STC8700-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC8700-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00194-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo pronunciado el 30 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Ignacio Alvira Acosta contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito del Guamo y Promiscuo Municipal de San Luis, ambos municipios del Tolima, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Concejo Municipal del \u00faltimo de los municipios mencionados, as\u00ed como las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del resguardo en calidad de Alcalde Municipal de San Luis, Tolima, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la defensa y a la \u00abconfianza y seguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con la sentencia proferida en segunda instancia en el marco del tr\u00e1mite que de este mismo linaje promovieron los beneficiarios del proyecto denominado Torres de San Carlos contra el municipio al que representa, con radicado No. 2020-00080; y, todo el tr\u00e1mite adelantado en el marco del incidente de desacato que a continuaci\u00f3n se adelant\u00f3. <\/p>\n
En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de las citadas prerrogativas, concretamente, que se invalide el fallo de segundo grado adiado 27 de octubre de 2020, as\u00ed como los prove\u00eddos del 11 y 27 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de los cuales, en su orden, se fall\u00f3 el memorado tr\u00e1mite incidental y se confirm\u00f3 tal determinaci\u00f3n en sede de consulta; que en consecuencia, se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo, Tolima, \u00abdictar una nueva decisi\u00f3n en donde bajo los principios de gradualidad, razonabilidad, confianza y seguridad legitima se estudien todos los elementos probatorios, de hecho y de derecho, legales, constitucionales y jurisprudenciales presentados en toda la actuaci\u00f3n judicial\u00bb; y como pretensiones subsidiarias solicita, que \u00abse modulen los efectos del fallo proferido el 27 de octubre de 2020 por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo, en el sentido de conceder un t\u00e9rmino adicional, prudencial y razonable de un a\u00f1o aproximadamente, para desarrollar el Proyecto de Vivienda Torres de San Carlos, en donde se pueda someter a consideraci\u00f3n del Concejo Municipal el cambio de destino del bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 360-37761, (\u2026) teniendo en cuenta que el t\u00e9rmino concedido en el fallo mencionado es irrisorio para el desarrollo o construcci\u00f3n de un proyecto de vivienda\u00bb; y, se conceda el amparo como mecanismo transitorio mientras \u00abse obtiene el pronunciamiento judicial de la solicitud de MEDIDA CAUTELAR consistente en la SUSPENSION PROVISIONAL de los actos administrativos demandados y que reconocieron los subsidios a los beneficiarios, la cual se encuentra en curso ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Oral de Ibagu\u00e9 dentro del medio de control de SIMPLE NULIDAD, radicada bajo el consecutivo 73001 3333 002 2021 00100 00\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que en el marco de la acci\u00f3n que de este mismo linaje interpusieron los beneficiarios del Proyecto Torres de San Carlos en contra de la Alcald\u00eda Municipal de San Luis, se dispuso en sede de impugnaci\u00f3n por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela adiado 23 de septiembre de 2020, y en su lugar TUTELAR, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIVIENDA DIGNA, A LA VIDA DIGNA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, (EN CONEXIDAD), invocados en acci\u00f3n de tutela por los se\u00f1ores JOSE EDILBERTO ACOSTA FIGUEROA, ALCIRA MOLINA, EDUAR CARVAJAL CAMACHO, LUIS EDUARDO CASTRO AMPUDIA, JUAN GABRIEL GALICIA MOLINA, MAYRA ALEJANDRA GUARNIZO LUGO, JUAN MIGUEL GUAYARA, OLAYA, ROBINSON GUZMAN RADA, JUAN PABLO HURTADO CRDOZO, MARIA DEL CARMEN LOZANO ROBAYO, JHON EDINSON MANCHOLA PRECIADO, FERNANDO RIVAS, CIRJAN MONTA\u00d1A GUZMAN, ELICENIA ORTIZ RAMIREZ, UBERNEY PRECIADO ESPINOSA, LUISA FERNANDA PRECIADO ROJAS, YARANY RAMIREZ QUIMBAYO, JORGE ANDRES RIA\u00d1OS LASSO, JENCY YAJAIRA RIVEROS LUGO, RICARDO ENRIQUE ROBAYO MONTIEL, MARILY RODRIGUEZ TAFUR, MAYRA ALEJANDRA SAENZ REYES, ALBEIRO GUZMAN CASTRO y ROBERTO VISBAL DIAZ en contra ALCALD\u00cdA MUNICIPAL DE SAN LUIS, TOLIMA, en cabeza de su representante legal, el se\u00f1or GUILLERMO IGNACIO ALVIRA ACOSTA, o quien en el futuro haga sus veces. <\/p>\n
SEGUNDO. – ORDENAR al Ente Territorial Accionado \u2013 Municipio de San Luis Tolima, a trav\u00e9s de su Representante Legal, se\u00f1or GUILLERMO IGNACIO ALVIRA ACOSTA, o quien en el futuro haga sus veces, por intermedio de la Dependencia que corresponda, para que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cinco (5) meses, a partir del proferimiento de esta sentencia, disponga la realizaci\u00f3n, de todas las actividades (administrativas y t\u00e9cnicas) y competencias que le impone la Ley y la constituci\u00f3n pol\u00edtica, inherentes para la ejecuci\u00f3n del proyecto TORRES DE SAN CARLOS en el lote ya registrado en el certificado de tradici\u00f3n con folio de matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 360-37761 de la Oficina de registro de Instrumentos P\u00fablicos del Guamo Tolima, ubicado en el barrio SAN LUISITO DE DICHO MUNICIPIO DE SAN LUIS, donde se encuentra ubicado el predio ya el relacionado, y de propiedad del municipio de marras. <\/p>\n
O en caso que sea inviable dicho proyecto por la demora generada por la administraci\u00f3n municipal de San Luis Tolima, se insta al representante del municipio o quien haga sus veces para una vez se tenga conocimiento de la imposibilidad de efectuar la ejecuci\u00f3n del proyecto o no m\u00e1s de dos meses (2) siguientes al efecto se establezca y garantice a los accionante la posibilidad de acceder a otro proyecto o programa con prioridad que ofrezca las mismas o mejores condiciones habitables para la construcci\u00f3n de sus viviendas como ha sido proyectado, so pena de incurrir en desacato. <\/p>\n
TERCERO. – DESVINCULAR, por lo ya dicho, a las dem\u00e1s entidades accionadas y vinculadas en esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
CUARTO. – PREVENIR al Representante Legal del MUNICIPIO DE SAN LUIS – TOLIMA, o a quien haga sus veces, para que en lo sucesivo se actu\u00e9 en los t\u00e9rminos de la Constituci\u00f3n y la Ley, no incurriendo nuevamente en dilaciones o demoras injustificadas, so pena de recaer en Faltas que conlleven la imposici\u00f3n de Sanciones legalmente establecidas por el Ordenamiento Jur\u00eddico. <\/p>\n
QUINTO. – ADVERTIR al Representante Legal del MUNICIPIO DE San Luis TOLIMA, se\u00f1or GUILLERMO IGNACIO ALVIRA ACOSTA, o quien en el futuro haga sus veces, que el incumplimiento a esta decisi\u00f3n dar\u00e1 lugar a aplicar el Desacato establecido en el Art. 52 del Decreto 2591 de 1991. Advirti\u00e9ndole igualmente al burgomaestre del MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA, que en caso de no llevarse a cabo el plan de vivienda en el lugar ya mencionado; se deben reubicar a los accionantes, en un lugar igual o de mejores condiciones habitables para la construcci\u00f3n de sus viviendas como ha sido proyectado. <\/p>\n
Par\u00e1grafo. – Se\u00f1alar a la Entidad Tutelada que, para comprobar el cumplimiento de lo aqu\u00ed ordenado, se deber\u00e1 remitir al Juzgado de primera, copia de la actuaci\u00f3n desplegada al respecto, a m\u00e1s tardar el d\u00eda siguiente al vencimiento del plazo otorgado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Promiscuo Municipal de San Luis, dijo atenerse a lo resuelto en la tutela y el incidente de desacato objeto de estudio, de los que conoci\u00f3 en primera instancia. <\/p>\n
b. Por su parte, la Juez Segunda Civil del Circuito del Guamo, Tolima, puso de presente que las decisiones que adopt\u00f3 en sede de impugnaci\u00f3n y de consulta, respectivamente, al interior de la salvaguarda objeto de estudio constitucional, se cimentaron en los \u00abpreceptos f\u00e1cticos que se desplegaron del acervo probatorio que en su oportunidad procesal se presentaron, debatieron y valoraron para adoptar dichas decisiones, quedando de esta forma hu\u00e9rfanas las apreciaciones del accionante, (\u2026) con las cuales presuntamente se ven agredidos los derechos fundamentales del debido proceso en actuaci\u00f3n judicial en conexidad con el derecho a la administraci\u00f3n de justicia el cual lleva impl\u00edcita la legitima defensa, la confianza leg\u00edtima y la seguridad leg\u00edtima, pues advi\u00e9rtase, que para el caso de la primera, esta Funcionaria en su condici\u00f3n de Juez Constitucional de segunda instancia, adopt\u00f3 en su disposici\u00f3n ciertos t\u00e9rminos garantistas en pro de salvaguardar los derechos fundamentales a la vivienda digna, a la vida digna y la integridad personal, que se convocaron en esa oportunidad, y dejando en manos del accionado dichos plazos para que gestionara la materializaci\u00f3n de la orden constitucional, so pena de las sanciones que ante el incumplimiento se podr\u00edan generar\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, indic\u00f3 que en el tr\u00e1mite incidental el aqu\u00ed interesado no demostr\u00f3 de manera alguna que se estuviera adelantando alguna gesti\u00f3n con el fin de dar cumplimiento a la orden de tutela plurimencionada, o al menos para otorgar a los beneficiarios del Proyecto Torres de San Carlos, otro programa de vivienda con las mismas o mejores condiciones de aqu\u00e9l, por lo que no exist\u00eda otro camino que confirmar la sanci\u00f3n por desacato. <\/p>\n
c. A su turno, la Gobernaci\u00f3n del Tolima solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, luego de esgrimir al efecto que al no tener ninguna injerencia en los hechos y pretensiones del aqu\u00ed interesado, carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
d. De otro lado, el Secretario de Planeaci\u00f3n Municipal de San Luis solicit\u00f3 la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n solicitada por Alvira Acosta, en raz\u00f3n a que \u00aben casos excepcionales, como en el presente asunto, SI es procedente el medio natural elevado\u00bb. <\/p>\n
e. El Presidente del Concejo Municipal de San Luis, luego de hacer referencia a los motivos de orden legal y factico que dieron origen al cambio de destinaci\u00f3n del predio en el que se pretende desarrollar el citado proyecto de vivienda, solicit\u00f3 que no se imparta ning\u00fan tipo de orden en contra de la Corporaci\u00f3n que representa, pues lo cierto es que, \u00absiempre se han tramitado los proyectos de acuerdos que se han sometido por iniciativa de las personas que est\u00e1n legitimadas para ellos\u00bb. <\/p>\n
f. Finalmente, los accionantes de la acci\u00f3n de amparo atacada pidieron denegar la protecci\u00f3n aqu\u00ed instada, en tanto que la misma resulta improcedente para atacar tr\u00e1mites de la misma naturaleza. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, luego de hacer una rese\u00f1a de los requisitos generales y espec\u00edficos de procedencia del amparo contra providencias judiciales, as\u00ed como los establecidos jurisprudencialmente cuando se trata de un fallo de tutela, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, por cuanto \u00abexaminado el expediente contentivo de la acci\u00f3n de tutela y del incidente de desacato, se evidencia que en uno y otro procedimiento se garantiz\u00f3 el derecho de defensa de la parte contra quien se dirigi\u00f3 la orden de tutela, ahora demandante, practic\u00e1ndose la notificaci\u00f3n en debida forma, a tal punto que en ambos argument\u00f3 como defensa las irregularidades en el cambio de destinaci\u00f3n del bien inmueble, situaciones de orden f\u00e1ctico y legal que fueron debidamente discutidas, analizadas y valoradas por las autoridades cuestionadas, sin que su decisi\u00f3n corresponda a una extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de sus funciones como juez constitucional. <\/p>\n
Del mismo modo, v\u00e9ase que, la sanci\u00f3n impuesta al se\u00f1or GUILLERMO IGNACIO ALVIRA ACOSTA en calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE SAN LUIS, en el tr\u00e1mite incidental y el consecuente grado de consulta, es producto de la valoraci\u00f3n probatoria realizada por los jueces de turno (Promiscuo Municipal de San Luis y Segundo Civil del Circuito del Guamo) sobre las labores desarrolladas por el burgomaestre en los \u00faltimos 7 meses con relaci\u00f3n al cumplimiento de la sentencia proferida el 27 de octubre de 2020, y no del capricho o arbitrariedad de los funcionarios judiciales que la adoptaron. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta tambi\u00e9n, que la sanci\u00f3n y multa impuesta no desbordan los l\u00edmites impuestos en el art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, esto es \u201c(\u2026) arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4.1.- En suma, mem\u00f3rese que, \u201c(\u2026) la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, el amparo deprecado se hace improcedente pues el querellante persigue a trav\u00e9s de \u00e9ste controvertir lo decidido por las autoridades accionadas en el tr\u00e1mite de tutela y el procedimiento incidental atacados, buscando reabrir un debate fenecido, pretensi\u00f3n sin asidero en esta sede constitucional, por cuanto no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario. <\/p>\n
6.- Adem\u00e1s, al margen de lo anterior, de aceptarse estudiar de fondo el presente resguardo, no se conceder\u00eda \u00e9ste por inmediatez, por cuanto se deprec\u00f3 tard\u00edamente el 3 de junio de 2021, cuando han transcurrido, en relaci\u00f3n con la orden de tutela emanada del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DEL GUAMO el 27 de octubre de 2020 y que sirve de base para el incidente de desacato, m\u00e1s de 6 meses, per\u00edodo que supera el lapso razonable para reclamar la protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, adujo que \u00ab[e]n cuanto a la solicitud subsidiaria de modulaci\u00f3n de la orden contenida en sentencia de 27 de octubre de 2020, es menester precisar que, la facultad de modificar la orden constitucional, radica en el juez que la profiri\u00f3\u00bb, y que frente a \u00abla procedencia del resguardo constitucional de manera transitoria, basta con advertir que en el presente tr\u00e1mite no se encuentra acreditado un perjuicio irremediable que obligue la protecci\u00f3n del amparo deprecado transitoriamente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, insistiendo en los mismos planteamientos que expuso en la queja originaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por Guillermo Ignacio Alvira Acosta, Alcalde Municipal de San Luis, Tolima, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar la sentencia de segundo grado emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo, que concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional invocada en su contra por los beneficiarios del proyecto denominado \u00abTorres de San Carlos\u00bb, en el marco de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, as\u00ed como el incidente de desacato seguido a continuaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, esto es, el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
4. T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, su impugnaci\u00f3n o la etapa del incidente de desacato, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, escenario donde la parte interesada pudo acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto1, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, \u00fanico mecanismo procesal que deb\u00eda interponerse o solicitarse ante el funcionario habilitado para el efecto, sin que a ello se hubiere procedido, pues seg\u00fan la consulta efectuada en la p\u00e1gina web de la mentada Corporaci\u00f3n, el 29 de enero de los corrientes, el caso objeto de la queja, fue exclu\u00eddo de tal tr\u00e1mite2. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, STC4666-2020). <\/p>\n
5. Con todo, si el actor considera que las \u00f3rdenes desplegadas dentro del comentado decurso en sede de impugnaci\u00f3n no son factibles, y que por tanto, en su criterio su cumplimiento resulta improbable, debe poner tal circunstancia en conocimiento del juez constitucional criticado para lograr, de ser el caso, la modulaci\u00f3n de lo dispuesto, por ser quien tiene la competencia para tal proceder. <\/p>\n
Al punto, esta Sala ha avalado la facultad del juez de tutela de modificar su orden3, dentro de los siguientes raseros: \u00ab(…) (1) (…) aspectos accidentales, bien porque: (a) la orden original nunca garantiz\u00f3 el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el inter\u00e9s p\u00fablico o (c) porque es evidente que lo ordenado siempre ser\u00e1 imposible de cumplir. (2) (…) las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisi\u00f3n y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducci\u00f3n posible de la protecci\u00f3n concedida y compensar dicha reducci\u00f3n de manera inmediata y eficaz (\u2026)\u00bb (CSJ STC2348-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_petic&date3=2019-01-01&date4=2021-07-07&radi=Radicados&palabra=ALCALDIA+DE+SAN+LUIS&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC de 19 de diciembre de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-02945-00, criterio reiterado en sentencia de 15 de abril de 2020, exp. 2019-00473-02. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8700-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO STC8700-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00194-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo pronunciado el 30 de julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55594","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55594","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55594"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55594\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55594"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55594"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}