STC8714-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8714-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00609-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Tribunal Superior Militar y Policial frente a la sentencia de 13 de abril pasado, emitida desde la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en la acci\u00f3n de tutela que \u00c1lvaro Alberto Ayala G\u00f3mez impuls\u00f3 contra la corporaci\u00f3n judicial arriba referida; tr\u00e1mite al que fueron integrados el Juzgado de Primera Instancia (Inspecci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional), la Fiscal\u00eda 143 y Procuradur\u00edas 3\u00b0 y 18\u00b0 adscritas, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3, mediante apoderado, el respeto de sus prerrogativas fundamentales al \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso e igualdad\u00bb, presuntamente conculcadas por el tribunal repelido. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar efecto a la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n que propuso dentro del dossier punitivo n.\u00b0 \u00ab476\u00bb \/ \u00ab157288-0082-I-093-PNC\u00bb. <\/p>\n
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1. El Juzgado de Primera Instancia (Inspecci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional) conden\u00f3 al titular del resguardo con fallo de 2 de octubre de 2017 a 17 meses de prisi\u00f3n1, en el marco del enjuiciamiento surtido bajo el consecutivo y especialidad descritos a espacio, por el delito de \u00abABUSO DE FUNCI\u00d3N P\u00daBLICA, EN CONCURSO HOMOG\u00c9NEO Y SUCESIVO\u00bb, merced a hechos acontecidos de enero a agosto de 2008 en su condici\u00f3n de capit\u00e1n, hoy retirado. <\/p>\n
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2. Dicha decisi\u00f3n, en la que se dispuso suspender la ejecuci\u00f3n de la pena, fue apelada por la defensa del condenado; empero, el Tribunal Superior Militar y Policial declar\u00f3 desierto el recurso de alzada a trav\u00e9s de auto calendado el 14 de septiembre de 2020, cuyo remedio extraordinario de casaci\u00f3n (instaurado por el mismo extremo procesal) lo desech\u00f3 la citada corporaci\u00f3n judicial en providencia de 1\u00b0 de octubre postrero, por \u00abinviable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El tutelante critic\u00f3 que tras la deserci\u00f3n de su apelaci\u00f3n se le arrebatara \u00abla oportunidad (\u2026) de controvertir\u00bb el veredicto de primer rango, m\u00e1xime cuando en el memorial contentivo de tal r\u00e9plica \u2013diferente de lo esgrimido por el tribunal requerido\u2013, s\u00ed \u00abest\u00e1 claramente esbozada la inconformidad\u00bb respecto a la condena all\u00ed infligida. De donde tuvieron que haberse superado las falencias de la defensa a la hora de recurrir, por \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior Militar y Policial dijo estarse a lo contenido en sus prove\u00eddos y no cometer trasgresi\u00f3n alguna a los intereses del gestor, en tanto que este dej\u00f3 de interponer reposici\u00f3n frente a la reposici\u00f3n para irse por un recurso abiertamente inviable. A\u00f1adi\u00f3 que no se prefiri\u00f3 lo formal, al punto que en la presente demanda se corroboraron las deficiencias en la defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado de Primera Instancia tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
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3. No se produjeron m\u00e1s contestaciones de cuenta de los implicados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Concedi\u00f3 la salvaguarda. <\/p>\n
Esboz\u00f3 que aun cuando \u00abno se hizo uso adecuado del mecanismo de defensa judicial que proced\u00eda contra el auto que declar\u00f3 desierto el de apelaci\u00f3n\u00bb cual era \u00abel recurso de reposici\u00f3n\u00bb, tema \u00abcierto es que, a\u00fan de manera equivocada, el libelista expres\u00f3 su inconformismo con la determinaci\u00f3n cuestionada a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de un recurso que llam\u00f3 de \u201ccasaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Todo eso lo sostuvo para entender satisfecho el agotamiento de los medios disponibles de respaldo y, m\u00e1s adelante, inferir que aqu\u00ed \u00abse trata de [proteger] las garant\u00edas constitucionales contenidas en los art\u00edculos 29 y 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, consonantes con los c\u00e1nones \u00ab8.2.h. de la Convenci\u00f3n Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, a partir de los\u00bb que fue reivindicado \u00abel derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria como un componente esencial del debido proceso\u00bb, incluso, las decisiones en ese sentido dimanadas de la justicia penal militar. <\/p>\n
Por el demarcado sendero, esgrimi\u00f3 que \u00ablos argumentos\u00bb de la \u00abalzada\u00bb en comento (declarada desierta casi tres a\u00f1os despu\u00e9s del env\u00edo del expediente) \u00abpermit\u00edan identificar los motivos de disenso\u00bb contra el fallo condenatorio del juzgado policial, tales como \u00abla competencia\u00bb del tutelante (condenado) \u00aben relaci\u00f3n con la incautaci\u00f3n de armas a partir del contenido de los instructivos 002 y 028, el error de tipo como causal de inculpabilidad y la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que \u00abel tribunal al desestimar la fundamentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n\u00bb con basamento en que \u00ablos motivos de inconformidad se relacionaban con lo que ven\u00eda sosteniendo la defensa durante el proceso, reclam\u00f3 una novedad en los argumentos de sustentaci\u00f3n que el art\u00edculo 363 de la Ley 522 de 1999\u2026, aplicable al caso, no impone\u00bb. <\/p>\n
Como corolario, conmin\u00f3 al ente tribunalicio encartado a que, tras dejar sin valor lo rituado desde el auto de 14 de septiembre de 2020, \u00abasuma el conocimiento del asunto y resuelva, de fondo, el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb pluricitado, dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por el Tribunal Superior Militar y Policial, quien insisti\u00f3 en lo aseverado en su intervenci\u00f3n inicial tocante a que el convocante desaprovech\u00f3 el remedio de reposici\u00f3n contra la deserci\u00f3n de la alzada e, igualmente, hubo de memorar la falta de sustentaci\u00f3n advertida en aquel auto (14 sep. 2020), sin que eso signifique la exigencia de alegatos novedosos a que se hizo menci\u00f3n en la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n
Recalc\u00f3 el \u00f3rgano opugnante que la Sala de Casaci\u00f3n Penal contrari\u00f3 el precedente propio ata\u00f1edero a la naturaleza argumentativa del recurso vertical y que al petente nunca se le afect\u00f3 la premisa tendiente a apelar la primera sentencia condenatoria, sino que renunci\u00f3 a ella por negligencia. <\/p>\n
OTRA ACTUACI\u00d3N IMPORTANTE <\/p>\n
Esta Sala de la Corte devolvi\u00f3, en auto de 8 de junio de la anualidad en curso, las diligencias de marras al a-quo constitucional, por incompletas y, una vez retornado el paginario, lo subsecuente es dictaminar como realmente corresponda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los instrumentos comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, cada vez que sobrevenga el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Refulge que, a la postre, el aqu\u00ed peticionario dej\u00f3 de rebatir en reposici\u00f3n2 el auto de 14 de septiembre de 2020, en cuanto declar\u00f3 desierto el recurso vertical por \u00e9l interpuesto frente a la sentencia condenatoria proferida el 2 de octubre de 2017 en su contra, al interior del proceso disentido; circunstancia que se traduce como un repudio de la ocasi\u00f3n propicia para ventilar ante el fallador natural el reproche ahora tra\u00eddo (sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n). <\/p>\n
De ah\u00ed que cuando no se emplean los implementos de ayuda previstos en el orden jur\u00eddico, los contendientes quedan atados a las consecuencias de las decisiones judiciales adversas, por ser el resultado de su propia incuria. <\/p>\n
\u2026[N]o puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023; reiterada en STC, 27 may. 2016, rad. 00401-01 y STC8508-2018, rad. 00306-01). <\/p>\n
Y de cara a la eficacia del remedio horizontal en cita, la Corte ha insistido: <\/p>\n
\u2026y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia \u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00050-01; reiterada el 15 may., y 17 oct., rads. 00017-01 y 02127-00; STC12585-2016, 7 sep., rad. 02476-00). <\/p>\n
<\/p>\n
1. No es de recibo el planteamiento del a-quo constitucional tendiente a inferir que mediante la impetraci\u00f3n, por parte del quejoso, de \u00abun recurso que llam\u00f3 de \u201ccasaci\u00f3n\u201d\u00bb este hubo de verter un inconformismo contra la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, dado que si se observan bien las cosas, en el memorial contentivo del remedio casacional descrito, la defensa se reserv\u00f3 la posibilidad de sustentar la r\u00e9plica extraordinaria \u00aba trav\u00e9s de la correspondiente demanda\u00bb. Es decir, nada se anot\u00f3 o censur\u00f3 en lo tocante a la declaraci\u00f3n de desierta de la alzada, como para permitir una adecuaci\u00f3n de recurso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tampoco deviene de acogida que la Sala de Casaci\u00f3n Penal en su rol de juez tutelar de primer grado hubiera afirmado que la intromisi\u00f3n al caso concreto se deb\u00eda, entre otras, para preservar el derecho a apelar la primera sentencia condenatoria, toda vez que, en \u00faltimas, al aqu\u00ed accionante s\u00ed se le permiti\u00f3 refutar lo sentenciado en su contra desde el juzgado policial; cosa distinta es que este (o su defensor) dilapidara la oportunidad al alcance para debatir sobre la carga de sustentaci\u00f3n desplegada en el memorial de alzada, por virtud de la reposici\u00f3n echada de menos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado impone, entonces, infirmar el veredicto opugnado en el asunto del ep\u00edgrafe, en tanto que la ayuda supralegal implorada no debi\u00f3 salir avante ante la regla de improcedencia de que trata el art\u00edculo 6, numeral 1\u00b0, del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Por ende, los pronunciamientos adoptados con ocasi\u00f3n de all\u00ed lo dirimido, de existir, quedan sin valor ni efecto alguno, seg\u00fan lo consagrado en el canon 7\u00ba del decreto 306 de 1992.3 <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada para, en su lugar, denegar el amparo rogado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Y 81 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 179A de la ley 906 de 2004, adicionado por el precepto 92 de la ley 1395 de 2010. \u00ab\u2026Cuando no se sustente el recurso de apelaci\u00f3n se declarar\u00e1 desierto, mediante providencia contra la cual procede el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. Disposici\u00f3n aplicable en atenci\u00f3n a la integraci\u00f3n permitida por el canon 18 de la ley 522 de 1999, a cuyas voces, \u00ab[e]n aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este c\u00f3digo, son aplicables las disposiciones de los c\u00f3digos penal, procesal penal, civil, procesal civil y de otros ordenamientos, siempre que no se opongan a la naturaleza de este c\u00f3digo\u00bb. Resaltado ajeno. Norma \u00faltima esta (la 522 de 1999) que rige al caso concreto del tutelante, dado que los hechos materia de juzgamiento penal militar acaecieron antes de la entrada en vigor de la ley 1407 de 2010 (cfr. art. 628 \u00eddem). V\u00e9ase, respecto a la integraci\u00f3n, lo sostenido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, entre otras, en CSJ STP16008, 20 nov. 2014, rad. 76840. <\/p>\n
3\u0002 (\u2026)Cuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo\u2026 <\/p>\n
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STC8714-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8714-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00609-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Tribunal Superior Militar y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55602","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55602","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55602"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55602\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55602"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55602"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55602"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}