STC8711-2021 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8711-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01151-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de agosto de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Jhon Alexander Castro Tangarife contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de esa ciudad, el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Justicia y Derecho y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se le ordene al Tribunal convocado \u00abque de manera inmediata resuelva el recurso de apelaci\u00f3n, que duerme en los anaqueles de la injusticia\u2026 la desidia y el atropello estatal\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un juicio penal adelantado en contra de Jhon Alexander Castro Tangarife por la comisi\u00f3n de los delitos de acceso carnal con menor de 14 a\u00f1os y actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio profiri\u00f3 sentencia el 27 de enero de 2017, en la que lo conden\u00f3 a la pena de 24 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Esta decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que fue detenido el 31 de enero del a\u00f1o 2014; que le fue impuesta medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en la C\u00e1rcel de Villavicencio; y que tras violarse m\u00faltiples procedimientos y presentarse una inadecuada defensa t\u00e9cnica fue condenado a la pena de prisi\u00f3n de 24 a\u00f1os. <\/p>\n
2.3. Adujo que recurri\u00f3 esa \u00ababsurda condena\u00bb, sin embargo, el proceso se encuentra en el Tribunal acusado a la espera de que se desate el recurso; que la medida de aseguramiento no pod\u00eda extenderse indefinidamente, pues estaba vigente por un a\u00f1o y posteriormente proced\u00eda la libertad del procesado; y que solicit\u00f3 la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos pero le denegaron dicho derecho con fundamento en que la medida de aseguramiento iba hasta la lectura del sentido del fallo. <\/p>\n
2.4. Refiri\u00f3 que en ninguna norma se contempla que un Tribunal pueda tardarse m\u00e1s de cinco a\u00f1os para resolver una alzada, ni tampoco decidir cuando quiera; que se deb\u00eda poner fin a las arbitrariedades que reca\u00edan sobre los detenidos por la justicia penal del Meta; que se ten\u00eda que resolver su alzada en un t\u00e9rmino razonable y no mantenerlo por a\u00f1os como sindicado. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no hab\u00eda adelantado actuaci\u00f3n alguna en detrimento de los intereses del accionante; que dadas las facultades preventivas y de intervenci\u00f3n que le asisten al Ministerio P\u00fablico puso el asunto en conocimiento de la Procuradur\u00eda Delegada en Asuntos Penales, para que s\u00ed lo consideraba pertinente interviniera de manera directa; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio refiri\u00f3 que se encontraba pendiente de decidir la alzada impetrada, la que ten\u00eda turno 106 de procesos de la Ley 906 de 2004; que la mora ten\u00eda como justificaci\u00f3n la enorme carga laboral, pues contaba con m\u00e1s de 558 asuntos para resolver; que adem\u00e1s evacuaba un aproximado de 5 a 6 acciones de tutela diarias; que en comparaci\u00f3n con otras Corporaciones, contaba con un nivel de ingresos y egresos efectivos superior a los promedios nacionales; que siempre ha mostrado su preocupaci\u00f3n por la congesti\u00f3n registrada en virtud de las prescripciones que se puedan generar y la imposibilidad de dar tr\u00e1mite oportuno a toda la demanda de justicia; que le ha solicitado al Consejo Superior de la Judicatura que adopte las medidas para corregir la afectaci\u00f3n al derecho de acceso a la justicia y la carga inequitativa; que en tutelas anteriores se hab\u00eda exhortado para que se brindaran ayudas administrativas, sin obtener soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica; que en la actualidad se estaban priorizando las apelaciones con riesgo de prescripci\u00f3n; que la revisi\u00f3n de la alzada del gestor implicaba inexorablemente la escucha de los registros de las sesiones de juicio oral, lo cual tornaba dispendioso y complejo el asunto; que la mora denunciada obedec\u00eda a problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios y no a la falta de diligencia o la omisi\u00f3n de los deberes; que la alteraci\u00f3n del turno para resolver afectar\u00eda los derechos de otros procesados; y que en auto del 20 de mayo de 2020 remiti\u00f3 la petici\u00f3n de sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento al juzgado de primera instancia, sin que conociera lo resuelto. <\/p>\n
3. El Centro de Documentaci\u00f3n Judicial CENDOJ solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la tutela, por cuanto no hab\u00eda transgredido prerrogativa esencial alguna, siendo la competente de prestar los medios de forma permanente para la realizaci\u00f3n de las audiencias virtuales. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n de Pol\u00edtica Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho se\u00f1al\u00f3 que se configuraba una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que no hab\u00eda violado derecho fundamental alguno y no era la competente para disponer la resoluci\u00f3n de un recurso. Deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
5. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico adujo que no conculc\u00f3 garant\u00eda alguna; que lo planteado por el accionante escapaba de sus competencias, pues le correspond\u00eda a la Rama Judicial; y que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
6. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio indic\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado ning\u00fan derecho fundamental; que el 27 de enero de 2017 dict\u00f3 sentencia condenatoria; que si el promotor consideraba que se presentaron irregularidades en el tr\u00e1mite, las debi\u00f3 exponer en la alzada; que no agot\u00f3 los recursos con los que contaba, pues el auto de 27 de julio de 2020 que deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la libertad provisional no fue recurrido; que en dicha determinaci\u00f3n consider\u00f3 que a partir del fallo condenatorio, la persona no se encontraba detenida en virtud a la medida de aseguramientos sino descontando la pena. <\/p>\n
7. La Procuradur\u00eda 277 Judicial Penal de esa ciudad refiri\u00f3 que se deb\u00eda proteger el derecho y ordenar al Tribunal acusado que se pronunciara sobre la alzada; y que el Consejo Superior de la Judicatura ten\u00eda que adoptar las medidas pertinentes para conjurar la mora en la respuesta de los asuntos de la Sala Penal del Tribunal convocado. <\/p>\n
8. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que la tardanza en resolver el asunto no ha sido injustificada y por el contrario tiene su origen en la alta carga laboral; que conceder el resguardo implicar\u00eda desconocer el derecho a la igualdad de las dem\u00e1s personas que esperan un pronunciamiento de la administraci\u00f3n de justicia; y que el gestor no demostr\u00f3 la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que era \u00abmediocre y una burla para el ciudadano\u00bb la sistem\u00e1tica excusa que dan los operadores judiciales de que no tienen personal suficiente; que ello no era atribuible al procesado; y que el Consejo Superior de la Judicatura deb\u00eda asignar personal capaz y adecuado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, el gestor del amparo se duele de la tardanza del Tribunal acusado en resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto frente a la sentencia proferida el 27 de enero de 2017 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, mediante el que fue condenado como responsable de los delitos de acceso carnal con menor de 14 a\u00f1os y actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os; por cuanto no encuentra justificaci\u00f3n alguna en tal demora. <\/p>\n
En ese contexto, de entrada se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, comoquiera que la petici\u00f3n de resguardo no cumple con el presupuesto de subsidiariedad connatural de la acci\u00f3n de tutela, en la medida en que en el plenario cuestionado no obra medio de convicci\u00f3n que indique que el actor hubiese formulado recusaci\u00f3n contra el magistrado ponente de la censura vertical a quien endilga una demora injustificada en su resoluci\u00f3n, as\u00ed como tampoco se vislumbra que hubiese solicitado la respectiva vigilancia judicial administrativa; circunstancias que de por s\u00ed tornan improcedente la salvaguarda suplicada, toda vez que la interesada cuenta con otros medios de defensa que le permiten garantizar sus derechos antes de acudir a este excepcional escenario. <\/p>\n
En un caso de contornos similares al de ahora, la Corte estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026del an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n que obran en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, como quiera que tal como lo indic\u00f3 el juzgador constitucional de primer grado, el peticionario cuenta con otros instrumentos de defensa como pasa a verse. <\/p>\n
En efecto, el ordenamiento procesal penal, en el numeral 7 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, establece la posibilidad de formular impedimento en caso de \u00abque el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u00bb, y en el art\u00edculo 60 de la misma normatividad prev\u00e9 que \u00absi el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declarare cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u00bb, raz\u00f3n por la cual, dichos mecanismos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, pues de lo contrario se invadir\u00edan injustificadamente las privativas funciones y competencia de otras autoridades. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
\u00abEn una cuesti\u00f3n similar, dijo la Sala de Casaci\u00f3n Penal que \u201ctanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones: <\/p>\n
\u2018…7. Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada…\u2019\u201d <\/p>\n
\u201cDe manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u201d\u00bb (CSJ STC 29 jun 2011, rad. 54769, reiterada, entre otras, en STC17305-2014, 18 dic., rad. 2014-02258-01 y STC1015-2017, 2 feb., rad. 2016-02139-01). <\/p>\n
Igualmente, ha de recordarse que: <\/p>\n
\u2026la acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo sustituto o paralelo de los procedimientos o recursos establecidos para la regular composici\u00f3n de los litigios, pues mientras las personas tengan a su alcance las v\u00edas regulares de defensa judicial, es all\u00e1 donde deben plantear sus peticiones, inconformidades y reclamos en torno a las decisiones o actuaciones que pueden afectar actual o potencialmente sus derechos fundamentales, en procura de que los jueces ordinarios, en su condici\u00f3n de garantes primarios y genuinos del ordenamiento jur\u00eddico, adopten las determinaciones que correspondan conforme a la constituci\u00f3n y la ley (CSJ STC, 15 feb. 2010, rad. 2010-0177-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC9135-2016, 6 jul., rad. 50-2016-00171-01; y STC1015-2017, 2 feb., rad. 2016-02139-01). <\/p>\n
En tal virtud, se recuerda que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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