STC8698-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8698-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00142-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 18 de junio de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Lizarazo Valbuena contra el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la \u00abTUTELA EFECTIVA\u00bb y a la \u00abSEGURIDAD JUR\u00cdDICA\u00bb, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, al haber rechazado la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega que formul\u00f3 en el marco de la sucesi\u00f3n intestada de Eugenio Rengifo y Mar\u00eda Jes\u00fas Enciso Bonilla (q.e.p.d.). <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, para \u00abevocar-modificar\u00bb lo resuelto el 4 de marzo de los corrientes al interior del referido asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de tal reparo aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que manifest\u00f3 en la diligencia de secuestro del predio identificado con el folio de matr\u00edcula No. 350-28869 y 350-85690, que compr\u00f3 \u00ablos derechos de diez herederos de esa sucesi\u00f3n (\u2026) a MILCIADES RENGIFO de buena fe\u00bb y que acredit\u00f3 documentalmente no solo dicha negociaci\u00f3n en la diligencia de entrega del bien, sino tambi\u00e9n la existencia de las mejoras que plant\u00f3 en el lote, el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 en una decisi\u00f3n \u00abincongruente e imprecisa\u00bb, confirm\u00f3 lo resuelto por el Juez Tercero Civil Municipal de la misma urbe, que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n a la mentada actuaci\u00f3n, tras considerar que se daban los presupuestos del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancias \u00e9stas que, dice, vulneran sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que conoci\u00f3 del juicio sucesorio puntualiz\u00f3, que \u00abse advierte palmariamente que en todas las formas se ha garantizado la intervenci\u00f3n del accionante (\u2026), en la medida que todas sus peticiones formuladas a trav\u00e9s de apoderado judicial, han sido resueltas de manera oportuna, debida y suficientes, cuyas decisiones, incluso, han sido objeto de los recursos que le ofrece y que han contado con el aval de la segunda instancia. \u2013 El debido proceso en todas sus manifestaciones no solo del accionante sino tambi\u00e9n de los extremos procesales ha sido constante y permanentemente respetado tanto en el rito procesal como en las distintas decisiones que se han adoptado dentro del juicio mortuorio\u00bb. <\/p>\n
b. La Juez Cuarta de Familia de la misma ciudad precis\u00f3, que \u00aben las veces que conoci\u00f3 en sede de alzada del proceso de sucesi\u00f3n sobre el cual gravita el recurso de amparo constitucional no advirti\u00f3, ni se advierte en esta oportunidad, la trasgresi\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental de quienes intervienen en \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
c. Mar\u00eda de Jes\u00fas Enciso Bonilla, Eugenio Rengifo, Luz Mary y Ana de Jes\u00fas Rengifo Enciso, aunque en escritos separados, se\u00f1alaron que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, pues la diligencia de entrega cuestionada se rigi\u00f3 por lo dispuesto en el art\u00edculo 308 del C.G. del P. <\/p>\n
d. Finalmente, el Procurador de Familia de la mentada localidad indic\u00f3, que no advierte lesi\u00f3n alguna de las prerrogativas superiores del inconforme. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras advertir que la decisi\u00f3n criticada \u00abse encuentra soportada en la normatividad adjetiva que regula la materia, pues obs\u00e9rvese que al tr\u00e1mite de entrega de bienes en los procesos liquidatorios, a voces de lo estipulado en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 512 del C\u00f3digo General del Proceso, le son aplicables las reglas contenidas en el art\u00edculo 308 ejusdem, indic\u00e1ndose concretamente en el numeral 4\u00b0 del mencionado art\u00edculo que \u201cCuando el bien est\u00e9 secuestrado la orden de entrega se le comunicar\u00e1 al secuestre por el medio m\u00e1s expedito. Si vencido el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la providencia respectiva el secuestre no ha entregado el bien, a petici\u00f3n del interesado se ordenar\u00e1 la diligencia de entrega, en la que no se admitir\u00e1 ninguna oposici\u00f3n y se condenar\u00e1 al secuestre al pago de los perjuicios que por su renuencia o demora haya sufrido la parte a quien deb\u00eda hacerse la entrega y se le impondr\u00e1n las sanciones previstas en el art\u00edculo 50.\u201d\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que frente a la diligencia de secuestro no hizo uso de los mecanismos de defensa a su alcance debido a la negligencia de la mandataria judicial de ese tiempo, quien inclusive, fue sancionada por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 para mantener inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del Juez cognoscente de negar la oposici\u00f3n presentada por el aqu\u00ed interesado frente a la referida mentada diligencia de entrega, luego de se\u00f1alar los pormenores y antecedes de dicha actuaci\u00f3n, precis\u00f3 que \u00aben trat\u00e1ndose de juicios liquidatorios, se encuentra reglado en el art\u00edculo 512 del C.G.P., misma que de forma inequ\u00edvoca nos remite al art\u00edculo 308 de la misma obra. Y es precisamente en estas disposiciones en que el sentenciador de primer grado se apuntal\u00f3 para inadmitir la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega (\u2026), ello por cuanto y tanto la regla 4\u00aa del canon 308 se\u00f1ala que \u201cCuando el bien est\u00e9 secuestrado la orden de entrega se le comunicar\u00e1 al secuestre por el medio m\u00e1s expedito. Si vencido el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la providencia respectiva el secuestre no ha entregado el bien, a petici\u00f3n del interesado se ordenar\u00e1 la diligencia de entrega, en la que no se admitir\u00e1 ninguna oposici\u00f3n y se condenar\u00e1 al secuestre al pago de los perjuicios que por su renuencia o demora haya sufrido la parte a quien deb\u00eda hacerse la entrega y se le impondr\u00e1n las sanciones previstas en el art\u00edculo 50. (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la compra de derechos sucesorales de buena fe esbozado en la alzada y en la mentada diligencia indic\u00f3, que \u00abha de recordarse que de conformidad con el art\u00edculo 1857 del C\u00f3digo Civil (norma sustantiva) \u201cLa venta de bienes ra\u00edces y servidumbres y la de una sucesi\u00f3n hereditaria (enti\u00e9ndase cesi\u00f3n del derecho hereditario), no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura p\u00fablica\u201d; as\u00ed las cosas, como los denominados \u201cderechos herenciales\u201d que se\u00f1ala el recurrente no constan ad substantiam actus en documentos que la ley exige para su validez, mal podr\u00eda -so pretexto de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre el procesal-, efectuarse un reconocimiento de tal envergadura patrimonial cuando el mismo est\u00e1 consignando en un documento que no cumple con las solemnidades que previamente ha establecido el legislador para tal fin; y aunque as\u00ed lo fueran, no puede olvidarse que el trabajo de partici\u00f3n presentado dentro de la causa que nos ocupa ya se encuentra aprobado con sentencia debidamente ejecutoriada, resultando en este estadio procesal abiertamente improcedente el reconocimiento de que pretende el recurrente, de conformidad con la regla 3\u00aa del art\u00edculo 491 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3.2. De esta forma, con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Juzgado criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed opositor), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
3.3. T\u00e9ngase en cuenta que para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, la autoridad judicial convocada tuvo en cuenta los hechos expuestos y las normas aplicables asunto, los que permitieron advertir que, en efecto, no solo no hab\u00eda lugar a aceptar la oposici\u00f3n reclamada por el tutelante, precisamente porque no se hab\u00eda opuesto en su momento a la diligencia de secuestro del bien, pese a que estuvo presente, de conformidad con el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo General del Proceso, sino que adem\u00e1s, el negocio que pretendi\u00f3 hacer valer incumpl\u00eda con los requisitos formales, lo que a todas luces, le resta suficiencia a su inconformidad, sin que este sea el escenario para remediar tal inobservancia, en desconocimiento de las normas sustanciales y procesales. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb ( CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que el solo hecho que la mandataria judicial del promotor no haya supuestamente ejercido en debida forma el mandato encomendado, no se erige en un motivo suficiente y tampoco aceptable pasar por alto la incuria evidenciada en relaci\u00f3n con la diligencia de secuestro del bien inmueble, y que dio lugar a que no se aceptara la oposici\u00f3n a la entrega del predio, menos a\u00fan para conceder la protecci\u00f3n aqu\u00ed solicitada, pues recu\u00e9rdese que uno de los requisitos fijados por el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, es que \u00abla persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n ius fundamental que alega en sede de tutela\u00bb (C.C. SU-813\/07), actuaci\u00f3n que, se reitera, no despleg\u00f3 el tutelante, por lo que la Corte ha considerado que la eventual negligencia del apoderado tampoco sirve como \u00abelemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional; (\u2026) pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones judiciales (\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(\u2026) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u2019\u00bb (CSJ STC10047-2021). <\/p>\n
5. Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela atacar una diligencia de entrega, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable: \u00abtampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (CSJ STC2666-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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