la juzgadora acusada adopta una decisi\u00f3n definitiva en el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
Para estos fines, teniendo en cuenta el inter\u00e9s superior de la menor y las circunstancias f\u00e1cticas expuestas precedentemente, es necesario adoptar medidas inmediatas, por lo que se oficiar\u00e1 al ICBF, al Defensor adscrito al despacho criticado y al Ministerio P\u00fablico con miras a que hagan el acompa\u00f1amiento psicol\u00f3gico y psicosocial que permita el disfrute de las visitas del padre biol\u00f3gico, lo cual se extender\u00e1 hasta la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n de fondo en el tr\u00e1mite censurado. <\/p>\n
En concreto, deber\u00e1 hacerse un programa de visitas, encuentros y sesiones de trabajo, que incluya a todos los integrantes, a la ni\u00f1a, su madre, su padre biol\u00f3gico y el accionante, con metas precisas de seguimiento, teniendo como eje los derechos prevalentes de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se dispondr\u00e1 el acompa\u00f1amiento del Defensor adscrito al despacho criticado y al Ministerio P\u00fablico, en la eventual formulaci\u00f3n de una actuaci\u00f3n judicial por parte de Ner\u00f3n S\u00e1nchez con el fin de alcanzar una decisi\u00f3n definitiva respecto de la paternidad alegada en tutela y su rol dentro de la familia de la ni\u00f1a \u00darsula Torres Rodr\u00edguez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado y, de forma oficiosa, concede el resguardo constitucional para proteger los derechos de la infante, en consecuencia de lo cual dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a su equipo interdisciplinario, al Defensor de Familia adscrito al despacho acusado y a la Procuradur\u00eda 17 Judicial II de Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres de Medell\u00edn, que de manera transitoria y hasta tanto se emita la decisi\u00f3n definitiva dentro de la actuaci\u00f3n criticada, adopten las medidas tendientes a reestablecer, acompa\u00f1ar y hacer seguimiento a las relaciones filiales y familiares, as\u00ed como efect\u00faen el respectivo tratamiento con miras a que Joaqu\u00edn Torres y Ner\u00f3n S\u00e1nchez puedan ejercer sus roles, sin que la infante sufra traumatismo alguno. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, permita la participaci\u00f3n del ahora accionante en el incidente cuestionado, instaurado por Joaqu\u00edn Torres contra Martha Rodr\u00edguez (radicaci\u00f3n n.\u00b0 2019-00576). <\/p>\n
Tercero: Exhortar a Ner\u00f3n S\u00e1nchez para que, al momento de intervenir en el incidente, act\u00fae sin incurrir en excesos, en particular, demorar o impedir su avance normal, so pena de que el juzgado accionado ejerza las facultades correctivas pertinentes. <\/p>\n
Cuarto: Recordar al Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn que cuenta con instrumentos correctivos y sancionatorios para salvaguardar el impulso y la oportuna terminaci\u00f3n del incidente, en caso de que alguna de las partes incurra en conductas contrarias a estos fines. <\/p>\n
Quinto: Ordenar al Defensor de Familia adscrito al despacho acusado y la Procuradur\u00eda 17 Judicial II de Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres de Medell\u00edn que brinden el acompa\u00f1amiento a Ner\u00f3n S\u00e1nchez en la eventual formulaci\u00f3n de una actuaci\u00f3n judicial, con el fin de alcanzar una decisi\u00f3n definitiva respecto de su paternidad frente a \u00darsula Torres Rodr\u00edguez o el reconocimiento de su rol dentro de la familia. <\/p>\n
Sexto: La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el acatamiento de lo aqu\u00ed dispuesto, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
S\u00e9ptimo: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
5\u0002 Enrique Varsi Rospigliosi y Mariana Chaves. La multiparentalidad- la pluralidad de padres sustentados en el afecto y en lo biol\u00f3gico. Revista de derecho y genoma humano. Diciembre -2018. <\/p>\n
6\u0002 Agustina Bladilo. Familias pluriparentales en Argentina: Donde tres (\u00bfo m\u00e1s?) no son multitud. Revista Jur\u00eddica de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid. No. 38, 2018-II, p. 135-158. <\/p>\n
7\u0002 Anne Cadoret. Parentesco y figuras maternales. El recurso a una gestante subrogada por una pareja gay. Revista de Antropolog\u00eda Social. 2009, 18, p. 67-82. <\/p>\n
9\u0002 Agustina Bladilo. Familias pluriparentales en Argentina: Donde tres (\u00bfo m\u00e1s?) no son multitud. Revista Jur\u00eddica de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid. No. 38, 2018-II, p. 135-158. <\/p>\n
10\u0002 Enrique Varsi Rospigliosi y Mariana Chaves. La multiparentalidad- la pluralidad de padres sustentados en el afecto y en lo biol\u00f3gico. Revista de derecho y genoma humano. Diciembre, 2018. <\/p>\n
11\u0002 Agustina Bladilo. Familias pluriparentales en Argentina: Donde tres (\u00bfo m\u00e1s?) no son multitud. Revista Jur\u00eddica de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid. No. 38, 2018-II, p. 135-158. <\/p>\n
12\u0002 C\u00e1mara de Apelaciones de la Circunscripci\u00f3n Judicial No. II de Comodoro Rivadavia (Argentina). Sentencia definitiva 02 del a\u00f1o 2020. <\/p>\n
13\u0002 C\u00e1mara Segunda de Apelaci\u00f3n, Sala Tercera, de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Causa 125988, sentencia 130, 15 jul. 2020. <\/p>\n
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STC8697-2021 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55591","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55591"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55591\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}