STC8713-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8713-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00246-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Hildebrando de Jes\u00fas Gil Ca\u00f1as frente a la sentencia de 23 de marzo pasado, emitida desde la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en la acci\u00f3n de tutela que aquel promovi\u00f3 contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2, as\u00ed como respecto a la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales (UGPP); tr\u00e1mite al que fueron integrados las partes e intervinientes en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3, mediante apoderado, el respeto de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, \u00abSEGURIDAD SOCIAL, M[\u00cd]NIMO VITAL\u2026[,] VIDA EN CONDICIONES DIGNAS\u00bb, \u00abTERCERA EDAD\u00bb e \u00abIGUALDAD\u00bb, presuntamente conculcadas por la Colegiatura repelida. <\/p>\n
Y en concreto, que \u00abse ANULE\u00bb lo dirimido en sede extraordinaria dentro del dossier laboral n.\u00b0 \u00ab2016-00686\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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1. Ante el Juzgado 15\u00b0 Laboral del Circuito de Medell\u00edn se surti\u00f3, bajo el consecutivo y especialidad descritos a espacio, demanda del titular del resguardo contra la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales (UGPP)2, dirigida a obtener el reconocimiento y pago de la \u00abpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb3 conforme a la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo (2001-2004) del antiguo ISS, entidad en la cual adujo haber estado vinculado por m\u00e1s de 20 a\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda desatada provino fallo desestimatorio de las pretensiones el 2 de noviembre de 2016, ratificado por el Tribunal Superior de la misma capital, en grado jurisdiccional de consulta, a trav\u00e9s de sentencia calendada el 28 de septiembre de 2017, la que a su turno no fue casada por la Corporaci\u00f3n fustigada, en pronunciamiento CSJ SL2866, 27 jul. 2020, rad. 80372, y por recurso del extremo actor. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El tutelante critic\u00f3 la decisi\u00f3n del juez extraordinario, dado que, en s\u00edntesis, la postura all\u00ed sostenida sobre la aplicaci\u00f3n de los beneficios convencionales hasta el 31 de julio de 2010 desconoce lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005. Adem\u00e1s, va en desmedro de lo recientemente plasmado por la misma Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en el veredicto CSJ SL3635-2020, 16 sep., rad. 74271 y por esta Sala de la Corte en el fallo STC9966, 13 nov. 2020, rad. 01036-01; precedentes que, adujo, han de regir su caso. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 dijo estarse a lo contenido en el prove\u00eddo disentido, que se halla concordante con la jurisprudencia para entonces vigente y no desprende vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Presidencia de esta Suprema Corte relat\u00f3 que le son extra\u00f1os los reproches. <\/p>\n
<\/p>\n
3. No se produjeron m\u00e1s contestaciones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al no encontrar defecto alguno frente a la sentencia de casaci\u00f3n disentida. <\/p>\n
Esboz\u00f3, tratando de interpretar lo querido por el gestor, que para la Colegiatura recriminada \u00abno era posible(\u2026) adelantarse en el tiempo [en aras de] aplicar un criterio jurisprudencial\u00bb a la saz\u00f3n inexistente, \u00abrespecto del alcance del par\u00e1grafo 3.\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb, si de relieve se pone que a las Salas en Descongesti\u00f3n de la hom\u00f3loga Laboral les ata\u00f1e seguir el precedente de la Sala especializada permanente, a voces del art\u00edculo 2 inciso 2\u00b0 de la ley 1781 de 2016. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por el convocante4, quien con la ayuda del mandatario persisti\u00f3 en sus ataques iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los instrumentos comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, cada vez que sobrevenga el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el entendido de que los cuestionamientos est\u00e1n enfilados contra el fallo CSJ SL2866, 27 jul. 2020, rad. 80372, con el cual la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n recriminada opt\u00f3 por no casar el de segunda instancia, adverso a las reclamaciones blandidas dentro del proceso laboral n.\u00b0 \u00ab2016-00686\u00bb \u2013del quejoso frente a la UGPP\u2013, se conduce a indagarlo en sus cimientos. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo estrictamente medular, all\u00ed se acot\u00f3: <\/p>\n
Dada la v\u00eda escogida para la acusaci\u00f3n [violaci\u00f3n directa de normas sustanciales], no es motivo de discusi\u00f3n, que: i) el se\u00f1or Hildebrando [d]e Jes\u00fas Gil Ca\u00f1as labor\u00f3 al servicio del Instituto de Seguros Sociales\u2026, como trabajador oficial; ii) fue beneficiario de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004, suscrita entre el ISS y el sindicato de sus trabajadores; iii) el art\u00edculo 98 de la misma estableci\u00f3 el beneficio pensional por jubilaci\u00f3n, para el caso de trabajadores hombres, con 55 a\u00f1os de edad y 20 de servicios con el 100 % del promedio salarial de los \u00faltimos tres a\u00f1os y iv) el actor cumpli\u00f3 el requisito de la edad, pero no el de 20 a\u00f1os de servicios, al 31 de julio de 2010. <\/p>\n
El Tribunal fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en que, de conformidad con lo previsto en los par\u00e1grafos segundo y tercero transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, no podr\u00edan establecerse en convenciones colectivas de trabajo, entre otros, condiciones pensionales diferentes a las se\u00f1aladas por las leyes propias del sistema general de pensiones y que, en los que se suscriban entre el 25 de Julio de 2005 y el 31 de julio de 2010, no era posible estipularse condiciones pensionales m\u00e1s favorables que las que se encontraban vigentes en ese momento, las que, en todo caso, perder\u00edan vigor en la \u00faltima fecha mencionada. Agreg\u00f3, que la Corte Constitucional sent\u00f3 (CC SU-555-2014), que no pod\u00eda calificarse de derecho adquirido o expectativa leg\u00edtima la causada despu\u00e9s del 31 de Julio 2010 y, en el caso de Gil Ca\u00f1as, no se configur\u00f3 siquiera una mera expectativa, mucho menos un derecho adquirido. <\/p>\n
El impugnante alega en su acusaci\u00f3n, que no hab\u00eda que acudir a la tesis de las expectativas leg\u00edtimas, sino al tema de los derechos adquiridos; que el Acto Legislativo 01 de 2005 debe verse desde los derechos que integran el bloque de constitucionalidad; que corresponde a esta Sala tener en cuenta los postulados del Estado social de derecho y los de la seguridad social, pues, adem\u00e1s, la jurisprudencia constitucional le ha dado tratamiento de derechos adquiridos, a las expectativas leg\u00edtimas. <\/p>\n
Pues bien, el punto en discusi\u00f3n radica en establecer si el ad quem desconoci\u00f3 las normas legales, constitucionales y los convenios internacionales referidos en su ataque, al prohijar la negativa que sobre el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional dio la primera instancia, en aplicaci\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, teniendo en cuenta que el actor cumpli\u00f3 el requisito de edad pero no el de tiempo de servicio establecidos en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo fundamento de la petici\u00f3n, hecho que se dio s\u00f3lo despu\u00e9s del 31 de julio 2010. <\/p>\n
Para resolver, basta indicar que la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 01 de 2005, suprimi\u00f3 la posibilidad de que los empleadores y organizaciones sindicales acordaran, mediante pacto, convenci\u00f3n o cualquier acto jur\u00eddico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones. No obstante, como ha se\u00f1alado la Sala, en \u00e1nimo de proteger los derechos adquiridos y las expectativas leg\u00edtimas de las partes, dispuso en su par\u00e1grafo transitorio 3\u00ba, un periodo de transici\u00f3n que no contraviene lo dispuesto por la misma Constituci\u00f3n y los convenios internacionales ratificados por Colombia. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha memorado al respecto, como por ejemplo en la sentencia CSJ SL2802-2019, que: <\/p>\n
As\u00ed pues, para los acuerdos cuyo t\u00e9rmino inicial estuviese en curso al momento en que entr\u00f3 a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, se limit\u00f3 su duraci\u00f3n en el tiempo, hasta el cumplimiento del plazo en ellos estipulado y para aquellos sobre los que ya ven\u00eda operando una pr\u00f3rroga en virtud de la ley, se fij\u00f3 como l\u00edmite m\u00e1ximo, el 31 de julio de 2010, como es el caso objeto de estudio. <\/p>\n
Ahora bien, esta Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el alcance del referido acto legislativo, entre otras, en sentencias SL1571-2018 y SL3962-2018, en las cuales sostuvo que el Acto Legislativo 01 de 2005 estableci\u00f3 un l\u00edmite temporal m\u00e1ximo para la vigencia de las reglas extralegales que ven\u00edan pactadas en materia pensional, en el entendido de que las exigencias para adquirir la prestaci\u00f3n deb\u00edan acreditarse a m\u00e1s tardar el 31 de julio de 2010\u2026 <\/p>\n
En consecuencia, el accionante no tiene derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional preceptuada en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004, suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y SINTRASEGURIDADSOCIAL, ya que para acceder a tal beneficio era necesario cumplir los requisitos all\u00ed establecidos a m\u00e1s tardar el 31 de julio de 2010. Empero, no los acredit\u00f3, dado que, como ya se ha decantado y sobre lo cual no hay discusi\u00f3n, no se acredit\u00f3 el de tiempo de servicios antes de esta fecha, a pesar de haber alcanzado la edad. <\/p>\n
En ese orden, no cometi\u00f3 ning\u00fan error jur\u00eddico el fallador colegiado, en cuanto a la interpretaci\u00f3n de las reglas establecidas por el citado acto legislativo\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el juez de casaci\u00f3n encartado rehuy\u00f3 otorgar la prestaci\u00f3n aclamada, merced a que, en \u00faltimas, bajo el precedente de cierre imperante al momento de emitirse el fallo aqu\u00ed disentido, los requisitos (de edad y tiempo laborado) previstos en las convenciones colectivas de trabajo, de cara a las pensiones de jubilaci\u00f3n, deb\u00edan satisfacerse hasta el 31 de julio de 2010, acorde a las disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
Circunstancia que no aconteci\u00f3 con el petente, pues lo cierto es que, en palabras del dispensador de justicia, satisfizo los 20 a\u00f1os de servicio convencionalmente exigidos \u00abs\u00f3lo despu\u00e9s\u00bb de la referida fecha, a lo que a\u00f1ade esta magistratura que los veredictos invocados en este rito como jurisprudencia aplicable (SL36355 y STC99666 de 2020) son de data posterior a la determinaci\u00f3n materia de cr\u00edtica, hecho que per se deviene insuficiente para quebrarla. <\/p>\n
Los aludidos planteamientos improbable es desaprobarlos de plano o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si [los] que [se] ha[n agotad]o no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 01050). <\/p>\n
Tambi\u00e9n es tema averiguado que divergir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ago. 2013, rad. 00125-01; reiterado en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las anteriores apreciaciones dan lugar a recoger cualquier pronunciamiento en contrario de esta Sala acerca de la estricta materia aqu\u00ed discutida. Espec\u00edficamente, el fallo CSJ STC9966, 13 nov. 2020, rad. 01036-01. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, resolver de modo ratificatorio, por lo hasta ahora consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue remitido virtualmente a esta Sala, para tales prop\u00f3sitos, hasta el 11 de junio postrero. <\/p>\n
2\u0002 Entidad que v\u00eda administrativa le deneg\u00f3 al censor la prestaci\u00f3n urgida, en resoluciones \u00abRDP 033618\u00bb y \u00abRDP 042926\u00bb (reposici\u00f3n), de 18 de agosto y 19 de octubre de 2015, respectivamente. <\/p>\n
3\u0002 Junto a los \u00abintereses moratorios (\u2026) o, en subsidio, los legales o comerciales\u00bb, m\u00e1s \u00abindexaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Y replicada por la UGPP bajo el argumento de que, grosso modo, prima la cosa juzgada de que se halla investido el fallo denunciado y, as\u00ed mismo, no se otea un perjuicio irremediable. <\/p>\n
5\u0002 16 sep. 2020, rad. 74271. <\/p>\n
6\u0002 13 nov. \u00eddem, rad. 01036-01. <\/p>\n
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