STC8710-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8710-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00122-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 22 de junio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo Antonio Lebaza Cer\u00f3n contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio divisorio n\u00b0 2019-00055. <\/p>\n
1. Actuando directamente, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos de 14 de febrero y 11 de marzo de 2021, mediante los cuales el juzgador accionado, en ese orden, desestim\u00f3 sus objeciones frente a la diligencia de remate y aprob\u00f3 posteriormente la almoneda, sin reparar en las irregularidades que \u00e9l denunci\u00f3 en cuanto a la legalidad de la cuestionada adjudicaci\u00f3n (atinentes a la subsistencia del derecho de copropiedad que su fallecido progenitor aun detentaba sobre el inmueble en controversia y la venta de derechos herenciales que en su favor efectu\u00f3 una de las personas que fungen como demandadas en el juicio de divisi\u00f3n). <\/p>\n
2. Pide, en consecuencia, que se dejen sin efecto las fustigadas decisiones y que, en su lugar, se resuelva de fondo sobre las irregularidades denunciadas, previo el recaudo de las pruebas necesarias para su comprobaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Pedro Nel Mu\u00f1oz G\u00f3mez y Carmenza Levaza Cer\u00f3n pidieron desestimar el amparo en consideraci\u00f3n a que en el juicio divisorio que incumbe a este tr\u00e1mite se respet\u00f3 el debido proceso del accionante. <\/p>\n
2. El fallador convocado recalc\u00f3 que la solicitud de amparo no es m\u00e1s que un nuevo intento del accionante de dilatar el juicio de divisi\u00f3n, el cual tambi\u00e9n ha sido escenario de m\u00faltiples recusaciones, impugnaciones e infundadas solicitudes formuladas por quien aqu\u00ed nuevamente acciona. Agreg\u00f3 que en dicho litigio se han absuelto todas las inquietudes planteadas por el promotor del amparo y que, por ende, no hay lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda por estimar razonable la argumentaci\u00f3n en que se fincaron los autos fustigados. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor insistiendo en sus alegaciones primigenias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n a los derechos fundamentales invocados en el escrito introductor. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el funcionario judicial encartado desestim\u00f3 las irregularidades procesales denunciadas por quien aqu\u00ed acciona, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, al negar el aplazamiento de la diligencia de remate (por auto de 16 de febrero de 2021), el juzgado accionado resalt\u00f3 inicialmente que \u00ablas anotaciones que enuncia el ilustre litigante, es de anotar que son actuaciones que se adelantaron ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la ciudad, dentro de los rangos normales para esta clase de actos registrales; por lo que no puede pretender en esta etapa del proceso que se verifiquen las mismas, ni mucho menos aplazamiento de esta diligencia, por mero antojo de su mandante, cuando se advierte que el tr\u00e1mite adelantado ha sido el contemplado por la ley\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, puntualiz\u00f3 que \u00abrespecto a la demanda de pertenencia aludida, la cual tal como se inform\u00f3 al apoderado del se\u00f1or Guillermo Antonio Lebaza Cer\u00f3n, se encuentra inadmitida, en nada puede influir, por cuanto se trata de tr\u00e1mites completamente diferentes y que pudo ejercer con anterioridad al mismo proceso divisorio; pareciera que se quisiera dilatar la terminaci\u00f3n de este tr\u00e1mite, interponiendo las acciones que ha venido impetrando ante distintas autoridades, sin que haya pronunciamiento de fondo a las mismas, interrumpiendo as\u00ed el ejercicio de la administraci\u00f3n de justicia. Ahora, el art\u00edculo 452 del C.G.P., es claro cuando afirma \u201csi al tiempo del remate, la cosa rematada tiene el car\u00e1cter de litigiosa, el rematante se tendr\u00e1 como cesionario del derecho litigioso\u00bb. <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que, \u00aben cuanto a la petici\u00f3n de que me declare impedido para seguir conociendo, este mismo est\u00e1 mencionando en su escrito que ya lo he hecho en dos oportunidades y es el mismo Tribunal Superior quien me ha ordenado continuar conociendo del proceso, al haber determinado infundado el mismo, por no darse alguna de las causales invocadas. Adem\u00e1s, se han brindado todas las garant\u00edas procesales y constitucionales que tienen derecho las partes en un proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se itera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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